COMO BUENA DUEÑA DE CASA

Los Gobiernos de la Concertación tienen lamentablemente un mal endémico. Cada vez que proponen al país una iniciativa legal que puede resultar beneficiosa recurren al camino más fácil y más injusto para financiarla: aumentar los impuestos.

Así ocurre hoy con la Reforma de la Salud, que sin duda significará un avance muy importante en la administración de los hospitales y consultorios públicos; en el compromiso del Estado por atender las principales enfermedades de la ciudadanía en un plazo breve y con un copago máximo del 20% y en contar con una red asistencial coordinada que termine con las angustiantes interconsultas, que obligan a los pacientes a deambular por meses de un establecimiento a otro.

Para financiar esta reforma, cuyo valor inicialmente se ha estimado en 150 mil millones de pesos, el Gobierno propone subir el IVA, el impuesto al Diesel, a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos, todos los cuales afectan principalmente a las familias de clase media y a los más pobres.

Lo que resulta difícil de entender es la razón por la que el Gobierno, antes de pensar en subir los impuestos, no hace un esfuerzo serio por "tapar los hoyos" a través de los cuales el Estado pierde plata sin ninguna justificación y cuyos montos alcanzarían perfectamente para financiar estas iniciativas.

Así ocurre por ejemplo con el increíble caso de los "falsos indigentes" que se atienden gratis en los hospitales públicos a pesar de tener ingresos confesados por grupo familiar en promedio de $ 1.420.000.- mensuales, y cuyo costo para el Estado asciende a 92.165 millones de pesos, lo que representa alrededor del 60% del valor total del Auge.

Lo paradojal es que esta información está en poder del Gobierno desde hace años y nada se ha hecho –hasta el momento de mi denuncia-, para tapar este hoyo y ahorrarle estos cuantiosos recursos al Estado.

En la página web de Mideplán, cualquier ciudadano puede acceder a la encuesta Casen 2000, que es el principal instrumento del Gobierno para conocer la información de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país y evaluar el impacto de las políticas sociales en los hogares chilenos.

En esta encuesta se señala que hay 58.390 personas que reconocen tener ingresos superiores a $ 1.420.000.- y que se atienden gratis en los hospitales haciéndose pasar por indigentes.

Otras 237.934 personas con igual promedio de remuneración, se atienden gratis como grupo B de Fonasa que está destinado para personas con ingresos menores a los $ 111.000.- mensuales. Y hay otras 99.585 personas que tienen los mismos altos ingresos y que se atienden como grupo C, destinado a personas con remuneraciones inferiores a $ 162.350.- y con un copago del 10% por cada atención. En total, suman alrededor de 400.000 las personas que abusan del sistema público, se hacen pasar por pobres o indigentes y le cuestan una fortuna al Estado.

Un Gobierno que quiere cuidar y gastar bien la plata de todos los chilenos, antes de subir los impuestos, corta de inmediato esta situación. Basta para ello hacer una buena fiscalización, cambiar la entidad que certifica la calidad de indigente y establecer la obligación para los profesionales o trabajadores independientes de cotizar el 7% de su remuneración en salud, ya sea para atenderse en una Isapre o en Fonasa, como lo hacen todos los demás chilenos.

Con estas simples medidas el Estado tendría 92.000 millones de pesos más y si a eso sumamos, como el propio Gobierno lo ha reconocido, la necesidad de mejorar el uso del billón cuatrocientos mil millones de pesos que todos los años se gasta en salud, no cabe duda alguna que el Auge podría financiarse sin necesidad de tener que recurrir a un alza de impuestos.

En conclusión: Un buen Gobierno hace lo mismo que una buena dueña de casa: cuida la plata, ahorra y sólo después piensa en gastar más.

ALBERTO ESPINA O.

SENADOR