UN PASO CLAVE PARA MODERNIZAR EL ESTADO Y LA POLITICA

El Senado despachó, en tiempo récord, dos proyectos de ley que constituyen un avance gigantesco en el proceso de modernización del Estado y de la política.

Uno de ellos se refiere al límite, la transparencia y el control de los gastos en que se incurre durante las campañas de Presidente, Senadores, Diputados, Alcaldes y Concejales. El otro, dice relación con un nuevo sistema de contratación y ascensos de los funcionarios públicos.

En las democracias modernas, uno de los aspectos claves que se tienen en consideración para enfrentar la corrupción, es regular con toda claridad la relación que debe existir entre el dinero y la política. Los representantes elegidos por la ciudadanía deben ser siempre garantía de honestidad y sus actuaciones orientadas única y exclusivamente al bien común, esto es, a beneficiar a la gente por sobre toda otra consideración.

Cuando el dinero o los intereses económicos son los que determinan las actuaciones de un político, se socava la credibilidad pública de las autoridades y las democracias se debilitan peligrosamente, al punto de poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones básicas de un Estado de Derecho.

El proyecto aprobado regula el monto máximo que cada candidato puede gastar en sus campañas; permite conocer el origen de las donaciones de importancia que hacen los particulares, limita con toda claridad los períodos de la publicidad y fija un aporte económico del Estado, en relación a los votos obtenidos, cuyo objetivo es permitir que los nuevos candidatos puedan difundir sus proposiciones a la ciudadanía. Por lo mismo, este aporte no es en dinero, sino se debe destinar directamente, por ejemplo, a financiar la publicidad a través de los medios de comunicación.

El otro proyecto de ley es un cambio radical en todo el sistema de selección, nombramientos y ascensos de los funcionarios públicos. Actualmente, en la inmensa mayoría de los servicios públicos, los principales cargos directivos son de exclusiva confianza del Presidente de la República y su nombramiento se hace sobre la base del "cuoteo político" y no del mérito del postulante y, lo que es más grave, no pueden acceder a ellos los funcionarios de carrera.

Los ascensos se hacen, por regla general, siguiendo como único criterio la antigüedad, prácticamente no existen los concursos públicos para seleccionar a los mejores y no hay incentivos económicos para los buenos funcionarios.

La nueva ley disminuye drásticamente los cargos de exclusiva confianza. En su reemplazo se crea la Alta Dirección Pública que comprende a las Jefaturas y Subjefaturas de todos los Servicios Públicos. Su proceso de selección se hace a través de un Consejo nominado por los 4/7 del Senado y sobre la base de los méritos personales.

En los demás cargos, las Jefaturas de los Departamentos también se seleccionan a través de concursos públicos y el elegido debe suscribir un convenio en que se fijen metas concretas, con lo cual se garantiza eficiencia en la administración pública. Son cargos de duración limitada, sometidos a evaluación periódica y que gozan de cierta inamovilidad que favorece su autonomía frente a presiones políticas.

Sin duda se trata de un gran avance en beneficio del país, de la ciudadanía en general y de los buenos funcionarios públicos, quienes por fin tendrán la posibilidad de ser reconocidos por sus méritos y no por su color político.

Quizás la gente no perciba de inmediato los beneficios de estas leyes. Pero no tengo dudas que en el mediano plazo traerá innegables efectos positivos, cuyos resultados concretos serán una mejor administración pública al servicio de la gente y una actividad política orientada al interés común, ejercida con transparencia y posible de fiscalizar por toda la ciudadanía.

ALBERTO ESPINA O.

SENADOR

Lunes 19 de Mayo de 2003.