Columna Diario Austral de Temuco ATENCION DE SALUD: SU DERECHO A ELEGIR
Nada justifica que el sistema de salud actual sea discriminatorio para la gente más modesta. Los que ganan más renta pueden elegir libremente entre una Isapre o Fonasa. Los que tienen rentas inferiores a $ 300.000.- por grupo familiar y los más pobres, no tienen ese derecho a elección: sólo pueden atenderse en Fonasa y sufrir las interconsultas y las largas colas en los hospitales públicos.
El sistema de salud público gasta 1 billón 226 mil millones de pesos, de los cuales 671 mil millones los aporta directamente el Estado con los impuestos de todos los chilenos. Los cotizantes, esto es, todos los ciudadanos que pagan mensualmente el 7% de sus remuneraciones a Fonasa, aportan otros 535 mil millones de pesos.
Esto significa que el Estado subsidia a los 10 millones de chilenos que están en Fonasa, con $ 5.600.- mensuales por persona. Si a este subsidio de $ 5.600.- se permitiera que cada persona agregara un copago de $ 4.400.- en promedio, se llega a una suma de $ 10.000.- mensuales, con lo cual podría hoy en día comprar un plan a una Isapre y atenderse en una clínica particular que cubra los problemas médicos o enfermedades con una cobertura entre un 80 y 100% del valor de ellas, sean ambulatorias u hospitalizaciones.
El hecho de que muchas familias chilenas, con un pequeño copago puedan optar entre el sistema público o privado, generará una sana competencia entre los hospitales públicos y las clínicas privadas para atender mejor a la gente y recibir los recursos provenientes de este subsidio estatal, lo que traerá como resultado una mejor atención de salud y un beneficio directo a gran parte de la ciudadanía.
No hay razón para no avanzar en esta dirección. Desde hace años ocurre con los subsidios habitacionales y, actualmente en el Congreso, se avanza en el mismo camino en lo que se refiere al derecho que tienen los jóvenes que estudian en las universidades privadas para optar al crédito fiscal.
Los países que han vivido esta experiencia han tenido resultados exitosos, basados en el principio que la gente tienen derecho a elegir. Ahí donde haya un buen hospital público, no cabe duda que las personas elegirán por atenderse en él. Y en aquellos lugares en que las clínicas privadas atiendan mejor, entonces las personas recurrirán a ellas.
Con la nueva ley, actualmente en tramitación en el Senado, denominada "de la autoridad sanitaria", la administración y gestión de los hospitales públicos debería mejorar considerablemente, especialmente, en aquellos que pasen a la categoría de "autogestionados". Estos contarán con una mayor autonomía, con más recursos, podrán ser administrados con mayores facultades por sus Directores y tendrán la posibilidad de pagar mejores remuneraciones a sus funcionarios cuando cumplan las metas sanitarias prefijadas.
Por lo tanto, habrá hospitales públicos de primer nivel, en donde la atención no tendría porqué ser inferior a una clínica particular, de manera que la competencia por atender mejor será prácticamente en igualdad de condiciones.
Por cierto, siempre habrá un número importante de personas que por su nivel de ingresos o simplemente por ser pobres o indigentes tendrán que recurrir sólo a los hospitales públicos, pero sin lugar a dudas su atención será muy superior a la actual y la cobertura de sus enfermedades mayor y resueltas en un tiempo más breve.
Por su parte, las Isapres estarán obligadas a bajar el costo de sus planes, ya que en caso contrario, perderán parte importante de sus cotizantes.
En definitiva, el derecho a elegir termina con una discriminación inaceptable, mejora la atención de salud y finalmente gana usted y su familia.
|