Columna Diario Austral de Temuco
Para publicar el Lunes 10 de Febrero de 2003. MODERNIZACION DEL ESTADO: FIN AL CUOTEO POLITICO Sin duda es un hecho positivo el acuerdo firmado por los partidos de la Alianza por Chile, el Gobierno y la Concertación para impulsar 49 proyectos de ley, cuya finalidad es la modernización del Estado, incluidas las materias de transparencia y concretar la Agenda de Promoción del Crecimiento del País.
La verdad es que esta agenda debió llevarse adelante hace más de una década, pero nunca existió en los gobiernos de la Concertación la voluntad política de modernizar el Estado, más aún considerando que su efecto inmediato habría sido un buen uso de los recursos destinados a apoyar a la clase media y, fundamentalmente, a los más pobres.
Responsabilizo a la Concertación de este retraso inexcusable, porque prácticamente la totalidad de las iniciativas legales, son de exclusiva atribución del Gobierno, por mandato expreso de la actual Constitución. Más aún, un número importante de ellas fueron pedidas reiteradamente por la Oposición cada vez que se debatía la Ley de Presupuesto. Entre ellas, la que se refiere al uso de los gastos reservados, la modernización de la Contraloría General de la República, los cargos de exclusiva confianza y el fin al nefasto cuoteo político.
Hubo que esperar los escándalos del denominado "Caso Coimas" y de la empresa Gate, para que finalmente se tomara conciencia de la urgencia en modernizar el funcionamiento del aparato del Estado.
La ciudadanía y los medios de comunicación tendrán los ojos puestos para ver si este "Acuerdo" se transforma en hechos concretos, esto es, se despachan las primeras 13 leyes antes del 21 de mayo próximo y las restantes 36 de aquí a Diciembre.
En las próximas columnas analizaré el contenido de estas iniciativas legales, comenzando ahora por una que a mi juicio constituye la columna vertebral de un Estado moderno.
Me refiero al Fortalecimiento y Profesionalización de la Alta Dirección Pública. En castellano simple: terminar con los más de 3.000 cargos de exclusiva confianza del gobierno de turno y con el cuoteo de ellos entre los partidos de la coalición que gobierna.
La práctica actual con estos cargos es perniciosa. Se reparten, en un alto porcentaje, entre los partidos, dejando muchas veces en un segundo plano la capacidad, el conocimiento y la experiencia, que deberían ser los factores decisivos para ejercerlos.
En un Estado moderno, como ocurre en Europa, Estados Unidos y Asia, los principales cargos, por ejemplo, del Fosis, Indap, Sernam, Sename, Corema, Servicio de Salud, Dirección de Hospitales, Serviu, Dirección de Vialidad, etc., se elijen mediante concurso público abierto. Quien gana es el profesional que reune las más altas evaluaciones, por sus conocimientos técnicos, cualidades personales, liderazgos, experiencia, absolutamente al margen de su posición política.
Qué importa si el Director de algunos de estos servicios es de Gobierno u Oposición o si pertenece a uno u otro partido dentro de cada coalición. Lo relevante es que cumpla bien su función, sin discriminación y al servicio de todos los chilenos. El Presidente no debería poder removerlos e, incluso, si cambia el gobernante, estos funcionarios deberían continuar en sus funciones hasta que se pruebe que dejó de cumplir con eficiencia su trabajo.
Una administración pública moderna debe ser dirigida por los mejores profesionales, comprometidos con los objetivos de su institución, económicamente bien remunerados y motivados por una auténtica vocación de servicio público.
La sola aprobación de este proyecto de ley antes del 21 de Mayo próximo, será un cambio gigantesco en la administración pública y sin duda los beneficiados directos serán la clase media y los más pobres.
ALBERTO ESPINA O. Senador |