GANAN LAS REGIONES Y LA HONESTIDAD

Columna Diario Renacer

Domingo 24 de Julio de 2005

La reforma constitucional aprobada por el Congreso es un gran paso para tener un país más democrático, fortalecer la estabilidad política y facilitar el progreso económico.

Tres materias pocos difundidas de este acuerdo dicen relación con la regionalización, el ejercicio honesto de los cargos públicos y el mayor acceso de los ciudadanos a la información de las actuaciones de la administración pública y sus funcionarios.

Se incorporó a la Constitución un artículo que obliga a los órganos del Estado a promover el fortalecimiento de la regionalización y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del país.

En otras palabras, toda actuación de la administración pública y toda ley que se dicte, debe estar orientada a una mayor regionalización. Si no lo hace es inconstitucional y puede declararse la nulidad de esa actuación y de la ley. Por primera vez existe una norma de la más alta jerarquía que permite "exigir" y no sólo "pedir" que Chile se regionalice de verdad.

En cuanto a la honestidad, se establece que el ejercicio de las funciones públicas, esto es, toda actuación de los funcionarios del Estado, debe hacerse con estricto cumplimiento al principio de probidad. Con esto se acaban los resquicios para decir que algo es "irregular" pero no "ilegal". Lisa y llanamente, quien no actué con honestidad viola la Constitución y debe ser sancionado.

En lo referente a la transparencia, se señala que todos los actos, resoluciones y procedimientos de los órganos del Estado son públicos, de manera que la reserva y secreto pasa a ser excepcionalísima y sólo decretada por ley cuando afecte los derechos de la persona o la seguridad de la nación.

De esta forma se termina con "la cultura de la pieza oscura", en donde la gente no sabe qué se hace con la plata de sus impuestos y que hay detrás de cada decisión de la autoridad.

Regiones con mayor poder real, funcionarios públicos que actúan honestamente y una ciudadanía que tiene el derecho a conocer cómo y porqué actúa la administración pública, son pilares esenciales de una democracia moderna. Por eso esta reforma es un gran paso que beneficia a nuestro país fortaleciendo los derechos de las personas.