Sesión 35ª, en miércoles 9 de julio de 2008
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, con nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4248-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.
Constitución (nuevo), sesión 31ª, en 1 de julio de 2007.
Discusión:
Sesiones 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (se retira de la tabla); 33ª, en 2 de julio de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar que la relación del proyecto se efectuó en la sesión del 2 de julio recién pasado.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala el 22 de enero de este año, emitió un nuevo primer informe, donde se deja constancia de que discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, autorizada por la Sala para este efecto.
En el nuevo primer informe, dicho órgano técnico se abocó al análisis de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo y aprobó los distintos artículos propuestos, en forma unánime, con la excepción del artículo 18, que contó con el voto favorable de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina y Muñoz Aburto, y el voto en contra del Senador señor Gómez. Dicho artículo crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
El texto aprobado por la Comisión se transcribe en la parte pertinente del nuevo primer informe.
Corresponde señalar que los artículos 1°, inciso primero; 2°, inciso segundo; 3°, letras c), k) y l); 4°; 7°, inciso segundo; 9°; 11; 12, inciso segundo y letras a) y b) del inciso tercero; 14; 17, inciso final; 21, numerales 1 a 6, 7 -salvo la letra k) aludida por este numeral-, 8 y 11; 23, y 25, número 1) tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de 21 señores Senadores.
El proyecto, durante su discusión particular -si se aprueba la idea de legislar-, también debe ser informado por la Comisión de Hacienda.
Cabe indicar que el Comité Unión Demócrata Independiente solicitó, en la sesión del día 2 de julio, segunda discusión para esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de una prolongada y acuciosa discusión, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenta a esta Sala su nuevo primer informe sobre la iniciativa en estudio, para proponer, en definitiva, la creación de un Ministerio que se denominará “del Interior y Seguridad Pública”.
La fórmula que se presenta ahora deja atrás dos modelos sometidos previamente a la consideración de la Comisión: el primero consistía en crear un Ministerio enteramente nuevo que se encargaría de la seguridad pública, y el segundo, en confiar dicho asunto a una nueva Subsecretaría, que formaría parte de la Cartera del Interior.
Debo destacar que la estructura que ahora planteamos está respaldada por un acuerdo político-legislativo alcanzado por los distintos partidos con representación parlamentaria y el Gobierno, en noviembre del año pasado. ¡La única diferencia es que aquí no levantamos las manos, señor Presidente…!
El nuevo Ministerio es definido como un colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público, a la política y mantenimiento de la seguridad pública interior y a la protección de las personas y sus bienes. Se trata de contar con una autoridad que reúna todas las atribuciones necesarias para responder adecuadamente a los graves desafíos que se plantean en estos ámbitos.
Por ello, se acordó que dicha Cartera concentrará la decisión política en las materias ya señaladas; coordinará la ejecución de los planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios en estas áreas, y tendrá a su cargo la evaluación y la fiscalización de aquellos.
Además, se encargará de todo lo relativo a la prevención, al control de la delincuencia, a la rehabilitación de los infractores de ley y a la reinserción social de estos.
Debo señalar, por otra parte, que de esta Secretaría de Estado dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política.
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República mantendrá su relación directa de autoridad con el General Director de Carabineros y con el Director General de la Policía de Investigaciones a través del mismo Ministro.
La coordinación de los planes y programas que las diferentes instituciones públicas desarrollen en materia de seguridad pública, prevención y rehabilitación es un elemento distintivo de esta nueva Cartera que debe destacarse. Se trata de una coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos nacionales, que, en concreto, se traduce en que los programas, las acciones y las actividades que la Ley de Presupuestos consulte para estos efectos deberán ser visados por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
El proyecto contempla, además, la obligación de este Ministerio de informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las Comisiones que estas Corporaciones designen, acerca de la inversión realizada y los avances logrados en la implementación de programas de seguridad publica y de los resultados parciales de las correspondientes políticas públicas.
Otro aspecto destacable de la iniciativa lo constituye la creación de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, que se encargará de todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir socialmente la delincuencia y el consumo de drogas y alcohol, a rehabilitar a los infractores de la ley y a reinsertarlos en la sociedad.
Complementariamente, la iniciativa crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Primer Mandatario a través del nuevo Ministerio.
Este fue el único punto en que no hubo unanimidad en la Comisión, pues, mientras la mayoría optó por el referido modelo de servicio público descentralizado, quien habla manifestó inquietud por el hecho de que el proyecto proponga en forma simultánea la creación de una Subsecretaría de Prevención y un servicio público con una misión similar.
Durante el debate sostuve que esta duplicidad de instituciones podría dificultar la coordinación y la concentración de atribuciones y de mando que se busca, y atentar contra el propósito de reunir el ejercicio del poder en un solo titular en una materia que, precisamente, demanda unidad de criterio. En concreto, consideré que, al crearse dicha Subsecretaría, el Servicio debería quedar bajo su dependencia.
Otra materia abordada por el proyecto es la ejecución de la política nacional de seguridad pública en el territorio nacional. Si bien esta se efectuará principalmente a través de los intendentes, la Comisión quiso asegurar en esta tarea un rol importante a las municipalidades y a las comunidades locales. Para este efecto, los intendentes se coordinarán directamente con los municipios, de manera que la política nacional de seguridad dé cuenta de la realidad local. También con este objeto, se faculta al nuevo Ministerio para desarrollar planes y programas de prevención y seguridad mediante las municipalidades, para lo cual deberá utilizar criterios técnicos y objetivos, y establecer los respectivos mecanismos de financiamiento.
El proyecto contempla, además, una serie de adecuaciones a diferentes cuerpos legales, especialmente a las leyes orgánicas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
En último término, se establece un conjunto de disposiciones transitorias que consagra una serie de delegaciones de facultades legislativas al Presidente de la República, con el fin de que fije las nuevas plantas y haga los correspondientes traspasos de personal y determinaciones de funciones. Además, las normas transitorias se ocupan de los aspectos presupuestarios propios de la creación de los órganos que esta iniciativa plantea.
Sobre estas disposiciones transitorias, se concordó con el Ejecutivo la suscripción de un Protocolo que dará cuenta pormenorizada de las plantas y dotaciones de los nuevos servicios, así como de las formas y condiciones en que se efectuará el traspaso de personal. En la discusión particular analizaremos detalladamente estos preceptos.
Debo destacar, una vez más, que salvo la votación de la norma que crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, la totalidad de los acuerdos contaron con el voto unánime de los miembros de la Comisión, lo que da cuenta del consenso que se alcanzó en este trabajo.
Señor Presidente, en la iniciativa, que fue objeto de una larga discusión y tramitación en el órgano técnico, se logró un resultado positivo al concordar políticas de seguridad pública y también -era esencial- de rehabilitación y reinserción. Esta materia se debatió ampliamente y se aprobó con gran consenso.
Es cuanto puedo informar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis es, probablemente, el más relevante en materia de seguridad ciudadana, en cuanto a contar con una institucionalidad sólida que permita enfrentar el problema de la delincuencia en las tres fases en que debe abordarse.
Una de ellas es la prevención del delito, fase en la cual nuestro país ha avanzado muy poco o prácticamente nada durante muchos años. Ella incluye políticas públicas destinadas a identificar, dentro de los sectores de nuestra sociedad, a las familias más vulnerables al involucramiento en hechos delictuales, y a realizar una intensa campaña de prevención del consumo de drogas y de alcohol.
Actualmente, en nuestro país se destinan 1.600 pesos anuales por cada estudiante de enseñanza secundaria para prevenir el consumo de drogas y alcohol. Esta suma resulta del todo absurda y ridícula, porque no alcanza para realizar una campaña masiva, en circunstancias de que todos sabemos que una causa directa de los delitos radica en el uso abusivo de esos tóxicos, en particular cuando un alto porcentaje de los jóvenes que consumen droga son adictos a ella.
Por otro lado, en el área de la investigación del delito -que compete propiamente a la Fiscalía-, la actuación de las Policías resulta fundamental para la captura de delincuentes peligrosos, los que habitualmente son reincidentes y, por desgracia, recuperan su libertad con gran facilidad, continuando su carrera delictual.
Donde se ha avanzado muy poco o nada es en materia de rehabilitación, en que se han registrado falencias extraordinariamente graves en las políticas públicas respecto al control del delito. Por eso, la delincuencia sigue siendo uno de los puntos de mayor relevancia para la ciudadanía, si no el mayor, en todas las encuestas de opinión pública.
El mérito del proyecto que nos ocupa reside en la creación de una institucionalidad, un Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que concentre todo el poder necesario para avanzar en las líneas de la prevención, de la acción policial y de la rehabilitación.
Eso sí, señor Presidente, deseo formular una prevención: en el texto en discusión, figura un cambio que aparentemente se produjo en la sesión donde se efectuó la revisión final del proyecto -no asistí a ella-, en cuanto a que las atribuciones le corresponden al Ministerio del Interior y no al Ministro de esta Cartera.
Hago presente lo anterior, porque los acuerdos políticos están para cumplirse. Y el que suscribimos con el Gobierno -lo tengo en mis manos- dispone claramente en la letra b. del punto 1.: “El Ministro del Interior será el responsable político de la seguridad pública y de él dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.
En efecto, el articulado que se somete a conocimiento de la Sala establece lo anterior como atribución global del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. Nosotros no deseamos que carezca de aquella, sino que el Ministro sea responsable personalmente y que, por supuesto, disponga de toda la estructura de su Cartera.
Ese punto no representa un cambio menor, señor Presidente, porque fue esencial en el debate y aprobación del proyecto.
En consecuencia, voy a votar a favor en general, pero en la discusión particular pediré que se reponga la idea original, que debemos respetar. Reitero: ella está en el acuerdo que suscribimos, y tenemos que cumplirlo.
En efecto, nosotros deseamos una autoridad política responsable directamente del control de todos los programas públicos en materia de seguridad ciudadana, en las áreas de prevención, de rehabilitación y, por supuesto -porque se traslada la dependencia de las Policías al Ministerio del Interior-, de la acción policial y del orden público.
Asimismo, es importante señalar que se crea una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación -algo inédito en el país-, lo que va a redundar en que la sociedad chilena va a enfocar, por primera vez en forma decidida, políticas públicas tendientes a evitar la comisión de delitos.
Cabe destacar que el CONACE asumirá por primera vez no solo lo que dice relación a la prevención del consumo de drogas, sino también de alcohol. Esto reviste gran importancia, porque en Chile hoy se ha puesto el acento -con razón- en la ingesta de ellas, pero el problema de la ingesta excesiva de alcohol tiene, a lo menos, iguales características de gravedad que la adicción de estupefacientes en los niños.
Por ejemplo, la última encuesta del CONACE muestra que 43 por ciento de los niños en nuestro país reconoce que en la escuela pasa droga o se vende: ¡el 43 por ciento de los niños de nuestros colegios! Se trata de una encuesta elaborada por un organismo del Estado. Revela un hecho extraordinariamente delicado que debe revertirse, porque significa el comienzo de la cadena delictual.
De otra parte, las Policías son traspasadas al Ministerio del Interior. Todas las materias relacionadas con cuestiones de carácter administrativo y operativo serán ejercidas a través de tal organismo, sin participación en medidas operativas -una de las características de la profesionalización de las Policías chilenas- ni politización por medio de Intendencias o Gobernaciones.
Por lo tanto, ello resguarda adecuadamente el carácter profesional de las Policías, evitando que el día de mañana puedan ser utilizadas o influidas con fines distintos a su propósito institucional.
Se establece una relación directa entre las políticas públicas nacionales y el municipio. Porque, a fin de cuentas, alguien debe cumplirlas, y lo lógico es que lo hagan dichas entidades. Si bien el Gobierno debería tener una estrategia nacional para enfrentar lo relacionado con la seguridad ciudadana y la delincuencia, quien la ejecuta en la práctica son las municipalidades.
En tal sentido, el texto dispone claramente que no podrá haber por parte del Gobierno central discriminación entre un municipio y otro, particularmente cuando ello se origine en razones políticas. Por ejemplo, celebrar contratos y derivar recursos a las municipalidades cuyos alcaldes pertenezcan a la coalición gobernante, y dejar sin apoyo a aquellas que tengan alcaldes de la Oposición.
Para prevenir lo anterior, cualquiera que sea el futuro Gobierno, se consagra que no podrán establecerse discriminaciones, y que lo primero que debe efectuar el Gobierno es ofrecer los recursos por igual y en forma equivalente a todos los municipios. Si estos los acogen, tendrán la oportunidad de desarrollar las políticas públicas, adecuándolas a su realidad, y si no, el Ministerio tendrá la facultad de llevarlas adelante, de manera tal de no entorpecer la política nacional.
En síntesis, señor Presidente, opino que se trata de un muy buen proyecto, que fue trabajado mancomunadamente en la Comisión, lo que demuestra -como en este caso concreto- la colaboración de la Oposición.
A todos aquellos que habitualmente señalan que nuestra acción es obstructiva, debo decir que esta iniciativa ha logrado salir adelante gracias al trabajo desarrollado por todos los integrantes de la Comisión, incluidos los de la Alianza -le consta a su Presidente-, en forma permanente y reiterada, para perfeccionarla y buscar la mejor institucionalidad.
En conclusión, señor Presidente, vamos a votar a favor de la iniciativa, porque es buena. Esperamos que se mejore -ello es factible- mediante las indicaciones que formulen los señores Senadores. Se trata de un cambio radical en la institucionalidad chilena en la materia.
Sin embargo, reitero la prevención que mencioné con anterioridad: en el texto hay una norma que altera el acuerdo, porque muchas de las atribuciones son del Ministro del Interior, y no del Ministerio. Ello constituye un punto esencial para nosotros. No queremos que, finalmente, la burocracia termine por afectar el buen funcionamiento de la labor que el país debe llevar adelante en materia de seguridad ciudadana.
Con tal advertencia, y considerando que el proyecto tiene carácter orgánico constitucional, nos reservamos el derecho a cambiar lo que no corresponda al acuerdo suscrito.
Anuncio que votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo agregar algunas consideraciones a lo señalado por el Senador señor Espina.
El proyecto que nos ocupa tiene una historia antigua. Fue una de las primeras iniciativas promovidas por el actual Gobierno, cuando era Ministro del Interior don Andrés Zaldívar. Se trató de un proyecto muy discutido por la forma como planteaba la división de las tareas en dicha Cartera y en un Ministerio de Seguridad Pública.
Luego de algunos cambios, de varias discusiones y especialmente del consenso gestado entre la Alianza y el Gobierno a solicitud nuestra para avanzar en diversas medidas en el ámbito de la seguridad pública, se llegó a uno de los acuerdos centrales que interesaban al Gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad para alcanzar un entendimiento, dada la importancia que reviste el problema.
No escapará a la atención del Senado y del país la enorme inquietud existente sobre seguridad pública. Se trata de un área en que, durante muchos años, la percepción ciudadana ha sido constante, por cuanto no ha habido avances en ese ámbito. Y, por lo tanto, deben realizarse esfuerzos adicionales para conseguir la tranquilidad de la población.
Ese fue el sentido del acuerdo mencionado, dentro del cual incluimos aspectos cuya urgencia hemos reclamado reiteradamente, así como la necesidad de contar con una defensoría para las víctimas, dado que la Fiscalía no ha sido capaz de asumir esa tarea -probablemente no le correspondía-, tornándose imprescindible buscar una solución alternativa.
Otro elemento apuntaba a cumplir la reforma constitucional que obliga a concentrar en un solo Ministerio las tareas de seguridad pública, lo que se logra mediante el presente proyecto, reuniendo en el llamado “Ministerio del Interior y Seguridad Pública” todo lo relativo a la prevención, al control de la delincuencia, a la rehabilitación de los delincuentes y a su reinserción social.
Adicionalmente, se aclara que tal Ministerio será el organismo encargado de cumplir lo mandatado en el artículo 101 de la Constitución Política.
Por otro lado, para evitar las actuales duplicidades en el aparato público, el artículo 3º del proyecto concentra todas las atribuciones, que hoy día se reparten en diferentes entidades, en el Ministerio que se está creando.
Ahora bien, el Senador señor Espina tiene razón cuando señala que una cosa es la coordinación y las tareas propias que debe desarrollar esa Cartera y otra, la responsabilidad política.
¿Y por qué es importante el distingo? Porque, a través de la presente iniciativa, se crean dos Subsecretarías: una, la del Interior, que mantiene sus actuales atribuciones, agregándole lo relativo a la seguridad interior, la mantención del orden público y la coordinación territorial del Gobierno; y la segunda es la de Prevención y Rehabilitación.
Entonces, se podía entender que la responsabilidad política de la seguridad y del orden público recayese en la Subsecretaría. Precisamente ese es el sentido de mantener en el Ministro del Interior la responsabilidad política en el ejercicio de estas tareas.
Por eso, me parece de la mayor relevancia asegurar que se mantenga dicha responsabilidad donde debe estar, porque es la única manera de garantizar que una autoridad del más alto rango sea responsable ante el país de las políticas sobre seguridad pública.
Por lo tanto, habrá que incorporar tal aspecto en la discusión particular del proyecto, pues fue esencial en el acuerdo el hacer converger la seguridad pública en el Ministerio del Interior. Originalmente se trataba de entidades distintas, con la condición de que se entendiera nuestro interés de comprometer la responsabilidad política en torno del Ministro y no diluirla en las Subsecretarías o en diversas instancias dentro de esa Cartera.
Finalmente, resulta fundamental subrayar que, además de las tareas que mencioné, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública adquiere una nueva obligación, especialmente importante desde el punto de vista de la transparencia ciudadana, la que se logra en la medida en que medie información relevante, no solo cuando se solicita, por cuanto parece de la esencia de esta materia el hecho de que los distintos entes públicos entreguen de manera permanente información sobre su quehacer, como lo recoge el presente proyecto.
En tal sentido, resulta relevante destacar que el artículo 5º obliga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, a través de las comisiones que estas Corporaciones legislativas designen, respecto de los avances en la implementación de programas de seguridad pública y de los resultados alcanzados en su desarrollo, así como también de todos los antecedentes informativos, especialmente estadísticos, que permitan obtener, mediante el análisis pormenorizado en cada una de las aristas, una visión clara de su desenvolvimiento.
Pienso que se trata de una norma sumamente importante porque es la forma que tiene el Parlamento, en particular la Cámara de Diputados, de fiscalizar el funcionamiento de este servicio público del adecuado seguimiento de la legislación en esta materia.
Si durante el último tiempo algún área ha merecido revisión legislativa y presentación de nuevas mociones y mensajes, ha sido la de la seguridad pública. La única manera de abordar debidamente ese trabajo y de que este no sea el resultado de la intuición o de aspectos específicos que se van suscitando, consiste en un seguimiento permanente de las leyes, de su implementación y de su aplicación práctica.
Nos parece que ese elemento, incorporado en la normativa legal que hoy día estamos discutiendo en general, va a permitir y facilitar esa tarea.
Por tales consideraciones, vamos a aprobar, con mucho interés, la idea de legislar. Estimamos que forma parte de un acuerdo que nosotros, como siempre, cumplimos. Esperamos corregir aquellas materias que a nuestro juicio se han apartado del sentido y espíritu del acuerdo, sin dejar de valorar el paso que estamos dando.
Si bien el proyecto no resuelve todos los problemas relacionados con la seguridad pública -los cuales obedecen a una naturaleza extremadamente compleja-, pensamos que al menos dará facilidades al Gobierno para que, en su responsabilidad de brindar seguridad ciudadana y mantener el orden público, pueda contar con todas las herramientas administrativas para cumplir dicho objetivo. Es decir, no habrá excusas para que, por falta de un debido aparato público o por la duplicidad de Ministerios a cargo de esa tarea -como ocurre en la actualidad-, el actual Gobierno o cualquier otro en el futuro puedan diluir su responsabilidad.
Por estas consideraciones, votaremos a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, por razones de tiempo, no voy a abordar globalmente la iniciativa, sino que me centraré en algunos aspectos específicos.
Mi primer comentario dice relación a que, ante la agudización de los problemas de seguridad ciudadana, el proyecto fortalece la institucionalidad en tal materia. Desde ese punto de vista, su orientación es correcta.
Sin embargo, deseo concentrarme en cuál es el origen y dónde radica el vínculo de la mayor cantidad de delitos.
Todas las investigaciones indican que casi el 70 por ciento de los ilícitos de mayor connotación social son cometidos por personas que se encuentran bajo los efectos de la droga. Por tanto, si queremos de verdad reducir realmente los índices delictuales, debemos abordar ese problema de manera resuelta.
Me parece, señor Presidente, que esa problemática se halla correctamente abordada en el proyecto, porque se fortalece al CONACE, que pasa a ser un servicio público descentralizado con patrimonio propio. Hoy día su estructura institucional es extremadamente débil. Desde esa perspectiva, se aborda bien la materia.
Sin embargo, tengo una preocupación de la cual me gustaría dejar testimonio en la Versión Taquigráfica: si queremos bajar los índices delictuales vinculados a la droga, la solución no es con más cárceles y mayores penalidades, sino con rehabilitación. La única manera de sacar a las personas del círculo del delito es rehabilitándolas, pues a través de ello logramos reinsertarlas socialmente. Y eso no se consigue por la vía de aumentar las penas y el número de cárceles.
Por esa razón, para mí tenía mucho valor que dentro del documento oficial del Acuerdo Político-Legislativo en Materia de Seguridad Ciudadana que se suscribió con la Alianza se señalara, en la parte final, que se iban a contemplar normas legales que establecieran “incentivos tributarios para las donaciones destinadas a proyectos cuyo objetivo es la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.”. Esto forma parte del Acuerdo, y creo que va en la dirección correcta.
Pero ¿cuál es el problema respecto de esta materia? Que aquí no bastaba con incorporar una normativa que otorgara beneficios tributarios a estas instituciones: había que conceder un incentivo tributario importante, potente, que efectivamente permitiera ampliar la cobertura.
Porque -y este es el tema central, a mi juicio-, si queremos sacar a las personas del círculo del delito, hay que rehabilitarlas. Y si vemos la cobertura que existe hoy, advertiremos que ella es demasiado pequeña para la magnitud del problema. Este tipo de tratamientos requiere programas intensivos, complejos, que no son baratos sino de un costo alto. Y en todo el país hay menos de mil cupos para los programas intensivos. Esa es la realidad: ¡menos de mil!
Por lo tanto, la pregunta es cómo ampliar esa cobertura. Y hoy vemos que la aplicación de la ley de responsabilidad penal juvenil, respecto de la cual al menos yo abrigaba una gran esperanza, es un desastre, porque los que están privados de libertad son derivados al SENAME, que no tiene tratamientos de rehabilitación, y si bien para los que se hallan en libertad CONACE logró establecer una oferta en materia de rehabilitación, la realidad es que los centros están vacíos. Así de simple, señor Presidente: ¡vacíos!
Quiero retomar el punto de los incentivos tributarios. Es cierto: se incorporaron beneficios de este tipo en la Cámara de Diputados -desgraciadamente, en una ley equivocada, porque debieron haber estado en la normativa que nos ocupa-, pero son los peores de todos.
Entonces, aquí yo veo una contradicción. Más aún: no se está cumpliendo el Acuerdo Político. Desde mi punto de vista, dicho cumplimiento no debe ser solo de carácter formal. Es decir, no basta con incluir esos beneficios tributarios para las instituciones de prevención y rehabilitación. De lo que se trata es de establecer incentivos importantes para que se consoliden las entidades existentes y amplíen la cobertura o se creen otras adicionales. Pero, lo curioso es que aquí se concede el peor beneficio tributario que existe, en circunstancias de que, al revés, tendría que ser uno de los mejores. Y además está mal ubicado, porque no debería formar parte de la ley de donaciones con fines sociales sino de la iniciativa legal en análisis, que aborda el tema de la seguridad ciudadana. Porque, si existe el vínculo entre droga y delincuencia y lo importante es rehabilitar, el incentivo tributario tiene que establecerse en la normativa en debate.
Por eso, señor Presidente, yo espero que se aborde este punto en la discusión particular. Porque, tal como le señalé formalmente al Ministro la semana anterior -antes se lo había hecho ver al Subsecretario del Interior, señor Harboe, y a la Subsecretaria de Hacienda-, desde mi punto de vista -y así se lo he transmitido a la Alianza-, con el texto actual no se está cumpliendo el Acuerdo Político suscrito con el Gobierno. Lo dije la semana pasada -por eso pedí la segunda discusión- y quiero reiterarlo en esta oportunidad: no se está cumpliendo el Acuerdo Político.
En consecuencia, este es un asunto que necesariamente hay que abordar en la discusión particular. Ello, con un doble propósito: por una parte, sacarlo del cuerpo legal de las donaciones con fines sociales e incorporarlo en este texto legal, y, por otra, cerciorarse de que ello se hará en condiciones que aseguren que efectivamente va a aumentar la cobertura en materia de prevención y rehabilitación. Esa es la única manera de bajar los índices delictuales y sacar a las personas del círculo del delito: a través de una orientación correcta.
De lo contrario, ¿qué nos va a pedir la comunidad? Más cárceles y más penas. Y yo me pregunto: ¿es ese el camino correcto? No, señor Presidente. El camino correcto es el más difícil: el de la rehabilitación, el de la prevención.
Por eso, me atrevería a señalar que este texto legal no basta. Hay que abordar dos iniciativas complementarias, que están siendo tramitadas en el Parlamento. ¿Cuáles? Yo dije hace unos momentos que la ley de responsabilidad penal juvenil no ha operado. ¿Saben los señores Senadores por qué ello no ha ocurrido? Porque estableció como pena accesoria la rehabilitación y los tribunales de justicia, la Defensoría, han interpretado que la pena accesoria es una doble penalización. Por lo tanto, no la aplican. Y, de esa manera, no se deriva a rehabilitación. ¡Absurdo, señor Presidente! ¡Si el Poder Legislativo lo que pretendía era rehabilitar! En todo caso, presenté un proyecto de ley para superar esa situación.
La segunda iniciativa, que también se halla en trámite, dice relación a la prevención, que es fundamental. ¿Y qué nos señala el VII Estudio Nacional que dio a conocer CONACE hace dos semanas? Que a pesar de todo el problema, en vez de aumentar la percepción de riesgo -es decir, que haya más personas que consideren que consumir droga es negativo-, ella baja. ¿Qué nos indica eso? Que los programas de prevención no están teniendo efecto. Y, por lo tanto, para complementar esta normativa creo que habría que abordar otra modificación legal que presenté hace un año atrás, a fin de establecer como obligatoria en los colegios de Chile, sin distinción, la prevención de droga de manera sistemática, en todos los niveles de enseñanza.
Concluyo, señor Presidente, señalando que no basta fortalecer las instituciones en materia de seguridad ciudadana, sino que se requieren disposiciones potentes y fuertes para otorgar incentivos tributarios como corresponde y, paralelamente, hay que perfeccionar, rectificar la ley de responsabilidad penal juvenil y dictar normativas complementarias en todo lo que dice relación a prevención.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, al anunciar, por supuesto, nuestro voto a favor del proyecto, quiero dejar constancia de algunas inquietudes.
Un señor Senador decía que después de que aprobemos esta iniciativa, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, habría que ver cuáles son los efectos que sus disposiciones surten en la realidad, en el día a día.
¿Por qué lo planteo? Hace algunos días, la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, cumpliendo con sus obligaciones, recibió la información de la inversión del Presupuesto del año 2008 de parte de Carabineros. Y ahí nos enteramos, con sorpresa, de la impotencia que ellos experimentan, por ejemplo, para cumplir funciones que tienen que ver con ideas centrales de la iniciativa que nos ocupa.
Y cuando digo que hay que seguir sus efectos es porque aquí nosotros también aprobamos una disposición que permitía a Carabineros contratar una cantidad interesante de profesionales civiles para que cumplieran labores administrativas en las comisarías. ¿Qué sucedió con esa norma, que aparecía como absolutamente lógica y positiva para la labor difícil que cumple esta Institución? Pues bien, con la nueva legislación penal se le entregaron otras funciones y lo que habíamos aprobado resultó ser de sal y agua, se diluyó absolutamente, y ellos se encuentran ahora con una falta de personal realmente impresionante.
Aquí se habla del consumo y tráfico de drogas. Bueno, el 30 por ciento de los establecimientos educacionales en Chile, de Enseñanza Básica y Media, están penetrados por la comercialización, especialmente de marihuana.
Entonces, la situación es de una gravedad extrema, y uno formula sinceros votos para que esta iniciativa realmente cumpla con sus objetivos y no se convierta en un organigrama más, burocrático y administrativo. Aquí, por ejemplo, se plantea que habrá secretarios regionales ministeriales de seguridad pública, cuya función principal será colaborar con los intendentes en la ejecución de la política nacional de seguridad pública interior.
Los señores Senadores sabemos que muchas veces estos secretarios regionales no son más que simples buzones que, en la práctica, carecen de toda efectividad.
Es de esperar, entonces, que estos cargos que se crean con la normativa en debate apunten en la dirección que el Gobierno y el legislador quieren implementar.
En efecto, debemos formular votos para que la instauración de este organismo sea positiva, porque en la lucha por la seguridad ciudadana -¡qué duda cabe!- estamos en deuda. ¡Ciento 87 mil personas han sido imputadas en un solo año por hurtos, lesiones y violaciones! El hecho de que estos tres delitos representen el 40 por ciento -según lo señala el informe- del total de ilícitos que se cometen es algo que nos debiera llevar a pensar que es preciso poner el pie en el acelerador para enfrentar lo relacionado con la seguridad ciudadana.
Un señor Senador, que sabe bastante de esta materia, pues dirige una organización que persigue fines sociales, sostuvo que la solución a este problema no consiste solo en construir más cárceles. Porque los establecimientos penitenciarios en Chile son nichos de cemento a donde se envía a quienes no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse socialmente con posterioridad.
Incluso se ha señalado que el 30 por ciento de los presos, detenidos o procesados que hoy conforman la población penal del país consumen drogas que ingresan a esos recintos.
¡Para qué señalar, entonces, los efectos del microtráfico! Es realmente patético -y lo hicimos presente en la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos- comprobar que siempre resulta detenida, con toda la fuerza y efectividad de los organismos policiales y de seguridad, doña Manuela Chamorro o don Pedro Matamala por estar vendiendo papelillos en una población, pero nunca se ha sabido que se haya arrestado a quienes reciben las partidas de drogas que de repente se detectan.
Cuando la policía informa que se logró interceptar 30 kilos de cocaína o determinado tipo de estupefaciente -digamos la verdad, como también lo señalamos en dicha Subcomisión-, la ciudadanía dice: “¡Ah! Se decomisaron 30 kilos, pero parece que eran 60.” En el inconsciente folclórico de la gente, se piensa que la cantidad que se entrega no es la misma que a veces se decomisa. Y ahí están, por ejemplo, los “Car’e Jarro”. Sabemos que lamentablemente han logrado penetrar algunos organismos cuya función es totalmente diferente a la que hoy se está conociendo en el país.
Si no hay reinserción social de quienes delinquen, se podrán sacar adelante todos los ministerios de seguridad pública y servicios nacionales para la prevención del consumo y tráfico de drogas que uno desee, pero será “pan para hoy y hambre para mañana.” Porque en las cárceles, en esos nichos de cemento, no hay personal que los capacite.
¿Qué hemos hecho en el Parlamento? Cada día aprobamos leyes más duras para castigar severamente y a más temprana edad a los jóvenes.
En un país donde la distribución de la riqueza es horrorosamente inequitativa; en que vemos cómo en los sectores poblacionales se forman grupos y pandillas que buscan una institución donde expresarse, porque en esta sociedad de consumo y de competencia, no tienen perspectiva alguna; en donde los resultados de la educación pública son negativos; en que la educación particular -¡en buena hora!- y particular subvencionada cada día va copando las mejores posibilidades del país, mientras que un porcentaje inmenso de jóvenes quedan botados a la vera del camino, porque no tienen la posibilidad de ingresar con posterioridad a los estamentos de la enseñanza superior.
Entonces, cuando vemos que se penaliza, se sanciona, se castiga y se crean instituciones, pero la oportunidad de reinserción aparece muy sumergida o en letra chica o como una simple intención: “se podrá”, uno debe expresar su preocupación en el Senado, porque no se está yendo al fondo del asunto.
Conozco cárceles en las que se han construido, por ejemplo, bloques para instalar talleres donde los reclusos puedan adquirir una profesión. Pero por falta de recursos para arreglar determinadas maquinarias que permiten preparar y capacitar a algunos presos, se ha terminado arrendando esos espacios para guardar fardos de pasto, como ocurre, por ejemplo, con la cárcel especial de Victoria, donde un bloque, que costó varias decenas de millones de pesos y que hoy ya no funciona, ha sido entregado en arriendo a un agricultor para almacenar forraje destinado a sus animales.
Entonces, muchas veces la teoría, la dialéctica y la doctrina no corresponden a lo que nosotros estamos observando en la práctica.
Por eso, cuando uno ve la realidad más allá del discurso, del anuncio, del titular, debemos estar vigilantes para apreciar si lo que hemos aprobado surte efecto.
Por ejemplo, en materia de prevención del consumo y tráfico de drogas duras, en Chile se dice que una de cada cien personas tiene la probabilidad de readaptarse. ¡Una de cada cien! Y los muchachos adictos a otro tipo de drogas tampoco cuentan con alguna posibilidad en tal sentido.
Sus Señorías saben que una persona que desea readaptar a un familiar debe disponer de una cantidad millonaria de dinero en el año. Para ello tiene que recurrir a ciertas instituciones privadas, ya que en el ámbito de la salud pública no existen ni recursos, ni profesionales, ni oportunidades para recuperar a los jóvenes que consumen drogas. Y mucho menos a quienes ingieren la terrible droga del alcohol.
Cuántas familias pudientes en Chile -no quiero decir que haya aquí algún señor Senador que esté sufriendo el drama de tener algún familiar que se ve enfrentado a la presión que provoca el consumo de alcohol- viven con la cruz que eso significa. Porque si se carece de medios, ese familiar indudablemente va a terminar en un grado de indignidad humana que llega casi a una etapa de tipo vegetal.
Por eso, en esta oportunidad formulo sinceros votos para que la institución que se crea no sea una entidad meramente administrativa y burocrática, que entregue estadísticas, que promueva permanentemente proyectos y visualice algunas iniciativas a futuro, sino una que signifique entregar hoy, mañana y pasado mañana un apoyo sustantivo y real a la seguridad pública y a la prevención del consumo y tráfico de drogas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, para el Gobierno es muy satisfactorio que el Senado dé su aprobación en general a una iniciativa que viene a poner fin a una anomalía institucional en Chile, que tiene que ver con cierta dispersión en el manejo del problema de la seguridad pública.
Son muchos los países de América Latina y del mundo que en los últimos años han hecho reformas de este tipo. En el caso de Latinoamérica, urgidos por los problemas de la delincuencia, en especial del crimen organizado en las grandes ciudades, y, en lo que respecta a las naciones desarrolladas, mal que mal, por el impacto del terrorismo internacional.
Chile ahora se pone al día y realiza, mediante un acuerdo político, una reforma significativa que termina con la doble dependencia de Carabineros y de Investigaciones; que concentra el manejo de la seguridad pública en una sola repartición -quiero decir a los Senadores señores Espina y Larraín que, sin duda, el responsable político será el Ministro-; que pone énfasis en la prevención, tanto situacional como estructural, del delito, y que radica el programa destinado a combatir el narcotráfico, especialmente en lo relativo a prevención y rehabilitación, en un servicio público descentralizado.
Creo que este conjunto de cambios institucionales favorecerá el diseño de una política de seguridad pública más exitosa.
Ahora bien, pretender que dichos cambios solucionen rápidamente los problemas parece algo impropio.
Por cierto, se impulsa una reforma de salud para que mejoren los índices del sector; una reforma educacional, para que los niños aprendan más. Pero ello no ocurre de la noche a la mañana.
Entonces, este es solo un paso significativo de reordenamiento institucional. Luego habrá que poner en práctica políticas más eficaces en torno a la seguridad pública.
En cuanto a lo expresado por el Senador señor Orpis, me comprometo a revisar el planteamiento sobre la posibilidad de que haya incentivos tributarios para donaciones a instituciones privadas de rehabilitación que correspondan al espíritu del acuerdo.
Quiero, sí, recordar que en la última ley contra el tráfico de estupefacientes se estableció un nuevo fondo en favor de la prevención y la rehabilitación, compuesto por todos los bienes decomisados en los procesos por drogas. Dicho fondo -tiene un directorio y un reglamento, y, felizmente, va creciendo en forma exponencial, por la eficacia de las policías- será importante para que existan más opciones de rehabilitación, sobre todo en instituciones privadas.
La preocupación del Senador señor Muñoz Barra es, por cierto, muy loable. Pero quiero decirle a Su Señoría que algo se hace en el servicio público de salud en materia de rehabilitación. De hecho, una parte de la dirigida a los jóvenes ha entrado al plan AUGE. Y hay un convenio especial entre el CONACE y el FONASA para la realización de tratamientos, los cuales, desde luego, tendrían que aumentar mucho más.
Sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, se observan algunas de las dificultades aquí señaladas. Pero, en general, los centros de rehabilitación del SENAME que mejor funcionan son justamente aquellos orientados a efectuar tratamientos antidrogas.
Señor Presidente, no cabe duda de que asistimos a una transformación del perfil delictual en Chile. Lo que el país está viviendo es la permanencia de ciertos delitos, como los más graves, que tienen que ver con la propiedad, en especial el robo con fuerza en las cosas o violencia en las personas; algunos delitos de lesiones; otros relacionados con la Ley de Tránsito, y los ilícitos del crimen organizado, que en Chile prácticamente se limitan al narcotráfico.
Aquí no existe una expansión alarmante ni de homicidios, ni de violaciones, ni de secuestros, ni de otro tipo de crimen organizado que no esté ligado al narcotráfico. Aquí no hay tráfico de personas en forma abismal; tampoco, tráfico de armas en un nivel que pudiera considerarse preocupante, ni otros fenómenos delictuales que abundan en América Latina.
Respecto a los delitos cometidos por jóvenes, felizmente no tenemos el problema de las bandas juveniles existentes en Centroamérica -las llamadas “maras”-, con todo lo que eso significa.
Entonces, cuando hablamos de delincuencia, es importante tratar de perfilar lo mejor posible el tipo de fenómeno social a que nos estamos refiriendo, a fin de que las políticas de prevención, de control y de sanción sean eficaces. Nada sacamos con hacer discursos en extremo alarmistas, porque eso no necesariamente va a provocar un cambio en la situación.
De ahí que cada vez más instituciones, como Paz Ciudadana y otras de distintas universidades, que se hallan especializadas en cuestiones de criminología, apuntan a políticas específicas.
Para eso, el nuevo Ministerio, con una Subsecretaría especializada y otra a cargo de las materias de prevención, podrá recurrir a un caudal de experiencia y de conocimiento acumulado que le permitirá definir en mejor medida las políticas respectivas.
En cuanto a la dimensión regional, que aquí no se ha mencionado, es del caso tener presente que el nuevo Ministerio va a actuar a través de los intendentes. Pero estos tendrán dos limitaciones. En primer término, no podrán inmiscuirse en el aspecto administrativo u operativo de las policías, porque eso significaría una posibilidad de interferencia política en el desempeño policial (felizmente, en Chile contamos con dos cuerpos policiales profesionales, apolíticos y muy respetados por la ciudadanía). Y, en segundo lugar, al diseñar el plan regional de seguridad ciudadana o de prevención de delitos deberán consultar a los municipios, pues está probado que una política es tanto más eficaz cuanto mayor es su impacto local; porque a veces no solo una comuna es diferente de otra, sino que también una población o un barrio puede tener características que al lado no existen.
Entonces, aquí se busca tener, por una parte, un Ministerio con capacidad de diseño a nivel nacional, con el brazo de las policías y una Subsecretaría de Prevención, y por la otra, dimensiones regionales y locales eficaces.
Es muy probable que los frutos de la reforma que hoy aprobará el Senado los perciba el próximo gobierno; pero creo que habla muy bien del país la elaboración de políticas de consenso con efectos más allá de un período presidencial.
Lo único que nosotros esperamos es que el trámite de la discusión particular sea rápido, para que el proyecto pase a la otra Cámara y sus normas sean pronto una realidad.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a abrir la votación.
El último inscrito era el Senador señor Ávila, quien, en consecuencia, podrá intervenir hasta por 5 minutos para fundar su voto.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, Estados Unidos es el peor ejemplo de cómo se deben enfrentar la drogadicción y la acción del narcotráfico. Y tengo la impresión de que vamos por ese camino.
El Estado se ocupa de proteger a la población por las secuelas que acarrea un conjunto de problemas de fondo que, inevitablemente, se expresa en la elevación de los índices de delincuencia.
El temor de la población va creciendo, además, por el hecho de que se otorga una altísima resonancia a cada uno de los delitos que se cometen a diario en una ciudad como la de Santiago, de alrededor de 5 millones de habitantes.
Si en Nueva York los medios de comunicación reprodujesen todos los delitos que se perpetran a diario, sus habitantes vivirían aterrados y, probablemente, encerrados en sus casas para no correr el riesgo de sufrir un asalto o ser víctimas de un hecho de sangre.
Entonces, aquí hay varios elementos que confluyen para crear una situación que obliga a un análisis mucho más racional.
Desde luego, no podemos olvidar que en una sociedad como la nuestra, donde la discriminación social se agrava día a día y las oportunidades de trabajo van disminuyendo, las personas, a no dudarlo, tienen que apelar a algún modo de sobrevivencia.
Así, en amplios sectores populares no existe otra posibilidad de conseguir un medio de sustento que ligarse a las redes del microtráfico, porque en ellos no hay alternativas, más aún si constatamos que constantemente poblaciones marginales completas son estigmatizadas como áreas en que solo campea el delito. Las personas que tienen la desgracia de vivir en esos sectores no pueden conseguir trabajo por la sola circunstancia de habitar en poblaciones marcadas comunicacionalmente por el delito.
En Estados Unidos hay una empresa llamada “Corrections Corporation of America”, que es la que ha tenido mayor éxito en la bolsa de Nueva York.
Hace poco, una ejecutiva dio a los accionistas una muy buena noticia: “Nuestros estudios de mercado señalan que el delito juvenil seguirá creciendo”.
Eso lo dijo para estimular a los accionistas y, al mismo tiempo, atraer a nuevos adquirentes de papeles de dicha empresa.
Es decir, el temor de la población también se está convirtiendo en un negocio. Y lo mismo estamos haciendo nosotros con la seguridad privada, que ya alcanza un nivel masivo.
En fin, confío en que la discusión particular de esta iniciativa permita abordar los problemas de fondo. Y haremos indicaciones en tal sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, voy a concurrir a la aprobación general de este proyecto.
Quiero recordar que hace más o menos cinco años se constituyó en el Senado la Comisión Especial de Seguridad. En ella trabajamos arduamente: revisamos la legislación internacional; escuchamos a expertos nacionales, y llegamos a la conclusión de que había que crear un Ministerio de Seguridad.
Después de ver lo que ha ocurrido en estos últimos años, mantengo esa opinión. Estoy convencido de que es la solución a que vamos a arribar. Y siento que el acuerdo logrado en esta oportunidad constituye un paso.
Es característica de este país tener un Ministro del Interior que además es Jefe de Gabinete y Vicepresidente de la República. Y ahora contará con tres Subsecretarías: de Desarrollo Regional, del Interior y de Prevención.
Me parece imposible que una persona con esa multiplicidad de funciones y responsabilidades dedique más tiempo a un problema complejo de la sociedad moderna, que la mayoría de los países ha abordado institucionalmente a través de un Ministerio de Seguridad.
Por eso, siento este acuerdo como un avance, como un paso. Pero no es la solución definitiva. Será necesario llegar a un Ministerio de Seguridad.
¿Cuántas horas al día dedica hoy el Ministro del Interior a las cuestiones de seguridad? ¡Y ahora tendrá a su cargo tres Subsecretarías!
Las materias relativas a la seguridad son complejas.
Hace algunos días una encuesta indicaba que 50 por ciento de los ciudadanos piensan que van a ser asaltados en los próximos meses.
También están el problema de las drogas -ya se señaló en esta Sala- y muchas otras situaciones complejísimas, que requieren dedicación absoluta; participación de profesionales, especialistas; políticas de prevención, y, en fin, todo lo que aquí se ha expresado.
A la larga, tendremos que concluir en un Ministerio de Seguridad.
Aquí muchas veces decimos: “Estas cosas no pasan en Chile; estas situaciones se ven menos que en el resto de América Latina”. Por ejemplo, siempre sosteníamos que aquí no tendríamos el problema de las drogas, que la inseguridad y la corrupción no nos iban a tocar. Y las plagas demoran un poco más, pero al final llegan a nuestro país.
En consecuencia -reitero-, apruebo la idea de legislar, en función del acuerdo que se suscribió. Pero estoy convencido de que debemos concretar un Ministerio de Seguridad que asuma el problema integralmente, con todas las facultades, recursos y conocimientos que precisa una materia tan compleja del mundo moderno y que afecta prácticamente a todas las naciones.
Por algo todos los países han llegado a esta solución, señor Presidente.
Cuando hicimos nuestra propuesta el año 2003 revisamos la legislación comparada. Vimos lo que pasaba en América Latina, en Europa, en el Medio Oriente, en las naciones asiáticas. Y todos han concluido en lo mismo.
Entonces -insisto-, me sumo a la aprobación general de este proyecto, como fruto de un acuerdo. Empero, estimo que a la larga, por la situación especial existente en Chile, donde el Ministro del Interior es además Jefe de Gabinete y Vicepresidente de la República, dicho Secretario de Estado no dispondrá de tiempo suficiente para encargarse de una materia tan compleja y delicada como la seguridad pública.
Por eso, expreso mi opinión en tal sentido, que fue refrendada en el informe que preparamos con cinco colegas en 2003 (cualquiera puede revisarlo). Y mantengo lo expresado en ese documento. Yo diría que, al pasar de los años, hemos ido confirmando que lo que ahí planteamos tiene hoy más validez que nunca.
Por lo tanto -repito-, veo esta aprobación como una etapa. Pero al final tendremos que llegar a la creación de un Ministerio de Seguridad.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de julio, a las 12.
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
--Se levantó a las 19:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción