Sesión 41ª, en martes 5 de agosto de 2008
MEDIDAS CONTRA COMERCIO ILEGAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para combatir el comercio ilegal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5069-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 5 de marzo de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Discusión:
Sesión 40ª, en 30 de julio de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera discusión se efectuó en sesión del miércoles de la semana pasada, oportunidad en que el Comité Partido Radical Social Demócrata solicitó segunda discusión.
El objetivo del proyecto es combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de estos delitos.
La Comisión discutió esta iniciativa solamente en general y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Gómez, Larraín, Muñoz Aburto y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El texto pertinente se consigna en la parte correspondiente del primer informe.
Corresponde indicar que el inciso tercero del artículo 4º y el artículo 5º revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación del voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El señor Ministro del Interior solicitó autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de dicha Cartera, don Felipe Harboe.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PÉREZ YOMA (Ministro del Interior).- Señor Presidente, el comercio ilegal representa hoy un serio problema nacional al generar diversos costos y perjuicios sociales.
Por una parte, cabe destacar la evasión tributaria.
Además, muchas veces tal actividad ilícita infringe las leyes de propiedad intelectual, afectando a los legítimos titulares de los derechos involucrados, junto con desvirtuar el sistema que protege el derecho de autor.
En tercer lugar, podemos mencionar la distorsión que se registra en el mercado producto del comercio ilegal, por cuanto redunda en una competencia desleal al comercio establecido.
Desde las legislaciones tributaria, sanitaria, penal, de propiedad intelectual, e incluso desde la regulación municipal, se han tomado medidas que buscan combatir el comercio ilícito y mitigar así sus efectos perjudiciales. Sin embargo, ellas no han sido del todo eficaces.
Los resguardos adoptados hasta la fecha para debilitar el comercio ilegal se hallan focalizados principalmente en sancionar al vendedor. En otras palabras, atacan de manera esencial al eslabón final de la cadena productiva y no son suficientemente eficaces para alcanzar a los productores, administradores o jefes de las organizaciones que están detrás de esta actividad ilícita.
Este proyecto justamente busca dar una respuesta a la actual situación e intenta perseguir a las organizaciones o asociaciones que se dedican al comercio ilegal, atacando así su origen.
Hoy en día la asociación ilícita está ya sancionada penalmente. Sin embargo, la iniciativa en debate pretende aumentar las penas aplicables a los jefes o a quienes hayan ejercido mando en un tipo de asociación ilegal en particular -a saber, aquellas que se configuran en torno al comercio ilícito-, imponiéndoles una multa de 200 a 800 UTM.
En segundo lugar, la normativa en estudio procura mejorar las herramientas investigativas que permitan a las policías la mejor persecución de los autores de las infracciones pertinentes.
En síntesis, los objetivos puntuales del proyecto son:
a) Establecer una pena aplicable a los jefes o a quienes ejerzan mando y a los provocadores de asociaciones ilícitas en torno al comercio ilegal;
b) Autorizar la figura de las entregas vigiladas, como técnica para la investigación de tales ilícitos;
c) Adicionar facultades de fiscalización para las policías, y
d) Conferir atribuciones a las municipalidades para adoptar regulaciones relativas al ejercicio del comercio callejero.
Así, particularmente, la iniciativa propende a penar a quienes se asociaren para cometer delitos referidos a:
a) Falsificación de obras literarias, artísticas y científicas: a aquellos que las editen, vendan o reproduzcan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado o alterando el nombre del autor o de la obra;
b) Falsificación en las respectivas rendiciones de cuenta del número de ejemplares vendidos;
c) Comercialización fraudulenta de libros o su reproducción sin autorización del titular de los derechos de autor;
d) Comercialización de especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, receptación o apropiación indebida, y
e) Infracciones tributarias por comerciar sin haber realizado sus declaraciones y el pago de impuestos o por comerciar clandestinamente.
La asociación ilegal en comento será sancionada de conformidad con los artículos 293 y siguientes del Código Penal. De la misma manera, los jefes de las asociaciones, quienes hubieren ejercido mando en ellas y sus provocadores serán sancionados con multa de entre 200 y 800 unidades tributarias mensuales.
Por otro lado, el texto señala que el juez de garantía, previa solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el propósito de individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos.
El proyecto autoriza esa técnica de investigación cuando se presuma fundadamente que facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero, como asimismo el cumplimiento de algunos de los fines descritos en el párrafo anterior.
Igualmente, se faculta al Ministerio Público para disponer en cualquier momento la suspensión de la entrega vigilada o controlada y solicitar al juez de garantía que ordene la detención de los partícipes y la incautación de las especies y demás instrumentos si las diligencias llegaren a poner en peligro la vida o integridad de los funcionarios que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes importantes para la investigación o el aseguramiento de los partícipes.
Del mismo modo, el proyecto establece facultades fiscalizadoras en materia de comercio ilegal para las policías, los inspectores municipales y los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos, quienes podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de aquellos que ejercen el comercio, sea ambulante o establecido. Unas y otros estarán facultados para requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que se comercialicen.
Se faculta al Ministerio del Interior, a las intendencias, a las gobernaciones y a las municipalidades para hacerse parte en los procesos a que diere lugar la aplicación del párrafo anterior cuando el Servicio de Impuestos Internos actúe como querellante.
Por último, se dispone que los municipios tendrán que establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio.
Es cuanto puedo decir, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo deseo señalar que analizamos este proyecto en la Comisión de Constitución y, dados los objetivos que el señor Ministro acaba de reseñar -combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual dándoles a las policías facultades que permitan una labor investigativa eficiente y eficaz de esos ilícitos-, nos pareció que debía ser aprobado en general.
Sin embargo, quiero hacer notar algunas inquietudes que se formularon y que deben ser corregidas durante la discusión particular.
La primera dice relación a algo simplemente de técnica legislativa. El artículo 1º hace un reenvío a diversas otras figuras delictuales de la Ley de Propiedad Intelectual y de la que creó el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, lo que genera el problema de que una modificación al articulado de esos cuerpos normativos puede dar como resultado final un proyecto discordante, con lo cual se frustraría el objetivo buscado.
Esa observación nos debe hacer pensar -como siempre- que la mejor forma es, más que referirse a determinado precepto de una legislación, incluir la norma pertinente en la ley en proyecto.
En tal sentido, parece necesario hacer la corrección desde un punto de vista formal.
No obstante, la observación que más me preocupa se refiere al artículo 4º, mediante el cual se confieren atribuciones a las policías, a los inspectores municipales y a los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar, de acuerdo con la normativa vigente, a quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido, y, al efecto, solicitarles la exhibición de los permisos municipales o los sanitarios y cualquier otro documento que permita conocer el origen de las especies que comercializan.
Sobre ese punto, aun cuando parece muy razonable la factibilidad de realizar tales pesquisas, el hecho de que las policías estén autorizadas para circular por el comercio establecido puede generar una inquietud mayor en los propios comerciantes. Porque una cosa es la investigación y otra que sus efectivos circulen por los recintos comerciales. Creo, entonces, que la atribución que se les entrega puede ser altamente inconveniente, por la imagen pública que se proyectaría hacia las personas que asisten a los recintos comerciales.
En tal sentido, considero que se debe acotar de alguna forma la disposición respectiva. Porque, entendiendo la necesidad de que las policías investiguen, otra cosa es que lo realicen a vista y paciencia -por así decirlo- de moros y cristianos, generando en el público asistente, respecto a determinado local comercial, una desconfianza tal vez irreparable.
De otro lado, debo hacer presente -también lo señaló en la Comisión de Constitución la Senadora señora Alvear- la necesidad de establecer un distingo entre persecución criminal a los organizadores, jefes y financistas de las redes de comercio ilegal y a los vendedores ambulantes, la gente que está en el terreno, porque las sanciones que se puedan aplicar a unos y a otros participantes en el mismo ilícito, obviamente, deben ser de naturaleza distinta.
Me parece que eso también tendría que ser recogido en la discusión particular.
En la Comisión de Constitución analizamos las diversas materias, escuchamos a mucha gente, y creo que logramos cooperar con el proyecto presentado por el Ejecutivo, que va en la buena dirección respecto de una cuestión en la que Chile se encuentra en deuda.
En nuestro país, desgraciadamente, la piratería intelectual ha proliferado de forma indebida; no estamos cumpliendo los acuerdos internacionales sobre el particular. Creo, pues, que la normativa propuesta ayudará a corregir muchas de las deficiencias existentes y permitirá un trabajo más efectivo de las policías.
Con los reparos que he planteado, que recogen algunas de las inquietudes formuladas en la Comisión, espero que la Sala pueda aprobar en general esta iniciativa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que voy a votar favorablemente este proyecto, que es imprescindible hoy día. Conocemos perfectamente bien el daño que causa el comercio ilegal, sobre todo a los autores de las obras falsificadas, y también al Fisco, por las infracciones tributarias derivadas de las rentas omitidas o de los pagos que se soslayan en el ámbito del impuesto al valor agregado.
Concuerdo con la observación del Senador señor Larraín en cuanto a la necesidad de cambiar las remisiones a la Ley sobre Propiedad Intelectual, en primer lugar, porque se está examinando la materia en las Comisiones unidas de Economía y de Educación, y en segundo término, por una cuestión de técnica legislativa, pues el hecho de aplicar por la vía referencial, mediante el artículo 2° del proyecto en debate, una multa por la comisión de una serie de delitos pudiera estimarse un doble castigo a una misma conducta, es decir, la violación del principio non bis in idem.
De consiguiente, considero indispensable ajustar esta iniciativa, que en su contexto general, por supuesto, acoge las necesidades que la sociedad en su conjunto y el interés fiscal comprometido exigen satisfacer.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, también parto expresando mi apoyo a esta iniciativa legal -la analizamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-, que es de gran relevancia, por las razones aquí señaladas.
El comercio ilegal se ha transformado en un gran problema en distintas Regiones -no solo en la Metropolitana-, y sus efectos no son únicamente la evasión de impuestos, sino además la competencia desleal y la vulneración -aquí también se indicó- de normas que, como país, hemos suscrito en tratados de libre comercio.
Me alegra mucho que en el Senado se esté culminando -así lo espero- la tramitación de la iniciativa sobre propiedad intelectual. Al respecto, claramente, tenemos un atraso. Y, cada vez que sesiona la Comisión Revisora de los Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, el planteamiento en torno al cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual es uno de los énfasis que hacen quienes expresan en las distintas reuniones inquietud por lo que ocurre en Chile.
Por cierto, deberemos modificar el proyecto en debate a través de indicaciones que presentaremos, varias de las cuales fueron enunciadas por el Senador señor Larraín.
Se trata, a no dudarlo, de una importante iniciativa, que apunta en la dirección correcta a fin de regularizar un comercio que implica la existencia de asociaciones productivas ilegales donde normalmente es detenido el último eslabón de la cadena, el vendedor callejero -su actuar es fruto de la necesidad de subsistencia-, quien muchas veces es el menos culpable dentro de toda la organización.
Por ello, sin perjuicio de las indicaciones que formularemos, aprobaré en general el proyecto sometido esta tarde a la consideración de la Sala.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, en este proyecto hay dos ángulos de análisis, a mi juicio.
Uno, formal-legal, tiene que ver con los derechos de las personas que ven burlada la autoría de sus obras y no pueden percibir las retribuciones que legalmente les corresponden al ser ellas objeto de falsificación.
Eso está bien, es plausible y resulta razonable.
Pero también hay una mirada social.
¿Quiénes son los que practican el comercio ilegal? Personas a las cuales el mercado de trabajo les niega espacios para una inserción real.
Si vamos persiguiendo a aquellos que intentan ganarse la vida apelando al último recurso que queda antes de traspasar la frontera de la delincuencia, no actuamos, a mi entender, en el sentido correcto.
Siento que debemos hacernos cargo de una realidad social.
Hay un porcentaje importante de personas que, por diversas razones -no es del caso comentarlas ahora-, no tienen posibilidades de un empleo que les permita ganar dignamente el sustento para sus familias. Recurren, entonces, a la venta en las calles, en las plazas, en las veredas.
Algunos alcaldes se inquietan a ese respecto, porque esa gente, que pulula por dichos lugares, brinda condiciones para la comisión de actos delincuenciales, los que no necesariamente son perpetrados por quienes llevan a cabo el comercio ilegal pero, de una u otra forma, son utilizados con tales fines.
La solución no consiste en eliminar de una plumada la posibilidad de que dichas personas se ganen el sustento.
Si nos empeñamos en perseguir implacablemente a ese sector de nuestra sociedad, la consecuencia no se hará esperar y será mucho peor, porque tendremos un incremento sustancial de los índices de delincuencia.
Es natural que así sea, por lo demás.
No podemos pensar que si determinadas personas no pueden conseguir un ingreso por la vía que se pretende eliminar no tienen más alternativa que optar por otras mucho más lesivas para la sociedad.
Este proyecto me deja con la inquietud de que el Congreso, en general, y el Senado, en particular, no están siendo sensibles con una situación social que es preciso tomar en cuenta, examinar en forma adecuada y no hacerla simplemente objeto de represión.
En esta oportunidad, por las consideraciones que he dado a conocer, más bien me inclinaré por la abstención.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.- Señor Presidente, estimo que el texto en análisis honra varias situaciones.
En primer término, nuestros compromisos internacionales, porque, ciertamente, aquellos sobre protección de la propiedad intelectual constituyen una cuestión pendiente en el país.
En segundo lugar, el esfuerzo de los alcaldes y gobiernos locales por ordenar sus comunas, sus ciudades, porque no han tenido la posibilidad de llevar a cabo una regulación tan necesaria, tan indispensable.
Cuando se inicia una nueva campaña municipal, tendiente a elegir alcaldes y concejales, creemos que la iniciativa apunta a facilitar el que los nuevos gobiernos comunales en verdad logren ese ordenamiento. Hoy día existe desorden.
En seguida, de algún modo quiero rescatar una idea del Honorable señor Ávila, quien me antecedió en el uso de la palabra. Efectivamente, un importante grupo de personas se dedican al comercio ambulante por no haber podido conseguir un trabajo distinto. A mi juicio, ello, más que un aspecto negativo, es una oportunidad, pues los jefes comunales y quienes estudian la forma de encontrar para dicho sector un lugar en la sociedad van a saber con exactitud quiénes se hallan en esa situación. El enrolamiento de estos últimos facilitará tal proceso.
Cualesquiera que sean, entonces, los objetivos que se persiguen, diría que el proyecto viene, aunque un poquito tarde, a llenar un vacío muy importante. Porque la definición de los delitos contra la propiedad intelectual y la ley del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y el transporte, venta, compra, transformación y comercialización de especies robadas, hurtadas, receptadas o apropiadas indebidamente no son considerados correctamente en nuestra legislación. A ello se agrega el comercio de especies sin cumplir con las debidas autorizaciones legales o sin declarar o pagar los impuestos correspondientes.
Debería prestarse atención a un aspecto, sin embargo, al volver la normativa a Comisión. Porque me parece que el texto ha sido mejorado en profundidad en el Senado, acotándose el sobredimensionamiento que traía de la Cámara de Diputados, ya que no solo se hacía mención a los artículos que tipificaban los delitos constitutivos de comercio ilegal, sino que también se repetían las disposiciones. Además, de alguna manera se perfeccionó la redacción conforme a las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, podría discutirse sobre la posibilidad de que, cuando se investigue la asociación ilícita destinada a cometer alguno de los hechos considerados delitos de comercio ilegal, el fiscal, sin necesidad de la autorización del juez de garantía, utilizara a los agentes denominados “encubiertos” con la finalidad de individualizar a los partícipes en la ejecución.
Lo anterior, sobre la base de que toda asociación ilícita debiera ser considerada como un hecho delictivo del mayor interés público.
Formulo esa observación por cuanto creo que en la Comisión todavía es factible un perfeccionamiento a fin de poder entregar a la sociedad un cuerpo legal llamado a determinar un antes y un después de su dictación.
Por eso, señor Presidente, con mucho agrado aprobaré en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, nos hallamos convocados a aprobar la idea de legislar, a lo cual concurriré con mi voto.
De lo que se trata, para establecer las cosas en su justa medida y no confundirse, es generar instrumentos tendientes a atacar una asociación ilícita para perpetrar delitos ya tipificados -no nuevos- en diferentes códigos.
Lo digo porque soy de aquellos que siempre sacarán la voz por los que pierdan la capacidad de ganarse el sustento en el mercado formal; por respaldar a quienes desempeñan con dignidad la labor de vendedor ambulante para mantener a sus familias, lo que constituye una actividad decente.
Distinto es el caso de los que se asocian para delinquir, no porque estén cesantes y hayan salido del mercado del trabajo, sino para fomentar el comercio ilegal, que es lo que la normativa pretende atacar.
A mi juicio, no debemos confundir una cosa con la otra.
Entonces, con el proyecto se intenta, sobre todo, entregar instrumentos para poder combatir a quienes se asocian para cometer delitos. Y se busca, en particular, un justo equilibrio -no siempre fácil- en relación con el comercio establecido, con el que cuenta con permisos otorgados por el municipio, con las personas que ejercen legalmente la actividad de vendedor ambulante, teniéndose presente la acción de quienes se encuentran fuera de la ley, sea que se hallen o no asociados con productores de especies que se venden en el mercado (normalmente, ese vínculo más bien se da) y con una red cuyo propósito es delinquir.
Algo distinto, señor Presidente, es lo que pasa cuando esas redes que queremos atacar usan a distribuidores en pequeña escala que actúan dentro de la ley. Es una cuestión que se deberá precisar, porque, muchas veces, utilizan a vendedores ambulantes que pueden ser inocentes, lo que requiere una buena diferenciación.
Con motivo de la discusión a que nos hallamos abocados, señor Presidente, deseo representar, por su intermedio, al señor Ministro y al señor Subsecretario del Interior, quien ha trabajado mucho en el asunto, la importancia de establecer una desvinculación -sé que es difícil- respecto del vendedor ambulante legalmente establecido a quien las redes ilegales utilizan para vender sus productos.
El Senador que habla, a diferencia del Honorable señor Larraín -si no me equivoco-, quien manifestó una inquietud respecto al artículo 4°, no ve mucha dificultad con el contenido de este último. No debería preocuparnos el otorgamiento a Carabineros y a los inspectores municipales de la atribución -entiendo que Impuestos Internos ya la posee- de solicitar información demostrativa de que la persona se encuentra en regla.
La pregunta es si tememos a los carabineros o a los inspectores municipales. No me hallo en ese caso, señor Presidente, si el propósito es combatir el crimen organizado.
Entiendo que el problema lo constituye siempre la determinación del punto de equilibrio. La iniciativa faculta para requerir los permisos municipales -de por sí, deben estar a la vista-, el permiso sanitario respectivo y los documentos que acrediten la legalidad del origen de las especies que se comercializan. A mi juicio, ninguna de esas tres atribuciones debería generar temor a quien tuviera las cosas en regla.
Por mi parte, señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Estimo que aquí no se trata de condenar ni a los vendedores ni al comercio ambulantes, ni de cuestionar la dignidad de quienes realizan dicha labor. En lo personal, muchas veces he defendido esa actividad, porque prefiero que las personas trabajen dignamente para mantener a sus familias, en vez de que se legitime el camino más fácil que toman otros, cual es caer en el delito, que es lo que queremos evitar.
Creo que esta es una muy buena iniciativa, sin perjuicio de que podamos presentar algunas indicaciones en el camino.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A continuación tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, más que entrar a analizar la materia en su contexto voy a formular algunas interrogantes en voz alta.
Aquí, por ejemplo, se habla de evitar el comercio clandestino. Y, naturalmente, se alude a los vendedores ambulantes.
No obstante, al Senado llegó un proyecto de ley que busca reglamentar y autorizar la acción que ellos realizan en los buses del Transantiago. Eso se vio aquí mismo, en la Sala.
Aun más, después de un debate, se asumió que esa normativa contenía una muy buena idea, desde el punto de vista social, y que, simplemente, era necesario enviarla a Comisión para mejorarla.
Ahora nos hallamos ante una iniciativa bastante draconiana, porque el informe señala que, “En materia sustantiva, el proyecto plantea agregar cuantiosas multas a las penas corporales que se aplican a los que participen en el comercio ilegal y clandestino”.
Entonces, como que no se observa un completo ajuste en una normativa tratada en el Senado y que tiene posibilidades de ser aprobada, pues va totalmente en sentido contrario a la idea que se expone con relación al tema que hoy estamos discutiendo.
Estoy totalmente de acuerdo con que existe de por medio un problema social. Y me surge la interrogante de cómo van a enfrentarlo los municipios. Porque todos sabemos que estos entregan permisos para el ejercicio del comercio ambulante y en nuestras ciudades -grandes y pequeñas- apreciamos una gran cantidad de personas dedicadas a dicho oficio que cuentan con la autorización legal otorgada por ellos, que son los que controlan esa actividad en la respectiva comuna.
Con el texto que nos ocupa, entonces, los alcaldes no podrán dar tales autorizaciones, pues si lo hacen van a contravenir la ley.
Y lo anterior no solamente dice relación al comercio ambulante, sino también a la gran proliferación de quioscos incluso en una ciudad como Santiago. Las calles de la Capital, de Valparaíso, de Concepción o de Temuco muestran una serie de esas instalaciones que venden mercaderías sin sujetarse a las normas del Servicio de Impuestos Internos. De manera tal que en ese caso también se infringiría una de las disposiciones que señala que se da, en la suma, una gran evasión de tributos, por lo cual quisiera saber cómo se contempla la situación.
Ahora bien, sobre la base de la realidad que se vive a diario -porque se señala que Carabineros va a contar con todo el apoyo posible para ejercer el máximo control en tal sentido, lo cual me parece bien-, ¿cómo se va a considerar, por ejemplo, a las damas que participan en talleres laborales y producen una gran cantidad de tejidos, chamantos, vestimentas? ¿Ello se estimará comercio clandestino, porque se competirá con las tiendas establecidas?
Y no solo en tal sentido esos talleres fabrican elementos generados por su propia creatividad, sino que también lo hacen en cestería, mimbrería, tallado, etcétera.
¿Cómo se va a considerar en la ley la comercialización no sujeta a normas, especialmente en relación con el Servicio de Impuestos Internos, de esas organizaciones de tipo social o laboral?
Me gustaría que los representantes del Ejecutivo dieran alguna luz en tal sentido.
Estoy totalmente de acuerdo con que en la mayoría de las ciudades existen pequeños comerciantes que, a veces, se hallan a una distancia no muy grande de los ambulantes. Se trata de negocios de poca envergadura, en una pieza, que pagan arriendo, electricidad, impuestos y son controlados, y que enfrentan, incluso, gastos de contabilidad. Me parece que esa es también una realidad que no se puede pasar por alto.
Por ello, más que entrar a cuestionar el proyecto en sí mismo, me gustaría que, cuando lo estimaran oportuno, sus autores entregasen algunas aclaraciones relacionadas con los hechos expuestos, tan sencillos, pero que permanentemente se presentan en la vida diaria de los sectores que representamos como políticos, como hombres públicos, como parlamentarios, registrándose en la base social de las comunidades o las Regiones que nos han elegido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, desconozco cuál es la estrategia del Ministerio del Interior respecto de la seguridad ciudadana, pero se me ocurre -y no creo estar tan equivocado- que probablemente se piensa implementar las medidas en análisis a fin de evitar el aumento de situaciones de delincuencia y los grupos de personas dedicadas a una labor no reglamentada, no lícita. Y me parece que se va por el camino correcto.
Deseo aclarar, eso sí, lo siguiente. Dejo de lado, en forma absoluta, la actividad legítima que emprenden las dueñas de casa, los artesanos, muchos pequeños comercios que, posiblemente por motivos económicos, carecen de un lugar donde vender sus productos.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que los más están trabajando por un bien y por aprovechar una oportunidad económica.
Y estoy seguro de que la iniciativa apunta a los menos. Pienso que pueden ratificarlo así tanto el señor Ministro del Interior como el Subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe, quien ha dado muestras de un gran compromiso en la materia, sin lugar a dudas.
Como país, debemos evitar las redes referidas, que son una realidad.
Me parece probable que un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra cambiará su abstención, porque creo que nadie estaría dispuesto a aceptar que estos trabajos informales también proporcionaran empleos informales. Y ahí entramos a otra arista del problema: muchos de estos distribuidores, que se hallan a lo largo del territorio, generan un empleo no estable, sin ningún resguardo de orden social.
Y voy a dar un ejemplo.
Hace un tiempo entré a la bodega de una empresa del rodado mayor que transporta mercadería. El lugar estaba repleto de mesitas y sillitas plásticas. Ante la pregunta de a qué jardín infantil iban esos productos, la respuesta fue que a ninguno, sino a comerciantes ambulantes. Y era una bodega de proporciones bastante grandes.
No me estoy refiriendo a los que venden, que viven en total desprotección, pues no se encuentran resguardados en los aspectos sociales, previsionales, de salud. Estoy hablando de los que distribuyen, que no son personas pobres y que hacen un gran negocio.
El proyecto apunta precisamente a eso, a que estas últimas personas no hagan abuso de una situación económica, de una carencia laboral, de los adultos mayores, a quienes muchas veces mandan a la calle con determinado producto para lograr un lucro ilegítimo.
Creo que la iniciativa en sí se halla orientada a lo concreto, a la actual realidad de nuestro país, donde, por fortuna, los menos se dedican al comercio ilegal, y los más, al comercio permitido.
En cuanto al artículo 4º, no concuerdo con lo dicho por el Senador señor Letelier. Efectivamente, Impuestos Internos tiene hoy la facultad de ingresar a un local y efectuar todas las peticiones que sean necesarias. Pero imagínense, Sus Señorías, lo que significaría para un comerciante -que lo único que quiere es abrir la puerta para vender- que además entrara Carabineros, quizás mañana Bomberos o cualquier otra institución, a solicitarle más y más y más antecedentes. Eso no me parece adecuado. Basta con que pueda ingresar una entidad como Impuestos Internos para determinar el origen de la mercadería. No es necesario que lo haga también Carabineros u otras entidades. Ya suficientes problemas tienen los pequeños comerciantes establecidos, a quienes les resulta muy dificultoso mantener su actividad debido a la instalación de monstruosas cadenas nacionales que casi los han eliminado.
Por eso, aprovechando la presencia del señor Ministro del Interior y del Subsecretario de dicha Cartera, señor Harboe -sé que este último tiene un profundo compromiso con la seguridad ciudadana, materia que no es fácil y donde nunca resulta suficiente cualquier cosa que se haga-, quiero preguntar si el proyecto en debate responde a una estrategia que se ha implementado para que, por esta vía, en primer lugar, el Estado obtenga más retornos al combatir la evasión de impuestos, y en segundo término, se elimine la piratería en Chile, tanto intelectual como de otra naturaleza.
Finalmente, anuncio que aprobaré en general la iniciativa y que durante la discusión particular formularé las indicaciones que sean pertinentes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, comparto la idea matriz del proyecto, que consiste en combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual.
Para nadie es un misterio que prácticamente todas las grandes ciudades del país están invadidas por vendedores que ofrecen productos falsificados u objeto de piratería intelectual, como libros, CD o películas.
Las razones para que ocurran falsificaciones de este tipo son muchísimas. En el caso de los libros, es posible que se deba al IVA, que hace que ellos sean más caros en el comercio establecido, a que los márgenes de utilidad de las editoriales son muy grandes, o a la falta de políticas más activas por parte del Estado.
Nos encontramos en la discusión general. En ese contexto, creo que el proyecto es positivo, porque trata de eliminar focos delictuales importantes, en particular en el centro del país, como en la Quinta Región (Valparaíso, Viña del Mar) y en Santiago (Paseo Ahumada, Paseo Huérfanos), donde se emplazan redes de vendedores que sirven de pantalla a grupos ilícitos cuya existencia ha quedado demostrada a través de los medios de comunicación.
Me ha llamado bastante la atención la inquietud manifestada en ese sentido por la Cámara de Diputados, que en el texto que nos ha enviado distingue, para los efectos de la penalidad, entre los grandes empresarios del comercio ilegal y quienes lo ejercen como una forma de subsistencia. Considero conveniente tener presente ese punto cuando debamos efectuar la discusión particular.
Además, estimo necesaria una norma que obligue a las municipalidades a dictar una ordenanza mediante la cual determinen uno o más lugares donde se pueda ejercer en forma lícita el comercio ambulante. En todas las ciudades existen sitios donde los vendedores ambulantes se encuentran autorizados para desarrollar su actividad por los respectivos municipios. Pero lo importante es que tales espacios físicos se encuentren perfectamente definidos, a fin de que se sepa con claridad cuáles son esos lugares. Y en ello deben tener participación las juntas de vecinos, cuya opinión ha de ser vinculante y no meramente informativa.
Pienso que materias como las mencionadas son las que debiéramos regular de mejor manera durante la discusión particular, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, el proyecto en debate es una de las 16 iniciativas contempladas en el acuerdo sobre seguridad ciudadana suscrito entre el Gobierno, la Alianza y la Concertación en octubre del año pasado. Y es la que se encuentra más avanzada. Corresponde, como digo, a un acuerdo político que confío que se respete, a fin de que el texto pueda ser despachado en un plazo razonable.
Comparto plenamente la idea matriz del proyecto -por esa razón este fue incluido en el acuerdo-, el cual, en mi opinión, constituye un avance importantísimo en la lucha contra la delincuencia, no solo porque permite disminuir la evasión tributaria, la piratería, la competencia desleal y las infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, sino también porque, cuando se comete un delito de robo, hurto o un atentado contra la propiedad pública o privada, el objetivo del delincuente no es coleccionar las especies robadas, sino venderlas para obtener de ellas utilidad y lucro. Y la forma más habitual y común de hacerlo es a través del comercio ilegal. Por eso, la iniciativa enfrenta a fondo las asociaciones ilícitas constituidas con el propósito de desprenderse de gran parte de las especies robadas y, desde ese punto de vista, representa un complemento del artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de receptación o reducción de especies.
Señor Presidente, hay que distinguir entre el comercio ambulante que vende especies legales y aquel que comercializa especies robadas, receptadas o ilegales. El proyecto en nada afecta al primero, que puede operar, de acuerdo con una regulación, vendiendo especies compradas de manera lícita. Lo que busca es sancionar a las asociaciones ilícitas que se dedican a formar, con ganancias de miles de millones de pesos, verdaderas mafias que venden productos robados, pirateados o falsificados, y que se valen de personas necesitadas -muchas veces sin empleo- para lograr el objetivo de cometer ese delito. Esto obliga a que los vendedores ambulantes deban ejercer su actividad, principalmente en zonas donde existen altos niveles de cesantía, sujetos a los mecanismos establecidos en el marco legal pertinente.
Por lo tanto, no veo contradicción.
Repito: hay un comercio ambulante que se dedica a la venta de especies legales, bien adquiridas o bien compradas, y otro que ejerce su actividad mediante el uso de especies robadas. Y la sociedad no puede admitir que existan zonas, ferias o lugares donde todo el mundo sabe que se venden productos robados.
Y aquí entro directamente al artículo 4º, del cual soy absoluto partidario, porque considero que la comunidad debe asumir un costo si quiere derrotar a la delincuencia.
Lo que señala esa disposición es por completo razonable. Si en algún momento un policía tiene antecedentes o sospecha que se puede estar realizando una actividad ilegal en un establecimiento comercial, vendiéndose especies robadas, por ejemplo, ¡cómo no va a poder requerir información que le permita conocer su origen!
El rechazo del precepto implicaría que la policía debiera ir a un tribunal a hacer la denuncia y obtener de un fiscal o de un juez de garantía la orden correspondiente. El problema es que cuando el policía estuviera en condiciones de presentarse con dicha orden ya no quedaría ningún objeto hurtado o robado porque se habría “pasado el dato” con el fin de hacerlas desaparecer.
Entonces, si el comercio quiere defenderse de los robos, tiene que colaborar. Y la manera de hacerlo es entender que estará sujeto a un mayor grado de fiscalización.
Por consiguiente, el artículo 4° es una norma muy bien orientada. ¿Que implicará sacrificio y molestias? Claro que sí, de la misma manera que las provoca el control de identidad. A nadie le parece agradable que lo paren en la calle y le pidan su carné para demostrar quién es. No obstante, la sociedad prefiere sufrir esa cuota de molestia a cambio del enorme beneficio -la Ley Corta permitió efectuar operaciones policiales que concluyeron con la detención de numerosos delincuentes- que significa ir disminuyendo los delitos contra la propiedad -los más frecuentes en nuestro país, en particular los de robo con violencia y robo con intimidación-, en los cuales se sustraen especies que finalmente terminan siendo vendidas en el comercio ilegal.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, que -repito- es parte de un acuerdo político formal con el Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor ESPINA.- Termino en 30 segundos, señor Presidente.
Me alegra que estemos sacando adelante una iniciativa sobre la cual existe un compromiso. Y de ahí que pido despacharla a la mayor brevedad, por considerarla una de las más importantes, pues obligará a enfrentar el problema del comercio ambulante de una manera que haga posible desarrollar esta actividad en forma lícita y no con la verdadera anarquía que existe hoy, donde no se sabe si los vendedores ofrecen especies robadas o legítimamente adquiridas. No tengo dudas de que lo único que quiere la mayoría -gente modesta que trabaja para comer- es vender productos de manera legal.
Por lo tanto, el proyecto constituye un gran desafío, en la medida en que por un lado permite combatir la delincuencia y por el otro enfrenta en serio la cuestión del comercio ambulante que ejercen personas que carecen de un trabajo estable.
Por tales razones -reitero-, votaremos a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, cuando hace 18 años se aumentó el IVA, uno de los argumentos que utilicé fue que con el alza de 16 a 18 por ciento en forma transitoria -ahora ya está en 19-…
El señor VÁSQUEZ.- ¡Por eso fue transitoria…!
El señor KUSCHEL.-… seguramente crecería el comercio ilegal o informal, e incluso la piratería, que ahora estamos sufriendo.
A mi juicio, el comercio ilegal se debe en gran medida a nuestras malas políticas públicas las cuales a veces terminan constituyendo una trampa para la gente.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en vez de acercarse al 20 por ciento el impuesto al valor agregado fuera de 10 por ciento, sería menos interesante burlarlo o ejercer una actividad ilegal o informal. Es más: a su nivel actual, prácticamente uno de cada cinco artículos pertenece al Gobierno. Entonces, espontáneamente se asocian el comerciante y el cliente -no solo el que abastece- para engañar al Estado.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha venido implementando medidas que dificultan la actividad económica formal, no solo desde el punto de vista tributario, mediante el impuesto a las empresas (al final lo paga la gente) o el IVA, sino también a través de la incorporación de diversos trámites administrativos para las pymes, los productores y los comerciantes.
Aparte, se han complicado sobremanera las leyes laborales. Por eso, las pequeñas y medianas empresas, en lugar de mantener sus trabajadores, los reemplazan por maquinaria u otros equipos, si tienen la posibilidad de hacerlo, o bien no los sustituyen cuando se retiran. Esto lo veo a menudo en distintos talleres de la zona que represento.
Asimismo, como ha aumentado excesivamente el gasto público, se ha producido inflación. Hay que pagar tasas de interés demasiado altas que, como resulta obvio, constituyen un incentivo al comercio ilegal o paralelo.
También existen problemas contables. Se pide a la pequeña y mediana empresa una contabilidad bastante sofisticada para sus capacidades.
En los ámbitos ambiental y sanitario, se exigen normas de muy difícil cumplimiento para gente sencilla, como la que vive en la Décima Región, que represento, donde existe la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia.
Al reducirse la actividad económica formal -ahora, con el actual ajuste de tasas de interés-, habrá una presión adicional al comercio informal.
Por eso, esta normativa es, como dijeron varios señores Senadores, un arma de doble filo.
Yo pregunto: ¿Es esta la herramienta para avanzar en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué mecanismos alternativos accesibles les entregaremos a las pymes para que desarrollen sus actividades sin peligro de delinquir? ¿Qué estímulos, qué subsidios o qué alternativa estamos ofreciendo a esas personas? Les decimos que deben salir de las calles; ¿pero dónde las mandamos? ¿Qué facilidades hay para que los alcaldes implementen mercados o ferias municipales destinadas a ellas? ¿Dónde las van a instalar? ¿Con qué recursos? ¿Qué mecanismos administrativos o tributarios generaremos?
No he leído el proyecto en detalle, pero me preocupa. También, que sigamos subiendo los impuestos. Porque la gente busca su acomodo, su ubicación en esta sociedad, que es áspera. Y nosotros la estamos haciendo áspera con leyes de este tipo, en ocasiones muy desarrolladas, copiadas de España o de otro país europeo, pero que en Chile no tienen a veces una correspondencia inmediata.
Voy a aprobar en general el proyecto. Sin embargo, me incomoda mucho lo que está ocurriendo en este momento.
El señor GAZMURI.- ¡Someta a votación, señor Presidente!
El señor LARRAÍN.- Se puede fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A petición de varios señores Senadores, se cerrará el debate y se pondrá en votación el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami para fundar su voto.
--(Durante la votación).
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, me pronunciaré a favor, porque comparto la idea general de dotar de más herramientas jurídicas a los fiscales y a las Policías para enfrentar los problemas que generan el comercio informal y el ilegal, los cuales provocan efectos que, como se sabe, son muy negativos. Es una forma de competencia desleal que causa evasión tributaria; afecta la propiedad intelectual por la vía de la piratería; también, en muchos casos, es reconocidamente un foco de delincuencia. Verdaderas cadenas productivas se vinculan con contrabandistas, acaparadores y comerciantes, los que, finalmente, llevan las mercancías hacia los consumidores.
Como señalé, comparto el propósito de entregar más herramientas a las autoridades para poder investigar ese tipo de delitos.
Dicho lo anterior, quiero plantear muy brevemente dos aprensiones.
La primera se refiere a lo formulado aquí por otros Senadores y se relaciona con la situación de numerosas familias que viven del comercio informal, el cual constituye su principal ingreso presupuestario. El proyecto no se hace cargo de eso.
En consecuencia, creo que las políticas públicas deberían orientarse también hacia la regulación del comercio ambulante; a buscar, mediante ellas, franquicias, subsidios y otros mecanismos ad hoc, para quienes no tienen un establecimiento comercial o no otorgan boletas; o sea, formas que les permitan insertarse de manera correcta en los circuitos de comercialización. Porque, a mi juicio, no es admisible regular únicamente por la vía de la represión.
En segundo término, deseo advertir que buena parte de las herramientas investigativas del proyecto ya rigen en nuestra legislación de algún modo: está el delito de asociación ilícita; los fiscales cuentan con elementos suficientes para desempeñar su labor; las Policías disponen de muchas facultades, y en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo significativo para ampliar las dotaciones profesionales, con el objeto de investigar las redes de contrabando.
Desde ese punto de vista, hay que advertir que la ampliación de penas y el reforzamiento de la legislación en su aspecto puramente represivo, probablemente, no darán los resultados que de ello se pueden esperar. Es reconocido el hecho de que el agravamiento de multas por sí solo no resuelve esos problemas.
De ahí, entonces, que reitero que votaré a favor de la iniciativa, pero hago presente mis aprensiones respecto de la necesidad de contar con una política pública que se haga cargo de la informalidad; que habrá camino y espacio para dicho sector, y que no se confíe de manera excesiva en los efectos positivos de medidas puramente represivas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por cierto, la preocupación para combatir el comercio ilegal debe estar presente en lo micro y también en lo macro.
Leía en “La Segunda” de hoy que Hans Ebens recurrirá a la Superintendencia de Valores y Seguros para apelar por la multa de 400 UF que se le aplicó por el manejo de información privilegiada en el proceso de fusión de Falabella y D&S.
En verdad, en todos los niveles surgen hechos sobre los cuales es necesario reglar, sancionar y regular, particularmente cuando se trata de fusiones de las empresas más grandes del retail, defendidas por los más importantes estudios jurídicos.
Dice el titular de aquel diario: “Abogados de Barros & Errázuriz y multas en D & S-Falabella:” “Todo el caso construido contra Hans Eben se funda en indicios”, a pesar de que hay grabaciones telefónicas.
Agrega la nota que, siendo familiares los involucrados, no se reúnen a almorzar todos los domingos, sino que lo hacen muy a lo lejos, y que no hubo información privilegiada.
Me parece muy positiva la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y, ciertamente, el Senado debe estar abierto a legislar en ese sentido y a procurar que ese tipo de transacciones -sin duda, ilegal- y el abuso de información privilegiada sean también objeto de debate.
En lo que dice relación al proyecto, ¿cuál es el origen del comercio clandestino? ¿Por qué surge? Por el desempleo.
Señor Presidente, me pronunciaré a favor de la idea de legislar; pero creo que tenemos el deber de manifestar a miles de personas que han optado por el empleo informal de vender en las calles para no caer en la delincuencia, que elaboraremos programas especiales a fin de socorrerlas. Porque si, en definitiva, las sacamos de las vías públicas y limitamos su derecho a ganarse el sustento con su trabajo, las estamos arrojando a los brazos de la delincuencia, ya que no tienen alternativa. Ellas optaron por una práctica que es ilegal pero no delictual, pues deben hacerlo para obtener los recursos que necesitan.
Me gustaría que se invitara a la Comisión a la Asociación Chilena de Municipalidades para saber cuál será el criterio de los alcaldes a la hora de dictar la correspondiente ordenanza. Porque el comercio clandestino quedará radicado en aquellos lugares que todos sabemos. No lo mandarán ni a Providencia ni a Las Condes ni a sectores ABC 1, sino a áreas donde los vecinos tengan que asumir esa realidad.
Claramente, la decisión de las ordenanzas municipales debe ser de acuerdo con los vecinos -el Senador señor Larraín así lo plantea en el informe-, y no una decisión arbitraria de los alcaldes.
Y, en lo personal, observaría especialmente lo relativo a la función de las Policías. Les estamos entregando una nuevo cometido, en circunstancias de que se desea restarles funciones, para que se preocupen realmente de los delincuentes y no de perseguir el comercio ilegal.
Hemos debatido la necesidad de quitarles ciertas labores accesorias, administrativas. No obstante, el combate del comercio ilegal es una función compleja y se suma a otras que cumplen en la actualidad, porque, como funcionarios públicos, están obligados a intervenir.
Por lo tanto, estimo que se debe escuchar a Carabineros. La Policía de Investigaciones, por cierto, ya tiene esa facultad en los casos de la venta de bienes inmuebles y del crédito prendario, y no la otra Institución. Y si se la asignamos, sería conveniente escuchar a sus integrantes, para que indiquen cómo van a actuar, qué procedimiento aplicarán y qué tiempo dedicarán a ese objetivo en pos de la seguridad que hemos venido señalando.
Por otra parte, en cuanto a la propiedad intelectual -que la iniciativa en estudio fortalece-, quiero informar que en la Comisión de Educación estamos discutiendo un proyecto relacionado con tal materia. Y hay una Comisión especial -presidida por el Senador señor Vásquez- que se encuentra abocada al tema de la piratería. Se ha llevado a cabo un largo análisis sobre el particular. Se trata de una gran normativa y, obviamente, la estamos apoyando.
En ese sentido, el proyecto me parece adecuado, pues con él se da cumplimiento a acuerdos internacionales.
Por otro lado, es del caso señalar que el asunto que estamos debatiendo nos obligará a desarrollar una política de carácter social más profunda, porque ciertamente se rigidizará el actuar y se perseguirá a quienes hacen el gran tráfico de productos ilegales, los que luego menudean y transfieren para generar comercio ilícito, que tiene una profunda raíz social.
Las cifras de cesantía han crecido en todo el país. Y cada vez que se remece el mercado laboral y se expulsa a trabajadores, un porcentaje importante de ellos incursiona en ese mercado ilegal.
Conforme a lo anterior, creo preciso fortalecer los programas que permitan desarrollar alternativas ante el ejercicio de aquella actividad. Y, por lo tanto, es conveniente escuchar a los alcaldes, a la Policía y, particularmente, al Gobierno. Pero no solo a los encargados de esta política -el Ministro del Interior y el Subsecretario-, sino también a quienes están a cargo de los programas sociales, para buscar así fórmulas complementarias que eviten el comercio ilegal; que protejan a muchos hombres y mujeres que han hecho de esa práctica una actividad que les permite ganar algunos pesos y no caer en la delincuencia o muchas veces arrancar de ella.
Y, sin duda, una medida restrictiva como la que se pretende podría terminar siendo más peligrosa que el problema que se desea resolver.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve, pues ya intervine.
Ahora quiero referirme a un par de elementos que surgen del debate. Creo importante al respecto intercambiar ideas.
Lo primero que debo aclarar es que el proyecto en análisis no debe entenderse como un combate al comercio ambulante. Resulta muy fundamental que ello se lea de esa forma, porque, de lo contrario, tendría una consideración social y una naturaleza enteramente distinta.
De lo que se trata aquí es combatir el comercio ilegal, la venta de productos provenientes del contrabando, de especies robadas o de cualquier otro objeto de comercio ilícito. ¡Eso es lo que estamos combatiendo!
Aun más, se trata precisamente de ayudar a que el comercio ambulante tenga un ordenamiento. De ahí que el artículo 5° permita a las municipalidades la generación, a través de ordenanzas, de regulaciones en esta materia.
Como recordaba el Senador señor Navarro, yo he pedido que haya participación de la comunidad. Porque es ella la que debe entender este fenómeno y ver cómo quiere que en cada lugar se manifieste.
Por lo tanto, en la iniciativa no hay un combate al comercio ambulante, sino que al ilegal. Y me parece importante esta puntualización para evitar conceptos equivocados.
Por otro lado, me quiero referir al artículo 4°, que en el transcurso del debate ha sido analizado desde distintas perspectivas. Así, algunos son partidarios de que las Policías puedan fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes en quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido.
Hoy día, como se ha señalado, los funcionarios de Impuestos Internos realizan esta labor. Pero las Policías solo lo hacen en el marco de una investigación criminal a raíz de solicitud emanada del Ministerio Público o del juez, en su caso.
Desde mi punto de vista, entregar estas atribuciones a la policía merece un atento debate y una lectura pormenorizada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no veo a carabineros recorriendo la calle Independencia de Linares -donde se instala el grueso del comercio- o alguna comuna de las circunscripciones que representan los señores Senadores, revisando todos los días a cada uno de los comerciantes sus papeles. Aquí se estaría haciendo no por la sospecha de algo, sino por fiscalización. Por lo tanto, se transformaría en tarea permanente. Me parece que eso va a generar tremenda desconfianza en el sector, pues equivaldría a pensar que todos son actores del comercio ilícito.
Sin embargo, se podría aplicar en el comercio ambulante, porque, como decía el Senador señor Muñoz Aburto, se ha generalizado en muchos de ellos la venta de objetos ilícitos o pirateados, como libros, CD con películas o música. Y ahí se produce parte importante de dicho comercio.
En consecuencia, en mi opinión, debemos revisar con mucho cuidado las atribuciones que se quiere entregar a la policía. No se trata de diferenciar quién está en el combate contra el comercio ilegal y las acciones ilícitas que implica, sino de buscar la manera más eficiente de hacerlo, de modo que no genere anticuerpos o incentivos perversos que conviertan esto en una “caza de brujas”.
Insisto, podríamos discutirlo respecto del comercio ambulante. No obstante, instaurarlo en el negocio establecido como una fiscalización permanente lo encuentro extremadamente delicado, pues supone abrir una página de desconfianza respecto del comercio en general, incluso del constituido, el que hace sus papeleos, paga sus impuestos; en fin. Si no lo cumple, fiscalicémoslo; pero ¿son los carabineros o los funcionarios de Investigaciones los llamados a realizar la tarea de fiscalización preventiva? Tengo mis reservas.
Por eso, creo que esta facultad merece una segunda discusión y en ese sentido hago esta apreciación. Por lo demás, la podemos debatir durante el análisis en particular.
En términos generales, como lo he señalado, se trata de un acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno, producto de nuestra voluntad de llegar a consenso en ciertas materias.
Y, por cierto, voy a votar a favor del proyecto.
Sin embargo, habría preferido que el Honorable señor Espina no recordara que esto es producto de un acuerdo, porque algún señor Senador, cuando sepa que tiene ese carácter, tal vez querrá sustraerse a él, como lo hemos visto en otras materias. Pero ya que lo mencionó, nosotros, por lo menos, como siempre, cumplimos nuestra palabra.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el 1 de septiembre, a las 12.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
--Se levantó a las 18:36.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción