Intervención del Senador Alberto Espina en la Sala de Sesiones. Sesión 43ª, en martes 12 de agosto de 2008

Sesión 43ª, en martes 12 de agosto de 2008

NUEVAS NORMAS PARA MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal, con nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3768-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
 Proyecto de ley:
 En primer trámite, sesión 22ª, en 15 de diciembre de 2004.
 Informes de Comisión:
 Gobierno, sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005.
 Gobierno (nuevo), sesión 36ª, en 15 de julio de 2008.
 Discusión:
  Sesiones 36ª, en 15 de marzo de 2005 (vuelve a Comisión); 42ª, en 6 de agosto de 2008 (queda pendiente en primera discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Como recordarán los señores Senadores, la primera discusión respecto de este proyecto se inició en la sesión del miércoles 6 del mes en curso, oportunidad en la que quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señores Gazmuri y Navarro.
  Cabe destacar, también, que en esa sesión el Comité del Partido Demócrata Cristiano solicitó segunda discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El señor Ministro del Interior ha pedido la autorización del Senado para que ingrese a la Sala la señora Claudia Serrano, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
  --Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Los Honorables señores Gazmuri y Navarro no se encuentran en la Sala.
  En la primera discusión, ofrezco la palabra
  Ofrezco la palabra.
  Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PÉREZ YOMA (Ministro del Interior).- Señor Presidente, me corresponde hoy presentar a esta Honorable Corporación un proyecto de ley sustantivo para la reforma y modernización del Estado en Chile. Se trata de una iniciativa que faculta a los alcaldes, con acuerdo de sus concejos y conforme a la Constitución y las leyes, para crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, así como también para establecer los órganos, unidades y puestos de trabajo que la ley orgánica autoriza.
  En pocas palabras, permitirá a aquellas municipalidades que han visto incrementar notoriamente la población comunal en los últimos años aumentar sus responsabilidades y deberes, así como responder a las expectativas y demandas ciudadanas con calidad profesional, con mejores resultados y con más transparencia.
  El proyecto en estudio hará posible también diseñar plantas adecuadas a la realidad local y mejorar el rol fiscalizador del concejo comunal.
  Esta no es una iniciativa para reducir personal, sino que tiene por objeto modernizar los recursos humanos municipales y entregar a la administración municipal una cuota imprescindible de autonomía a fin de poder liderar su organización.
  En las últimas semanas se han vertido en este Hemiciclo palabras inspiradas para señalar que el Gobierno de Chile estaría legislando en contra de los trabajadores y sin diálogo con sus organizaciones. Es mi responsabilidad señalar, con la mayor energía, que tales afirmaciones son infundadas y desinformadas, en el mejor de los casos, o mal intencionadas, si nos ponemos en el peor de los casos.
  No es malo, para aquilatar este tema y ponderar con qué seriedad estamos hablando, exponer el largo desarrollo que está detrás de la tramitación de la iniciativa en debate.
  Hace 11 años, el Honorable Congreso aprobó la ley Nº 19.526, publicada en el “Diario Oficial” de 17 de noviembre de 1997, que incorporó un nuevo artículo -el 110- a la Constitución Política. Esta reforma contó     -en su momento- con la aprobación de los trabajadores municipales, quienes concurrieron, junto con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Gobierno, a la suscripción de un acuerdo. Y varios de los actuales dirigentes de ASEMUCH fueron parte de él.
  Pero solo después de 7 años, el 14 de diciembre de 2004, se envió el proyecto regulatorio al Parlamento. Todo ese tiempo fue un largo período de discusión y análisis con los trabajadores municipales para alcanzar consensos en las propuestas regulatorias del actual artículo 121 de la Carta Fundamental.
  Creemos firmemente que la iniciativa enviada y sus indicaciones dan cuenta plena de los acuerdos alcanzados con los trabajadores. Aún quedan materias de discrepancia, pero tengo la esperanza y la convicción de que serán resueltas adecuadamente durante su tramitación.
  Con toda claridad, debo afirmar que no es verdad, como se ha dicho aquí, que esta reforma se habría hecho a espaldas de los trabajadores y que no habría existido voluntad gubernamental para escuchar sus planteamientos. Por largos años se han mantenido mesas de trabajo con los trabajadores municipales. Tan así es que se han tramitado dos leyes que entregan beneficios a dichos funcionarios:
  1.- El Protocolo de Acuerdo, de 6 de diciembre de 2005, entre el Gobierno, la ASEMUCH y la Asociación Chilena de Municipalidades, para otorgar una bonificación al retiro voluntario de funcionarios y funcionarias municipales en edad de jubilar (ley Nº 20.135, de diciembre del 2006).
  2.- El Acuerdo ASEMUCH, Asociación de Municipalidades, SUBDERE, de 9 de noviembre de 2006, para  el mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios municipales (ley Nº 20.198, de julio del 2007).
  Estos cuerpos legales son la evidencia de la permanente voluntad del Gobierno de trabajar junto a los trabajadores municipales en el proceso de modernización de la gestión local y en el mejoramiento de sus condiciones laborales.
  El Gobierno ha mantenido el diálogo por años con los trabajadores municipales, incorporando muchas de sus preocupaciones al proyecto. Así lo entendimos luego de las mesas de trabajo de los años 2005 y del primer semestre de 2006, y así lo acordamos entre las partes el 9 de noviembre de 2006.
  A continuación, paso a referirme al contenido específico de la propuesta de ley hoy en estudio. Quiero hacerlo porque tengo la impresión de que nunca se ha debatido el mérito de la iniciativa, sino que la discusión se ha centrado en otras consideraciones políticas, que nada tienen que ver con la urgente necesidad de modernizar los municipios.
  El artículo 121 de la Constitución establece. “Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional permita.
  “Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades.”.  Esta es la normativa cuyo inicio de tramitación se propone en el día de hoy.
  El desafío para el Ejecutivo y el Legislativo es establecer los principios regulatorios dentro de los cuales las municipalidades puedan ejercer las nuevas facultades, disponiendo una ecuación justa y adecuada entre las nuevas prerrogativas de la autoridad municipal y los derechos preexistentes de los funcionarios.
  En ese espíritu, el Ejecutivo ha presentado sendas indicaciones sustitutivas para perfeccionar la iniciativa original, las que han fortalecido las regulaciones cautelando de mejor manera los derechos laborales, en especial el procedimiento de negociación colectiva.
  El proyecto, con sus indicaciones, considera los siguientes ámbitos:
 1.- Organización interna
  La iniciativa establece una estructura mínima, obligatoria, de la organización municipal en función del número de habitantes de las comunas, y faculta para que cada municipio, en el marco del PLADECO y de manera consistente con la política de recursos humanos, fije los órganos y unidades que se requieran para el desarrollo de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones.
  El proyecto contempla la consulta a la o las Asociaciones de Funcionarios. Se resguarda así su participación en la formulación de la propuesta de organización interna.
  La iniciativa garantiza el derecho de los funcionarios de acceder a una carrera funcionaria, fundándola en principios de carácter técnicos y profesionales, asegurando la igualdad tanto en el ingreso como en la capacitación y el perfeccionamiento de todos los estamentos.
 2.- Facultad de creación y supresión de empleos
  Sin lugar a dudas, la facultad de supresión de empleos es vista como la principal amenaza por los funcionarios municipales. Sin embargo, esta atribución presenta importantes regulaciones que garantizan el respeto de los derechos laborales en los siguientes aspectos:
  -La facultad puede ser ejercida sólo cada seis años.
  -El plan de creación y supresión de empleos debe ser coherente con el plan de desarrollo comunal.
  -El plan de creación y supresión de empleos tiene que  enmarcarse en la política de recursos humanos.
  -La facultad no puede ejercerse en el año eleccionario municipal.
  -Debe haber disponibilidad presupuestaria para crear nuevos cargos y/o pago de indemnizaciones.
  -El plan debe ser aprobado por los dos tercios del concejo municipal.
  -Se restringe la creación de cargos similares a los suprimidos en un mismo plan. Esta facultad dice relación a los empleos municipales, no a los empleados.
  -El plan de creación y supresión de empleos deberá ser sometido a trámite de consulta de las organizaciones de funcionarios existentes.
  -Se faculta a los municipios para que en caso de supresión de empleos incrementen hasta en cien por ciento la indemnización correspondiente.
  -Debe haber un decreto alcaldicio del plan aprobado, el que  quedará sujeto a toma de razón de la Contraloría General de la República.
  En consecuencia, existen suficientes resguardos frente a posibles discrecionalidades en la facultad de supresión de empleos.
  Es importante clarificar que dicha atribución es para suprimir empleos que el municipio ya no requiera, no es una facultad para sacar funcionarios, ni siquiera a los “malos funcionarios”. Para estos últimos, existe un sistema vigente sobre la base del sistema de calificaciones similar al del sector central.
 3.- Sistema de remuneraciones
  El proyecto propone un sistema de remuneraciones que distingue entre remuneraciones permanentes, transitorias y variables. Las permanentes son de carácter general y estarán asociadas al grado que ostente el funcionario. El componente variable se hallará vinculado a la gestión y desempeño sobre la base de resultados individuales o colectivos.
  Las remuneraciones que estén percibiendo los funcionarios al momento de entrar en vigencia la regulación constituirán el piso mínimo de remuneración en el nuevo sistema.
  Se renuevan las asignaciones de modernización en forma indefinida y se mejora la asignación de mejoramiento de gestión.
  Adicionalmente, se consagra el principio de igual remuneración a similar función, y se establece que los sueldos base de la escala de sueldos municipales en cada municipio sólo podrán ser objeto de reajustes generales, impidiendo discriminaciones entre los funcionarios.
 4.- Negociación colectiva
  El proyecto del Ejecutivo da cuenta de un inédito procedimiento de negociación colectiva en ámbitos estatutarios, consagrando el derecho de los funcionarios a negociar sus remuneraciones y condiciones de empleo. Sus características fundamentales son:
  -El procedimiento de negociación colectiva puede ser local o supralocal.
  -La negociación se inicia con una propuesta de la asociación más representativa de funcionarios a nivel local o supralocal.
  -Las normas de fijación de remuneraciones vía negociación colectiva tendrán un período de vacancia y entrarán en vigor solo a partir del año 2013. En la transición, se mantendrá la actual fijación de remuneraciones por medio de la mesa de negociación del sector público.
 5.- Financiamiento
  Uno de los temas importantes que surgieron de las discusiones de carácter general en la Comisión de Gobierno del Senado fue el de la necesidad de aportar recursos al sistema municipal, requerimiento al que el Ejecutivo respondió poniendo a disposición del sistema municipal una cifra extraordinaria de recursos para dar sustento a las del proyecto de ley que regula el artículo 121 de la Carta.
  -126 mil millones de pesos para la profesionalización de los municipios y remuneraciones de los funcionarios municipales, con aportes anuales de 21 mil millones para el período 2009-2015, y una evaluación externa para determinar los aportes a contar del año 2015.
  -9 mil millones de pesos para un bono especial de salida, de cargo fiscal, equivalente a 200 unidades de fomento para auxiliares, administrativos y técnicos, y a 300 para profesionales y directivos (bono adicional a la indemnización legal que corresponda).
 6.- Transparencia y control de gestión municipal
  Ayer fue promulgada la ley N° 20.185, sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, lo que constituye una clara señal de la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo de avanzar en mayores regulaciones que garanticen más transparencia y probidad en la gestión del Estado.
  En tal sentido, es difícil explicar la oposición al proyecto de modernización municipal, que contiene todo un conjunto de normas específicas para fortalecer la fiscalización del sector mediante el robustecimiento del rol del concejo y el perfeccionamiento de la regulación del notable abandono de deberes.
  En el caso de los concejos, se rebajan los quórums exigidos para la adopción de acuerdos en materia de fiscalización; se confiere a los concejales la facultad de presentar iniciativas en el concejo, en la medida que no tengan incidencia presupuestaria; se otorgan al concejal presidente del concejo durante la subrogancia del alcalde la capacidad de convocar a sesiones y la representación protocolar de la municipalidad; se establece como norma general, sin excepciones, el acuerdo de un tercio del concejo para iniciar un proceso de destitución del alcalde por impedimento grave, contravención a las normas sobre probidad o notable abandono de deberes.
  Finalmente, junto con señalarles la relevancia de legislar sobre estas importantes materias, quiero hacerles presentes las implicancias de no contar con este marco legal.
  Rechazar este proyecto implicará:
  a) No permitir que los municipios creen en sus plantas los cargos que hoy no tienen. Por ejemplo, impedirá que los casi 80 municipios que no poseen unidad de control dispongan de los empleos respectivos.
  b) Cerrar la puerta a la modernización y no permitir que las municipalidades adecuen sus plantas, que datan de 1994.
  c) No poder instalar en los municipios un sistema de remuneraciones que otorgue asignaciones variables y temporales vinculadas a desempeño y logro de metas.
  d) No regularizar la situación de miles de funcionarios que se encuentran por muchos años a honorarios o con cargo a programas municipales.
  e) No hacer factible mejoras de las remuneraciones de los funcionarios municipales a través de los reencasillamientos en las nuevas estructuras y plantas.
  f) No materializar el conjunto de normas que otorgan nuevas facultades al concejo y la incorporación de perfeccionamientos necesarios a las normas sobre transparencia y control municipal.
  Para los municipios del país, negarse a la idea de legislar es negar la capacidad que tiene la democracia de perfeccionar los proyectos a partir del diálogo parlamentario y sus consiguientes indicaciones para la búsqueda de acuerdos y soluciones.
  Es a lo menos inexplicable que en estos días se quiera dar a la ciudadanía una señal contraria a la transparencia y no se tome este proyecto como una oportunidad de perfeccionar el marco legal que regula a los municipios.
  Espero que los cálculos políticos no sean un obstáculo insalvable y que esta no constituya la razón de la negativa a legislar.
  Si se mantiene la postura negativa, estaremos diciendo que no se requieren municipios más eficientes, modernos, más transparentes y con mayor control de gestión.
  Con esta decisión no solo se afecta a la institucionalidad municipal, que al trascender la inmediatez política apoya con fuerza esta iniciativa, sino también -tal como se expresara anteriormente- a todos los ciudadanos, en especial a los más pobres, que necesitan municipios con mayor capacidad de respuesta.
  Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señores Senadores, de esta forma queda terminada la primera discusión del proyecto. Le concedimos al señor Ministro tiempo para intervenir. Ahora debemos dilucidar el camino a seguir.
  Tiene la palabra el señor Secretario para que precise lo que corresponde reglamentariamente ante la solicitud de segunda discusión formulada por el Comité Demócrata Cristiano.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Es bien sencillo: habiendo terminado la primera discusión -y así lo proclamó el señor Presidente-, debe tener lugar la segunda.
  Al efecto, el artículo 129 del Reglamento dispone en su inciso tercero: “La segunda discusión empezará en la sesión siguiente a aquella en que haya terminado la primera y se trate del mismo asunto.”. En otras palabras, mañana.
  --(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Para referirse a cuestiones de Reglamento, daré la palabra a los Senadores señores Larraín y Horvath, en este orden.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en la Sala hemos discutido sobre este proyecto por distintos motivos -y, desgraciadamente, siempre sin entrar a su fondo- en varias sesiones. De manera que postergar la decisión del Senado acerca de él no pareciera razonable.
  Por lo demás, la solicitud de segunda discusión se presentó en la sesión pasada. Y, normalmente, la segunda discusión se lleva a cabo en la sesión siguiente, haya o no terminado la primera. Esa es la tradición del Senado sobre la aplicación de dicho mecanismo.
  En consecuencia, tanto por haber debatido ya en varias oportunidades esta materia como por el hecho de que tuvo lugar la primera discusión, quiero solicitar derechamente a la Mesa que votemos.
  Llevamos más de dos horas analizando la materia, señor Presidente. Creo, entonces, que me asiste el derecho reglamentario a pedir que procedamos a votar ya.
  He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la misma línea del planteamiento formulado por el Senador señor Larraín, quiero agregar que el Comité que solicitó segunda discusión lo hizo para ver si en torno a esta iniciativa se producía un punto de encuentro. En su momento, nosotros expresamos dudas en cuanto a que esto fuera posible en una semana. Y, en la práctica, aquello no ocurrió.
  Por consiguiente, están todos los antecedentes para que podamos votar en este momento.
  Ahora, si el señor Presidente, en una interpretación restrictiva del Reglamento, estimara algo distinto, yo pediría que se recabara la unanimidad de la Sala para votar ahora.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero sumarme a lo dicho por los dos señores Senadores que me antecedieron.
  Creo que debemos aprovechar la presencia de dos Ministros y de la Subsecretaria de Desarrollo Regional. Y también se hallan en las tribunas funcionarios municipales de todo el país, quienes no se movilizan gratuitamente, sino a su costo.
  Por lo tanto, si la semana pasada pedimos segunda discusión, no veo por qué no corresponde votar ya, ahora.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Daré la palabra al Senador señor Navarro; después, a los Honorables señores Gómez y Naranjo.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el mismo sentido, debo puntualizar, por una cuestión práctica, de eficiencia legislativa, que la votación no va a variar de aquí a la próxima semana. Ya hay criterios definidos por las diversas bancadas. Entonces, la agonía se prolonga con una incertidumbre con costo solo para quienes tenemos la misión de votar.
  Varios señores Senadores pidieron el término del debate y proceder a la votación. Me sumo a ello, y solicito recabar la unanimidad de la Sala para que podamos pronunciarnos ahora.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, no quiero repetir las argumentaciones, sino solo manifestar que no creo necesario votar mañana. Deberíamos hacerlo hoy. Es lo que corresponde. No vale la pena seguir dándole vueltas a la iniciativa, pues todos tenemos claro cuál será nuestro pronunciamiento sobre ella.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, entiendo que el ánimo de las distintas bancadas parlamentarias es votar ojalá esta tarde. Pero, dado que la solicitud de segunda discusión no ha sido retirada, reglamentariamente no podemos proceder de ese modo.
  Entonces, no alarguemos más la discusión. No podemos vulnerar el Reglamento. Es obvio que, si no existe el propósito de retirar aquella petición, tampoco habrá unanimidad para votar la idea de legislar.
  Desde el punto de vista procedimental, debemos regirnos por nuestras disposiciones reglamentarias, según las cuales, lamentablemente, corresponde votar mañana.
  Por ello, señor Presidente, más que efectuar un debate al respecto, le pido aplicar el Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en innumerables ocasiones en que las tribunas se han llenado con dirigentes de diversas organizaciones sindicales -en este caso, de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH-, la Sala ha seguido de manera invariable el buen criterio de, por ejemplo, prolongar el Orden del Día hasta el total despacho del respectivo proyecto; vale decir, pronunciarse acerca de él aun no correspondiendo reglamentariamente, por el respeto que debemos a los representantes gremiales que vienen desde diversos lugares del país a presenciar los debates y, en último término, nuestras votaciones.
  Quiero recordar que los dirigentes de la ASEMUCH han concurrido ya en tres oportunidades: en la primera, la iniciativa fue sacada de tabla; luego se pidió segunda discusión, y hoy se sostiene que, reglamentariamente, debe votarse mañana.
  Creo que el buen juicio que finalmente siempre reina en este Hemiciclo nos hace fuerza en orden a emitir pronunciamiento esta tarde.
  Ya todos tenemos opinión formada sobre el proyecto. Estimo, pues, que seguir dilatando su votación carece de sentido y, en definitiva, constituye una falta de respeto hacia los miles de funcionarios municipales representados por los dirigentes que se encuentran en las tribunas.
  Por eso, señor Presidente, solicito recabar el acuerdo unánime de la Sala para que se vote ahora la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor PIZARRO.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor CANTERO.- Señor Presidente, me ha pedido una interrupción el Honorable señor Pizarro.
  Se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
  De Su Señoría depende que se resuelva la cuestión planteada.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente, la semana pasada pedimos segunda discusión para posibilitar dos cosas: que se retirara el proyecto o que se postergara su tratamiento con el propósito de comenzar un debate a nivel político.
  Analizamos el punto en la reunión de Comités de hoy, y no hubo acuerdo para acciones de ese tipo. Más bien, el Comité Renovación Nacional insistió en votar durante esta sesión.
  Pienso que votar hoy o mañana da exactamente lo mismo si no existe voluntad para perfeccionar un proyecto que a todos nos interesa.
  En consecuencia, retiro la solicitud de segunda discusión, para posibilitar que se vote de inmediato, señor Presidente.
  --Queda retirada la solicitud de segunda discusión.
  --(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, el Senador señor Pizarro pidió la interrupción con la clara finalidad de acceder a lo demandado por diversos colegas.
  Por ende, mi intervención carece de sentido. Se trataba de una solicitud directa al Comité Demócrata Cristiano, y Su Señoría accedió.
  No me resta, entonces, sino requerir que se lleve a efecto la votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En consecuencia, queda cerrado el debate.
  Corresponde votar.
  ¿Habría acuerdo para hacerlo en esta sesión?
El señor NARANJO.- Sí.
El señor LARRAÍN.- Conforme.
El señor ORPIS.- Bien.
  --Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Cada señor Senador podrá fundar su voto hasta por cinco minutos.
  En votación.
  --(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en mi condición de Senador por la Región de Magallanes, quiero hacer presente el reclamo de los funcionarios de sus municipios, quienes vieron amenazada la bonificación de zona extrema, que en la actualidad alcanza a 40 por ciento de sus remuneraciones.
  El Gobierno no respetó el acuerdo alcanzado con la ASEMUCH sobre el punto y, deliberadamente, pretendió derogar las disposiciones que establecen el pago de dicha bonificación, dejándola como materia propia de la negociación comunal entre el alcalde y sus trabajadores, y no garantizada por ley como ocurre hoy.
  Otra reclamación relevante es la absoluta falta de financiamiento de los municipios en el país. Informes de la Contraloría General de la República y de la misma Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dan cuenta del mal estado financiero de la mayoría de ellos.
  Hay una grave crisis de nuestro modelo organizacional e institucional, a la cual el proyecto que nos ocupa no da una solución profunda y satisfactoria, pues el Gobierno intenta únicamente colocar nuevos parches a una situación que no soporta más dilaciones.
  Esta iniciativa debería ser la oportunidad para crear en el ámbito municipal una verdadera política de país, y no simplemente un intento para dejarnos tranquilos por haber hecho algo que, sin embargo, nace ya con falencias y debilidades.
  Hay otro punto importante: el proyecto tampoco contempla una solución definitiva para cientos de funcionarios que hoy trabajan en los municipios bajo las figuras “a contrata” o “a honorarios”, con  absoluta desprotección, y que año tras año ven peligrar su fuente laboral.
  Para una verdadera modernización del sector municipal, debe enfrentarse a fondo el modelo de descentralización a través de los municipios. No es admisible que estos continúen siendo los parientes pobres del Estado central, que coloca sobre sus espaldas grandes cargas, como la salud y la educación, sin otorgarles al mismo tiempo el financiamiento para hacer frente en forma real a las obligaciones derivadas de ellas.
  De otro lado, para que la carrera funcionaria sea auténticamente moderna, debe combinar una suficiente y adecuada estabilidad en el empleo con procesos de calificación diseñados de manera correcta, a fin de que estimulen la eficiencia, promuevan la excelencia y desechen la ineficacia.
  En tal sentido, han de prevalecer de una vez por todas criterios objetivos y de excelencia, y dejar de imperar los ajenos a ellos, como lo son los que privilegian los vínculos partidarios, familiares o de amistad.
  Además, el sistema calificatorio debe ser unitario y común para todos los municipios, y no diferenciado y diseñado arbitrariamente por cada uno de los 345 alcaldes del país.
  La carrera funcionaria tiene que ser estimulada y perfeccionada mediante un sistema de capacitación que mantenga a los trabajadores en el primer nivel de gestión y conocimiento. Los municipios DEBEN SER LA MEJOR EMPRESA, no una empresa más. Para ello, creo indispensable crear un Centro Nacional de Capacitación Municipal.
  Señor Presidente, otra materia que a mi juicio debe ser objeto de una verdadera modernización es el establecimiento de un plan de desarrollo comunal que sirva como instrumento o carta de navegación en las administraciones municipales.
  Otro asunto pendiente es la canalización de la participación ciudadana en los municipios.
  Por lo expuesto, considero necesario profundizar la discusión sobre la realidad de nuestras municipalidades.
  Hoy la ciudadanía exige cada vez más una descentralización efectiva y una participación mayor, fundamentalmente de la mano con los trabajadores.
  Quisiera terminar con una reflexión sobre lo que debemos entender por modernización de nuestros municipios. ¿Modernizar, en la actualidad, consiste acaso en dar inseguridad laboral al personal? ¿Modernizar, en la actualidad, se entiende como descentralizar solo funciones y obligaciones, y no recursos? ¿Una modernización efectiva se define como concentrar aún más poder en una sola figura, como es el alcalde?
  El proyecto del Gobierno entiende que todas estas preguntas deben responderse en forma afirmativa si queremos modernizar nuestros municipios.
  Finalmente, señor Presidente, no puedo estar más en desacuerdo con dicha idea de modernización. Respeto por los trabajadores y sus derechos -lo primero que la iniciativa debió haber considerado-, una auténtica y efectiva descentralización de funciones y recursos, y un justo equilibrio de poderes entre el alcalde, el concejo municipal y las organizaciones sociales y laborales del sector son los requisitos mínimos de una real modernización y transformación de nuestros municipios.
  Voto a favor de los trabajadores y en contra del proyecto.
  --(Aplausos en tribunas).
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NARANJO.- Estamos en votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero puntualizar algo.
  El informe de la Comisión es negativo respecto al proyecto. Por lo tanto, al pronunciarnos de manera afirmativa, lo hacemos en contra del texto. Es importante determinar, entonces, qué significa votar “sí” o “no”.
  Desde mi punto de vista, votar “sí” importa rechazar la iniciativa, pues se aprueba la proposición de la Comisión.
  La aclaración no es menor, a mi juicio.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Dada la complejidad de la normativa en análisis -incluso, por el tiempo que llevamos en tratarla-, pido a la Secretaría que precise lo que acaba de exponer el Senador señor Larraín, a fin de establecer la posición de la Mesa.
  Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Tal como dice el Honorable señor Larraín, aquello sobre lo cual cabe pronunciarse es la proposición del informe. En consecuencia, lo normal hubiera sido votar “sí” para que el proyecto se rechazara. No obstante, 21 señores Senadores ya han consignado su posición en el entendido contrario, es decir, creyendo que al votar “no” lo hacen en contra del texto.
El señor ESPINA.- ¡No, señor Presidente!
La señora MATTHEI.- ¡Es necesario votar bien!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay razón para el nerviosismo. Estamos ante una situación que no es menor, mas resulta fácil rectificarla.
  La votación, que se tomará de nuevo, se efectuará de acuerdo a lo planteado por el Honorable señor Larraín, que es lo procedente.
  Quienes se pronuncien a favor de la proposición del informe, esto es, en contra del proyecto, votarán “sí”; quienes lo hagan en contra de la proposición del informe, o sea, a favor del proyecto, “no”.
El señor BIANCHI.- ¿Qué pasa con los señores Senadores que se retiraron?
El señor GÓMEZ.- Se requiere volver a pronunciarse.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En efecto. Y será posible realizar las correcciones pertinentes.
  En votación.
  --(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la verdad es que cuesta mucho entender cómo un proyecto que pretende la modernización del sistema municipal encuentra la oposición cerrada de quienes se desempeñan en ese ámbito. Lo único que cabe desprender de lo anterior es que se ha atendido, en forma primordial, al punto de vista de los alcaldes.
  Si bien la iniciativa satisface a esta última instancia, queda claro para todos que muchos aspectos son fuertemente cuestionados por los trabajadores. Ello es razonable, porque no se contemplan garantías claras sobre los siguientes pilares de la organización municipal: el derecho a la estabilidad en el empleo; el derecho a la promoción o ascenso grado a grado; la calificación objetiva en el desempeño funcionario, para así hacer factible la promoción; la capacitación y perfeccionamiento, que permiten mejorar el desempeño funcionario y obtener una calificación superior, con la consecuente posibilidad de promoción.
  En cuanto a los cargos de exclusiva confianza del alcalde, deberían mantenerse según lo que actualmente establece la ley.
  La carrera funcionaria, fundada en el mérito, la idoneidad y la antigüedad, se debe aplicar a todo el personal de planta, excluidos el alcalde, los jueces de policía local y los funcionarios de exclusiva confianza.
  Respecto de las promociones, el derecho al ascenso debe mantenerse para todos los estamentos y, excepcionalmente, por concurso, pero en los términos que actualmente establece el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
  Lo que he mencionado constituye una base de lo que podría haber representado un acuerdo con los trabajadores del sector. Al no hacerse los esfuerzos adecuados, el proyecto quedó vacío del apoyo de quienes resultan fundamentales para el buen desempeño de los municipios en todas las áreas sensibles en las que deben desplegar sus funciones.
  Por estas razones, señor Presidente, y aun cuando soy de los que creen que la modernización de todo el sistema municipal es algo que resulta imperioso abordar, no me es posible apoyar la iniciativa, debido a que deja al margen del compromiso a la fuerza que en definitiva hará posible el éxito o fracaso de las políticas en ese ámbito.
  De acuerdo a la aclaración que se hizo, votaré que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorables colegas, estamos llegando a la etapa final de la discusión del proyecto, denominado “de modernización municipal”. Y en esa fase quiero hacer dos planteamientos.
  El primero de ellos apunta a que los señores Senadores reflexionen acerca de la voluntad de diálogo que ha podido existir cuando basta ver a los dirigentes en las tribunas para concluir que la respuesta es negativa. “Diálogo” no significa recibirlos, sino saber escuchar con profundidad los planteamientos que se formulan.
  A mi juicio, un asunto de la envergadura de la modernización municipal debe enfrentarse con los trabajadores. ¡Es evidente! Resulta imposible que un sistema como el que se está proponiendo se materialice en contra de los trabajadores.
  Y me consta que ha faltado la voluntad de diálogo. Llevo por lo menos dos años en la Comisión de Gobierno, y en reuniones con el señor Ministro del Interior se le ha debido pedir que por favor reciba a los dirigentes gremiales, a fin de que se escuchen, en definitiva, sus planteamientos.
  Como es obvio, un asunto de estas características debía ser negociado. Esa es la verdad. Las grandes modernizaciones deben ser tratadas con los trabajadores. Y el resultado es fruto de un diálogo donde ambas partes aprenden a escucharse en profundidad.
  El divorcio existente al respecto se refleja en el debate de la presente sesión. No ha existido la voluntad para saber escuchar en profundidad a dichos dirigentes.
  Por lo anterior, entre otras cosas, la iniciativa en análisis no tenía ninguna viabilidad de llegar a feliz término.
  A raíz de esta lección, es preciso partir de cero, con una nueva iniciativa, con una nueva predisposición entre autoridades y trabajadores. Y que sirva de enseñanza lo de que no existe modernización posible sin los funcionarios. Para mí, ello constituye un elemento esencial.
  En segundo término, cuando se habla de un proyecto de modernización municipal, ha de considerarse un aspecto básico. En efecto, aquí no se ha abordado lo que ha sucedido con las finanzas municipales.
  A través del tiempo, a las municipalidades se les han ido traspasando facultades sin otorgarles los recursos pertinentes. Así, nos encontramos con que un porcentaje muy alto de ellas son deficitarias, sin capacidad de inversión. Con las subvenciones preferencial y de ruralidad, algo se ha mejorado respecto al déficit en educación. Pero ¿qué sucede con el existente en salud, de 50 mil millones de pesos? ¿Alguna autoridad ha expuesto objetivamente en la Sala la situación presupuestaria municipal?
  El señor Ministro del Interior hizo referencia a cifras, pero estas son transitorias, de aquí a cuatro o cinco años. Es decir, nos encontramos frente a un proyecto de modernización permanente con mejoramientos presupuestarios transitorios. En sí mismo, ello es una contradicción. Considerar una modernización de verdad importaba un fortalecimiento financiero permanente de los municipios.
  No digo, señor Presidente, que lo anterior debe operar de modo automático, desde el momento en que entre en vigencia una normativa de las características de la que nos ocupa. Perfectamente se puede proceder de forma progresiva, sobre la base de que los fondos queden comprometidos. ¿Pero con qué seguridad? Con la de que contaremos con municipios financiados, con capacidad de inversión, y no como ocurre hoy -en particular, en los sectores rurales-, cuando, para invertir, los que son pequeños dependen de si la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo les aprueba un programa de mejoramiento urbano. Esa es la realidad.
  Si se analizan las cifras de la Contraloría, 50 por ciento de la inversión se encuentra radicada en solo cuatro municipios. ¡Cuatro! Eso resulta impresentable si queremos hablar en serio de una modernización municipal.
  En cuanto al aspecto laboral, si las municipalidades se encuentran en una situación deteriorada desde el punto de vista presupuestario, ¿qué van a negociar los trabajadores? Nada. Una cosa debe ir absolutamente ligada con la otra, es decir, municipios robustecidos financieramente de manera permanente y capacidad de negociación del sector laboral. Si no exhiben saneamiento presupuestario y fortalecimiento patrimonial, no hay nada que negociar. Por ello, el proyecto en debate presenta un defecto en su esencia.
  En virtud de tales consisderaciones, señor Presidente, creo sano partir con una iniciativa nueva.
  Deseo aclarar a los trabajadores que no es efectivo lo señalado en la sesión anterior en cuanto a que, si se rechaza el proyecto, será preciso esperar un año por uno nuevo. Perfectamente se puede presentar mañana otro en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que se debería hacer.
  Una predisposición diferente, trabajadores del todo comprometidos, autoridades dispuestas a escucharlos y no simplemente a recibirlos, y una reestructuración presupuestaria que fortalezca la situación municipal han de constituir el norte para iniciar un nuevo proceso, el cual, como Alianza, estamos plenamente de acuerdo en comenzar mañana mismo. Pero no lo haremos en las condiciones que han hecho insostenible que la iniciativa en examen tenga alguna viabilidad.
  Voto a favor de la proposición del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto de ley sobre modernización municipal derivado del artículo 121 de la Constitución registra un largo y tortuoso proceso legislativo. Y ha quedado claro en la Sala que la demora se debió a la falta de acuerdo entre la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y el Gobierno.
  El Congreso -y particularmente el Senado, en su mayoría- ha sido sensible y receptivo al planteamiento de esos trabajadores. Entre ellos es preciso considerar a 27 mil funcionarios de planta, 9 mil 200 a contrata anual y 17 mil a honorarios, que por su situación contractual se encuentran en condiciones bastante precarias en cuanto a previsión y protección en salud. Lo ha dicho el propio Gobierno. Se trata, entonces, de una anomalía, la cual no debe ser corregida necesariamente facultando a alcaldes y concejales, bajo ciertas reglas del juego, para crear y suprimir empleos.
  Se ha señalado la cantidad de nuevas funciones y atribuciones en áreas como medioambiente, caminos vecinales, programas sociales, educativos y de salud que se han entregado a los municipios, sin que se les hayan otorgado los recursos pertinentes. Y a esto se suman los crecientes requerimientos de la comunidad.
  Somos testigos de que en los propios departamentos sociales debiera atenderse a los mismos empleados municipales, por las condiciones en que han de trabajar y vivir.
  Independientemente de que se contemplen bonos para el retiro o indemnizaciones sujetas al presupuesto municipal, debemos tener en cuenta las restricciones que establece la ley en orden a que no se supere 35 por ciento de este último en la contratación de personal. Por ello, es necesario otorgar mejores garantías en cuanto a la dignidad y la mínima estabilidad que merecen los trabajadores del Estado, en particular los municipales.
  El señor Ministro del Interior planteó que era preciso apurar las contrataciones por parte de la Alta Dirección Pública y modernizar los municipios. Múltiples casos permiten constatar que no existen garantías ante cambios en las reglas del juego en las contrataciones mencionadas.
  Y, en el caso de los cargos de confianza, estos se pueden perder de inmediato, aunque se haya incurrido en gastos de traslado y de instalación con la familia.
  A nivel municipal, rigen las mismas fórmulas que en la Administración Pública, como las investigaciones y sumarios, así como el régimen de calificaciones, para, fundadamente y con las instancias de reclamo correspondientes, suprimir empleos.
  Por lo anterior, rechazo categóricamente que se diga que organizaciones y asociaciones de funcionarios municipales amparen a malos trabajadores. Nada más alejado de su digna y relevante labor.
  Resulta muy importante señalar que con esta reforma no se pueden “amarrar”, como se ha mencionado, determinadas mejorías a las asignaciones de zonas extremas que son de justicia per se -y que, además, llevan siete años de rezago con respecto a la Administración Pública- y la contratación de asistencia jurídica para los municipios. De las 345 comunas, 120 no cuentan con Director Jurídico, y 150, con director de Obras Municipales.
  Y se debe consignar que, por no tener derecho a la asignación de título, muchos empleados municipales perciben remuneraciones 40 ó 60 por ciento menores que las de los funcionarios fiscales.
  En un nivel más general, no deja de llamar la atención que en los últimos gobiernos de la Concertación se haya debilitado el rol del Estado. Se ha externalizado un sinnúmero de empresas y de funciones y atribuciones que le competen. En las zonas extremas se da el caso de entidades estratégicas, como TRANSMARCHILAY o EMAZA, donde toda decisión del sector público se hace a través de la intermediación de consultores. No se sabe adónde van a parar esos dineros. Se gastan muchos recursos, pero no llegan a la gente.
  Si Chile pretende entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y jugar un rol en las “grandes ligas” de países, debe garantizar, al igual que estos, un Estado y municipios en los cuales las condiciones de trabajo y las remuneraciones sean similares a las del sector privado, de manera que la decisión de estar en uno u otro lado dependa fundamentalmente de la vocación y creatividad de cada persona.
  Mientras esas condiciones no se den en forma previa y acordada, el Gobierno no contará con los votos necesarios en el Senado para aprobar una iniciativa de esta naturaleza.
  Voto en contra del proyecto y a favor del informe.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en las pantallas de la Sala se muestra el asunto que nos convoca. Y, según señala su texto, debemos analizar modificaciones a diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal.
  Lamentablemente, si la iniciativa buscaba modernizar los municipios, tal propósito no se consiguió. Es claro que, ella fracasó en ese intento, pues no estableció en ninguna de sus normas aspectos que, a nuestro juicio, resultan fundamentales para lograr dicho objetivo.
  ¿Qué entendemos por “modernizar los municipios”? Transformarlos en gobiernos locales, donde el ciudadano que acude a ellos por ayuda -son la primera instancia del Estado- pueda obtener las respuestas necesarias para resolver sus problemas más urgentes y para progresar y desarrollarse en la comuna.
  ¿La normativa que nos ocupa avanza en esa materia? En ningún sentido. Porque, como decía el Honorable señor Orpis, el financiamiento constituye un aspecto esencial para que las municipalidades sean gobiernos locales.
  Hoy día, cualquier proyecto municipal -pequeño, mediano, grande- de alguna relevancia debe contar con la visación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en Santiago para que pueda hacerse realidad. Por eso, cada lunes en dicho organismo uno ve una fila de alcaldes que van en busca de recursos para sus comunas. Porque ni en estas ni en las Regiones existe la capacidad para impulsar el desarrollo local.
  Por consiguiente, si queremos hablar de modernización municipal tenemos que estructurar municipios potentes, con facultades y con recursos, para que alcaldes y concejales, elegidos por la voluntad popular, puedan llevar adelante sus programas, sus proyectos, y responder así en forma adecuada a las necesidades comunales.
  Por lo tanto, lo primero que cabría hacer es cambiarle el nombre al proyecto, ya que en modernización municipal no se ha avanzado absolutamente nada.
  En segundo lugar, se encuentra lo relativo al personal.
  Este asunto explica el esfuerzo que hicieron algunos Senadores de la Concertación para que la iniciativa no se discutiera ni votara hoy día. Para ellos, ojalá el trámite se hubiera prolongado ad infinítum. Así, esta Corporación no adoptaría una decisión respecto de un proyecto que no responde adecuadamente a los intereses de los funcionarios municipales.
  El 60 por ciento de esos trabajadores se halla bajo la línea de la pobreza. ¿Esta iniciativa se hace cargo de esa realidad? En ningún momento. Al contrario, con ella la mayoría de ese porcentaje quedaría, en el mejor de los casos, en una situación desmedrada. Además, el proyecto intenta decir: “Debemos profesionalizar las municipalidades”, lo que significa claramente que quienes estén menos dotados en cuanto a estudios o tengan pocas posibilidades para ello no podrán permanecer en los municipios.
  En consecuencia, los funcionarios municipales -que vemos en primera fila en los temporales, en los incendios, en las tragedias- resultan ser los menos respaldados con esta iniciativa. Y ello, en verdad, es inaceptable.
  No se podrá avanzar en la dirección de modernizar mientras esos trabajadores no tengan solidez para proyectarse, para capacitarse, para superarse, a fin de brindar la atención inmediata que se espera de ellos en las municipalidades.
  Como el Gobierno desconoce ese hecho, choca con la realidad, choca con lo que están sintiendo todas y cada una de las comunas. Por eso no se resuelve el problema.
  El Ejecutivo, una vez más queda en deuda con la descentralización y la regionalización; una vez más queda en deuda con el anhelo más preciado y sentido de las Regiones y las comunas: el fortalecimiento de los gobiernos locales.
  Una vez más, con un mal proyecto, el Gobierno camina hacia el centralismo; una vez más, con un mal proyecto, el Gobierno camina hacia donde lo trascendente son los ministros y los subsecretarios, y no los alcaldes y concejales.
  Por lo tanto, necesariamente tenemos que decirle que no a la iniciativa.
  Además, como se dijo aquí, una negociación colectiva sin financiamiento municipal constituirá para el 70 por ciento de los funcionarios un espejismo, algo imposible de lograr. Basta recorrer los municipios de la provincia de Arauco y de la zona costera de la provincia de Ñuble para darse cuenta de que estos no tendrán ninguna capacidad para negociar colectivamente con sus trabajadores. Por el contrario, se fortalecerán ciertos poderes al interior de las municipalidades. Por ejemplo, en algunas comunas de la Octava Región hace algunos meses se les impidió la huelga a esos trabajadores, debido al poder omnímodo que se ejerce sobre ellos.
  Por tal motivo, el proyecto se aparta no solo de la modernización del sector, sino también de los criterios de descentralización y sentido común.
  Señor Presidente, nosotros hemos estado abiertos a los acuerdos. Son testigos de ello los funcionarios municipales y el Ejecutivo.
  La Comisión de Gobierno, presidida por el Senador señor Bianchi (en su momento la dirigió el Honorable señor Sabag), tenía resuelto el asunto hace ocho meses aproximadamente. Y con nuestra anuencia, el Gobierno pudo presentar una nueva propuesta, que se tramitó por alrededor de siete meses más.
  ¡Inédito! ¡No existe otro precedente!
  Sabemos que es necesaria una solución al problema que afecta a los funcionarios municipales -reitero: 60 por ciento de ellos se encuentra bajo la línea de pobreza-, pero el Gobierno no aprovechó ese tiempo. Mantuvo la actitud obtusa de no recibirlos, de no escucharlos.
  Como recordó el Senador señor Orpis, la Comisión en pleno tuvo que ir a una audiencia con el Ministro del Interior para prácticamente rogarle que recibiera a los representantes de la ASEMUCH.
  ¡En qué país estamos, señor Presidente! ¡Qué visión tenemos de las cosas cuando no se quiere oír a los trabajadores, actores principales en el proceso de modernización de las municipalidades! Los alcaldes y concejales constituyen la otra parte.
  Hoy día nos ha llegado un documento de parte del Gobierno, en el que se intenta hacernos creer que los funcionarios tuvieron una participación efectiva en este proceso. Sin embargo, en la Comisión fuimos testigos de que eso no sucedió.
  Y mientras ello no ocurra, ninguna modernización del sector será factible.
  Necesitamos municipios fuertes y profesionalizados; municipalidades que sean gobiernos locales. Y este proyecto no se acerca a tal finalidad.
  En suma, señor Presidente, tenemos que rechazar la iniciativa con mucha fuerza. Al mismo tiempo, decimos al Ejecutivo que en esta tarea pendiente debe haber voluntad para sentarse y escuchar, a fin de caminar, entre todos, hacia los grandes objetivos: la descentralización, la regionalización, el fortalecimiento de los gobiernos locales.
  Dicha finalidad solo se alcanza escuchando y no tratando de imponer criterios que se alejan mucho del sentido común.
  Como rechazo con mucha energía este proyecto, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, seré muy breve.
  Como lo dije en la sesión anterior, creo que la mayoría del Senado esta tarde cometerá un tremendo error, que pagarán finalmente los municipios del país y también los trabajadores municipales.
  Este proyecto, como cualquier otro, es perfectible, y significa un salto hacia delante muy sustantivo en cuanto a un asunto respecto del cual, al parecer, todo el mundo está de acuerdo: la necesidad de una fuerte modernización de la administración municipal. Y esta iniciativa apunta en esa dirección.
  Creo que nadie podría negar que ella contiene avances considerables en materia de estabilidad laboral, de plantas.
  --(Manifestaciones en tribunas).
  Se establecen plantas y carreras que hoy día no existen. Y aquí se han hecho presentes los datos respectivos. Hay municipios que cuentan con las mismas plantas desde hace 15 ó 20 años, donde el 80 a 90 por ciento de los trabajadores está a contrata o a honorarios.
  Se contempla, asimismo, la negociación colectiva por primera vez en la Administración Pública, en la historia sindical del país.
  Y todo ello se perderá, porque no habrá tiempo político ni legislativo para reponer un proyecto de esta envergadura durante el actual Gobierno.
  Entonces, aquí van a perder todos.
  --(Manifestaciones en tribunas).
  Va a perder el país, desgraciadamente,…
  --(Manifestaciones en tribunas).
 …y también van a perder -lo digo acá y lo repetiré en todas las municipalidades de mi Región y en aquellas a donde me inviten- los trabajadores municipales.
  --(Manifestaciones en tribunas).
  Por lo tanto -todo el mundo está en libertad para manifestar lo que le parezca-, con mucha convicción y teniendo claridad en cuanto a que se está cometiendo un error que -reitero- van a pagar los municipios, la modernización municipal y los trabajadores municipales, voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacerme cargo de un mito que se ha construido en torno a este proyecto, cual es estimar que es sinónimo de modernización el hecho de permitir que el alcalde y los concejales, cada cuatro años, puedan modificar las plantas y el puesto que ocupa cada uno de los funcionarios de una municipalidad.
  Yo considero que es exactamente lo contrario.
  En los países avanzados, dichos empleados trabajan tranquilos, con mayúsculas. Ello significa no tener que mirarles la cara a quienes circunstancialmente ganan una elección para administrar el municipio por un período de cuatro años.
  Los funcionarios municipales -basta visitar las comunas de tamaños pequeño y mediano, como las que hay en mi Región- deben enfrentar una situación que a veces resulta simplemente insoportable dada la realidad que viven día a día. Primero, porque es absolutamente imposible satisfacer hoy la demanda de la comunidad a los municipios, considerando los recursos de que disponen. Y segundo, porque quienes dan la cara frente a la gente que acude a exigir un conjunto de prestaciones son esos trabajadores; son ellos quienes pasan los malos ratos y deben responder a diario por las promesas incumplidas que muchas veces se hacen en las campañas.
  Las remuneraciones de esos funcionarios, si queremos municipios modernos, no están acordes -para nada- con la responsabilidad que les asiste. Es cosa de ver si cuentan con equipos de asesoría jurídica bien remunerados; o si quienes trabajan en el área de SERPLAC -unidad encargada de la elaboración de proyectos y de las postulaciones correspondientes- disponen de equipamiento, personal técnico, estudios y recursos para lograr buenos proyectos; o si funcionan de forma adecuada la Dirección de Desarrollo Comunitario o el sector de planificación.
  Todos esos departamentos no participan de ninguna modernización real y efectiva que les permita tener la debida capacitación y los recursos necesarios tanto para atender a la comunidad como para trabajar con tranquilidad y rendir de acuerdo con el alto nivel que aquella exige a los municipios.
  Además, señor Presidente, la situación del personal de planta con relación a la de quienes se encuentran a contrata o a honorarios constituye un abuso gigantesco. Hay municipalidades que están llenas de empleados en esas dos últimas condiciones, a quienes no les queda más que mirarle la cara al jefe; porque, si se atrevieran a denunciar una irregularidad, a aquél y al funcionario político, curiosamente, no les pasaría nada, pero sí a ellos.
  Entonces, si se quiere modernizar, hay que hacerlo a fondo y de verdad. Eso significa profesionales bien pagados, municipios con plata, y dejar de desconfiar en que estos podrán gastar bien los recursos.
  Por supuesto, se necesita fiscalización, para que no haya actos de corrupción o irregularidades. Y también, incentivos para que los buenos funcionarios ganen más dinero, no queden eternamente pegados en un escalafón y no perciban una remuneración sin retribución adicional alguna.
  Estabilidad laboral no es sinónimo de flojera. Al revés: es sinónimo de tranquilidad para poder cumplir bien el trabajo.
  Este proyecto está mal enfocado, señor Presidente, porque no resuelve el problema de fondo de las municipalidades: contratación de profesionales idóneos; capacitación y mantención de los actuales empleados con sueldos dignos y decentes, y existencia de recursos para atender a la comunidad. Con ello terminaría la inestabilidad laboral que genera el abuso que se comete con los personales a honorarios y a contrata, y nos preocuparíamos por posibilitar que los funcionarios permanecieran en sus puestos mucho más de lo que dura un alcalde o un concejal en el cargo y atendieran a la comunidad cualquiera que fuese su color político.
  Este es el ejemplo de una iniciativa mal planificada, mal hecha, mal estructurada. 
  Se cree que moderniza el sistema por la sola circunstancia de que el jefe comunal y el concejo tienen atribución para remover a los empleados municipales. En ningún país avanzado eso constituye modernización. ¡Puede ser abuso, pero no modernización!
  No creo que la gran mayoría de los trabajadores del sector se nieguen a ser calificados con un sistema objetivo de evaluación. Pero antes de ello es preciso otorgarles las herramientas indispensables para obtener un buen resultado. Porque si no se les entregan los elementos para atender a la gente como corresponde, para laborar con tranquilidad y estabilidad, que no se pida evaluarlos como si trabajaran en la empresa privada, pues eso es un abuso.
  Señor Presidente, este es un mal proyecto. Se hizo sin conversar adecuadamente con los interesados, sin considerar en terreno la realidad de las municipalidades.
  Por lo tanto, voto a favor de la proposición de la Comisión y en contra de la iniciativa, que no resuelve los graves problemas que hoy día afrontan los municipios y sus funcionarios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, tal cual he señalado en otras ocasiones, este es el mundo al revés: los alcaldes de la Alianza y de la Concertación llaman para que aprobemos el proyecto y los trabajadores municipales estiman que este es malo.
  Algunos sostienen que faltó el diálogo necesario en esta materia. Sin embargo, considero que algo de ello debió existir tratándose de un asunto que lleva once años en el Parlamento. Podemos decir que no se llegó a acuerdo, pero resulta inaceptable afirmar que en ese lapso no hubo diálogo.
  En tal sentido, quiero dejar en claro lo siguiente: porque hoy existe democracia, tenemos la posibilidad de discutir y votar a favor o en contra de un proyecto.
  Seguramente aquí se encuentran presentes funcionarios municipales muy antiguos que laboraron en una época en que no había ninguna posibilidad de discutir ni de estar en las tribunas y en la que se tomaron decisiones fuertes en perjuicio de ellos.
  No hay que olvidar esos hechos. Finalmente, uno tiende a hacerlo y a no darse cuenta de que las cosas no son como se dice, sino como la historia las indica.
  En esa línea, me interesa explicar por qué me pronuncio en contra del proyecto en esta extraña votación que se está realizando.
  Para mí, hay dos puntos relevantes.
  El primero se refiere a la facultad de supresión de empleos que contempla la iniciativa; esto es, que cada seis años se pueda estructurar un nuevo componente municipal.
  No me parece razonable esa forma de legislar, ni que el funcionario municipal, quien tiene una función esencial en nuestro Estado, quede en condiciones precarias. En ninguna parte del mundo eso puede ser bueno para el sistema.
  Como lo he afirmado en otras ocasiones -y lo seguiré sosteniendo-, yo creo en el Estado. Y, por tanto, este debe estar bien estructurado. Para eso, tiene que haber estabilidad funcionaria, buena gestión y desarrollo de sus estamentos, que nos permitan sentir que estamos cumpliendo nuestra labor pública.
  Por lo tanto, respecto de ese punto –a mi juicio, debió haberse llegado a acuerdo con anterioridad y así evitar la inestabilidad actual y esta forma de legislar- el proyecto contiene ripios que no es admisible resolver anticipadamente.
  En segundo lugar, el artículo 110 de la Constitución Política -que forma parte del Capítulo XIV: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO- dice textualmente: “Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas”.
  Y el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece, en su inciso segundo: “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”.
  ¿Por qué hago mención a esos artículos, señor Presidente? Porque en el proyecto se establecen criterios remuneracionales propios y no criterios generales, como corresponde. Y esto podría determinar que en ciertas municipalidades haya funcionarios remunerados de una manera, y en otras -que no cuentan con recursos-, de forma distinta.
  En este aspecto, solo quiero mencionar que en la Escala de Remuneraciones de Funcionarios Municipales el grado 10 alcanza un total de haberes de 586.116 pesos y el 20, de 209.531. En la Escala Única de Sueldos del Estado, los técnicos y administrativos del mismo grado 10 reciben 1.198.778 pesos y los del 20, 506.580.
  Entonces, ¿por qué, según mi opinión, al proyecto le falta un fondo, que es  esencial? Por no haber reconocimiento ni la estructura de sueldos requerida para que los funcionarios municipales, integrantes de un órgano tan importante de la Administración, puedan trabajar bien. No se establecen remuneraciones acordes. Ni siquiera se ha discutido el punto, pues la iniciativa dispone solo de cierta cantidad de recursos. Y esa no es forma de legislar ni de modernizar el Estado.
  Aquí no estamos hablando de una empresa privada ni de un sistema en el cual los trabajadores cumplan una función no relevante para la comunidad.
  Por eso no ha habido acuerdo.
  Yo planteé en muchas oportunidades que me parecía esencial modernizar los municipios. Pero ello pasa por criterios lógicos, que permitan que ellos  puedan  desempeñar realmente sus funciones; y para que esto sea posible, hay cosas esenciales que deben protegerse, lo que aquí no sucede: estabilidad y remuneraciones acordes con la labor que desempeñan los servidores de tal sector.
  Como eso no está recogido, al menos en lo que yo he leído y analizado en el proyecto, y por otra serie de antecedentes que pudieron efectivamente haber sido resueltos de otra forma, creo que la iniciativa no puede votarse favorablemente.
  Por lo tanto, hay que rechazar el proyecto en análisis. Debe iniciarse un debate sobre  una modernización profunda, de verdad; un proceso que nos permita estructurar un Estado en el cual los municipios ya no sean el pariente pobre, sino que estén en igualdad de condiciones frente a los otros órganos de la Administración, con remuneraciones distintas, otras formas de administración, nueva tecnología y un funcionamiento que posibilite que las municipalidades desarrollen de buena forma su cometido, de modo de sentirnos orgullosos de ellas.
  Por esas razones, señor Presidente, voy a votar “Sí”, pero “No”.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto en el hecho de que, en efecto, este proyecto no tiene absolutamente nada de modernización. Y al contrario de lo señalado por el Honorable señor Gazmuri, en el sentido de que al rechazar este proyecto pierden los municipios y los funcionarios municipales, pienso que con el rechazo de la iniciativa estos ganan y también el país.
  Nosotros hemos tenido sobre la mesa numerosos proyectos de mejoramiento de remuneraciones para distintos servidores del Estado y trabajadores del sector público. Y para todos ellos se ha considerado cierta cantidad de dinero. Hemos sostenido negociaciones con dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de organismos sindicales de la educación y de la salud municipal. Por ello, resulta sumamente extraño que, pese a la importancia que poseen las municipalidades en nuestro ordenamiento institucional y a que ellas representan la primera cara del Estado frente a los vecinos, no se haya actuado de igual forma con tal estamento.
  Tengo aquí, señor Presidente, el Informe Financiero del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal, del 15 de diciembre del año 2004. Cito: “Este proyecto de ley contempla distintas iniciativas encaminadas, en lo medular, a modernizar la gestión municipal y regular la facultad del artículo 110 de la Constitución Política de la República para que el municipio fije las remuneraciones y la dotación municipal.
  “El ejercicio en cada municipalidad de estas nuevas facultades se financiará con cargo a los presupuestos de las respectivas municipalidades y con el límite de gasto municipal máximo en remuneraciones para cada municipio, autorizado por el artículo 1° de la Ley 18.294, modificado por la letra a) del artículo 65 de la Ley 18.382”, esto es, el 35 por ciento de los ingresos.
  “Por tanto,” -concluye este informe financiero- “el presente proyecto de ley no irroga gasto fiscal, toda vez que el mayor gasto de estas iniciativas para el año 2005 y siguientes serán exclusivamente de cargo municipal”.
  Señor Presidente, seamos francos, la intención primitiva del Gobierno era producir despidos para achicar la dotación funcionaria y, de esa forma, permitir, probablemente, algún mejoramiento en las remuneraciones de quienes quedaran trabajando.
  ¡Ahí está el informe financiero: cero gasto fiscal!
  Soy consciente de que la Subsecretaria de Desarrollo Regional, en el nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, señaló que había disposición del Ejecutivo para incorporar un aporte fiscal de 21 mil millones de pesos anuales para el período comprendido entre los años 2009 y 2014, encaminado a la modernización de las dotaciones, y de 9 mil millones para mejorar el incentivo al retiro, durante los años 2009 y 2010.
  ¡21 mil millones de pesos anuales para 345 municipalidades del país expresados en dólares significan 40 millones de la misma moneda, aproximadamente!
  Señor Presidente, el déficit mensual del Transantiago supera los 50 millones de dólares. El Gobierno está luchando por entregar esos recursos a un proyecto que ha fracasado. No obstante, las 345 municipalidades carecen de dinero para mejorar sustantivamente las remuneraciones en ellas.
  ¡Por eso no hay modernización! ¡Por eso los funcionarios municipales se han opuesto!
  Es verdad que hemos recibido llamados telefónicos de muchos alcaldes, pidiéndonos que aprobemos este proyecto. Nos han dicho que somos retrógrados, que estamos en contra de la modernización, que los estamos atando de manos, etcétera, etcétera.
  Para nosotros tampoco es gratis rechazar la iniciativa. Sin embargo, no hablemos de modernización cuando no la hay; no hablemos de mejoramiento de remuneraciones cuando no lo hay.
  No es admisible, señor Presidente, que en este proyecto de ley se establezcan grados para determinados estamentos de la planta municipal, sin asignarles renta. Se dice que los directivos se ubicarán entre los grados 3° al 10°; los profesionales, entre el 11° y el 15°; los técnicos, entre el 16° y el 18°; los administrativos, entre el 19° y el 22°, y los auxiliares, entre el 23° y el 25°.
  ¿Y cuál es la remuneración para cada uno de esos grados? No se sabe. Y no figura, porque se pretende que cada municipalidad la establezca. Es decir, tendremos a funcionarios pertenecientes al grado 3 en una municipalidad rica probablemente con un buen sueldo; y, a lo mejor, a los de una rural o de muy pocos recursos con una renta extraordinariamente baja.
  ¿Es eso modernización? ¿Es eso mejoramiento de las remuneraciones? ¿Es eso respeto por la noble función que cumplen los funcionarios municipales? En mi opinión, no.
  Por eso, he dicho a los alcaldes que me han llamado que no estoy disponible para aprobar un proyecto de esta naturaleza, el cual, además de entregarles muchas facultades, posibilita tanta arbitrariedad de parte de ellos y de los concejos municipales.
  A mi juicio, señor Presidente, si hay que hacer un esfuerzo para fijar por ley las plantas para cada municipalidad, hagámoslo. Es lo más justo, lo más transparente. Porque ello también asegura la carrera funcionaria.
  ¿Qué carrera funcionaria puede haber si cada grado en los distintos municipios representará diferentes remuneraciones? ¿Qué carrera funcionaria o qué negociación colectiva habrá en aquellos de menores recursos? Absolutamente ninguna.
  Ahora, ¿cómo se van a distribuir los 21 mil millones de pesos que la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo manifestó como disponibles anualmente por los próximos 4 años? Tampoco se sabe.
  Y más grave aún, señor Presidente, la propuesta de la mencionada  personera de Estado no contó con informe financiero. Yo he buscado en el nuevo primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado alguna alusión a un segundo -ya que como dije, el primero señala que no hay mayor gasto fiscal- y nada se dice al respecto.
  Entonces, no entiendo cómo se trae a la Sala un proyecto de ley sin un estudio financiero en el que el Director de Presupuestos certifique la disponibilidad de los recursos aquí mencionados.
  Por las razones señaladas, rechazo el proyecto que se nos propone; o sea, apruebo el informe de mayoría de la Comisión de Gobierno.
  --(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, de la lectura y relectura de este proyecto -cuyo análisis ya lleva 10 u 11 años-, no puedo negarme a la posibilidad de sacar lecciones sobre el particular.
  El entonces Presidente de la Asociación de Municipios, Rabindranath Quinteros señaló -así figura en el informe- que los entes comunales son la puerta de entrada del Estado a la ciudadanía, donde cerca del 50 por ciento de los niños y jóvenes del país asiste a sus establecimientos de educación y alrededor del 80 por ciento de la población se atiende en sus servicios de salud.
  Resulta claro que se trata de la cara del Estado, no de las municipalidades, la cual se refleja a través de sus funcionarios. Por eso, lamento que este largo y tortuoso trámite haya terminado con un severo distanciamiento entre tales servidores y el Gobierno y con un duro cuestionamiento a quienes legislamos, pues el debate del proyecto de ley que nos ocupa -que contraría los intereses de los trabajadores y que ha provocado una oposición de carácter nacional- nos debe dar grandes lecciones.
  Yo soy uno de los que creen que tenemos ahora una oportunidad para realizar bien las cosas -como aquí se ha dicho-, considerando las materias pendientes cuya solución es urgente, como la necesaria salida de funcionarios que están en condiciones de jubilar, los cuales deben retirarse con dignidad, después de haber desempeñado su trabajo dignamente. Ello, por cierto, no debe estar vinculado a la iniciativa en debate: pero se requiere ir despejando los asuntos pendientes y avanzar en tal sentido.
  Por lo tanto, considero pertinente reformular una estrategia más bien optimista.
  Y no comparto lo sostenido por el Senador señor Gazmuri en cuanto a que el mundo se vendría abajo y que convertiríamos esto en una carrera en cada municipio por denunciar lo que los trabajadores perdieron al rechazar el proyecto en debate.
  Yo pienso en forma positiva y señalo que los trabajadores y el Gobierno pueden ganar con el rechazo de esta iniciativa, ya que así se podrá pensar en cómo llevar a cabo un verdadero proceso de modernización de los municipios, pero de la mano con los trabajadores. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de lograr esa meta, pues aquellos se encuentran conformados por funcionarios. No se trata de su infraestructura, que es vieja y añeja. La gente es atendida por funcionarios. De allí que lo que se debe modernizar son la gestión y también las respectivas plantas.
  En mi opinión, el plan especial de retiro que el proyecto planteaba es efectivamente necesario, porque muchos empleados no abandonan sus cargos por la jubilación miserable por percibir, la cual no les alcanzaría para vivir. Por lo tanto, no es que deseen quedarse, pero quieren jubilar con dignidad. Y si nosotros no hacemos nada para forzar una salida digna, estamos contrariando nuestro deseo de contar con el mejor personal calificado, cuya disposición permitirá brindar una atención de calidad a la gente.
  En consecuencia, se puede avanzar en ese ámbito.
  Resulta claro que el proyecto que hoy nos ocupa se va a rechazar. Pero eso no puede significar un nuevo campo de enfrentamiento entre el Gobierno y los funcionarios municipales, sino más bien la oportunidad de avanzar en lo que se pueda y discutir lo que sea preciso para sacar las mejores conclusiones después de tan largo debate por cerca de 11 años, a fin de no quedar con la sensación de que él ha sido sin sentido ni significación.
  Yo, al contrario de lo que algunos piensan, creo que sí puede tener significación el análisis de la iniciativa en los puntos donde hubo coincidencia entre el Gobierno y los funcionarios. Se deben revisar aquellos asuntos en los cuales hubo tozudez de ambas partes o incapacidad de diálogo, como se quiera llamar. Si respecto de la negociación colectiva la OIT ha señalado en diversos convenios la forma en que debe operar, tengo que expresar mi negativa a que el Gobierno -nuestro Gobierno- vulnere acuerdos internacionales sobre el particular, cuando lo que deseamos es un incremento de la sindicalización.
  Y, digámoslo claramente, ¿qué ha ocurrido al respecto? Que la sindicalización ha decrecido, y lo que queremos son trabajadores organizados que luchen por sus derechos, pero particularmente que contribuyan a mejorar el país.
  Entonces, yo soy optimista respecto de lo que podemos hacer.
  Aquí se ha dicho que el Gobierno puede reponer el proyecto. Es cierto. Ojalá no sea el mismo ni que se discuta de igual forma.
  La asociación gremial de los funcionarios municipales a nivel nacional está más fortalecida que nunca, por lo que negar su fortaleza o desconocer su representatividad sería un error.
  Hay que generar nuevas condiciones para el diálogo, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados -aunque se realice de manera parcial  o completa- en aquellos aspectos donde es posible hacerlo, a fin de mejorar la condición de los funcionarios municipales -y eso los trabajadores lo saben muy bien, al igual que nosotros-, porque al final del día lo que interesa a las personas que acuden a las municipalidades -las más pobres del país, que son millones y millones- es recibir un buen servicio, una adecuada atención y que los funcionarios estén contentos con su sueldo y con la labor que desarrollan, y que no se encuentren en una situación de frustración permanente, porque estiman que su trabajo no es reconocido.
  Para eso se requiere colocar más plata. Y lo vamos a hacer cuando, efectivamente, haya garantía de que ella se va a usar como corresponde.
  Por lo tanto, veo más bien oportunidades y buenos elementos de consenso más que un panorama desolador por el retraso en que se encuentran los municipios; porque los Parlamentarios no hicieron bien la pega; porque los dirigentes sindicales no supieron valorizar en forma conveniente lo que debían aprovechar. Con tal fórmula todos pierden. Pero yo estoy con la tesis de que “todos ganan”. Si el proyecto en debate detiene su tramitación ahora  y comienza una nueva etapa, yo me la juego por la idea de que todos ganan. Y, en ese sentido, hay que revisar lo que sea necesario para un debate que garantice la dignidad de los trabajadores y que efectivamente limite el poder de los alcaldes.
  Si algo no estoy dispuesto a aprobar en el Congreso es mayor poder para ellos, porque, en definitiva, ya tienen suficiente. Debemos diluir más el poder de los ediles, aumentar el control social de la ciudadanía. Todo lo destinado a incrementar dicho poder es contrario a lo que la gente quiere y, particularmente, a lo que la modernidad establece: mayor horizontalidad y mayor capacidad de decisión colectiva y no mayor centralización.
  Señor Presidente, cuando se hacen reformas -históricas, por lo demás- a instituciones tan importantes como los municipios, ellas no pueden ir en contra de los trabajadores.
  Por eso, debemos darnos una nueva oportunidad.
  Voto en contra del proyecto y a favor del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, hace muchos años vengo hablando en el Senado sobre la forma tan desigual en que se tratan los derechos de los trabajadores, según se desempeñen en el sector privado o en el público.
  Hay situaciones sumamente injustas en este último que si ocurrieren en el ámbito privado serían motivo de juicios por parte de la Dirección del Trabajo y, en general, de escándalo ante los legisladores.
  Hace años empecé a reclamar por la situación de los trabajadores que laboran a honorarios en el sector público. Estos no tienen derecho a vacaciones, a licencias médicas, a pre y posnatal, ni a previsión, ya que no se les hacen cotizaciones. Si alguien denunciara un acto de esa naturaleza en una empresa privada, el dueño iría preso. Sin embargo, ello sucede a diario en el sector público. Es una práctica que hemos venimos denunciando hace mucho tiempo y que aún persiste.
  Por otra parte, los trabajadores del Estado, en general, no cuentan con indemnización por años de servicio. Pero, a cambio de esta, tienen la protección laboral de la inamovilidad.
  Cada día aumenta el número de personas a contrata en el sector público. Sin embargo, ellas carecen de dicha protección laboral y del derecho a indemnización cuando se les finiquita el contrato. O sea, se hallan en el peor de los mundos: se les puede despedir en cualquier minuto, sin que se requiera probar causales como necesidades de la empresa u otra, y se van sin recibir ni  un solo peso de indemnización. Ello, en el sector privado, también sería un escándalo.
  El Gobierno y el Parlamento hemos legislado para poner límite a la cantidad de horas que puede trabajar una persona del área privada, estableciendo restricciones a las horas extraordinarias, etcétera. Pero todos conocemos las condiciones en que se desempeñan quienes laboran, por ejemplo, en los hospitales o los mismos carabineros. Estos últimos, muchas veces cumplen turnos de 12 horas, descansan igual número de horas y nuevamente tienen que volver a realizar una jornada de ese orden. Ello, en la esfera privada está absolutamente prohibido; en cambio, en la pública es pan de todos los días.
  Señor Presidente, a la empresa privada se le ponen cada vez más salvaguardias para que los trabajadores no sean maltratados. Hay normas que los protegen de la discriminación, del menoscabo, pudiendo reclamar en distintas instancias, ir a juicios, etcétera.
El señor ÁVILA.- ¡Pero no sirve de nada!
La señora MATTHEI.- Por lo menos, tienen “derecho a pataleo”. Los funcionarios públicos carecen de una instancia donde ir a reclamar. Si lo hacen, el jefe los despide. Y en muchos municipios pequeños, si reclaman, los echan, y no solo no consiguen trabajo en ninguna parte, sino que, además, los persiguen en cualquier tipo de actividad que emprendan.
  Por lo tanto, es inaceptable la desigualdad con que se trata a los trabajadores estatales respecto a los del ámbito privado.
  Por otra parte, el Ejecutivo promueve la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a huelga, pero solo en la empresa privada, porque en el sector público desea que ojalá haya total flexibilidad, sin derecho a huelga, ni a nada.
  La Concertación sostiene una y otra vez que está preocupada de los derechos de los trabajadores. Pero, en verdad, cuando se hallan bajo su dependencia, cuando se trata de funcionarios públicos a los cuales con meros actos administrativos podría cambiar su situación, sencillamente no hace nada.
  Señor Presidente, ya es hora de analizar la forma en que se trata a los trabajadores, el equilibrio adecuado entre protección laboral y el despido injustificado, el monto que debiera pagarse por concepto de indemnización por años de servicio, etcétera. Todas son materias que pueden conversarse en forma global.
  Cuando aquí se nos señala que un municipio debe ir adaptándose a los problemas que van surgiendo en la sociedad, lo entendemos; pero resulta que las empresas privadas tienen esa misma necesidad. Entonces, ¿por qué se aplica un criterio tan distinto entre las entidades edilicias y el sector privado?
  En las municipalidades se quiere dar facultad absoluta al alcalde para nombrar y despedir al personal, ordenar la planta, etcétera, lo que quiera hacer con los funcionarios. En cambio, en la empresa privada no es posible eso. Y si se llegara a despedir a alguien, habría que pagarle indemnización por años de servicio. ¿Por qué ese criterio tan distinto? ¿Por qué esa filosofía tan diferente?
  Señor Presidente, no voy a apoyar el proyecto, pues lo que pretende es absolutamente inaceptable.
  No obstante, deseo insistir en algo que vengo señalando hace años: ya es hora de tratar estos temas en profundidad, en forma global, inclusiva. Porque, si bien las necesidades de adaptación las tienen todos: los ministerios, los municipios, las empresas privadas y las fiscales, etcétera, no es menos cierto que los trabajadores, tanto del sector privado como del público, también requieren contar con determinadas garantías, con cierta tranquilidad. Sin embargo, esta vara tan distinta que se pretende aplicar aquí es absolutamente inaceptable.
  Por eso, voto a favor del informe de la Comisión, rechazando la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, lamento que respecto al proyecto en análisis, que ha tenido una larga discusión en el Parlamento y que constituye una deuda del Congreso con el artículo 121 de la Constitución Política, no hayamos sido capaces ni siquiera de aprobar la idea de legislar.
  Hemos ocupado dos sesiones completas solo para tratar esta materia.
  Me parece que avanzábamos con la iniciativa de ley. Aquí correspondía aprobarla en general. Y después seguían otros trámites: discusiones en la Comisión, en la Sala, y luego, pasaba a la Cámara de Diputados. Es decir, todavía había un largo camino que recorrer.
   Pero, si ni siquiera aprobamos la idea de legislar, ¿de qué estamos hablando?
  El problema es que existe un sentimiento generalizado            antialcaldes. Nadie los quiere. Dicen que son prepotentes, dictadores. Y, precisamente, es ese sentimiento el que lleva a discutir cualquier problema de las municipalidades con animadversión.
  Sin embargo, no cabe duda de que las entidades edilicias, las comunas, son órganos muy importantes. Y lo que aquí se pretendía era avanzar en la modernización, adecuar las plantas de personal -muchas de ellas estrangulándose- que datan de 1994.
  No todo era malo en el proyecto. Hoy el señor Ministro del Interior señaló los aportes que hacía el Gobierno para la modernización: entrega 126 mil millones de pesos, por un lado; 21 mil millones anuales, por otro, justamente para fortalecer al personal durante los próximos 6 años.
  Asimismo, deseo resaltar algunas cosas.
  Hace unos días se acercó a conversar conmigo un funcionario del Senado que lleva 45 años de servicio. Me dijo: “Me voy a ir”. ¡Recibirá 11 sueldos por concepto de indemnización! ¿Cuánto se otorga en el sector privado? ¡11 meses también! ¿Y qué cantidad se propone dar a los funcionarios municipales? ¡22 meses de indemnización, si se quieren ir!
  ¡Eso va en el proyecto…!
  --(Manifestaciones en tribunas).
  ¡Va en el proyecto! ¡22 meses de indemnización! ¡Ni siquiera lo saben quienes me escuchan en las tribunas, pero eso va aquí! ¡Y hay muchas materias respecto de las cuales no están enterados los señores Senadores! Porque ellas son analizadas en la Comisión y los miembros del Senado que no la conforman no tienen mucho conocimiento al respecto. Pero que lo sepan o lo averigüen posteriormente: muchos de los que podrían haberse retirado habrían recibido una indemnización equivalente a 22 sueldos mensuales. Pero ahora no podrán contar con ella.
       ¡No era una mala indemnización!
  Estoy de acuerdo en que las remuneraciones de los funcionarios municipales no son las mejores. Es más, también sabemos que muchas de ellas son inferiores al salario mínimo. ¡Es una injusticia! ¡Eso es lo que se pretende reparar con esta iniciativa! Lamentablemente, ni siquiera se ha podido aprobar la idea de legislar.
  Alguien habló de las horas extraordinarias. ¡Pero si los municipios no disponen de facultades para pagar horas extraordinarias! Para ello deben pedir autorización al Ministerio de Hacienda. Todo tiene que ser autorizado por una ley o por negociaciones del Ministerio de Educación, o del Ministerio de Salud, o por el Gobierno a través de normativas que aprobamos en el Parlamento.
  ¡Las municipalidades no tienen facultad alguna, salvo la de cumplir con la ley!
  Señor Presidente, tal como señaló claramente el Honorable señor Larraín, si se rechaza ahora el proyecto nada impide volver a presentarlo antes del transcurso de un año. Es posible hacerlo en la Cámara de Diputados.  Ojalá pasadas las elecciones municipales y en la forma más consensuada posible, porque esta iniciativa era buena para las entidades edilicias y la modernización del Estado, y muy conveniente para los trabajadores que se desempeñan en ellas.
  Naturalmente, soy un hombre de palabra y mantengo mis principios. Creo en la modernización. Por eso, voy a rechazar el informe de la Comisión, para dar a entender que abrigo la esperanza de que aquella llegue algún día a los municipios del país.
  Voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, hemos discutido esta materia durante largas sesiones, y pienso que, en lo sustantivo, todos los argumentos han sido mencionados.
  A estas alturas, simplemente deseo capitular algunas ideas.
  Hoy culmina una extensa jornada, que se inició en 1997, cuando se aprobó una reforma constitucional que modificó el artículo 110 -actual 121- de la Constitución, que buscaba precisamente lo que tantas veces se ha señalado aquí: modernizar los municipios, darles instrumentos para adecuar sus estructuras, su personal, a fin de otorgar una mejor respuesta de servicio a la comunidad.
  Desde entonces ha habido un proceso muy largo, primero, para que el Gobierno cumpliera su obligación de presentar un proyecto de ley que diera curso a dicha reforma constitucional. Debieron transcurrir más de siete años para que lo presentara. Solo lo hizo a fines de 2004 Y hoy, casi cuatro años después, se llega a votar en general el nuevo primer informe de la iniciativa que nos ocupa.
  ¿Qué nos refleja esta gran demora para poner en marcha un proceso de tanta importancia como es la modernización municipal?
  Algo muy elemental: no había acuerdo. Al final, se buscó imponer una forma de resolver esta materia sin que las partes hubieran alcanzado el consenso. Y para mi gusto, el Senado, afortunadamente con muy buen criterio, ha decidido rechazar esta iniciativa.
  Porque no es dable modernizar los municipios creando un clima de incertidumbre y de inestabilidad al interior de cada una de las comunas del país. No es sinónimo de modernización, ni de flexibilidad, ni de otorgamiento de mayor autonomía y fuerza a aquellos, el generar inestabilidad e incertidumbre en todos los trabajadores municipales de Chile.
  ¡Eso no puede llamarse modernización!
  Y desde el mismo minuto en que el proyecto fue elaborado a espaldas de esos trabajadores, resulta imposible pensar que este pudiera ser aprobado.
  Me parece que tanto el actual Gobierno como el anterior no han tenido la sensibilidad suficiente para entender algo muy evidente: estas cosas se hacen conversando.
  ¿De qué diálogo me hablan quienes ya se ausentaron de la Sala, cuando no pueden dar la cara para defender sus proyectos? ¿Qué diálogo hay si después de años no ha sido posible sentarnos alrededor de una mesa?
  He sido testigo, desde muchas posiciones en que me ha tocado participar en el Senado, en diversos congresos y con los trabajadores municipales en mi Región, de la voluntad que ellos manifiestan para discutir y conversar propuestas concretas.
  Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, porque ni este Gobierno ni el anterior los han escuchado.
  Eso explica que el proceso de modernización esté trunco. Porque esta es una mesa de tres patas donde ha fallado una. Es importante que participen el Gobierno y los alcaldes y concejales, pero también lo es el que lo hagan los trabajadores municipales. Si no están las tres patas, se cae la mesa. Y eso ha ocurrido ahora: hoy se corona el término de este proceso porque no estuvieron todas las partes sentadas en torno a ella.
  Queremos una modernización adecuada, que permita descentralizar, otorgarles atribuciones, competencias y recursos a los municipios. Pero nada de eso hay detrás del proyecto que nos ocupa.
  Además, deseamos que se entienda que es factible establecer una organización apropiada a la realidad comunal, sin desvirtuar las estructuras básicas y esenciales que han de ser comunes en todos los municipios del país.
  Y, fundamentalmente, queremos que se incorporen ciertos principios con los trabajadores en las plantas municipales. Tales principios deben suponer, entre otras consideraciones, la estabilidad. Y no se garantiza la estabilidad de los funcionarios cuando depende de la mayoría de un concejo municipal.
  Asimismo, deseamos que se incorpore el mérito, y terminar de una vez por todas con los cuoteos, los pitutos y otras formas similares de designación y promoción de los trabajadores, como desgraciadamente ocurre en la gran mayoría de los municipios.
  Adicionalmente, anhelamos -como se ha reiterado aquí- la existencia de remuneraciones justas, pues no las hay. Los empleados municipales -lo saben quienes están aquí- perciben los peores ingresos del sector público chileno. Las mismas funciones se pagan en forma muy desmejorada en el municipio, en comparación con cualquier otro servicio público del país.
  Eso constituye simplemente una injusticia, de la cual el Estado debe hacerse cargo, y no lo ha hecho. Por eso, a la hora de jubilar, se notan las diferencias. Todavía es poca la compensación -desgraciadamente no está presente el Senador señor Sabag- que se concede en este proyecto. Y por eso hemos planteado la necesidad de revisar tal situación.
  No solo hay que mejorar el financiamiento de los municipios, también deben disponerse muchos recursos para hacer posible una transformación justa de las plantas municipales.
  Finalmente, la modernización de las plantas no solamente requiere estabilidad, criterios de mérito, remuneración justa, sino también participación en la transformación y, de modo permanente,  en los procesos de negociación colectiva justa, a lo que el Gobierno ha terminado por acceder muy renuentemente, en forma tardía e insuficiente.
  Por eso, no queda más que rechazar este proyecto, y ello no significa que todo concluye. Estoy de acuerdo con el Senador señor Navarro. Aquí hay una oportunidad para abrir un proceso nuevo. En efecto, y contrariamente a lo sostenido por el Honorable señor Pizarro en la sesión pasada, el rechazo de esta iniciativa implica que en esta Corporación no se puede volver a revisar hasta dentro de un año. Al parecer, Su Señoría estaba todavía en la Constitución de 1925, porque la de 1980 permite que este proyecto pueda presentarse en la Cámara de Diputados.
  ¿De qué depende ello? De nuevo volvemos a lo que ha faltado desde un principio: de la voluntad de llegar a acuerdos y entendimientos.
  Señor Presidente, quiero que este rechazo signifique una lección que les permita a nuestro Gobierno y a los parlamentarios de la Concertación entender que hoy es posible avanzar en la modernización, en el mejoramiento de los municipios. No obstante, para eso se requiere conversar y dialogar con los trabajadores municipales, no solo con los alcaldes. Mientras ello no ocurra, no habrá progreso. Pero si hay tal participación, estoy seguro de que lograremos una modernización municipal adecuada.
  Si el Gobierno, a partir de este proyecto y de los planteamientos de los funcionarios, abre un proceso y manifiesta la voluntad de sentarse a negociar, a conversar con aquellos y con los municipios, también podrá contar con nuestros especialistas y técnicos para apoyar dicho mecanismo y llegar finalmente a la municipalidad moderna que Chile requiere, que supone asimismo justicia para sus trabajadores.
  Voto a favor del informe de la Comisión de Gobierno y, por consiguiente, contra el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor  Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, iniciaré mi intervención con una suerte de muletilla que he venido usando en los últimos tiempos cuando veo debates tan extensos, con participación de prácticamente todos los miembros de esta Corporación: me da no sé qué no decir algo sobre el punto en debate.
  La verdad es que en tales casos entro en un problema personal: de un lado, por el respeto que debo a quienes nos escuchan desde las tribunas o a través del Canal de Televisión del Senado -¡todos tienen una paciencia impresionante para escuchar nuestras discusiones…!-, y de otro, por la necesidad (reitero) de expresar algo.
  Yo concuerdo con el Senador Navarro -¡me ocurre de tanto en tanto…!- en que, dados los años de tramitación que lleva el proyecto, es imposible que no haya existido participación de los interesados.
  En lo que sí deberíamos convenir todos es en que, independiente de la participación que puedan haber tenido los trabajadores municipales, no ha existido acuerdo, que es lo expresado por el Honorable señor Larraín.
  Ahora, no habiendo acuerdo, quiero resaltar el hecho de que nosotros, Senadores de la República, somos expresión de la falta de entendimiento para hallar una solución adecuada a las distintas partes involucradas en el problema de fondo que se está discutiendo.
  Yo me siento intérprete de la gente -y trato de representarla- que en determinado momento confió en mí y espera que mi participación al momento de definir su destino se conforme a sus particulares intereses, a sus creencias, a sus orientaciones, etcétera; o sea, que me convierta en expresión de su pensamiento.
  Por eso, al no haberse llegado a acuerdo entre quienes presentaron el proyecto de ley y los afectados por él, no me cabe ninguna duda de la respuesta esencial que debo dar ante el desafío que enfrentamos.
  Pero iré a otro punto significativo, señor Presidente.
  Debo señalar, a raíz de lo manifestado por el Senador señor Sabag, que en un principio -y los funcionarios de los municipios de mi Región saben que era así- yo estaba en la línea de aprobar la idea de legislar, pues pensaba que aceptándola íbamos a permitir la participación de los afectados por el proyecto y, mejorando posteriormente el articulado, a satisfacer sus expectativas.
  No obstante, perdí confianza en la posibilidad de llegar a consenso sobre la materia porque en cierto momento me sentí traicionado debido al incumplimiento de acuerdos previos que habíamos adoptado en esta Corporación.
  Por lo tanto, hoy día no creo, aunque me lo juren de rodillas, que vayan a estar abiertos para avanzar en cualquier tipo de conciliación a los efectos de satisfacer los requerimientos de las partes y que ello dé lugar a un proceso respetado por todos nosotros.
  ¡Aquí no se ha cumplido la palabra, no se han cumplido los acuerdos! ¡Y yo no voy a exponer los deseos y los derechos de los trabajadores municipales de Chile para que nuevamente, producto de un engaño, los veamos menoscabados en sus intereses!
  Por eso, voto a favor del informe de la Comisión y contra el proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
  --Se aprueba el informe de la Comisión de Gobierno, que rechaza la idea de legislar (24 votos contra 8 y una abstención).
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Zaldívar.
  Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei, Gazmuri, Naranjo, Núñez, Ominami, Pizarro y Sabag.
  Se abstuvo el señor Letelier.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El proyecto quedó rechazado.
  --(Aplausos en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Honorable señor Bianchi hizo llegar a la Mesa una nota mediante la cual expresa que el Senador señor Cantero votó “No” en la primera oportunidad -cuando se entendía que pronunciarse negativamente significaba rechazar el proyecto- y posteriormente, debido a que tuvo que retirarse para cumplir un compromiso, no pudo participar en la votación definitiva.
  La nota de Su Señoría concluye expresando que es evidente la intención del Senador señor Cantero de rechazar el proyecto.

  --(Aplausos en tribunas).

  --Se levantó a las 19:4.

Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción