El tortuoso camino realizado recientemente por las reformas constitucionales llegó a su fin. Es sin lugar a dudas un avance, pero digamos las cosas como son: se trata de avances tardíos y limitados.
No deja de ser una paradoja que los senadores designados se hayan mantenido durante 16 años. Nadie, ni el más afiebrado partidario de la Constitución de 1980, pensó que algo así pudiese haber ocurrido. No deja de resultar curioso, que en la primera negociación constitucional -inmediatamente después del plebiscito- Carlos Cáceres haya ofertado la mantención de la institución de los senadores designados solamente por un período y que esta propuesta haya sido tajantemente rechazada por la Concertación. El ex ministro del gobierno militar, Carlos Cáceres, todavía se debe estar riendo de nuestra ingenuidad.
Estas reformas no cierran el debate constitucional en Chile. Es cierto, tenemos una Constitución depurada de los enclaves autoritarios más evidentes y esta vez lleva la firma de Ricardo Lagos, pero nuestro país seguirá manteniendo muchas insuficiencias en este campo. Por de pronto, aunque hoy día esté fuera de la Constitución, subsiste un sistema electoral -que en todo rigor- debe ser calificado como indecente, al no permitir la expresión de las mayorías y minorías. Esta situación amenaza con quedar claramente en evidencia en diciembre próximo, cuando tendremos por primera vez -después de 12 años- una elección presidencial y parlamentaria, simultáneamente. Con este sistema existe un alto riesgo de que la mayoría presidencial que obtenga Michelle Bachelet, no se acompañe de la mayoría parlamentaria correspondiente, pudiendo crear esta situación, complejos problemas de gobernabilidad del país.
La democracia que resulta de esta Constitución es una democracia de baja energía. Es como una ampolleta de 25 watts en circunstancias en que podríamos y debiéramos tener una de 100. Es una democracia de baja energía porque no abre espacio a la participación de la ciudadanía y mantiene un presidencialismo exacerbado, que le resta fuerza a la democracia y que en América Latina está haciendo agua por los cuatro costados.
Contrariamente a lo que algunos han sostenido durante estos días, creo que la aprobación de las reformas constitucionales, no hace sino abrir un nuevo espacio para la profundización del debate constitucional.
Estoy convencido de que la recuperación de la brecha entre la ciudadanía y el sistema político pasa por encontrar una adecuada conjunción entre los mecanismos de la democracia representativa y los mecanismos de la democracia participativa a través del referéndum; de plebiscitos; y de la iniciativa popular de leyes, que les permitan a los ciudadanos ser partícipes del sistema, y no sujetos pasivos que miran -cada vez- con más indiferencia desconfianza e incluso desprecio, el funcionamiento de las instituciones. En síntesis, se requiere de un mayor equilibrio entre los poderes, las instituciones y la ciudadanía.
Una gestión moderna necesariamente debe ser una gestión más horizontal, más colectiva, menos personalizada. En definitiva, como lo planteó el ex Presidente Eduardo Frei, Chile tiene que dotarse de una nueva Constitución. Ese debe ser el horizonte de nuestro debate constitucional en la perspectiva del bicentenario. Una nueva Constitución que se funde en el respecto a los derechos y las libertades de las personas y no sacralice el derecho a la propiedad privada, como el principio ordenador único. Esta es una de las principales tareas que los demócratas y las fuerzas progresistas tenemos desde hoy planteada.