» Volver » Imprimir » Enviar

Reconocimiento y Homenaje a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Intervención senador Carlos Ominami 15 de diciembre de 2004


Tomo la palabra para hablar desde varias condiciones. Como Senador de la República, como militante de la izquierda y del Partido Socialista pero también como sobreviviente de los dolorosos hechos que el informe de la Comisión presidida por Monseñor Valech nos relata de un modo sistemático, riguroso e irrefutable.

 

Soy sobreviviente aunque no víctima. Como para muchos chilenos y chilenas, las historias y los nombres de las víctimas que aquí aparecen son parte muy esencial de nuestras propias historias. Ahí están, tantos amigos, tantos compañeros. Ahí están mi única hermana y mi propio padre. Ella con el Nº 17.308; el con el Nº 17.307.

 

 No es mi ánimo  consagrar esta intervención a la expresión de sentimientos personales. Permítanme una sola licencia para decirles que el relato que le puede hacer un padre a un hijo, de las torturas infligidas  por sus propios compañeros de armas, es de las experiencias más conmovedoras  que uno puede vivir. No olvidare nunca su cara, su voz, su desolación, su pena infinita.

 

Pero, no estoy triste. Siento que estamos protagonizando un  momento trascendente. Este Informe es un avance crucial en la dirección de la verdad. Es un triunfo, no de unos sobre otros, sino de la memoria sobre el olvido. Aquí no hay ni venganza ni desquite. La gran conclusión de todo esto es que no queremos que nadie, por muy alejado que esté de nuestras ideas y convicciones, pueda ser enfrentado a los horrores que tantas y tantos de los nuestros tuvieron que sufrir.

 

Junto a muchos batallé intensamente para hacer realidad este momento. Esta sesión ha sido convocada para  rendir homenaje a la Comisión Valech. Me parece de total justicia hacer este reconocimiento. Soy testigo directo del esfuerzo que todos sus integrantes realizaron. Estoy conciente de la conmoción que para ellos significo escuchar testimonios terribles y desgarradores. El mejor homenaje a Monseñor Valech, a María Luisa Sepúlveda y los otros comisionados, es leer con atención las 646 páginas del Informe y comprometernos a difundirlo por todos los rincones del país.

 

 

En este momento es también  de justicia reconocer la contribución  de las muy diversas agrupaciones de Derechos Humanos, de Ex Presos Políticos y  del Comité de Ética contra la Tortura. Mención especial, merece la Agrupación Sebastián Acevedo que en los años duros encabezada por el Padre Aldunate, denunció solitariamente la tortura con un coraje  y una valentía que hasta hoy emocionan.

 

Quisiera  también reivindicar en esta oportunidad  el papel de este Senado y de este Congreso. En el caso de nuestra Corporación, quisiera recordar que con fecha 10 de junio del 2003, aprobamos un proyecto de acuerdo en el que resolvimos: Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, como una manera de avanzar en el ámbito de la reconciliación y la reparación integral de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, estudie la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley destinado a la reparación de los ex presos políticos del régimen militar. Esta ley debe contemplar la formación de una comisión especial calificadora conformada por representantes del Poder Ejecutivo, miembros de la Iglesia y del Parlamento, la cual debe definir en el más breve plazo los criterios de acreditación de la calidad de ex preso político, como asimismo los mecanismos para una reparación moral, jurídica, social, laboral y pecuniaria de estas personas.".

 

Sr. Presidente:

 

La tortura es el peor padecimiento que se le puede infligir  a una  persona. En situaciones limites como la guerra, se puede incluso matar, pero torturar nunca. Como lo dice un testimonio de alguien muy querido. La tortura no pasa, es un estado latente. Es un recuerdo traumático que se entrega incluso en herencia. Es una experiencia invisible, solitaria, que no es posible de compartir siquiera con los sobrevivientes, es indecible. Como lo señalan también muchas victimas, la tortura las pone en la situación del culpable. ¿Qué hice yo para merecer esto? se preguntan las victimas. Cuando sales de ello, sales sucio, contagioso se responden.

 

Se trata  de atrocidades sin ninguna lógica. Aquí  no se buscaba ganar sino aniquilar y denigrar, transformando, a las victimas en colaboradores, a mujeres y también a hombres violados en portadores de una verdad inconfesable que tendrán  que sobrellevar como pesadilla por toda la vida.

 

El daño causado es totalmente irreparable. Volver a la familia, al trabajo, a la vida es para muchos extraordinariamente difícil. Me pregunto ¿cuantas victimas de prisión política y de tortura ocupan en la actualidad altas responsabilidades en los diferentes ámbitos del quehacer nacional? Sobran  probablemente los dedos de las manos para distinguirlos.

 

Como señala el Informe, Chile fue escenario de un despliegue  desproporcionado de la fuerza, que se tradujo en un sentimiento generalizado de  indefensión y desamparo.  Aquí, se llego a la perversidad extrema de buscar el control político mediante el sufrimiento. 

 

Aunque resulte muy duro decirlo, a ojos vistas se estableció una verdadera industria del secuestro, la tortura, y la desaparición, en la cual no solo participaran unos cuantos seres extraviados y aislados. Por eso que es tan grave lo ocurrido. Esto no fue un incidente lamentable, esencialmente circunstancial. No, lo grave es que fue una decisión política, adoptada y amparada desde las máximas instancias del Estado.  Esta es nuestra terrible realidad, de la cual tenemos que hacernos cargo si queremos legar para el futuro una explicación plausible y decente. Siento que esa es nuestra obligación hoy día.

 

No somos jueces ni sacerdotes. No podemos demandar ni menos obligar a pedir perdón a nadie.

 

La doctrina internacionalmente aceptada en materia de Derechos Humanos habla de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. El perdón forma parte de un ámbito más privativo de las personas individualmente consideradas. Ahí, cada uno junto a su conciencia verá lo que hace.

 

Como sociedad lo que nos corresponde es evitar cualquier atisbo de repetición o recurrencia de situaciones tan lamentables. Eso es lo que se nos pide; incluso más, eso es lo que legítimamente se nos exige.

 

En su intervención dando a conocer las principales conclusiones del Informe el Presidente Lagos reconoció, cor razón, la dificultad para avanzar una explicación a tanta violencia innecesaria, a tanto ensañamiento, a tanto horror.

 

Probablemente, no tendremos nunca una explicación acabada porque no puede haberla. La referencia al contexto histórico termina siempre sesgada hacia una justificación que se ha hecho inaceptable. Nadie puede negar la existencia de un cuadro de tensiones crecientes que hacían cada día más difícil la convivencia cívica y la estabilidad democrática. La amplitud de la crisis era evidente pero no se puede deducir de allí que el golpe y la política de aniquilación masiva fueran la única solución posible.

El Informe Valech define muy bien el ánimo prevaleciente en el sector de la ciudadanía identificado con el gobierno del Presidente Allende. Dice “entre los partidarios del gobierno depuesto predomino el desconcierto y el miedo”. Así fue. Eso era lo que sentíamos. Aquí no hubo ni resistencia ni menos guerra. Muchos oficiales así lo han reconocido en diversas oportunidades. Así tuve oportunidad de decírselo en su cara al General Pinochet en una sesión del Consejo de Seguridad Nacional especialmente convocada para escuchar la opinión de las FF.AA. y de Orden respecto del Informe de la Comisión  Rettig.

 

Por lo demás, la práctica de la prisión política y la tortura no se concentró en un período específico de tiempo, luego del cual se pudiera afirmar que fue definitivamente erradicada. No ocurrió así. Si bien una parte importante tuvo lugar en los días y semanas inmediatamente posteriores al 11 de Septiembre, lo cierto es que estos hechos acompañaron prácticamente todo el periodo del gobierno militar y tuvieron lugar en muy diversas partes del territorio.

 

Lo que hemos vivido tiene seguramente mucho que ver con la falta de internalización de los Derechos Humanos en nuestras culturas políticas. Decididamente no estaban en la condición de principios de aplicación absoluta y validez universal.  Como lo hemos dicho tantas veces, en la izquierda faltó también una adhesión incondicional a la vigencia de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos.  El que la tuvo fue el Presidente Allende. Por eso fue tan incomprendido y criticado ácidamente desde nuestras propias filas y en virtud de esas convicciones había tomado la valiente decisión de poner en manos de la soberanía popular la continuidad de su propio mandato como forma de abrir un cauce de salida a la aguda crisis que el país enfrentaba.

 

La violencia larvada y los apremios ilegítimos tienen en Chile una larga historia. La tortura no se practicó por primera vez el 11 de Septiembre de 1973. Existía en verdad de mucho antes. Y eso se sabía y se aceptaba. Umbrales altos de tolerancia para con los abusos cometidos, por ejemplo, por las policías con los delincuentes, o por el personal militar con los reclutas en los cuarteles, son antecedentes para entender las evoluciones posteriores.

 

No se trata por cierto de una secuencia lógica y natural. Lo que se desata a partir del 11 de Septiembre no tiene parangón en la historia de Chile. Muchas veces sucede que los países pierden el rumbo, pero lo más grave es cuando se les extravía el alma.  Esto fue lo que pasó en Chile.

 

RESPONSABILIDADES

 

¿Como fue posible que llegaran a funcionar mas de mil centros de detención y tortura ante la mirada indiferente de los que algo podían hacer para ponerle atajo a estos horrores? ¿Es que no se escuchaban los gritos? ¿O más bien no querían escucharlos?

 

La Fuerzas Armadas y de Orden han reaccionado de un modo valeroso reconociendo sus responsabilidades y más allá de discusiones un tanto semánticas, han asumido claramente que sus mandos fallaron y pedido las excusas respectivas. Con este gesto que las enaltece han dado un paso, esta vez decisivo, en su reconciliación definitiva con la ciudadanía.

 

El Informe Valech ha producido algo que las anteriores iniciativas en este campo no habían logrado. Ni el Informe de la Comisión Rettig, ni el correspondiente a la Mesa de Dialogo, habían sido aceptados por todos los sectores como una verdad no sujeta a cuestionamiento, como algo irrefutable. La atención sobre los desaparecidos facilitaba una cierta negación o indolencia  sobre los hechos. Por definición los desaparecidos no están. Pero, esta vez aquí están los 28 mil testimonios, frente a los cuales es imposible continuar negando. Esto representa un gran avance. Es también muy positivo que se vayan abandonando los análisis justificatorios, tan en boga hasta hace poco, en los sectores civiles que apoyaron el golpe y participaron del gobierno militar.

 

El papel de estos sectores civiles es en extremo delicado. Ellos no estaban sometidos a la disciplina jerárquica y férrea de los militares. Podían haber actuado para detener esta vorágine, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no sabían?  Eso no es cierto. Se ha dicho y escrito mucho sobre las intervenciones humanitarias de algunos connotados colaboradores civiles del Régimen Militar, entre los cuales, Jaime Guzmán, senador cobardemente asesinado en 1991. Hay testimonios de cómo con sus intervenciones salvó la vida a varios. Pero discúlpenme y no quiero molestar ni herir susceptibilidades. Seamos rigurosos. Esas intervenciones, que no tengo dudas salvaron a sus beneficiarios, son justamente la demostración de que se sabia perfectamente lo que ocurría, que existían centros clandestinos de detención y tortura y que quien allí ingresaba tenía muy poca posibilidad de volver vivo. ¿Por qué no se denunció todo esto? ¿Por qué confundir de esa manera la adhesión a un proyecto político con el amparo de crímenes atroces? ¿Por qué no se le creyó incluso a la Iglesia Católica? Esa es una pregunta que permanece todavía sin respuesta.

 

La cuestión de las responsabilidades civiles tiene varias dimensiones.  El país esperaba una palabra seria de parte de un poder del Estado, como el Judicial, sobre el cual pesan graves acusaciones. Pero, esa palabra no llegó. No basta con consternarse. ¿Quien podría no hacerlo frente a la amplitud de las atrocidades relatadas? La verdad es muy dura: hubo de parte del más alto tribunal del país denegación de justicia producto de la obsecuencia. Un ciudadano común y corriente podría quizás argumentar que en las condiciones de la época, no había nada que hacer. Pero jamás los miembros del poder judicial y mucho menos los integrantes de su máxima instancia.  Si agotados todos los esfuerzos constataban que no podían cumplir con su obligación de impartir justicia, el camino que les correspondía era claro. Pero no, optaron por darles la espalda a las víctimas y otorgarle apariencia de legalidad a un régimen que violaba principios fundamentales.

 

No olvidemos que la Corte Suprema no solo se limitó a aceptar como hecho de la causa la nueva realidad creada por el golpe militar, sino que la recibió y la aplaudió con entusiasmo.

 

Habría sido más simple y creíble que se hubiese reconocido algo tan extendido en esos tiempos: que se tuvo miedo y que por esa razón no se hizo lo que había que hacer frente a tanto atropello y barbarie.

 

 

REPARACIONES

 

 

En los próximos días, tendremos que abocarnos a la discusión del Proyecto de Ley sobre Reparaciones enviado por el Ejecutivo.

 

No voy a adelantarme a ese debate. Quiero simplemente decir que en este ámbito, finalmente, todo lo que se haga es poco. Reparar de acuerdo al daño producido es una meta a la postre incumplible porque este tiene mucho de irreparable.

 

Espero que como Senado contribuyamos a este esfuerzo, con un debate amplio y elevado, que con respeto y generosidad ayude al menos a restañar las heridas profundas que la prisión política y la tortura provocaron no solo sobre sus victimas directas si no en el conjunto del alma nacional.