El tema hoy día planteado el de la protección social, reviste una enorme significación. Parte importante de la mayor o menor calidad de vida de los ciudadanos se juega en la eficiencia y generosidad de los sistemas que en este ámbito construyamos. Desde aristas que pueden ser particulares, según los países, este es un tema de discusión universal.
Es un orgullo poder compartir, entre otros, con la Presidenta de Chile y con Carlos Álvarez, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR en esta testera. La protección social ha sido una preocupación preponderante de Chile 21. Más aún, hemos estado en la primera línea de la reflexión en la materia. Clarisa Hardy, hoy Ministra de Planificación, que expondrá en el siguiente panel, jugó un papel destacado en este esfuerzo y hoy día está empeñada en transformar esa reflexión en un conjunto de políticas públicas.
Hay quienes sostienen que con la globalización, la protección social como gran preocupación del Estado y las políticas públicas debieran ir quedando atrás, porque impondrían rigideces que afectarían negativamente la competitividad y abogan por un Estado mínimo.
No compartimos ese punto de vista. Como regla general, a los poderosos siempre les ha interesado un Estado débil que no altere el balance de poder.
Estados débiles y ciudadanos desprotegidos configuran un tipo de sociedad que derechamente no nos gusta.
Luchamos por una sociedad económicamente dinámica porque, desde hace ya muchos años, sabemos que sin crecimiento las políticas sociales terminan desplomándose.
Pero, con la misma fuerza sostenemos la necesidad de asegurar derechos sociales básicos a todos los ciudadanos. Este es un enfoque más exigente que el de la simple igualdad de oportunidades porque, los más débiles, los menos dotados, los que no logran sostenerse en la competencia, no pueden ser condenados a la miseria y la marginalidad. Ellos deben ser también titulares de ciertos derechos esenciales.
Esta es una discusión muy profunda porque por aquí pasa la frontera que divide a progresistas y conversadores, o a humanista y liberales.
Luego de más de tres décadas de una ofensiva implacable en contra de los Estados de Bienestar en el mundo desarrollado, estos han debido ciertamente adaptarse a las nuevas condiciones. Pero, en lo esencial han sido capaz de subsistir e incluso fortalecerse en algunos ámbitos. Si hay algo que los ciudadanos de los países desarrollados aprecian, son justamente sus sistemas de seguridad social que les permitan vivir con menos temores e incertidumbres. Ahora bien, para asegurar su sobrevida, los sectores progresistas han debido, en muchos casos, involucrarse en complejos procesos de reforma corrigiendo excesos que se prestaban para abusos. En Holanda, Francia y Alemania, por ejemplo, para asegurar la subsistencia de los sistemas ha sido necesario desplegar mucha capacidad de adaptación.
A su vez, la reciente derrota de la socialdemocracia sueca pareciera poder interpretarse como una reacción negativa del electorado, no frente al Estado de Bienestar, que la coalición ganadora a jurado mantener, sino frente a un cierto inmovilismo y particularmente a la persistencia de un alto nivel de desempleo.
En verdad, la peor manera de defender la protección y las conquistas sociales es no tocar nada cuando los cambios claman al cielo.
Estoy convencido que la radicalidad en la defensa de ciertos principios básicos debe acompañarse de flexibilidad en la identificación de los instrumentos mas idóneos para concretarlos.
En América Latina, la protección social es un desafío todavía ampliamente pendiente. Los desarrollos nacionales son en este plano muy diversos, pero la existencia de fuertes déficit es desgraciadamente una constante que se repite en todos nuestros países.
Cuando preparábamos este seminario teníamos en mente la idea siguiente que hoy día queremos proponer formalmente: Si Chile ha logrado afirmar un liderazgo en materia de dinamismo económico y se ubica en el lugar numero uno en cuanto a PIB per cápita, debiera poder ubicarse también en los primeros lugares en el plano de la protección social. Ese es nuestro sueño y no se trata de una utopía extravagante.
Si Chile lo lograra, esta idea tan de moda internacionalmente de un “modelo chileno” podría tener mayor sustento. Por el contrario, mientras perduran tantas desigualdades y se reproducen tantas brechas, la idea de “modelo” tiene mucho de provocación.
Construir un sistema de protección social desde la infancia a la vejez, es a mi juicio, el principal compromiso contraído por la Presidenta Bachelet. A seis meses de iniciada su gestión, la agenda gubernamental comienza a decantarse. Este gobierno habrá cumplido con creces su cometido, si logra dar pasos sólidos en esa dirección. Esta es la manera más acertada de hacer historia y también ¿por qué no? de pasar a la historia.
La tarea es ardua pero sentimos que es posible y está bien encaminada.
En esta construcción es preciso que exista una sintonía muy fina entre los nuevos derechos que se establezcan y el grado de desarrollo alcanzado por el país.
Así como, los propios obispos no han vacilado en calificar de vergüenza nacional nuestras carencias y desigualdades sociales, es evidente, en sentido inverso, que los niveles de protección deben ser sustentables económicamente. No se trata en consecuencia de establecer de manera genérica derechos puramente teóricos. Muchas Constituciones Nacionales están llenas de declaraciones que no pasan de ser eso.
La articulación entre lo económico y lo social tiene varias dimensiones. La primera y más directa es establecer cual es el nivel de protección social que un país con un PIB per cápita de US $ 7.550 es capaz de sostener, porque es evidente que son todavía para nosotros inalcanzables los derechos que consiguen asegurar países con niveles de ingresos cuatro o cinco veces superiores al nuestro.
La segunda cuestión a resolver es la de la dinámica entre desarrollo económico y desarrollo social.
En este sentido, la idea de garantías que se van ampliando en el tiempo conforme al avance en el grado de desarrollo, tal como está planteado en el caso del Auge nos parece el enfoque más adecuado.
Hay que superar, por una parte, el minimilismo de los enfoques neo-liberales de redes asistenciales y, por el otro, la retórica de los enfoques que establecen derechos en el papel, incumplibles en la práctica. Esta es la dicotomía que estamos buscando enfrentar con el Sistema de Acceso Universal con Garantía Explicitas en salud que superó el dilema entre los “universalistas” y los partidarios de la “canasta básica”.
Hay una tercera discusión igualmente crucial, que simplemente dejo mencionada. ¿Cómo hacer para que el modo de crecimiento como tal sea generador de cohesión social y no una fabrica a gran escala de desigualdades? Espero podamos a futuro organizar un seminario exclusivamente sobre esta trascendental cuestión.
En las condiciones de Chile, las piezas fundamentales de un nuevo sistema de protección social debieran ser las siguientes:
1. Una fuerte ampliación de la cobertura pre escolar.
2. Transitar desde el derecho genérico a la educación, a la garantía de una educación de calidad.
3. El establecimiento de una adecuada protección al trabajador ocupado mediante la ampliación de la negociación colectiva y el fortalecimiento de las normas contra las prácticas antisindicales. Y al trabajador desocupado, con un seguro de desempleo que merezca el nombre de tal.
4. Nuevos estándares en materia de urbanismo y vivienda social.
5. Un AUGE cada vez más extendido.
6. La construcción de un pilar solidario que tenga como base una Pensión Básica Universal a todo evento para el 60% más pobre del país.
Para esto, porque se trata de avances que deben ser financiados de manera permanente, la cuestión del Pacto Fiscal, de la Reforma Tributaria que elimine distorsiones, contenga la fuerte tendencia a la regresividad y asegure una base financiera sólida a este nuevo esfuerzo, resulta inescapable.
Termino, citando un solo dato que desmiente rotundamente mucho de lo que se dice respecto del tamaño del Estado y de la carga tributaria. La parte del gasto público sobre el PIB lejos de haber aumentado sistemáticamente en democracia, como ligeramente muchos afirman, ha pasado desde 20.7% en 1990, a un máximo de 22.5% en 1999 pero luego ha venido bajando llegando a solo, tómese nota, a solo 19.8% en 2005.
Esto quiere decir una sola cosa: hay espacio para sacar adelante la tarea