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ESTABLECIMIENTO TRANSITORIO DE CUOTA DE DEPRECIACION ACELERADA

Sesión 10ª, Ordinaria,

miércoles 11 de abril de 2007


 

            
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, comienzo mi intervención anunciando mi voto a favor del proyecto, exactamente por las mismas razones que ha planteado el Senador señor Longueira para votar en contra.
Yo no estoy disponible para provocar una derrota política, en relación con esta iniciativa, al Gobierno de la Presidenta Bachelet ni a su Ministro de Hacienda. Puede que sea un poco anticuado o tradicional. Pero entiendo que cuando uno es parte de una coalición, salvo después que se va de ella, debe respaldar a la Administración que representa. Es un viejo asunto que me he autoimpuesto desde hace 40 años.
Me ha tocado apoyar a gobiernos complejos, como el del Presidente Allende. Y saqué algunas conclusiones que no pretendo que sean conductas para otros, sino sólo para mí. Pero considero que la coherencia y la lealtad política con los gobiernos son aspectos centrales. Otra cosa son el debate al interior del conglomerado y el conjunto de diferencias que surgen en torno del proyecto.
Entonces, anuncio mi voto favorable por una consideración esencialmente política. Porque aquí hay un compromiso de Gobierno; porque ese compromiso lo asumió la Presidenta de la República; porque es una cuestión muy debatible y opinable -en eso estoy de acuerdo-, que ha tenido cierto efecto en la llamada "sensibilidad de los mercados".
No se me escapa que tal sensibilidad es la de los analistas de los mercados, que son un equipo muy restringido de economistas neoliberales que influye en el clima de los negocios, y que esto cuenta con el apoyo, básicamente, del gran empresariado del país. No se me escapa eso.
Tampoco se me olvida que ello ha producido un efecto de corto plazo, en el sentido de que han mejorado un tanto las expectativas de crecimiento. Y, aunque éste no resuelve todo el problema, es distinto un país que crece 5,3 por ciento a si lo hace a 4 por ciento, desde el punto de vista de las cosas que se pueden realizar.
Finalmente, yo habría preferido aplicar otras medidas. Pero creo que ésta no es terrible; por tanto, le doy el beneficio de
la duda.
No
creo -como se ha dicho aquí- que esta iniciativa vaya a favorecer mucho a las pymes. En eso no hay que engañarse. Porque, en general, los proyectos más maduros corresponden a las grandes. Tampoco descarto que alguna pequeña o mediana empresa aproveche esta garantía.

El señor ÁVILA.- Una o dos.

El señor GAZMURI.- Pueden ser más. Esperemos hasta el final del ciclo. El Ministro dice que sí las habrá. Está bien.
Por otra parte, considero que esta propuesta no compite con el gasto social. Ello ocurriría en un período de restricción fiscal. Yo no votaría a favor si tal pronunciamiento fuera en contra de menores ingresos para otro proyecto social del Gobierno.
Pero no es ésa la situación fiscal que tenemos, ya que la actual es muy holgada. A mi juicio, se pueden ocupar más recursos de los que estamos gastando. Y eso no tiene que ver con el asunto en debate.
Quiero referirme a este punto porque me parece muy central. Aquí no se puede decir que los recursos que el Estado deja de percibir se restarán de otros programas sociales. Porque eso no es así.
Como tengo la convicción de que se debe ampliar el gasto en ese ámbito, no se puede votar en contra de la iniciativa argumentando que compite con tal objetivo. De acuerdo con la condición fiscal del país, ello no es cierto.
En el Senado vamos a discutir, a mi juicio, la principal reforma de la Presidenta Bachelet: la relativa al sistema previsional. Yo soy un firme partidario de que dicha enmienda legal debe ser más profunda y en plazos más breves que los planteados en el proyecto radicado en la Cámara. Yo apoyo completamente las indicaciones presentadas por los Diputados de la Concertación, tendientes a acortar la gradualidad de esa reforma.
Además, pienso que dicha iniciativa marcará el carácter más o menos progresista de esta Administración.
Yo no estoy dispuesto a aceptar que alguien, ni siquiera del Gobierno, diga que para ese fin no hay holgura fiscal suficiente. Hoy día contamos con ella y existen espacios tributarios que debemos explorar. Además, tenemos una regla -la del superávit estructural del 1 por ciento-, que, a mi juicio, ya no tiene justificación económica. Por lo tanto, podemos contar con un presupuesto más expansivo que el vigente, entendiendo que éste es uno de los más expansivos de los últimos 16 años. Porque -y al respecto concuerdo completamente con lo que ayer dijo aquí el Senador señor Ominami-, si es efectivo que queremos una sociedad más integrada, debemos comprender, en perspectiva, que ello supone la producción creciente de bienes públicos -en seguridad social, en educación, en salud- y que eso no será posible en un país que destina a gasto público el 20 por ciento del PIB.

El señor OMINAMI.- El 18 por ciento.


El señor GAZMURI.- Veinte o veintiuno, con los ingresos del cobre.
Y en estos temas de fondo tenemos un desacuerdo radical con la Derecha, que siempre está por disminuir los impuestos. Pero, ahora que se propone rebajar uno, se opone, no porque no esté de acuerdo, como ha indicado el Senador señor Longueira, sino para mandar un mensaje al Gobierno; vale decir, para provocarle una derrota.
En su momento habrá que discutir de verdad acerca de la necesidad, que considero real, de aumentar el gasto de manera sistemática. Y ésa es una discusión transversal más bien en la Concertación, donde, efectivamente, se nos ha introducido el virus neoliberal. Entre nosotros también hay algunos que creen que con un 20 por ciento del PIB se puede hacer Estado de bienestar social. Pero eso no es posible. Y la gente de Oposición, que en general está a favor de expandir las demandas sociales y apoya todo eso -y está bien que lo haga-, siempre propicia restringir el gasto público.
Esa discusión, que es muy de fondo, atraviesa el debate sobre el país que queremos construir. Y me alegro de que ella se abra con este proyecto. Pero, como digo, eso no me lleva a votarlo en contra.
Sólo quiero afirmar que ni la Oposición ni el Gobierno van a poder argumentar que por haber dado esta franquicia tributaria a la inversión no estaremos en condiciones de solventar el gasto que el país necesita para generar un Estado de bienestar social, que es el mayor compromiso o promesa de
la Presidenta Bachelet.
Y
una última observación.
Yo también concuerdo con el Senador señor Ominami en cuanto a que los temas del crecimiento nos preocupan a todos. Porque, en verdad, el desempeño del año pasado fue particularmente pobre. Ello es inquietante y resulta muy difícil de explicar respecto de un país que ha hecho una tremenda apuesta al abrir su economía a la dinámica de la economía global, en especial en un momento de expansión del ciclo económico, donde el mundo y América Latina han crecido por encima de nosotros. Todo el esfuerzo que Chile ha realizado -y a veces le ha costado caro- para abrir su economía debería significarle que, en la etapa expansiva del ciclo económico internacional, volara como avión. Y eso no ha ocurrido.
No existe claridad sobre las causas que provocan este lento crecimiento. El empresariado y muchos de sus analistas tienen, a mi juicio, una visión completamente corporativa y particular. Lo que más escuchamos es que el país crecería a un ritmo mayor si se flexibilizara el mercado laboral; pero no hay ninguna evidencia empírica que lo demuestre. El chileno es uno de los mercados laborales más flexibles del mundo.
Tampoco se podría adjudicar nuestro lento crecimiento a una estructura tributaria muy estricta. En ese sentido, la medida que hoy debatimos la entiendo como necesariamente transitoria, al margen de los resultados que dé. Porque no hay duda de que nuestra estructura tributaria es bastante liviana desde el punto de vista del tributo a las personas y a las empresas. Tenemos una estructura tributaria que es tremendamente regresiva. Aquí el 70 y tantos o más del 80 por ciento de la recaudación proviene de impuestos indirectos. No hay en el mundo estructura tributaria de esa naturaleza.
Por lo tanto, es efectivo que con este proyecto de ley no estamos enfrentando los problemas de fondo relativos al crecimiento, cuyos cuellos de botella tienen que ver con innovación -existe ahí un gran déficit-, con ciencia y con tecnología.
También existe uno muy grave, creo yo, en materia de formación de capital humano, vinculado al problema de la desigualdad, que, además de constituir una lacra social, representa un freno para el desarrollo.
Y, sin duda, otro obstáculo para un crecimiento fuerte es el de la extraordinaria concentración de nuestra economía. Alguien también lo dijo ayer: la concentración económica en Chile se está convirtiendo en un gran freno para el crecimiento interno. Empresas que antes fueron muy dinámicas hoy ya no lo son. Y están saliendo afuera, como es evidente y lógico que ocurra en mercados globales.
Por consiguiente, la cuestión del fomento a la pequeña y la mediana empresa y de las políticas destinadas a ese fin constituye un capítulo indispensable para romper los cuellos de botella que nos impiden crecer más de lo que estamos creciendo actualmente. Y es indudable que en eso nuestros Gobiernos, incluido el actual, están en deuda. Considero que nuestra política de fomento a la pequeña y la mediana empresa es muy insuficiente.
Sin embargo, me alegra que todos estos temas se hayan abierto al debate. Y espero que el Gobierno recoja el conjunto de elementos e inquietudes que aquí se han planteado, que son transversales y reales. Pero, como dije, no vamos a resolver todo el problema a propósito de la iniciativa que estamos discutiendo esta tarde.
Termino, señor Presidente, señalando que considero indispensable para la salud de la economía y de la política chilenas que el Senado apruebe hoy la iniciativa enviada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.