El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, a estas alturas, deseo fijar mi posición sobre algunos temas en esta discusión que realizamos todos los años y que es de gran importancia.
En efecto, el salario mínimo es el ingreso que percibe una cantidad significativa de trabajadores del país. No son muchos. Pero constituyen aproximadamente el 10 por ciento de la mano de obra. Felizmente las remuneraciones del resto de los trabajadores ocupados están por sobre el ingreso mínimo. Pero, sin duda, se trata de una señal importante con respecto a los trabajadores con menos calificación y con empleo más precario.
Ahora bien, en primer término, lamento muy profundamente que no haya existido acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores.
Me formo la opinión -he seguido el proceso no muy de cerca- de que hubo rigidez excesiva del Gobierno y, de manera fundamental, me preocupa la incomprensión que se tuvo en su momento con respecto al valor del acuerdo.
Al margen de lo que siempre es importante, los términos del acuerdo, considero que el valor de este en un país como el nuestro, con trabajadores organizados, va más allá del mero significado económico concreto que habría supuesto un convenio como el que se estaba planteando, por dos o tres años.
Entonces, deploro que no se haya logrado este acuerdo. Y, según la información de que dispongo, ello derivó de una posición del Gobierno en extremo rígida.
En segundo lugar, en cuanto al nivel de la discusión planteada acá, debo recordar que siempre está presente el argumento de que fijar salario es un arbitrio, por lo cual habría que dejar a este libre, ya que de lo contrario existirían efectos contraproducentes en el empleo.
La evidencia mundial no señala que sea así. En gran parte de las economías maduras y menos maduras existe esta institución. Y no se puede decir que fijar un mínimo salarial signifique necesariamente atentar contra la ocupación.
Se trata de un argumento liberal que se repite siempre.
Yo alguna vez -no lo traje en esta ocasión, para no reiterar el argumento- leí el editorial de "The Times" del día en que se aprobó la jornada de ocho horas, hace ya más de un siglo: reproducía exactamente los editoriales aparecidos en "El Mercurio" cuando hacemos planteamientos que significan mejorar la legislación laboral.
O sea, esa idea liberal antigua acerca de la intervención pública en materia del mercado laboral es completamente falsa, nada tiene que ver con la experiencia de las economías de las sociedades en los últimos años.
Ahora, concuerdo con lo que señaló el Senador señor Ominami en el sentido de que, si el salario mínimo se halla demasiado desalineado de la productividad del trabajo, de la productividad total de los factores del ciclo económico, una decisión arbitraria muy alta puede significar freno al empleo.
Por consiguiente, es muy precisa la discusión sobre el nivel que en determinado país, en determinada economía, en determinada coyuntura, puede alcanzar el esfuerzo por fijar una base obligatoria universal al valor del trabajo. Y eso lo estamos fijando aquí en consideración, no a una ley del mercado, sino a una convención social -vale decir, a una ley nacida de ambas Cámaras-, basados obviamente en nuestra realidad.
En tal sentido, este salario mínimo es completamente sostenible. Yo creo -es mi punto de vista- que se encuentra por debajo de lo posible y de lo deseable.
¿Por qué de lo posible? Porque estamos con una economía en expansión; con un ciclo que tiende al crecimiento; con un salario mínimo que impacta a una parte de la masa laboral; con holguras todavía (porque aún no alcanzamos el potencial de crecimiento del país).
En consecuencia, no comparto la idea de que una elevación un tanto más del salario podría tener impacto inflacionario o podría llevar a la autoridad monetaria -es otro de los argumentos que he escuchado- a subir las tasas y, por consiguiente, a desalentar el crecimiento (es una hipótesis; porque, desgraciadamente, existen dos autoridades económicas por completo independientes), que son los mismos temores que hubo cuando se reformuló la regla fiscal.
Entonces, allí hay un debate que es indispensable profundizar.
Sin duda, el salario mínimo envuelve un elemento de solidaridad.
¿Qué decimos al hablar de "un elemento de solidaridad"? Que el salario mínimo tiene una intención redistributiva. O sea, no es solo inflación y productividad: tiene un factor corrector; una dimensión económica; una dimensión social; una dimensión civilizatoria.
Y quiero dar un último argumento, que nunca se pone.
Chile no es un país con salarios muy altos. Aquí los salarios son medios.
Eso tiene que ver con nuestra formación de capital humano; lo señaló la Senadora señora Matthei.
Sin embargo, el punto que nunca se pone en esta materia es que, si algo se encuentra desalineado, son las utilidades del capital.
El pago al capital en nuestro país está completamente desalineado respecto de economías similares.
Aquí hay industrias completamente reguladas. Tienen demanda fija y precio fijo; es decir, demanda segura y precio seguro, que es "el sueño del pibe" de un empresario.
Eso no es economía de mercado. La economía de mercado es la definida por la competencia.
Cuando en un monopolio público, como el de las sanitarias, me aseguran demanda cautiva y precio fijo, no estoy en economía de mercado, sino en una economía completamente regulada. Porque es monopólica. Y, además, el mercado es cautivo.
En cuanto al agua, por ejemplo, el mercado no puede decir: "Señor: voy a apretar otro grifo". No tiene otro grifo.
El señor ÁVILA.- ¡Es casi como el narcotráfico…!
El señor GAZMURI.- Entonces, tiene mercado cautivo y precio fijo.
¿Y cuál es la utilidad de la industria sanitaria en Chile? ¡20 por ciento al año!
No hay en el mundo sectores regulados que posean esos niveles de utilidad garantizada. Ellos alcanzan al 10 por ciento.
El sistema financiero en Chile registra utilidades del orden de 50 por ciento. No hay en el mundo -¡en el mundo!- sistemas financieros con esos niveles de utilidad.
No estoy haciendo un discurso antiguo, señor Presidente, sino un discurso completamente moderno.
Entonces, hay aquí una cuestión relacionada con la distribución de la riqueza social. Y este es el punto final: el producto social se distribuye de un modo muy inequitativo.
¡Ese es el drama de Chile! Y resulta muy difícil resolverlo. Pero es necesario enfrentarlo de verdad. No sólo hay que ponerlo en las campañas políticas.
Seguí muy de cerca, desde el punto de vista programático, la última campaña presidencial. El gran tema fue el de la igualdad. No fue el de la seguridad ciudadana, ni el del crecimiento, ni el de la pobreza, ni el de la educación, en fin.
Chile es un país desigual.
Fuimos convocados por las organizaciones empresariales para señalar cómo combatiríamos la desigualdad.
¡Pasó la elección, pasó el tema…!
Ese es un gran problema que arrastra nuestro país desde hace muchos años. Y no se resuelve con una medida, sino con un conjunto de políticas, públicas y privadas. Tiene que ver con la educación, con la baja sindicalización, con la falta de regulación de algunas áreas, con malas regulaciones; es decir, con un cúmulo muy grande de materias.
La situación es difícil, porque vivimos en una economía global capitalista que tiende a la concentración y a la desigualdad, no sólo en Chile, sino en todo el mundo. Por lo tanto, no se trata de resolverla con palabras y discursos fáciles, pero sí, al menos, con políticas que en lo posible centren la atención en generar mejores condiciones de igualdad.
La modesta iniciativa de ley que hoy aprobaremos es del tipo de decisiones que toman las sociedades que apuntan en tal sentido: a garantizar ciertos pisos civilizatorios mínimos de remuneración al trabajo, lo que significa condición de vida para los sectores menos calificados de la sociedad.
Por supuesto, voy a votar a favor, porque me parece que, con todo, estamos dando un aumento relevante. Eso no lo niego. Pero, sin duda, nos hallamos por debajo de lo posible en esta economía en expansión -creo que ha habido rigidez en la conducción económica- y, ciertamente, muy debajo todavía de lo deseable, si lo que queremos de verdad es una sociedad más igualitaria.
Eso se resuelve con muchas medidas; pero, entre otras cosas, con un nivel general de salarios sustantivamente más alto que el que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.