El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en primer lugar, celebro y saludo la claridad con que el Senador señor Larraín ha repudiado los hechos que sirven de base a esta discusión.
Y lo digo porque ello significa que, respecto de algunas cuestiones sustantivas, felizmente estamos avanzando en el país. El debate, hace siete años...
El señor NOVOA.- No es la primera vez.
El señor GAZMURI.- Lo sé, pero el caso que nos ocupa es bien particular. Y, además, la declaración fue hecha sin ningún elemento que aminore la afirmación. Realmente, lo alabo.
Sin embargo, desde los puntos de vista jurídico, político y ético, creo que el Senado cometería un profundo error al rechazar el proyecto de acuerdo que propone el Ejecutivo.
Toda la argumentación que se da -y la reiteró el Honorable señor Coloma- se refiere a que estaríamos generando, de manera un tanto artificial, un elemento de excepcionalidad.
Y de eso se trata, precisamente. Existen circunstancias excepcionales en el crimen brutal de Carmelo Soria, que no significan que sea más grave. De los miles de violaciones a los derechos humanos, todos presentan la misma relevancia. Y las víctimas revisten la misma calidad. En tal sentido, no hay distinciones. Pero median aspectos particulares desde la perspectiva de la situación singular que estamos analizando: se hace referencia a un extranjero amparado por una inmunidad diplomática internacional y que pertenecía a un organismo de las Naciones Unidas. Ello determina un caso excepcional, por lo que el tratamiento excepcional es lo que corresponde, desde el punto de vista jurídico. Ese elemento es básico.
En verdad, el otro razonamiento resulta muy débil, porque significa no hacer distinciones.
Evidentemente, todo crimen es igual y toda víctima también, en su condición de tal y de ser humano, pero aquí estamos ocupándonos en dos cosas: primero, el repudio universal que deben producirnos todos los crímenes -incluido, por cierto, el de Carmelo Soria-, y segundo, cómo resolvemos, como Estado -a ello estamos convocados-, una situación que, además, posee una dimensión singular.
Nadie puede decir que la indemnización sea arbitraria o injusta. A lo más, se podría señalar que es distinta a otras respecto de las cuales, desgraciadamente, no ha sido posible entrar al monto.
De otro lado, si rechazamos el proyecto de acuerdo, le haremos un grave daño al país, pues, por muchas razones particulares que existan, debemos prever que la familia podría extremar su empeño para encontrar la justicia y la verdad no obtenidas en Chile. Y, como órgano del Estado, tenemos que hacernos cargo de ello.
Seguramente, las cosas habrían ocurrido hoy de manera distinta. Pero, por las circunstancias de nuestra larga transición, tuvimos una Corte Suprema que, a mi juicio, fallando no en Derecho, aplicó de manera impropia la amnistía, lo que en la actualidad ya no sucede.
Con la votación del Senado, estaríamos avalando, en consecuencia, conductas del Estado tremendamente criticables. Una vez más estaríamos exponiendo al país a un debate al cual no debería abocarse.
Que no se confunda el Senador señor Coloma. Los que hemos participado en la discusión entendemos que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes, aunque tienen claramente un cierto impacto; pero el fallo de la Corte Interamericana sí lo es. Y este caso va a llegar a ese organismo, que lo más probable es que se pronuncie en contra de Chile.
Ello es casi evidente, por su propia jurisprudencia, por el estado de conciencia en América Latina sobre materias de derechos humanos, por nuestros propios compromisos y por las sentencias de la propia Corte Suprema acerca de cuestiones similares, no en 1994, sino hoy.
Me imagino que se pidió segunda discusión porque alguien calculó que no contábamos con los votos suficientes para aprobar este asunto ahora. Ello me parece bien. Y sería más fácil hacer constar que cada uno debe asumir su responsabilidad. Pero quiero invitar a la Oposición a que realice una nueva reflexión en la semana que nos queda.
Creo que si se rechaza la proposición del Gobierno se va a inferir un grave daño al compromiso internacional de Chile con los derechos humanos, a la imagen de un país que fue profundamente torturado pero donde hoy día, felizmente, se puede lograr un cierto acuerdo interno para condenar en forma unánime las brutalidades ocurridas.
Todo eso lo vamos a oscurecer con los argumentos -que respeto- de los Senadores señores Larraín y Coloma, que considero extraordinaria y puramente formales. Desde el punto de vista de una cierta lógica, son impecables; sin embargo, aquí no estamos discutiendo sobre escolástica, sino acerca de elementos de justicia; de la validez de los derechos humanos en el mundo contemporáneo; de la imagen, en el mejor sentido del término, que desea proyectar Chile a América Latina y al mundo respecto de su fidelidad a principios universales que todos decimos aceptar.
Por tanto, reitero mi invitación a los Senadores de Oposición para que efectúen otra reflexión antes de votar en forma definitiva durante la próxima semana.
He dicho.