El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, hasta donde entiendo, la segunda discusión implica dilatar el tratamiento del asunto. Eso no es ninguna imputación: es una cuestión de hecho. La petición apunta a que el texto no salga hoy.
Lo que estamos poniendo de relieve es que se demora la iniciativa con una razón carente de fundamento, porque la idea de que debe pasar a la Comisión de Constitución para ser mejorada no resiste análisis. Ha sido revisada por las dos Comisiones correspondientes y ha habido tiempo suficiente para presentar indicaciones -la Oposición ha formulado las suyas-, por lo que se han tenido a mano todas las opiniones necesarias.
Me opongo completamente, entonces, a la solicitud planteada.
De lo contrario, todas las Comisiones deberían estudiar todos los proyectos o todos ellos deberían pasar por la de Constitución, lo cual escapa a las atribuciones de esos órganos técnicos.
Y entiendo que la Comisión de Derechos Humanos también está integrada por abogados y que pidió informes en derecho.
Respecto del tema en debate, no necesitamos que nos ilustre la sabiduría de nuestros Honorables colegas de la Comisión de Constitución, porque todos contamos con un entendimiento elemental para comprender de qué se trata.
Se ha suscitado una discusión sobre el quórum. Al respecto, constan en el anexo del primer informe de la Comisión de Derechos Humanos las opiniones de dos respetables abogados que nos han ilustrado.
Por mi parte, solo deseo observar que se trata de dos puntos. Uno de ellos debe ser resuelto por usted, señor Presidente, que es el del quórum.
Y mi impresión, a propósito de que algunos señores Senadores de Oposición se refieren con tanto énfasis a esa cuestión, es que el otro tiene que ver con el tema de fondo, en cuanto al artículo 1º del proyecto. Es una discusión que sostuvimos en la Comisión de Hacienda a raíz de una indicación presentada por el Honorable señor Larraín.
Efectivamente, es algo que dio lugar a una discrepancia profunda. Por esa razón, la votación que esa proposición registró en la Comisión mencionada fue dividida: la rechazamos los Senadores señores Escalona, García, Sabag y el que habla, y se abstuvo el Honorable señor Novoa.
¿Cuál es la cuestión de fondo en esa indicación?
El Gobierno y la mayoría de la Comisión concordaron en que el Instituto debe gozar de autonomía respecto del Ejecutivo. Ese es todo el problema. O sea, la idea es que se trate de una corporación de derecho público, con atribuciones de ese carácter, pero autónoma del Ejecutivo. ¿Con qué objeto? Precisamente para que su función, que será de cierta supervigilancia -aun cuando este no es el término jurídico exacto- respecto del cumplimiento de los derechos humanos en el país, se ejerza con la mayor independencia posible de la Administración, entendiendo que el resguardo principal debe apuntar a las violaciones de aquellos que provengan del Gobierno, del poder.
¡Ese es el tema!
Se trata de que todos los organismos del Estado, del poder, respeten los derechos humanos de los ciudadanos. Y para eso se requiere que el Instituto sea autónomo.
La indicación del Honorable señor Larraín pretendía limitar su autonomía al agregar en el artículo 1º un inciso final que decía: "El Instituto quedará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Justicia.".
¡Esa es la discrepancia de fondo!
Mientras algunos piensan que ese organismo debe quedar sujeto a la supervigilancia del Primer Mandatario, otros creemos que debe estar dotado de autonomía.
Y no sería el único órgano público que gozara de ella. También la tiene, en nuestro ordenamiento jurídico, el Banco Central, por ejemplo, que es completamente autónomo.
Yo no entiendo por qué -voy al problema de fondo, que es el que me interesa- se está de acuerdo en que exista autonomía del Presidente de la República y del Gobierno para garantizar que no haya inflación en el país y no para resguardar los derechos humanos.
El Banco Central es autónomo por ley, con una autonomía que algunos han discutido pero que toda la Oposición defiende a rajatabla. Ahora se trata de tener una entidad que supervise el respeto a los derechos humanos y sea autónoma en el cumplimiento de dicha función. Pero -perdónenme, Sus Señorías-, desde el punto de vista de la convivencia democrática, la protección de los derechos humanos es más esencial que lograr un dígito de inflación, por lo menos en mi concepción ética de lo que debe ser el ordenamiento social.
--(Aplausos en tribunas).
¿A qué voy? A que no podemos escudarnos en el asunto del quórum para eludir la cuestión de fondo. Lo del quórum debe resolverlo el Presidente. Aquí tenemos que definir, desde la perspectiva legislativa y política, si queremos dotar al Instituto Nacional de Derechos Humanos de la máxima autonomía para el cumplimiento de su mandato legal, cual es garantizar que se respeten de manera sistemática y permanente los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas.
Ese es el punto en discusión, que no debemos eludir con un artilugio en torno a los quórums, materia para cuya resolución existen los mecanismos pertinentes. Como dije, es el Presidente quien tiene que resolverla. Y los Senadores nos someteremos a su decisión.
Pero vamos al tema de fondo. Y ahí nosotros somos partidarios -votamos así en ambas Comisiones- de que el organismo que se crea posea la máxima autonomía posible, porque creemos que eso garantiza a todos que en este ámbito no habrá manipulación -entre comillas- en función de los intereses del Gobierno de turno.
He dicho.