El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la segunda discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, deseo fundamentar el voto favorable a la idea de legislar que emití en la Comisión de Hacienda y dar cuenta de cierto debate habido en ese organismo, no tanto sobre la iniciativa misma, sino más bien en cuanto al tema tributario más general.
El proyecto es bastante simple. Establece beneficios tributarios a proyectos de inversión privada en investigación y desarrollo que se realicen a través de un contrato con universidades o centros de investigación del país.
Sobre el tema, haré la siguiente observación.
Efectivamente, en Chile tenemos una problema complicado, pues generamos escasa innovación; nos apropiamos de muy poca innovación exterior; contamos con una investigación básica insuficientemente vinculada a la producción; existe cierto distanciamiento entre la investigación que efectúan, básicamente, nuestras universidades y los requerimientos científico-tecnológicos del desarrollo contemporáneo.
Sin duda, este es el mayor talón de Aquiles de nuestro modelo de crecimiento. Si seguimos teniendo una economía fundada esencialmente en la utilización extensiva de nuestros ricos recursos naturales, no vamos a alcanzar el desarrollo.
Creo que esa es una evidencia general que hemos tardado mucho tiempo en entender.
Nos hemos quedado muy contentos con un tipo de desarrollo que si bien fue alto en los años 90, aunque con más problemas en los 2000, es tremendamente débil si queremos proyectar el país hacia un desenvolvimiento más dinámico, en un mundo donde la economía y el valor agregado cada vez tienen más que ver con la creación e incorporación de conocimiento.
En consecuencia, que en este indicador estemos sistemáticamente bastante por debajo de economías desarrolladas o de mayor nivel de crecimiento, e incluso de algunas equivalentes a la nuestra, revela que, sin duda, ese es uno de los principales talones de Aquiles de nuestro modelo de desarrollo, que tiene también implicancias sociales. Porque una economía basada en extremo en la utilización relativamente extensiva de recursos naturales tiende a concentrar la actividad productiva en pocas Regiones del país y en pocas empresas que exportan, y a generar, por tanto, una estructura de salarios que impide la creación de empleos de mayor calidad.
Todo el debate sobre el mercado del trabajo, las desigualdades en Chile y el salario ético tiene que ver, a mi juicio, con dos variables primordiales.
Una es la debilidad de la contratación, de las condiciones de trabajo; vale decir, sindicalismo débil. No hay negociación colectiva y, por ende, no existe un mecanismo fundamental de distribución de la renta que no sea la contratación directa entre capital y trabajo. En Chile hay un desequilibrio brutal a favor del capital. Y eso explica buena parte de los ingresos tan bajos que tenemos.
Y la segunda es una estructura de desarrollo en exceso primaria, lo que genera productividades muy bajas en numerosas actividades.
El proyecto, entonces -como mencioné anteriormente-, viene a estimular la inversión privada en investigación y desarrollo. Porque en nuestro país el aporte particular a dichas áreas es muy pequeño, menor incluso que el que se efectúa en economías equivalentes. La mayor inversión proviene del sector público y de las universidades, fundamentalmente de las vinculadas al Consejo de Rectores, que reúne a las más grandes del país, demasiado concentradas, desgraciadamente, en la Región Metropolitana: la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, que realizan una parte muy importante de nuestra labor de investigación.
La iniciativa consiste, básicamente, en otorgar de manera directa un subsidio equivalente al 35 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo, el cual dará derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría y será considerado, en su remanente, como gasto necesario para producir la renta.
Creo que, en materia de exenciones tributarias, esta es la única que se justifica, porque, efectivamente, apunta a fortalecer una de las áreas centrales de nuestra estrategia de desarrollo.
En todo caso, anuncio que en la discusión particular formularé indicación para que solo puedan ser objeto de la franquicia -lo conversamos en la Comisión- las empresas que realicen convenios de investigación con universidades y no con centros de investigación. Considero que estos últimos constituyen un concepto muy impreciso y estoy por eliminarlos, pues por ahí se podría generar un elemento distorsionador del espíritu de la ley, cual es fortalecer la vinculación entre el sector productivo -o sea, las empresas privadas- y los organismos que efectúan investigación de calidad en el país, que son, esencialmente, las universidades. Si no, estaremos abriendo un camino para que las empresas creen centros propios de dudosa certificación y, por esa vía, utilicen la franquicia tributaria de una manera no plenamente productiva.
Algunos colegas, incluso de esta bancada, plantearon dos objeciones al proyecto en discusión.
En primer lugar, en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet existe el compromiso de disminuir exenciones tributarias, en particular algunas que, en opinión de muchos -también la mía-, no tienen ninguna justificación, como la del IVA a la construcción de sectores altos. Esta es una exención sin ningún fundamento, y estoy completamente de acuerdo en suprimirla. Su eliminación figura en el Programa, pero la actual Administración todavía no la ha propuesto.
En segundo término, se encuentra pendiente en el país -también se planteó en la discusión- un debate más general sobre nuestra estructura tributaria, sobre nuestro nivel de gasto público. Tengo la impresión de que ese debate se halla en el centro de toda la discusión que hay acerca de salario ético, desigualdad y distribución de ingresos.
Me parece completamente absurdo pretender avanzar hacia mayores niveles de igualdad de oportunidades en una nación con un gasto público de 20 por ciento del PIB. Ello no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Así que hacer un gran discurso de corrección del modelo y mantener la actual estructura tributaria es, a mi juicio -lo digo con toda seriedad-, irresponsable o simplemente populista.
No existe ninguna experiencia internacional que demuestre que es posible generar condiciones de equidad mínimas, de protección de ingresos familiares que sean éticos en el sentido de que efectivamente permitan superar los niveles de pobreza, etcétera, sin que se realice un proceso de redistribución, el cual, históricamente, se ha logrado -y se logra-, entre otras, por la vía tributaria. Y en Chile tenemos una estructura tributaria que, en ese aspecto, es extraordinariamente desigual.
Aquí, las personas de más altos ingresos, que en teoría están gravadas con tasas bastante altas, pagan muy pocos impuestos. No es concebible que en la tasa marginal más alta, que es de 40 por ciento en el impuesto de segunda categoría, haya inscritos en el Servicio de Impuestos Internos solo 17 mil ciudadanos. Es evidente que en Chile son muchos más los que perciben una renta superior a los 5 millones de pesos mensuales. Aquí hay una evasión, una elusión espectacular. Basta con ir a cualquier supermercado -no solo de sectores altos- y observar la fila de la caja que dice "Facturas". ¡Eso es elusión! Miles de consumidores de ingresos altos y medios altos -no sé si algunos de Sus Señorías- pasan sus consumos domésticos como consumos de sociedades de papel y con eso disminuyen su tributación.
En consecuencia, hay un debate tributario pendiente. Sin embargo, ese debate pendiente, que va a venir en los próximos años -de ello no tengo ninguna duda, sobre todo si la equidad se pone como tema central (todos concordamos en que lo es)-, no constituye un obstáculo para aprobar el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración.
En eso difiero de otros colegas, porque, cualesquiera que sean las conclusiones de ese debate y la estructura tributaria que tengamos, me parece que esta iniciativa, que establece un incentivo para vincular sistemas productivos y universidades con miras a generar condiciones de mayor inversión privada en investigación y desarrollo, contribuye a un propósito que estratégicamente le interesa a Chile.
A mi juicio, en esta materia hemos perdido, como país y también como Gobierno, demasiado tiempo. Aquí todavía está empantanada la iniciativa relativa al Fondo de Innovación para la Competitividad. Llevamos un año -¡un año!- discutiendo si les damos a las Regiones el 25 por ciento o un porcentaje mayor de lo recaudado por el impuesto especial al cobre. Nos viene propuesta una institucionalidad completamente débil. ¡Y decimos que este es un tema central para el desarrollo! En este ámbito, el tiempo vale mucho, y ya hemos perdido un lapso considerable en generar institucionalidad, instrumentos, capacidad de conducción pública, entendimiento entre universidades, sector público y privados, regionalización del esfuerzo de investigación y desarrollo. Y yo no quiero que sigamos perdiendo más tiempo.
Hay países a los que podemos observar para aprender en esta dimensión. Algunos están casi de moda. Todo el mundo está yendo a mirar qué pasa en Nueva Zelandia; la estrella es Irlanda, y estamos muy esperanzados en seguir los modelos de Finlandia, Singapur y otros. Irlanda, por ejemplo, quebró su línea de desarrollo en 15 años. En ese período pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a otro que hoy compite con los nórdicos en renta per cápita.
O sea, no es verdad que se necesitan tres generaciones para lograr niveles aceptables de desarrollo, sino una y media a dos. Corea, después de los 40, hizo lo mismo. No demoró 80 años en llegar a ser una potencia industrial. Eso sí, dichos países trabajaron con perspectiva; planificaron su desarrollo -a ninguno de ellos los desarrolló el mercado solo-; establecieron alianzas amplias entre empresariado, intelectualidad y mundo obrero -léase organizaciones sindicales y trabajadores-, y lograron dar un salto importante al desarrollo.
Esa discusión está pendiente en Chile. La de este proyecto es un ladrillo en el edificio y creo que apunta en la dirección correcta.
Por ello, sin perjuicio de que se halla pendiente dicho debate y respetando el voto contrario del Presidente del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda -así son las cosas en la vida-, invito a los señores Senadores a respaldar la idea de legislar.
Desde ya anuncio que presentaré una indicación durante la discusión particular para que la garantía consagrada en la iniciativa se convierta en un estímulo destinado a vincular los centros de investigación de relativa excelencia que tenemos con modalidades modernas en la materia -habrá que determinarlas- y con la empresa privada.
Por lo tanto, propongo aprobar hoy el proyecto en general, dado que el tiempo camina en contra de nuestros buenos propósitos.
He dicho.