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Adecuación Orgánica y Procedimental de la Justicia de Familia

Sesión 55, Ordinaria, miércoles 3 de octubre de 2007


El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.


El señor GAZMURI.- Señor Presidente, es evidente que un buen funcionamiento no va a resolver los problemas sociales que los tribunales de familia están llamados a dirimir.
En tal sentido, comparto lo dicho por el Senador señor Letelier. Porque muchas veces aquí se emplea la retórica del facilismo, pretendiéndose que si dichos tribunales operan bien y protegen adecuadamente disminuirán los asesinatos de mujeres a mano de sus parejas. Puede que se reduzcan en algo. Sin embargo, las causas son profundas. Hay gente con un alto grado de perturbación moral que la lleva a golpear de manera sistemática a su pareja y, eventualmente, a matarla; pero no porque exista un tribunal más o menos curaremos esas patologías sociales, que son tan complejas.


Igual, se debe proteger lo más posible.


En todo caso, quiero decir lo siguiente.


Aquí ya nos equivocamos una vez, cuando hicimos la primera dotación de tribunales de familia: por distintas razones, ellos fueron insuficientes.


Recuerdo que, en la primera discusión que tuvimos, antes de contar con la evidencia del atochamiento que hoy existe, la primera reacción del Ministerio de Justicia fue señalar que no había un error en la cantidad de juzgados, sino que el problema era producto inevitable del cambio del sistema y del procedimiento. Eso fue lo que se dijo: "Los jueces y las juezas," -la mayoría son mujeres- "como no están acostumbrados al procedimiento oral, dan pocas audiencias, etcétera. Entonces, el inconveniente no es el número de magistrados, sino el nuevo procedimiento". Y resultaba evidente que había dificultades en el procedimiento y que era insuficiente la cantidad de jueces y de tribunales.


Yo entiendo lo que sucede cuando se modifica un sistema. Y no se trata de culpar a nadie. Hay universidades que se equivocan. Uno puede errar una vez y después rectificar.


En este caso específico, era difícil pronosticar el incremento de la demanda. Porque si hoy en día existe mayor conciencia sobre la violencia intrafamiliar; si hay mayor cantidad de denuncias y queremos que ellas aumenten -esta es una realidad que la sociedad va asumiendo-, es indudable que la demanda puede crecer exponencialmente. Pero en su momento resultaba complicado calcularla de manera previa.
Entonces, señor Presidente, siendo este un problema de alta sensibilidad social, solo planteo que no nos equivoquemos de nuevo y que no hagamos otra vez reformas a medias.


Ese es mi temor. Y lo que percibo es que la diferencia entre lo indicado por la Corte Suprema y lo planteado por el Ministerio resulta demasiado grande

.
Es posible que el Poder Judicial -como aquí se indicó- haya hecho una primera propuesta con el tejo un tanto pasado (después corrigió).


Todos conocemos también la tendencia de los Ministerios de Hacienda de nuestro país -no sucede lo mismo con las otras Carteras- a operar siempre con la restricción...


El señor PROKURICA.- Con el recorte.


El señor GAZMURI.-… y el recorte. El tic de Hacienda es el recorte. Y no es malo. Porque si tuviera el tic contrario, no sé cómo estaríamos.


Entonces, lo único que pido es que no volvamos a equivocarnos. Y reitero que la diferencia referida es muy notoria.


Por cierto, voy a votar a favor del proyecto en general. Sin embargo, solicito que encarguemos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que busque con el Gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo más claro respecto de cuál es el requerimiento real y cuánto de ello puede ser temporal y cuánto permanente. Y hay fórmulas intermedias que también pueden ser evaluadas.


Pero no despachemos este proyecto -así, yo por lo menos no quiero aprobarlo en particular- sin contar con una mínima garantía de que vamos a terminar con el enervamiento producido en el sistema de tribunales de familia y, en último término, a evitar que lo que era una excelente iniciativa para la sociedad se convierta en un motivo de queja permanente.


Si nos fuera factible llegar a un acuerdo que significara, por ejemplo, aumentar el número de jueces a 400 y el de tribunales de familia a 70, el Estado, con el presupuesto que deberemos aprobar este mes, perfectamente podría solventar el gasto.


En consecuencia, no quiero que, por una suerte de tic de restricción inevitable, nos hagamos responsable de la aprobación de una iniciativa que dará lugar a que en un año más los Ministros respectivos nos vuelvan a decir: "Los 60 juzgados fueron insuficientes. Necesitamos 50 más".


Es muy probable que sea así. Porque ya nos dijeron una vez que la cantidad inicial de tribunales era suficiente y que el problema radicaba únicamente en los procedimientos.
Por cierto, solucionar la cuestión de los procedimientos es un aspecto central. Pero los tribunales a veces tienden a ser más bien conservadores y, por tanto, buscan -entre comillas- facilitarse la vida por la vía de exagerar el número de jueces que se necesitan.
Sin embargo, es evidente que, en general, las estimaciones hechas y las leyes aprobadas no han dotado a los tribunales de familia del personal indispensable para desarrollar bien su función.


Eso no ha ocurrido en el resto de la reforma procesal penal.


Hoy día están surgiendo problemas con los fiscales porque la cantidad de causas ha aumentado mucho y la carga de cada uno de ellos ya es muy grande. Sin duda, los fiscales se nos quedaron atrás. Y si no elevamos su número, se puede perder la ventaja de rapidez que posee el sistema.


En consecuencia -vuelvo al proyecto que nos ocupa-, pienso que debemos efectuar cambios que conduzcan a la dotación de personal necesaria para implementar la reforma. Y, sobre la base del informe que dio el Ministro, yo por lo menos no quedo con suficiente confianza en que lo que se pide garantiza la solución del problema en forma apropiada.


Reitero, pues, mi solicitud de mandatar a la Comisión para que durante el debate particular se haga un esfuerzo serio con el Gobierno a fin de lograr un acuerdo en el aumento de jueces y tribunales. Y creo que la circunstancia de estar obrando en paralelo con la discusión presupuestaria podría dar pie para que las mejoras pertinentes se introdujeran en el Presupuesto del año 2008.


Apruebo la idea de legislar.