El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en la misma línea del Honorable señor Gómez, solicito el aplazamiento de la discusión -no de la votación-, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento.
Sin embargo, no quiero eludir el fondo de la cuestión.
Se ha citado -y con razón- al Cardenal Silva Henríquez. Lo hizo en una sesión pasada -con mucho brillo, además- el Senador señor Larraín, a quien (creo que lo puedo decir acá) felicité personalmente después de su intervención, que me pareció muy constructiva y, en un aspecto, muy valiente.
El Cardenal fue, obviamente, un gran defensor de los derechos humanos. Y una de las cosas que más repitió en su larga trayectoria pastoral fue el concepto de que la paz es hija de la justicia. Creo que este fue un elemento que lo acompañó programáticamente durante toda su vida. Se trata de una convicción profunda en cuanto a que la paz social solo puede fundarse en la justicia y, evidentemente, en la justicia social. Eso lo llevó a ser un gran reformador de nuestras instituciones sociales y no solo un gran defensor de los derechos humanos.
Por lo tanto, me pregunto si este proyecto refuerza la profunda necesidad de justicia que demanda la paz entre los chilenos.
Yo, indudablemente, estoy por la paz entre nosotros. Pero ella presenta dificultades después del tremendo trauma que vivió la sociedad. Requiere tiempo; la buena voluntad de diversos sectores; capacidad para reconocer los errores propios -no solo los ajenos-; el restablecimiento de lo que hemos logrado en forma mínima durante estos últimos años, que es una convivencia civil civilizada. Incluso, requiere que seamos gentiles entre nosotros, aunque ello no sea más que una formalidad.
Pero la paz también requiere justicia. Y en Chile ha resultado difícil alcanzar justicia en materia de derechos humanos. Ha sido un proceso muy lento, muy largo, muy costoso.
Partimos en el período de la transición con una negación bastante profunda por parte de quienes apoyaron el Régimen militar en cuanto a que hubieran ocurrido ciertos hechos. Y no digo esto para abrir nuevas heridas, sino para que seamos conscientes de lo doloroso y complejo que ha sido el camino.
Yo ya era Senador cuando el informe de la Comisión Rettig. Y recuerdo los discursos que se hicieron acá.
Felizmente, luego del Informe Valech, que se elaboró varios años después, casi nadie en el país no reconoció que allí había una verdad.
Otra cosa es la interpretación de por qué llegamos al quiebre de la sociedad chilena. Puede que sobre eso nunca arribemos a un completo acuerdo, como ha sucedido con todos los traumas complicados que hemos debido enfrentar los chilenos durante nuestros 200 años de vida republicana.
Ha costado mucho.
Y, finalmente, se ha ido abriendo paso a la justicia en procesos transparentes, abiertos, donde los enjuiciados han tenido todas las garantías del debido proceso. Varios ya están cumpliendo condenas penales, en condiciones -no quiero calificarlas aquí de mala manera- no persecutorias (por ponerlo de la mejor forma). O sea, no ha habido ensañamiento, para nada, respecto de violadores muy fuertes de derechos humanos.
En ese sentido, tengo la impresión de que si nosotros concedemos esta suerte, si no de amnistía, de condonación de penas a 10 años, vamos a estar debilitando la causa de la justicia, la dimensión de la justicia, que requiere la paz entre los chilenos; reabriendo profundas heridas en miles y miles de víctimas, sin ayudar efectivamente a la consecución de la paz.
Además, quiero hacerme cargo del argumento que se ha dado como fundamento de la iniciativa.
Yo no tengo ninguna duda acerca de los buenos propósitos de quienes la han planteado. Se nos pide que efectuemos un acto similar al que muchos de nosotros realizamos -con el apoyo de Senadores de Oposición- para limitar las condenas de varios prisioneros acusados de delitos de violencia y terrorismo, algunos cometidos incluso durante la democracia.
Por lo tanto, hay que contestar esa exigencia. Uno no puede hacer caso omiso de ella. Y quiero expresar aquí una opinión y una convicción.
Yo entiendo que, desde el punto de vista de las víctimas, el hecho de que un victimario sea agente del Estado o una persona individual es indiferente. Desde su óptica, el victimario no tiene calidad. Un asesinato es un asesinato. Una tortura es una tortura. Pero, como en cualquier legislación penal, hay agravantes y atenuantes. Y no es lo mismo un asesinato, un homicidio, cometido en defensa propia o en estado de demencia que otro perpetrado bajo diferentes circunstancias.
El punto es si el terrorismo de Estado constituye o no una agravante. En mi opinión, esa es, desde el punto de vista de la justicia, la cuestión central: si el terrorismo de Estado constituye o no una agravante respecto de actos terroristas cometidos por civiles o por asociaciones de civiles.
A mi juicio, es una agravante muy sólida, muy fuerte. Porque el terrorismo de Estado no solo destruye la vida, la personalidad de los individuos con la tortura, sino también la fe en la convivencia posible. La autoridad llamada a mantener el orden y la paz se convierte en asesina. Se sale de la ley. Organiza la tortura masiva, el desaparecimiento, etcétera.
¡De eso estamos hablando! No estamos hablando, desgraciadamente, después de conocer el Informe Valech -y lo digo con dolor-, de una excepción, de alguien a quien, en un momento de exacerbación -entre comillas-, se le pasó la mano. Muchos de los hechos ocurrieron cuando el país se hallaba completamente pacificado.
La mayoría de los detenidos políticos desaparecidos -esto lo puedo decir con propiedad, porque fui candidato a serlo- eran dirigentes de los Partidos Comunista y Socialista en 1976, cuando no había en Chile ningún grupo capaz de operar militarmente, porque, o esa no era su línea, o no tenía las condiciones.
Recuerdo el caso de Víctor Díaz. Y ahora se pretende que, luego de 10 años de prisión, se libere a quien fue uno de los que intervinieron en la operación para hacer desaparecer a una persona cuyo único delito fue dirigir un partido clandestino que intentaba una resistencia de masas a la dictadura de Pinochet.
En 1980 las cosas cambiaron. Pero eso, a lo mejor, desde la otra vereda ni se notaba. Todos éramos extremistas, enemigos de la patria, un peligro para la seguridad nacional. Todos éramos iguales. Claro: teníamos muchas cosas en común. Sin embargo, en 1976 no había ninguna amenaza armada al orden constituido en Chile. ¡Ninguna! Y desaparecieron tres directivas completas del Partido Socialista y dos del Partido Comunista.
¡De eso responde Corbalán!
Entonces, yo sostengo que un castigo ejemplar es bueno para la convivencia en esos calificadísimos casos. Porque son muy pocos. Los cargos son bastante severos y la acción surgió desde el Estado. Y no obedecen a una condición subjetiva que los haga comprensibles, como podría darse en el fragor de una batalla. Nunca he estado en una, pero imagino que ahí se pueden cometer excesos.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.- Así que, por todas esas razones, señor Presidente, y respetando el espíritu de quienes propusieron esta iniciativa, yo estoy muy disponible para concurrir a actos de perdón y reconciliación. Pero creo que este debilitaría los propósitos que cada uno de nosotros dice compartir. Porque, para que haya paz en este país, por lo menos los actos más aberrantes del terrorismo de Estado deben tener una sanción ejemplarizadora. Me parece que eso es lo que, finalmente, nos hace mejores a todos.