El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, por cierto voy a votar a favor. Esta es una reforma importante. Se ha dicho y se ha reiterado: ella constituye uno de los elementos centrales del Programa de la Presidenta Bachelet en su propósito de construir un Estado de protección social.
Solo quiero agregar que el clima nacional en el que discutimos la reforma -ya entramos a la fase definitiva de su tramitación- ha estado muy dominado durante este año por un tema recurrente en la política y en la sociedad chilena: el de la desigualdad, que se vuelve a plantear una y otra vez.
Este es un problema secular, que arrastramos desde el nacimiento de la nación y que en muy pocos períodos de nuestra historia hemos logrado disminuir. Los datos largos apuntan a que en el siglo XX eso solo ocurrió durante los gobiernos reformistas y progresistas de los Presidentes Frei y Allende. Si uno mira la serie larga de la distribución del ingreso en Chile, advierte que en ese período se produjo efectivamente un cierto quiebre de tendencia. Pero, por razones de todos conocidas, eso se quebró también, de manera bastante irreversible. Y en los años de transición hemos aprendido -al menos, esa es mi conclusión- que lo que imaginábamos en 1990, esto es, que la lucha contra la pobreza iba a terminar con mayores niveles de equidad, no ha sido efectivo. Y al comienzo, gran parte de la ciudadanía pensaba que disminuyendo fuertemente la pobreza este país sería más equitativo.
Eso no ocurrió así, sin perjuicio de que hemos tenido un éxito espectacular en la reducción de la pobreza. Y es digno de destacar el hecho de que un país logre disminuirla de 38 ó 40 por ciento a 13 por ciento, con la misma medición, y en una década como la del 90, cuando ese flagelo aumentó en todos los países del mundo. No me refiero a la inequidad, que está creciendo en todos lados, porque el capitalismo lleva a la desigualdad, sino a la pobreza, que en los 90 se incrementó en todas partes, salvo en China, según se dice, por el proceso de urbanización.
Sin embargo, tenemos el problema de la desigualdad, que se instaló y se va a instalar como un tema central. ¿Por qué señalo esto? Porque el sistema previsional es uno de los mecanismos que en general han servido para establecer ciertos principios de redistribución de los ingresos, aunque no sea más que en la edad pasiva. Una reforma previsional no va a resolver los problemas de la desigualdad. No hay ninguna medida específica que los solucione. En ella inciden un conjunto de asuntos, que van desde la educación y la negociación colectiva hasta un nuevo tipo de desarrollo productivo donde existan más empresas pequeñas y medianas, etcétera. No es una medida la que quiebra dicha tendencia secular en Chile.
Y planteo lo anterior porque estamos en el punto donde surgen distintas sugerencias en este debate dirigidas, todas, a mejorar el elemento solidario de la proposición que aprobó la Cámara. Por tanto, creo que en esta última fase de la discusión tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, en el que la palabra central la va a tener el Gobierno, para ver cómo mejoramos los elementos de este proyecto que apuntan en el sentido de ayudar a combatir no solo la pobreza, sino, también, las desigualdades.
Esa es la primera constatación que deseo hacer.
La segunda: no es inútil el juicio crítico, el análisis del sistema que queremos reformar. Y esto no es por reproducir asuntos del pasado. Siempre que hay una reforma uno tiene que preguntarse cuáles son los problemas del sistema que deseamos cambiar. Es evidente. Porque, si este fuera perfecto, no estaríamos hablando de reforma. Y, por ende, me parece que la crítica que hace ver cuáles son los problemas del sistema actual es parte esencial de la discusión.
En lo personal, a manera puramente de titulares, voy a resumir los que surgen en cualquier análisis:
La cobertura: un sistema previsional que exhibe una cobertura de 50 por ciento constituye un escollo; la tasa de reemplazo, cualquiera que sea la razón, es bajísima; la discriminación en función del género origina una dificultad a la mujer; y la administración del sistema -en eso hay consenso- es cara, ya que por su propia filosofía reproduce la desigualdad que se da en la vida activa. Es obvio. Eso es parte esencial del sistema. En efecto, aun cuando funcionara bien, no hará otra cosa que reproducir las diferencias salariales que se generan en la vida activa de los pensionados, porque todo depende del esfuerzo individual.
Es decir, ello es tautológico. Está hecho así. En su origen la reforma previsional aprobada en 1981 no tiene, como sucede con todos los sistemas previsionales del mundo, ningún propósito redistributivo.
Ese es el punto. Y es el aspecto esencial de la crítica que yo le formulo como sistema de pensiones. Este, incluso funcionando bien -aunque no lo hizo durante 26 años en las cuatro materias a que he aludí recién-, no corrige las desigualdades que se producen en la vida laboral respecto de quienes se acogen a retiro.
En general, todos los sistemas previsionales modernos del mundo tienen un elemento compensatorio redistributivo mínimo.
En mi opinión, no es legítimo, en un debate serio, decir que quienes formulamos tales críticas estamos defendiendo el viejo sistema de pensiones que existió en Chile. Son dos discusiones completamente distintas. Ese debate habría sido pertinente en 1981, pero, por desgracia, yo no fui invitado a él, porque mis derechos civiles y políticos estaban completamente proscritos. De modo que cuando estoy criticando este sistema y proponiendo otro, no estoy sugiriendo para nada volver al antiguo. ¡Es evidente que el viejo sistema tenía muchos de los problemas que aquí se han señalado!
Entonces, una cosa no va con la otra. No se trata aquí de sumas cero ni de empates verbales, sino de ir al fondo del asunto. Seguramente, en 1981 habría optado -si me hubieran invitado a participar- por un sistema de reparto único, por una forma de administración del todo diferente y por terminar con el tema de las cajas, etcétera. Eso no se pudo hacer en Chile, porque evidentemente había muchos intereses creados en torno al sistema anterior.
Sin embargo, tampoco se puede sostener que las únicas reformas posibles son las hechas en dictadura, porque estas no son buenas y las reformas duran poco, aun cuando esta ha perdurado bastante.
Por lo tanto, la crítica al sistema no parte de una odiosidad política, sino de un ejercicio racional elemental para ver cómo construimos un mecanismo que corrija dichos aspectos.
Es muy discutible la forma como uno puede calificar esta reforma.
Efectivamente, hay un elemento central del sistema previsional chileno que la reforma no toca: el sistema de capitalización individual, que sigue siendo un factor importante. A mi juicio, desproporcionado. Pero imagino que esta será la primera de muchas reformas. Una vez iniciado este camino, en mi opinión, no nos quedaremos solamente en la que nos ocupa. Por lo menos esa es mi esperanza.
Un elemento nuevo y fundamental de la reforma que se propone es el pilar solidario, que tiene varios instrumentos, entre otros, la pensión básica solidaria, como se ha dicho aquí, y el aporte previsional solidario. Esos dos componentes, que no existían en el sistema anterior, apuntan en la dirección correcta. Asimismo, hay otros que se contemplan por primera vez, como la imposición patronal, aunque no sea para la corriente central de las pensiones, sino para el seguro de invalidez. También se establece un aporte -que puede aumentar- a las madres por cada hijo, para compensar las desigualdades de género. En fin, hay un conjunto de ideas nuevas.
Sin embargo, yo diría que los dos elementos centrales lo constituyen la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Deseo reiterar aquí lo que manifesté en la Comisión. Creo que se debe fortalecer el pilar solidario. Ello significa discutir el calendario propuesto, cuya transición es muy larga. Eso supone, a mi juicio, subir el umbral del aporte previsional solidario sobre el cual hay un elemento de solidaridad respecto de aquellas pensiones que tienen como origen la capitalización individual, porque introduce un elemento de corrección, de solidaridad.
La pensión que recibe quien tiene un aporte no es la misma que se adquiere producto del propio ahorro y del ingreso en el tiempo laboral. Es decir, se introduce un factor de solidaridad.
Por lo tanto, es esencial fortalecer esos dos elementos.
Y aquí surgen otras ideas, todas razonables. Una de ellas consiste en vincular este debate con la llamada "deuda previsional", que es parte del daño previsional provocado por el sistema anterior.
El conjunto de propuestas que se han escuchado esta tarde, respecto de las cuales podría haber mucha convergencia, va a generar inevitablemente -espero que la primera parte de la discusión se centre allí- un debate estrictamente de índole fiscal con el Gobierno. Porque todo lo que se sugiere aquí cuesta plata.
También propongo que el 2009 las pensiones solidarias de vejez cubran el 60 por ciento de los grupos de menores ingresos (los tres primeros quintiles) y que se eleve el aporte previsional solidario a las pensiones de 200 mil a 300 mil pesos. Ojalá la transición sea más breve.
Ello, al igual que resolver el daño previsional, tiene un costo fiscal. Ese es un debate que no hemos hecho en las Comisiones unidas. Y es importante llevarlo a cabo, porque en función de eso podremos discernir cuáles son las alternativas.
Creo que el país está en condiciones de realizar un esfuerzo mayor.
Los datos entregados aquí por el Senador señor Ominami describen la realidad del esfuerzo que se nos está proponiendo. Y esa no es una discusión de carácter previsional, porque, si bien estamos de acuerdo con el pilar solidario y sus componentes, debemos resolver acerca de los montos, en un caso; de los plazos, en otro, y de la posibilidad de introducir nuevos temas.
Por lo tanto, es indispensable efectuar un debate sobre el aspecto fiscal, porque eso va a dar cuenta de la voluntad real de todos los actores de concretar una reforma lo más profunda posible.
Voto que sí.