El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri por cinco minutos.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en esta discusión deseo abordar, básicamente, dos aspectos.
El primero se encuentra vinculado a una cierta evaluación general sobre la reforma.
Por muchos años he sido muy crítico del actual sistema previsional, que fue implementado en 1980 durante el Régimen militar y que -como dijo el Senador señor Ominami- presenta la particularidad de ser prácticamente único en el mundo. No hay sistema previsional donde el esfuerzo solo sea de capitalización individual.
Sin duda, ese sistema, que ha permitido una administración eficiente de los ahorros previsionales de los trabajadores y que en ese sentido ha tenido un efecto económico positivo como tal, después de 20 años, demuestra un conjunto bastante grande de carencias e insuficiencias en cuanto a coberturas, calidad de las prestaciones, costos de administración, etcétera.
Me parece que no contribuye a la discusión que debemos realizar en el país el comparar a aquel con el viejo sistema, que nadie defiende. Desde estas bancadas nunca hemos vuelto a defender, desde los años 90 en adelante, el sistema previsional caótico que había en la vieja República. Incluso, se hicieron distintos esfuerzos por parte de los Gobiernos de la época para reformarlo, porque efectivamente tenía muchas de las características que se señalan: presentaba un alto costo de administración; era un sistema muy diverso; otorgaba diferentes tipos de prestación, etcétera.
En consecuencia, ese es un argumento retórico que no obedece a nada. Aquí no estamos defendiendo algo que no funcionó, sino viendo cómo se puede modificar un sistema -y en este sentido encuentro razón al Senador señor Ominami- que no cumple con algunas particularidades básicas que tienen los sistemas previsionales en el mundo.
¿Cuál es, a mi juicio, el mérito de esta reforma? Que por primera vez introduce de manera significativa un elemento solidario en el sistema.
Ese es el mérito de esta reforma,…
El señor ÁVILA.- ¡Asistencial…!
El señor GAZMURI.- …que no es solamente asistencial.
Eso significa que a las personas que no han tenido trabajo permanente ni estable -que son muchas en este país- y que, por tanto, no han efectuado cotización individual se les garantiza una pensión básica familiar.
Esto, incluso, implica considerar cuestiones que no estaban en el programa de la Presidenta Bachelet.
Recuerdo que hubo una discusión acá -yo estaba a cargo, entre otros, del programa correspondiente- cuando se planteó lo relativo a la jubilación para las dueñas de casa. En ese momento no nos atrevimos a asumir ese compromiso. Pero hoy día vamos a tener un beneficio para el 60 por ciento de la población mayor de 65 años.
En tal sentido, se rompe también el criterio de la extrema focalización y nos acercamos a derechos relativamente universales.
En segundo lugar, se introduce el elemento del aporte previsional solidario, que alcanza asimismo a la capitalización individual. Además se contempla un conjunto de estímulos a las mujeres, etcétera (no haré una descripción pormenorizada del proyecto).
Lo que rescato de esta iniciativa es la introducción, por primera vez, de un pilar solidario en un sistema que permite solo la capitalización individual.
¿Pero qué limitación presenta la reforma en ese aspecto? A mi juicio -y lo sostengo-, el país está en condiciones de posibilitar que ese pilar solidario sea más fuerte.
Eso lo planteamos en distintas indicaciones. Incluso presentamos varias de ellas con el Senador señor Ominami tanto para establecer un mayor valor de la pensión básica solidaria como para ampliar el límite de sueldos sobre los que opera el aporte previsional: de 200 mil pesos, que contemplaba el proyecto original, a 300 mil.
Ello, con el objeto de que un conjunto muy grande de trabajadores, que han tenido ocupaciones estables, que han contado con salarios sobre la media, que han cotizado de acuerdo con la ley, que perciben pensiones superiores al promedio pero no extraordinariamente altas, recibieran también un aporte solidario.
Es evidente que nosotros no tenemos iniciativa para aumentar haberes. Pero el Gobierno estuvo disponible para disminuir el período de transición, asunto importante, y también para elevar de manera significativa -aunque a mi juicio no la deseable- el límite del aporte previsional solidario.
Eso es lo que avanzamos, y yo lo valoro.
Sin embargo, es indudable que habrá una discusión abierta hacia adelante. Porque una vez establecido el principio del pilar solidario, nada impedirá que lo vayamos fortaleciendo. Y esa será una batalla social, cultural y política de los próximos años.
Yo soy un convencido de que, conforme a nuestras actuales condiciones fiscales, el país es capaz de hacer un esfuerzo mayor al realizado, precisamente para avanzar hacia un sistema previsional más equilibrado, donde el elemento solidario vaya convirtiéndose en lo principal y la capitalización individual, como en todas partes del mundo, sea más bien un complemento.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.- Permítame un par de minutos, señor Presidente.
Ahora, lo relativo al ingreso de la banca, que será la discusión central de hoy, marca un desacuerdo profundo.
Solo deseo señalar que no he escuchado ningún argumento válido por parte de la Oposición.
Argüir que aquí no puede entrar la banca porque se perdería el giro único previsional es un argumento falso. Y lo quiero decir con todas sus letras. Y los que sustentan esa posición deberán responder ante la opinión pública.
Actualmente, el 76 por ciento de los fondos previsionales los gestionan filiales de bancos. Ese es el punto. La AFP Provida, conducida por filiales del BBVA y Banco de Nueva York, administra el 30 por ciento de los depósitos; Bansander, del Banco Santander, el 11 por ciento. Además, la mitad de la propiedad de la AFP Habitat pertenece a Citigroup, Citibank y hoy, además, al Banco de Chile, y AFP Santa María depende de ING.
O sea, la banca se halla en el corazón del sistema previsional: administra más del 75 por ciento de los depósitos y captura a más del 80 por ciento de los afiliados.
Entonces, aquí solo se trata de impedir que entre BancoEstado, ¿con qué razón?
El señor BIANCHI.- ¡Que no entre ninguno!
El señor GAZMURI.- ¡Cómo que no entre ninguno, señor Senador!
¿Van a sacar a los que están?
¿Qué proposición hay para sacar a Bansander?
¡Aquí se está engañando al país! ¡Y lo quiero decir con todas sus letras!
El problema no es la incompatibilidad de giro ni que se vendan paquetes amarrados. Todos esos son riesgos que se deben prever en la ley.
El asunto consiste en que aquí la industria y la Oposición no quieren que exista la competencia de una agencia pública que administre fondos de pensiones.
¡Ese es todo el debate!
Y yo espero que esta tarde tengamos los votos necesarios para asegurarles a los trabajadores la libertad de decidir quién administra sus fondos de pensiones, que son de su propiedad.
He dicho.
……………..
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, este artículo establece las causales por las que se pierden los beneficios que otorga el sistema solidario.
Hay que recordar a la Sala que este básicamente se refiere a la atención básica solidaria.
El otro pilar es el aporte solidario, pero no se aplica a este caso.
O sea, acá fundamentalmente hablamos de las causales por las cuales se pierde la pensión básica solidaria.
La letra a) del artículo 26 del proyecto señala: "Por el fallecimiento del beneficiario.". Esto es evidente.
La letra b) dispone: "Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento.".
Esta materia se discutió bastante. Al final, se votó a favor. La idea es que, si algún beneficiario perteneciente al 60 por ciento más pobre se enriquece de manera sorpresiva, pierda la pensión. Me parecía innecesaria la letra; pero, en fin, va en cierto sentido de la lógica.
El señor ÁVILA.- ¡Tendría que ser por asalto...!
El señor GAZMURI.- Pero la letra c) establece que el beneficio se pierde "Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de Chile por un lapso superior a noventa días durante el respectivo año calendario.". Vale decir, se dispone que si un anciano, un adulto mayor pobre de más de 65 años, está fuera del territorio nacional más de tres meses en un año, pierde la pensión solidaria.
El señor NÚÑEZ.- ¡Absurdo!
El señor GAMZURI.- Creo que es una restricción complemente ilógica, sobre todo en un país donde tenemos mucha migración y parte de ella corresponde a gente de bajos recursos.
La migración chilena es muy económica. Por lo tanto, colocar tal restricción, que no opera para las pensiones originadas en el aporte individual -hay que decirlo claro, porque ni siquiera rige para los que tienen aporte solidario, sino solamente para la pensión básica del mismo tipo-, me parece un criterio discriminatorio, al que no le veo utilidad.
Además, establecería complicadísimos sistemas si alguien quisiera efectivamente hacer cumplir la norma.
Habría que contar con un registro de cuánto están en el país y cuánto en el extranjero los chilenos que tuvieran pensión básica solidaria: podrían ser miles.
Se argumentó -en ello estuve disponible a abrirme a la discusión- en el sentido de que esto podría estimular a los extranjeros a obtener en Chile la pensión básica solidaria y volver después a su país a gozar de sus beneficios. Es decir, sería un impulso a una migración basada en que contaríamos con un sistema previsional -si aprobamos esta iniciativa- bastante mejor que el de la mayoría de nuestros países vecinos, por lo menos para los que pertenecen a los sectores pobres de la población.
Finalmente, la mayoría de la Comisión estimó que esta causal de extinción del beneficio era razonable.
A mí no me lo parece. No veo cuál es el fundamento lógico de la medida. Pienso que hacer cumplir la norma introduciría factores muy complejos de verificación del tránsito de personas entre Chile y el extranjero. En verdad la encuentro completamente innecesaria.
De modo que insisto en que se vote.