El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, todas las apelaciones formuladas reiteradamente a la independencia de juicio, a las convicciones constitucionales, a ser jurados inmaculados no pueden ocultar que estamos frente a una maniobra política. ¡Ello es evidente!
Por ejemplo, el señor Carlos Larraín, quien nos acompaña en las tribunas -le asiste todo el derecho a hacerlo-, manifestó: "¡Vamos a ver cómo funciona la nueva mayoría!". Y no se trata de un ciudadano cualquiera, de un analista político o de un científico social, sino del jefe de uno de los partidos más importantes del país, que cuenta en esta Sala con siete Senadores, que hoy están como jueces impolutos.
Repito: "¡Vamos a ver cómo funciona la nueva mayoría!". Y funcionó. No deseo calificarla, sino solo manifestar que no corresponde a la mayoría nacional. Pero, en fin, si aquella existe, no es para el bien del país, pues ha empezado muy mal. Espero que sea efímera, aunque podría no serlo. Al menos durará hasta la próxima elección general de congresales.
Cabe recordar que en los últimos comicios parlamentarios de ese tipo, la Concertación obtuvo 8 ó 10 puntos más que la Oposición.
Pero, ¿por qué la nueva mayoría -que estará operando durante los próximos dos años- ha comenzado tan mal?
Porque aquí ha habido un intento de cambiar las reglas de funcionamiento del sistema presidencial. ¡Y eso es muy grave! Ello ya ocurrió una vez en el país, durante la llamada "República Parlamentaria", cuando, mediante el uso de resquicios constitucionales de la propia Carta presidencialista de 1833 -como el voto de confianza-, se estableció de hecho un régimen parlamentarista, con un Congreso, además, poco responsable, lo cual terminó en el peor de los mundos.
Me asiste la convicción de que hay que reformar el régimen presidencial, porque no sirve bien al país. Pero, mientras tanto, debe seguir funcionando. Y con el Parlamento y los partidos actuales, un semiparlamentarismo ocasionaría un desastre, desde el punto de vista de un buen Gobierno, porque precisa de otros sistemas de partidos políticos, de representación popular, etcétera.
No se trata de ser agorero ni de levantar fantasmas del pasado. Felizmente, la sociedad actual no es igual a la de 1975 o a la de 1978: ya no estamos en dictadura y existe estabilidad. Pero hay problemas severos en el funcionamiento del sistema político, el cual está empezando a hacer agua por todos lados.
Los partidos políticos están desprestigiados; las disciplinas parlamentarias son difíciles de conseguir, y se alteran las mayorías ciudadanas en el Parlamento, porque la gente puede trasladarse de un sector político a otro distinto sin que nada suceda. Si a lo anterior agregamos la idea del señor Larraín de "hacer operar la mayoría", y esta gana ahora y ello se repite en el futuro, se pondrá en riesgo el fundamento del régimen presidencial que nos rige.
¿Por qué es grave tal situación? Porque se utiliza el mecanismo de la acusación constitucional de manera completamente impropia.
Se ha sostenido hasta la saciedad que en nuestro régimen no existe el juicio político; sin embargo, está el mecanismo de la acusación constitucional. Esta implica un juicio para hacer efectivas las responsabilidades penales, civiles y administrativas en que pudieran haber incurrido los sujetos constitucionalmente acusables en el ejercicio de sus altas funciones.
Evidentemente este mecanismo -como mencionó el abogado defensor Bates en la sesión de ayer- debe ser usado con carácter absolutamente excepcional y subsidiario, cuando no hayan operado las otras instancias llamadas a corregir las responsabilidades penales, civiles y administrativas de todas las autoridades. No queda ningún chileno al margen. Es la ultima ratio, como se señaló ayer, cuando esos otros mecanismos de control no hayan operado, y que solo se funda en el no cumplimiento de la Constitución y las leyes, lo cual es evidente.
Esa es la única cuestión.
Sin embargo, aquí incluso se ha comentado la prudencia o la falta de ella que habría mostrado la señora Ministra al hacer uso de sus vacaciones. ¡Eso es un chiste! Es un juicio político. ¿Acaso dicha Secretaria de Estado no tiene derecho a tomarlas? ¿O el Senador señor García desea que el Senado autorice el descanso de los Ministros, conforme a su criterio en cuanto a la oportunidad en que deben estar aquí o allá? No es casualidad que se señalen estas cosas, porque se opera con el criterio del juicio político. Pero ese es otro tema.
Aquí no estamos convocados a discutir la política educacional, la que es muy discutible, ni el llamado "desorden administrativo" que se registra en materia de subvenciones, que es muy evidente y grave, sobre todo en la Región Metropolitana. Estamos llamados a resolver si la Ministra, personalmente, se ha saltado la Constitución o incumplido la ley. Y ello no ha sido probado por los señores Diputados ayer.
Porque, si analizamos los cinco capítulos de la acusación, el Primero se refiere a la "No corrección de las graves infracciones e irregularidades cometidas por la Secretaría Regional Metropolitana en materia de recursos públicos".
Sobre el particular, cabe señalar que se trata de hechos provisorios, respecto a los cuales están operando todos los instrumentos existentes para corregirlos. ¡Están operando! Hay investigaciones en la Contraloría y procesos judiciales. Porque se supone que no solo habría desorden, sino también corrupción.
Repito: los mecanismos tendientes a corregir tales situaciones están funcionando hoy día bajo la conducción de la Ministra. A lo mejor a los señores de la Oposición no les gusta cómo se llevan a cabo, pero están actuando.
Por tanto, cabe puntualizar que se está vulnerando el carácter excepcional y subsidiario del instrumento de la acusación constitucional, y abusando de él.
En lo relativo al Capítulo Segundo: "No sanción a sostenedores", quiero mencionar que se les han aplicado muchas. La Ministra nunca lo ha impedido y en la sesión de ayer entregó una extensa lista de casos. Ahora, tal vez haya faltado fiscalización, pero ello corresponde a un juicio sobre la gestión.
El Capítulo Tercero: "No destitución del Seremi", ya no se sostiene, porque ella suspendió a tal funcionario en uso de sus atribuciones legales. Puede que no haya gustado su decisión; pero, desde luego, se trata de un juicio político, no jurídico.
Incluso, se sacó a colación la renuncia del Seremi de la Tercera Región. No sé si ello fue un buen o mal gesto. No tengo juicio sobre el particular; pero sí sé que no se nos pide juzgar eso. Porque solicitarle la renuncia estaba dentro de las atribuciones de la Ministra, así como nombrar otro estaba en las de la Presidenta de la República. Y eso se hizo puntualmente.
Como se me termina el tiempo, abreviaré algunos puntos.
El Capítulo Cuarto de la acusación es de una vaguedad total. Invoca distintos asuntos, incluso el de un funcionario que -no sé dónde- dejó de presentar una declaración patrimonial de intereses.
¡Y el último ya es insólito! La Ministra leyó un informe parcialmente. ¡Eso es ridículo! ¡Por eso ella faltó a la verdad! O sea, ¿hay que leer los informes completamente? ¿Vamos a calificar nosotros dónde radica la verdad en el debate público? A lo mejor, el Tribunal Celestial estaría en condiciones de resolver un asunto de este tipo, pero no nosotros.
Por estas razones, votaré completamente en contra de la acusación constitucional, y quedo con la viva preocupación, si se llegara a aprobar, de que afecta uno de los elementos centrales de nuestro régimen político, que es el presidencialismo.
He dicho.