El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, ante todo, considero positivo el hecho de que finalmente las Comisiones unidas hayan aprobado la idea de legislar del proyecto en análisis y que podamos dar curso a un debate que es indispensable y que ha estado detenido en el Senado durante larguísimos meses.
En el fondo, hemos estado prácticamente en todo el lapso que lleva este Gobierno discutiendo esta iniciativa y no hemos avanzado un metro en un asunto al cual todos calificamos de crucial para el futuro del país.
No voy a repetir argumentos, pero creo que está bastante establecido que necesitamos generar una nueva estrategia de desarrollo, que se agota el modelo de crecimiento basado en la explotación relativamente extensiva de nuestros cuantiosos recursos naturales -renovables o no- y que para incorporarnos de manera efectiva a la economía moderna debemos ser capaces de insertarnos en la llamada "economía del conocimiento". Y eso requiere un tremendo esfuerzo en el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y de la innovación productiva, porque es un sistema interrelacionado que lo conforman distintos tipos de actividades y distintos tipos de agentes.
El debate de fondo planteado con la iniciativa en análisis es que la base conceptual sobre la cual se ha logrado el desarrollo del país durante los últimos quince años sería por completo insuficiente. Y esa base conceptual ha consistido principalmente en la idea de que para asegurar un crecimiento sostenido bastaba tener una economía abierta -la hemos abierto al mundo de manera extraordinaria-, establecer condiciones macroeconómicas sólidas y garantizar un Estado capaz de proveer cada vez mejores bienes y servicios, sobre todo a los sectores más necesitados, y políticas sociales intensivas. Y yo creo que en el mundo de hoy día y en la sociedad del capitalismo contemporáneo se demuestra que eso es del todo insuficiente.
Todos los países que tienen éxito económico, de uno u otro modo, formulan estrategias de desarrollo y, por ende, hacen determinadas apuestas productivas, científicas y tecnológicas. Porque el mercado no es capaz de resolver los asuntos estratégicos de las economías. Eso está comprobadísimo.
Por lo tanto, aquí hay un tema muy de fondo. Y felizmente se ha ido generando en el país, de manera diversa, cierto consenso en cuanto a que esta política es indispensable. Antes, en los años noventa, ello sonaba a herejía.
Y todavía hay quienes se preguntan por qué el Estado debe decidir si es microbiología o no, cuando eso lo resuelve el mercado. Y ello tiene una respuesta muy simple: el mercado, en ninguna parte del mundo, resuelve sobre investigación básica, salvo en el caso de algunos grandes conglomerados, como los farmacéuticos, que a veces realizan investigación básica o la compran. Pero en sociedades como las nuestras, sin una base mínima de desarrollo científico no hay innovación. ¡No la hay!
Ahora, no solo basta con la base científica, porque a veces también hay que saber capturar tecnología. Japón, por ejemplo, se desarrolló durante treinta años -claro, el mundo estaba menos globalizado, no existían los derechos intelectuales que tenemos hoy- copiando patentes. Gran parte de la industria nipona en la década de los cincuenta se basó principalmente en la captura de tecnología y no necesariamente en su invención.
Por tanto, aquí es preciso considerar varios aspectos porque no se trata de un único asunto. Es claro que debe existir investigación básica e investigación aplicada. Pero ello solo no basta, porque si eso no llega a la empresa y no se transforma en nuevos productos y en nuevos procesos que se incorporen al mercado, no hay aumento de la competitividad.
Entonces, se trata de construir todo un sistema.
En nuestro país ha habido muchos seminarios sobre el particular. Y aquellos que nos dedicamos a estos temas, de manera particular, hemos podido conocer algunas experiencias clásicas que han sido exitosas en naciones con economías relativamente pequeñas -no vamos a copiar a los grandes conglomerados económicos- como Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, que al comienzo compartían con nosotros un stock de recursos naturales de bastante calidad.
O sea, el tema central es que hay que tener política de desarrollo. Y la moderna política de desarrollo se relaciona con la capacidad de generar una vinculación entre el mercado, el Estado y las universidades para crear una economía del conocimiento. Y no la vieja estrategia de desarrollo donde el Estado constituía un factor directo en el progreso económico, como lo fue, por ejemplo, con la CORFO en los años cuarenta. Hoy, el Estado más bien juega un papel de orientación y de articulación de actores (comunidad científica, comunidad tecnológica, empresas, Regiones, gremios).
Por tanto, se trata de articular un sistema que en Chile está todavía muy poco desarrollado.
Todo el mundo concuerda, se ha dicho aquí, en que si queremos ingresar a la economía del conocimiento, destinando 0,5 ó 0,6 por ciento del PIB a innovación -creo que es un poquito menos porque las cifras están un tanto abultadas- no se camina a ninguna parte en el mediano y largo plazo. Y también estamos de acuerdo en que no es solo un problema de recursos. Porque si no tenemos políticas claras, consensos claros e instituciones adecuadas podemos también gastar muy mal la plata.
Entonces, se trata de ir generando políticas, instrumentos y recursos.
¿Por qué hemos avanzado tan poco, señor Presidente?
Porque desgraciadamente, lo he dicho y lo reitero aquí, este proyecto tiene un pecado original que no hemos sido capaces todavía de resolver. Y los pecados originales, según la vieja teología, son muy difíciles, digamos, de limpiar…
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- ¡Para algunos, imposible…!
El señor GAZMURI.- …claro, son muy difíciles. Al respecto, mi colega Ruiz-Esquide es un teólogo más pertinente que yo.
Pero este pecado original nos ha acompañado más de un año y medio. Y fue decisión -a mi juicio, una mala decisión, pero que compartimos- del Gobierno del Presidente Lagos y de su Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre vincular la mal llamada "ley de royalty" con la ocupación de una parte sustantiva de los recursos para la innovación y competitividad. Ahí se nos generó una contradicción casi insuperable. Yo quiero que la superemos, pero antes deseo explicar cuál es el problema.
En la tradición mundial, la regalía siempre ha estado muy ligada a territorios que producen recursos no renovables en Chile, básicamente, de la minería-, que se agotan. Ese es el sentido: la regalía siempre tiene una vinculación territorial muy fuerte. Carecemos de experiencia en el tema, porque no hemos tenido regalías en el país. Yo conozco bien el caso de Argentina. En esa nación, la regalía para los recursos gasíferos y petrolíferos va en gran proporción a las provincias donde se ubican los yacimientos. Y eso explica por qué, por ejemplo, una provincia pequeña como Santa Cruz tiene un presupuesto tan grande. Incluso, cuando fue gobernada por el ex Presidente Kirchner, acumuló recursos por aproximadamente 500 millones de dólares, que se mantienen en una cuenta en el exterior. Se trata de una provincia de 200 mil habitantes con una regalía minera muy significativa que no se la podían gastar todos los años.
Sin embargo, aquí no hay regalía. Lo que la ley establece es un impuesto específico a la actividad minera. Con razón las regiones mineras reclaman. Si hubiéramos instituido una regalía, a lo mejor habría sido de un monto menor. Y no una que, a precios de mercado, pudiera significar 300 ó 500 millones de dólares. Porque no sería razonable, desde mi punto de vista, que solo esas Regiones se apropiaran, además de todo lo que deja la actividad minera allí, de 500 millones de dólares.
Eso no sería lógico. Porque todas las modernas estrategias de desarrollo territorial apuntan a favorecer también a los sectores que van detrás en el desarrollo.
No quiero formular aquí ninguna contraposición entre campo y ciudad. Pero la Región de Antofagasta tiene salarios promedio 2,6 ó 3 veces superiores a los de la Región del Maule, al igual que respecto de la de La Araucanía.
En la Región del Maule -y también en la de La Araucanía- tenemos los más bajos índices de competividad, porque somos una zona de las más rurales, donde hay menos servicios, menos industrias, y si no se hacen esfuerzos considerables ahí, aunque mejoremos, seguiremos últimos en el ranking.
Por las mismas razones, Sicilia todavía no alcanza a Torino después de 100 años de unificación italiana. El asunto es claro: progresa Sicilia, pero todavía el ingreso medio en el norte industrial italiano es el triple que en dicha ciudad. Y en Chile, está pasando lo mismo.
Yo represento una de las Regiones con más bajos índices en todos los indicadores. Entonces, el tema del equilibrio territorial no se resuelve por la vía de un royalty minero.
Ese es el pecado original al cual hacía alusión.
A mi juicio, debemos llegar a algún arreglo. Por eso, voy a votar a favor del proyecto, pues hemos avanzado en un cierto acuerdo: que respecto de los recursos generados -mal llamados regalías, que no son tales, sino que un impuesto específico- se introduzca en la propuesta del Gobierno, por lo menos, una modificación que permita que el 30 por ciento de ellos se asigne y resuelva regionalmente.
Falta discutir también la destinación regional de los proyectos nacionales, que muchos la tienen. Sin embargo, debo agregar que bastantes iniciativas no son puramente regionales, sino que suprarregionales.
Tengo claro, por mi experiencia regional, que el cluster del vino desarrollado en investigación científica, con la colaboración de las universidades, en materia tanto de viticultura como de vinificación ha permitido la formulación de proyectos que involucran a diversas casas de estudios superiores. Hoy día existen varias de esas empresas en distintas Regiones, por lo menos en la del Maule, de O´Higgins, y en parte de la de Valparaíso.
Por lo tanto, abrigo la esperanza de que aprobando en general la iniciativa podremos llegar a un cierto acuerdo relativo a la institucionalidad, magnitud y distribución de los recursos entre las Regiones, y en cuanto a los fundamentos de la política respectiva.
Ya tenemos como base los informes de la Comisión que presidió el señor Eyzaguirre -cuyo segundo informe a mi juicio es mucho mejor que el primero-; y tenemos un Gobierno que al parecer desea rectificar un segundo pecado original de la referida Comisión: la desconfianza increíble en la necesidad de articular en forma directa a los actores y, particularmente, a las universidades, que de manera incomprensible quedaron fuera del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.
La investigación científica y tecnológica en nuestro país la hacen las universidades en más del 80 ó 90 por ciento de los casos. Sin embargo, el temor apuntaba a que con su integración al citado Consejo iban a querer capturar los recursos, como si fuera un pecado el desear obtenerlos para desarrollar buenos proyectos de ciencia básica.
En ese sentido, lo que hemos conversado con el Ministro de Hacienda en las Comisiones unidas apunta en un sentido distinto: un Consejo que integre efectivamente actores. En definitiva, se trata de acuerdos entre actores reales: empresarios, empresas, Regiones, comunidad científica.
Por lo tanto, tenemos una propuesta del Ministerio respectivo que abarca cuatro puntos. Pero todavía responden a criterios muy generales, los cuales habrá que afinar en la discusión particular.
Finalmente, quiero agregar una sola idea -que plantearé en el debate en particular-. Me parece que, desde el punto de vista institucional, se requiere generar una autoridad política fuerte en el Gobierno, que tenga bajo su mando los dos instrumentos principales con que contamos a nivel central para desarrollar una política de ciencia y tecnología: CONICYT y CORFO.
El hecho de que ambas instituciones dependan de dos autoridades ministeriales distintas ha sido permanente motivo de descoordinación, conflicto, etcétera. El peor de todos lo tuvimos el año pasado con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos, porque nadie pudo explicar el hecho de que, teniendo recursos más que suficientes, se limitaran de manera incomprensible los programas de formación de científicos en el exterior.
Esas situaciones no pueden seguir ocurriendo, pero obedecen al problema de coligación ministerial.
A mi juicio, el Ministerio de Economía debe convertirse en uno de Desarrollo, Ciencia y Tecnología. Esa debería ser la función moderna de nuestra vieja Cartera, que todavía mantiene una denominación que viene de los años 40: Ministerio de Economía, Fomento -a cargo de CORFO- y Reconstrucción (por la relación de esta repartición con el terremoto de Chillán).
En consecuencia, debemos introducir una innovación sobre el particular. Y la denominación de la citada Cartera, no es una cuestión indiferente, porque significa un desajuste, y debería llamarse Ministerio de Desarrollo, Ciencia y Tecnología.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.