El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar básicamente porque considero indispensable discutir una modificación a fondo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el propósito de generar normas que permitan de verdad desarrollar la planificación urbana y territorial del país.
Empero, mi voto a favor no significa que esté en completo acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, que, por cierto, estudiaremos con mucho detenimiento.
Ahora, en virtud de que esta es la primera vez que un Parlamento democrático puede discutir una normativa relacionada con el desarrollo de nuestras urbes, pienso que el debate pertinente debe hacerse dentro de un tiempo razonable, pero no bajo la presión de urgencias muy estrictas. Y esta es una condición indispensable para que aprobemos una buena normativa.
Por lo tanto, voy a ir entregando mi opinión personal en la medida que realicemos la discusión particular.
También va a ser necesario abrir espacios para la participación de todos los actores que tengan que aportar al proceso respectivo. Porque hemos recibido la queja de muchos sectores que piensan que sus opiniones no han sido debidamente recogidas durante el estudio de esta iniciativa.
En consecuencia, propongo modificar la norma según la cual las audiencias públicas comúnmente se efectúan durante la discusión general, para que después los Poderes colegisladores -Parlamento y Ejecutivo- realicen el análisis pormenorizado.
Va a ser indispensable, pues, que la Comisión de Vivienda abra espacios -ella verá cómo- para la participación del conjunto de organizaciones -sobre todo de la sociedad civil y del mundo académico- que deseen aportar en esta materia.
Ahora, señor Presidente, mi única orientación general discurre sobre la base de que la experiencia -lo han dicho otros colegas, cuya opinión comparto plenamente- pone de manifiesto la existencia de una absoluta distorsión en materia de planificación urbana, donde el mercado -y cuando hablo de "mercado" me refiero principalmente a la industria inmobiliaria- es el que determina en último término el tipo de ciudades en que los chilenos y chilenas vivimos.
Esa es la cuestión.
O sea, como tendencia general, estamos construyendo urbes a imagen y semejanza de los intereses del mercado inmobiliario. Y eso genera el fenómeno que vemos esencialmente en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas y medianas: segregación hasta el extremo.
Nuestras grandes urbes son de las más segregadas del mundo social y espacialmente: barrios para pobres, para pobres medios, para medios bajos, para medios medios, para medios altos, para altos altos. Es decir, nos hallamos a un nivel de segregación física por completo incompatible con una sociedad integrada y fundamentalmente democrática.
Frente a ello, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sobre todo, ha intentado desarrollar no solo construcción, sino también barrios. Pero las restricciones son brutales, y los problemas económicos, muy complejos.
Por tanto, aquí tenemos que entrar a una discusión muy de fondo, pues en nuestro país la ecuación, clave de toda la política contemporánea, entre mercado, sociedad y Estado -este último, como regulador de los intereses del bien común y, además, descentralizado-, está completamente desbalanceada en favor del primero, sobre todo en la dimensión territorial urbana. A mi juicio, ese debe ser el eje que oriente el debate.
Sin duda, existe un conjunto de aspectos técnicos muy centrales. Pero, en mi concepto -y creo que los Senadores de estas bancas vamos a orientar nuestra participación en ese sentido-, el esfuerzo central radica en cómo corregimos la distorsión que ha tenido lugar y en cómo entregamos a la sociedad organizada, a la sociedad civil, y al Estado, desde el municipio hasta el gobierno regional y el gobierno central, como representantes del bien común y de la democracia, finalmente, una palabra tendiente a resolver de qué manera y en qué ciudades queremos vivir.
Porque ese es el punto: hasta dónde los ciudadanos, a través de los instrumentos de que se dispone en la sociedad civil y de los democráticos del Estado, vamos a tener o no alguna influencia para determinar el hábitat social, ecológico, natural y económico en el que deseamos vivir.
Hoy día, en lo fundamental, ello nos viene determinado desde afuera.
Pienso que esa es la importancia radical de la iniciativa.
Espero que hagamos acá un buen trabajo. Así que anuncio -como señalé- mi voto a favor de la idea de legislar, al igual que la orientación general por la cual el Senador que habla, al menos, guiará su opinión y su pronunciamiento sobre los aspectos particulares del proyecto.