Cinco años les costó a Hernán Larraín y Jaime Gazmuri sacar adelante la iniciativa.
Los autores de la normativa reconocen que las revelaciones de sueldos y gastos del aparato público pueden desatar una avalancha de acusaciones en medio de la campaña electoral. Mientras el senador UDI espera que no exista una caza de brujas, su par socialista valora la decisión de La Moneda de transparentar sus acciones.
NELLY YÁÑEZ y MARIELA HERRERA
El 16 de marzo de 2004, apenas el UDI Hernán Larraín asumió la presidencia del Senado, convocó a sus oficinas en Valparaíso al socialista Jaime Gazmuri. ¿El objetivo? Solicitarle apoyo para un proyecto sobre transparencia y acceso a la información pública, en el que venía trabajando sin respaldos desde 1996, iniciativa que el lunes 20 fue lanzada en todos los portales del aparataje estatal, dejando al desnudo desde cuánto gana la Presidenta hasta las compras de flores y lápices de La Moneda.
La anuencia de su interlocutor era clave. No sólo porque le quitaba los estigmas a la iniciativa -la Concertación miraba con recelo publicar sus gastos, por temor al uso político de esos antecedentes por sus detractores-, sino que Gazmuri le otorgaba además un sello institucional a la cruzada por su condición de vicepresidente de la Cámara Alta.
El ejemplo de la transformación que demandaban debía partir por casa. Así fue como la primera tarea a la que se abocaron consistió en reformular la página de internet del Senado para publicar cuánto ganaban los parlamentarios, qué iniciativas presentaban, qué viajes hacían y si asistían o no a las sesiones.
En paralelo buscaron el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto sobre transparencia. Clave en esos contactos con la administración Lagos fue Gazmuri. Pero, al final, después de una seguidilla de reuniones en Palacio, las tratativas fracasaron. La Moneda no estaba dispuesta a avalar una orgánica autónoma de fiscalización, el actual Consejo de Transparencia, pieza fundamental para vigilar el cumplimiento de la ley.
Sin el auspicio del Ejecutivo, los congresales optaron por presentar en solitario el proyecto, en enero de 2005, arriesgándose a resultados peregrinos. Ambos, por esos días, debieron además dejar la testera del Senado tras cumplir su período.
Pero Larraín asumió un puesto clave para el avance del proyecto: la jefatura de la Comisión de Gobierno, desde donde logró su aprobación y el paso a la Cámara de Diputados.
"Ahí todo se estancó... durmió el sueño de los justos", dice el senador UDI.
No obstante, los escándalos por Chiledeportes y los programas de empleo que estallaron en la administración Bachelet catapultaron a la Mandataria a reactivar la iniciativa como vía para inhibir casos de corrupción y hoy permite que cualquier persona conozca cuánto ganan las autoridades y funcionarios, en qué se gastan las platas del Estado y qué tipos de contratos se visan.
Uno de los más llamativos es el financiamiento vía subvenciones de La Moneda a fundaciones ligadas al oficialismo. Las sumas en este ítem alcanzan los $824.697.034. Algo similar ocurre con entidades relacionadas con orgánicas de Derechos Humanos y cultura, donde las cifras ascienden a $818.876.801 (ver infografías).
Los miles de visitas al banner de "Transparencia activa" y el que unas 700 u 800 instituciones ya hayan publicado sus datos hacen que Larraín y Gazmuri no escondan satisfacciones, tal como lo constató "El Mercurio" el jueves, día en que se encontraron en la Séptima Región, zona que representan.
A pesar de las diferencias ideológicas que los separan, hoy están unidos.
"Tenemos un hijo en común", grafica sonriendo Gazmuri, mientras Larraín complementa que las cosas han salido tan bien que "la creatura ya está empezando a moverse".
Hay conciencia, en todo caso, de que existen ripios. La búsqueda de información todavía no es amigable y por ahora sólo se está fiscalizando la entrega de los datos, no si éstos son fidedignos, aunque no hay ánimo de castigos.
"Debe haber una suerte de marcha blanca, con partes de cortesía para quienes no hayan cumplido con todo lo que obliga la ley. Ahora, si hay ocultamiento deliberado o falseamiento de la información es distinto. Ahí, el Consejo de Transparencia debiera tener una actitud más dura", opina el senador UDI.
Gazmuri subraya, en todo caso, que si las consultas no son respondidas en los plazos (20 días como máximo, prorrogables por 10 más), los multados serán los jefes de servicio con un 20 o un 50% del sueldo.
En lo político están conscientes de que el asunto es complejo. Y que la más afectada es la Concertación, pues debe exponer información que hasta ahora permanecía reservada y que puede llegar incluso a comisiones investigadoras, como ya lo está anunciando la oposición, justo en un año electoral.
Pese a ello, Gazmuri prefiere quedarse con los objetivos de largo plazo. "Estamos -dice- rompiendo siglos de secretismo, y eso es una transformación muy profunda. Todavía no alcanzamos a darnos cuenta de los efectos que esto va a traer en el tiempo".
Para el senador UDI, el paso dado esta semana constituye una "revolución histórica" y hace ver que para la Alianza el asunto tampoco es fácil. Incluso revela que un amigo le dijo que cómo se le había ocurrido hacer esto justo ahora que tienen posibilidades de ser gobierno.
Curiosidades
Una verdad incómoda
Al buscar los montos que la Presidencia ha entregado en subvenciones y a quiénes van destinados esos recursos, aparecen en la extensa lista -además de corporaciones ligadas a partidos políticos, institutos de beneficencia, agrupaciones culturales y vecinales- singulares datos.
Uno de ellos es la subvención que se entregó, el 17 de enero de 2008, a la "Fundación Tatiana Merino Moya" por un total de $100.927.000. La ex vedette ha estado en medio del comidillo farandulero por dejar inconclusa una casa de acogida para artistas retirados que montaría con esos recursos. Según ha aclarado por estos días, le habría traspasado la obra a un tercero.
Otra curiosidad, pero vivida en el aparato público, fue lo que ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas.
Conscientes de la compleja fama que le dejó el caso MOP-Gate, el titular de la cartera, Sergio Bitar, se preparó para el transparente debut: conformó un equipo especial y renovó la página web con meses de anterioridad. El viernes, satisfechos, se ufanaban de ser el segundo ministerio en el ranking de metas cumplidas. Pero quien se llevó los honores en la primera "Medición de Cumplimiento Formal" que realizó el Consejo de Transparencia fue