Lo sustantivo de la Ley que establece un nuevo marco institucional para CODELCO, es que mejora las condiciones que aseguran el desarrollo de una de las empresas cupríferas más grandes del mundo. Respecto del proyecto de ley de nuevo Estatuto de CODELCO, lo que me ocupa y preocupa son tres aspectos fundamentales. Lo primero es un tema que no tiene que ver necesariamente con la conducción de la empresa, pero sí con una imposición de la ley - y por tanto afecta su estatuto corporativo futuro - completamente indebida para una empresa productiva: la obligación de destinar el 10% de las utilidades al financiamiento de las adquisiciones militares. Felizmente, El segundo tema que me inquieta es cómo garantizamos que en una empresa de esta magnitud haya un adecuado nivel de inversión evitando que éste sea un simple elemento de ajuste fiscal. Debe imponerse una lógica que permita que CODELCO se desarrolle y que su nivel de inversión asegure su competitividad en mercados nacionales y mundiales. Aquí hay que compatibilizar dos criterios: el primero, que la empresa y su directorio tengan una capacidad de gestión que le permitan proyectar la empresa a largo plazo. Y, como en toda empresa de esta magnitud, el directorio no puede ser completamente autónomo del dueño, que es el Estado, representado por el Gobierno, el asunto es establecer en la ley una normativa que garantice estos dos elementos: que la empresa tenga un nivel adecuado de fondos de inversión y de reserva, y que el Estado, a través del Gobierno, tenga una palabra que decir respecto de esta materia. El último punto al que quiero referirme es a Sin embargo, considero que este tema no está suficientemente bien resuelto en el texto porque al no derogarse otras disposiciones legales, las atribuciones de la Superintendencia, las de COCHILCO, y las de la Contraloría podrían enredarse. Tampoco se aclara cuáles son las atribuciones fiscalizadoras que eventualmente pudiera tener al Cámara de Diputados. Por tanto, creo que en esta dimensión, el Congreso debería hacer un esfuerzo por establecer un acuerdo. Entiendo que hay una necesidad de transparentar gestión e informaciones. Tenemos una sociedad que quiere cada vez más transparencia y yo recojo eso. Pero esa necesidad de transparencia no puede traducirse en que la mayor empresa de todos los chilenos, se vea sujeta a un régimen de fiscalización que la ahogue y que, por esa vía, se alcen las voces privatizadoras que siempre están al acecho. |