Creación de Ministerio, Servicio de Evalucación Ambiental y Superintendencia de Medio Ambiente

El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Deseo recordar que el Orden del Día finaliza a las 19:25, restando aún seis señores Senadores por intervenir.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Seré muy breve, señor Presidente, porque la verdad es que el debate ha sido largo y el asunto lo tendremos que ver después en particular.

Voy a votar a favor de la iniciativa, porque me parece que avanza en términos de generar una institucionalidad medioambiental que, obviamente, el país necesita desde hace ya bastante tiempo.

Debo consignar que el Gobierno la envió un poco tarde al Congreso, porque nos obliga, si queremos despacharla antes del término del período legislativo -vale decir, durante enero-, a trabajar con bastante intensidad, lo que en los meses que vienen no será muy fácil.

Sin duda, muchas de las observaciones que se han hecho aquí son perfectibles. Y, por lo tanto, participaré con indicaciones tendientes a vigorizar la institucionalidad que estamos creando.

Formularé solo dos comentarios generales.

Uno de ellos es que creo que procede el establecimiento de un equilibrio entre la fortaleza del sistema público, orientado a defender la sustentabilidad de nuestro desarrollo, y la naturaleza inevitable y necesariamente política de un Ministerio del Medio Ambiente.

En algunas intervenciones advierto la tendencia a configurar una suerte de organización supragubernamental que vele por el medio ambiente, conforme a un símil -se hizo hasta una analogía al respecto- con el Banco Central. Creo que es una discusión que debemos realizar bien a fondo.

Soy de los que reconocen que el Instituto Emisor posee prestigio, evidentemente, y mucha importancia, pero ostenta un exceso de atribuciones en la conducción económica. Por lo tanto, no quisiera generar una institucionalidad ambiental que no tuviera que ver con la conducción política. Pienso que ahí debemos llegar a un equilibrio que sé que es difícil, pero, con la suposición de una autoridad ambiental completamente autónoma -el problema resulta muy complejo-, llegaríamos a la negación del principio de la responsabilidad política de los gobiernos. Y con ello, como criterio central de la construcción del Estado, no estoy de acuerdo.

Lo digo aquí porque veo, con cierta alarma, que es una tendencia que se está expandiendo. Entiendo la causa: tiene que ver con la ineficacia de los sistemas de gobierno y de los Congresos para dirigir bien las cosas. Es algo real que muchos de los mecanismos de gestión gubernamental son muy ineficientes.

Lo hemos visto en materia de medio ambiente durante todos estos años. Cada uno de nosotros puede relatar aquí su experiencia, incluso como parlamentario, al enfrentarse a una institucionalidad muy mal hecha. Por mi parte, puedo citar el ejemplo concreto de la Central Termoeléctrica Los Robles, de 800 megavatios, en una Región que produce 30 por ciento de la hidroenergía nacional y donde ya el costo ambiental, por así decirlo, lo ha pagado con creces en su contribución a nuestro desarrollo energético.

Y ello obedece a una institucionalidad ambiental en la cual la autoridad política no tiene ninguna capacidad de determinar la localización territorial de las plantas. Lo único que hace es medir índices de impacto, los cuales, además, la mayoría de las veces son mucho más bajos -lo expresó bien aquí el Senador señor Girardi- que los de países que queremos emular.

Entonces, ninguna autoridad -ni el Gobierno, ni la Presidenta de la República, ni menos el gobierno regional y el Ministerio que vamos a crear- puede determinar dónde se instalan o no centrales de cualquier tipo sobre la base de una decisión de preservar ciertos territorios o de compartir externalidades negativas entre distintas Regiones, etcétera.

Soy muy crítico de lo que hemos realizado. Pero ello no me lleva a pensar que en los problemas complejos tenemos que generar organismos demasiado autónomos de la conducción política. Eso ya se ha intentado y corresponde a la vieja idea de Platón del "gobierno de los sabios", de quienes saben hacer bien las cosas. Y aunque ese puede ser un modelo teórico bastante atractivo, no creo que sea práctico.

Y segundo, yo lamento -y esta es una observación particular- que en este proyecto no se haya podido resolver la antigua cuestión de la anomalía institucional que significa la CONAF. No sé si en el Senado exista el ánimo de crear condiciones políticas para que el Gobierno pueda proceder en tal sentido, porque entiendo que los asuntos que hay que solucionar se hallan más o menos claros después de veinte años.

Tenemos una institución irregular. La Corporación Nacional Forestal no posee estatuto de organismo público pero cumple funciones públicas. Es una anomalía completa que se arrastra desde su creación, en los años sesenta-setenta, cuando los Gobiernos de la época quisieron que fuera así por otras razones. Pero ya han transcurrido 40 años y hay una definición más de fondo que adoptar a propósito de esta iniciativa: si en el país debe haber un solo organismo preocupado del fomento productivo forestal y de la administración del patrimonio silvestre, o si estas dos funciones deben estar a cargo de instituciones distintas.

En mi opinión, debiera haber un organismo que tuviera como misión fundamental la administración de los bienes patrimoniales relacionados con la biodiversidad -aspecto vinculado al Ministerio del Medio Ambiente más que a cualquier otra entidad-, y una institución orientada al fomento productivo forestal, con una perspectiva también sustentable, establecida en algún lugar que hoy no está muy claro, pues, como hemos ido reformando el Estado por partes y con parches, no contamos con una institucionalidad de fomento productivo que esté de acuerdo con los tiempos que vivimos.

Hoy, la actividad de fomento productivo del Estado -esencial, a mi juicio, para las etapas que vienen, por las concepciones neoliberales que muchas veces han estado dominando la conducción económica- presenta, desde el punto de vista institucional, un conjunto inmenso de órganos diseminados en diferentes Carteras. No hay un Ministerio encargado de orientar lo que antes llamábamos "fomento productivo" o "estrategia de desarrollo nacional". Dicha función se encuentra repartida en distintas Secretarías de Estado y organismos. Sin embargo, comprendo las dificultades que se le deben plantear al Gobierno frente a una eventual división de CONAF: ¿Dónde poner el fomento productivo forestal? ¿En Agricultura? Porque el fomento productivo de la pesca artesanal está en Economía, y los instrumentos fundamentales, en la CORFO. ¿Por qué no entonces en esta última? Porque, efectivamente, ahí tenemos una institucionalidad que también hay que reformar muy a fondo, cosa que este Gobierno ya no alcanzará a hacer.

Por lo tanto, entiendo que estamos ante un problema que tiene que ver con todas estas realidades.

Primero, hay un tema histórico, cual es la naturaleza jurídica de CONAF, que no corresponde a las funciones que ella posee -no es, claramente, un servicio público, pero tampoco es privado porque realiza funciones públicas, problema que ha sido eludido aquí por distintas autoridades-. Y segundo, tenemos la discusión pendiente sobre si se debe separar la actividad de fomento productivo forestal de la que dice relación a la preservación y la gestión de nuestro patrimonio silvestre.

Si logramos avanzar al respecto en el escaso mes y medio que nos queda de trabajo legislativo, creo que habremos efectuado una gran contribución.

He dicho.