Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 11 de marzo quedó el proyecto, en segundo trámite, que modifica la institucionalidad de protección a la libre competencia. Ello, luego de que el Senado aprobara la idea de legislar sobre la iniciativa que fortalece las atribuciones que debe tener la Fiscalía Nacional Económica, en su calidad de órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados y del propio tribunal.

 

Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Orpis, Guillermo Vásquez, Carlos Ominami y Juan Antonio Coloma, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar esta entidad considerando los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de concentración económica y globalización.

 

El senador Jaime Orpis, presidente de la Comisión de Economía informó detalladamente sobre el proyecto que modificó la definición de conductas anticompetitivas, en el sentido de que ya no se quiere demostrar intencionalidad de las conductas y se abrió la posibilidad de ampliar esta conducta a casos de abuso colectivo.

 

Por otra parte, se establecieron una serie de restricciones y nuevas remuneraciones de los integrantes del tribunal quienes tendrán dedicación exclusiva, con un sueldo fijo equivalente al del Fiscal Nacional Económico. Asimismo se dispuso un nuevo mecanismo de remoción del Fiscal y se entregaron mayores facultades tales como, la realización de estudios de mercado indagaciones preliminares y la posibilidad de solicitar allanamientos, incautación de documentos e intercepción de comunicaciones.

 

Se contemplan también acuerdos extrajudiciales con agentes económicos involucrados en una investigación y la adopción de medidas preventivas que incrementen la transparencia en los mercados, ambos mecanismos requieren la aprobación del Tribunal en 15 días hábiles.  

 

Finalmente, se aumentó el tope de las multas por vulneración a la libre competencia de 20 mil a 30 mil Unidades Tributarias Anuales, es decir, de unos $8.256 millones a $12.384 millones, y se introdujo un sistema de delación compensada para los carteles o asociaciones para vulnerar las normas de libre competencia.

 

Frente a este último tema, el senador Orpis admitió que la delación es un tema polémico pero aseguró que se trata de una figura legal que se extiende cada vez más, porque en general, las legislaciones apuntan a otorgar un incentivo para la investigación con una figura de esta características”.

 

Por su parte, el senador Guillermo Vásquez, aseguró que éste es un proyecto indispensable para la nueva economía porque efectivamente existen posiciones dominantes en los mercados. A modo de ejemplo advirtió que en Chile, 3 bancos concentran el 74% de créditos; hay 4 Administradoras de Pensiones que concentran los fondos y pese a que tenemos uno de los más altos niveles de conectividad existen muy pocos proveedores de Internet.

 

Por ello, aseguró que se requiere un reforzamiento de las facultades de Fiscalía Nacional Económica y la independencia del Tribunal de la Libre Competencia y recordó que a propósito de la discusión de la reforma previsional “hice ver la gravedad de que las AFP tengan una rentabilidad del 40% anual, muy por sobre el promedio de cualquier otra empresa en el país”.

 

En tanto, el senador Carlos Ominami valoró la labor que ha desarrollado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia porque “todos los temas relativos a la concentración económica son críticos en un país pequeño como el nuestro”.

 

Aseguró que “este proyecto es un aporte para perfeccionar la independencia y para fortalecer las atribuciones”, sin embargo, precisó que “las medidas adoptadas para descongestionar y acelerar los trámites de consultas son insuficientes”, por lo que destacó la necesidad de impulsar un procedimiento ágil que permita la resolución extrajudicial y de eliminar trámites innecesarios.

 

Finalmente, el senador Juan Antonio Coloma, si bien compartió “el sentido constructivo que tiene esta modificación” dejó constancia de su preocupación por la norma que obliga a informar ante la Fiscalía Nacional Económica cualquier hecho o acto relevante relativo al cambio de propiedad de un medio de comunicación social, ya que se trata de un atentado a la libre expresión.

 

Asimismo, solicitó una “reflexión más profunda sobre la figura de delación compensada, que anteriormente fue objeto de un profundo debate en el Congreso con motivo de ley de drogas. En esa oportunidad se entendió que esta figura era excepcional en casos tan dramáticos como el narcotráfico”.