Un informe jurídico para determinar en qué cuerpo legal es pertinente incorporar modificaciones que permitan ampliar el ámbito de las sanciones por delitos de violencia intrafamiliar, solicitó la Comisión de Constitución a objeto de que las relaciones de pareja estables, en las que no exista convivencia, también queden protegidas de los delitos de maltrato y violencia.

 

La instancia que preside el senador José Antonio Gómez discutió tres proyectos que apuntan a agilizar la investigación de las denuncias por maltrato y a ampliar el ámbito de aplicación de las sanciones por violencia intrafamiliar.

 

Se trata de dos mociones, una del senador Camilo Escalona y otra del senador Carlos Bianchi, que modifican el concepto de violencia intrafamiliar y de maltrato habitual, haciéndolo extensivo a las relaciones en las que no necesariamente existe convivencia.

 

Según el senador Gómez, “la Comisión asumió como una buena idea que se establezcan criterios de sanción y de rehabilitación no sólo al concepto actual de violencia intrafamiliar, sino que también se incorporen aquellas relaciones de pareja que son estables pero que no conviven bajo un mismo techo, porque muchas veces hay pololeos de larga data en que también se genera violencia”.

 

 

No obstante, precisó, que es necesario aclarar si una disposición en esa línea se incorporará a la Ley de Violencia Intrafamiliar o si se establecerá en el Código Penal como una circunstancia agravante.

 

“Pedimos opinión jurídica para los efectos de ver en qué texto legal es más pertinente considerarlo, pero en la idea en general estamos de acuerdo”, dijo.

 

AGILIZAR INVESTIGACIÓN

 

La otra iniciativa que se analizó es una moción de un grupo de diputados, encabezado por Juan Bustos, que pretende que sea el Ministerio Público el que inicie la investigación de los delitos de maltrato habitual y que no se tenga que ir primero a los Tribunales de Familia.

 

Al respecto, el senador Gómez explicó que cuando se aprobó la ley que creó los Tribunales de Familia, se pensó que derivar la investigación de esos delitos a la Fiscalía podría generar un colapso, razón por la que se decidió dejarlo en manos de los juzgados especializados.

 

Sin embargo, los senadores acordaron solicitar un informe al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia donde se grafique el impacto que generaría en la carga de trabajo de los fiscales, el traspaso de causas, “porque lo que no podemos hacer es trasladar el colapso de los Tribunales de Familia al Ministerio Público”.

 

El parlamentario agregó que “estamos todos preocupados de los hechos de violencia y de las muertes que se han producido. Creemos que es indispensable legislar bien y no apresuradamente. Por eso que hemos pedido toda la información necesaria, porque si aprobáramos la norma tal como está, eso significaría que son más de 80 mil causas que recibe el Ministerio Público”.

 

PUEBLO INDÍGENA

 

Paralelamente al estudio de las iniciativas para sancionar la violencia intrafamiliar, la Comisión de Constitución analizó tres proyectos de reforma constitucional que apuntan a darle un reconocimiento al pueblo indígena.

 

Se trata de una moción de un grupo de diputados; un proyecto del Ejecutivo para reconocer a los pueblos indígenas, y una moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Allamand, Carlos Cantero, José García y Sergio Romero que reconoce el aporte de los pueblos originarios en la conformación de la nación chilena.

 

“Los tres  proyectos apuntan al reconocimiento del pueblo indígena, pero hay una discusión muy amplia sobre la materia, por eso acordamos volver a analizar este tema y ver los puntos de acuerdo que tienen estos proyectos, para luego fijar un calendario de audiencias para escuchar opiniones antes de votar”, sentenció.