Hace algunos días el Gobierno se abrió a la posibilidad de reducir el impuesto a los combustibles, una medida que diversos sectores han venido proponiendo en el último tiempo. En efecto, el 13 de agosto pasado, es decir, hace más de cinco meses, sostuve una entrevista con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en la que le propuse un conjunto de iniciativas destinadas a apoyar a los sectores más necesitados de nuestra población y a las pequeñas empresas y sus trabajadores.
Concretamente, unos de mis planteamientos fue rebajar el impuesto específico a las gasolinas en un 20%, de manera de beneficiar a los consumidores con una disminución de cerca de un 10% en el precio final de estos productos y con ello contribuir a controlar la inflación, y a bajar los costos en que incurren muchos sectores productivos y un vasto sector de la población.
Hoy, dada la actual coyuntura, insisto en la necesidad de dar pasos sustantivos en esa dirección. Hay varias razones que así lo recomiendan. En primer lugar, en los últimos meses los precios de los combustibles han registrado un considerable aumento, producto del alza que han experimentado los hidrocarburos en los mercados internacionales y que incluso provocó que el valor del petróleo sobrepasara los US$ 100 el barril. Sin duda que este escenario resulta muy perjudicial para Chile, dado que importamos sobre el 95% del petróleo que el país consume.
Pero, aquí también nos encontramos con un segundo factor: el impuesto específico que grava a los combustibles fue creado a mediados de los años ochenta con carácter transitorio, para utilizar los recursos que se derivasen del gravamen en la mantención y reparación de la infraestructura dañada por el terremoto que azotó a la zona central el año 1985.
Sin embargo, si atendemos a su origen, este tributo hoy no se justifica, pues hoy ese objetivo se cumple mayoritariamente a través del mecanismo de las concesiones. Si fuera así, en Santiago, por ejemplo, tendríamos calles y avenidas en buenas condiciones y más expeditas, como ocurre precisamente con las autopistas concesionadas.
Tampoco resulta comprensible sostener en su actual nivel este impuesto, porque compensa las externalidades negativas derivadas del uso del automóvil. Este es un argumento que si bien tiene cierta lógica es discriminatorio, ya que el gravamen al diésel es menor, en circunstancia que este combustible emite más material particulado y, por lo tanto, es mucho más contaminante.
Y, en tercer lugar, creo que disminuir la carga impositiva es más eficiente que seguir aportando recurso al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo y los Combustibles (Fepc), el que hoy no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Como se sabe, este instrumento, fue creado con motivo de la Guerra del Golfo, en 1991, con la finalidad de contener las alzas que sufrió el valor del petróleo producto de la inestabilidad causada por dicho conflicto.
Desde entonces, ha funcionado mediante la inyección periódica de dinero, pero en la práctica se ha convertido en un subsidio que distorsiona artificialmente las señales de precios, que no contribuye a que las personas modifiquen sus hábitos de consumo y exige al Estado a destinar cada cierto tiempo una cantidad considerable de recursos que se podrían invertir en otras necesidades.
En consecuencia, estimo que este es el momento preciso para hacer un uso más eficiente de los instrumentos que tenemos a mano y así también aliviar los bolsillos de los consumidores, en este caso los automovilistas, en un escenario en que, a pesar del alto valor alcanzado por los hidrocarburos en los mercados internacionales, hoy también contamos con un histórico superávit fiscal. Espero que a la brevedad podamos tener buenas noticias en esta materia.
