“Uno de los mayores problemas que tiene el país es la falta de capacidad para anticiparse a las situaciones de catástrofe o de riesgo para las personas”, así lo afirmaron los senadores Sergio Romero y Mariano Ruiz-Esquide, integrantes de la Comisión de Obras Públicas, luego de escuchar la exposición que realizó ante la instancia, la directora de ONEMI, Carmen Fernández.

 

El senador Romero indicó que “hubo coincidencia en que ante sequías, inundaciones y terremotos no existen los mecanismos metereológicos y científicos adecuados para prever estos fenómenos y mitigar sus consecuencias”.

 

En ese sentido, el parlamentario dijo que “estos procedimientos tienen que ser perfeccionados con mayor fuerza porque basta comparar nuestros sistemas con los que tienen otros países y se observa un desarrollo mucho mayor en estas materias”.

 

Recordó que “personalmente he sido crítico porque creo que, por ejemplo, esta sequía se pudo haber anticipado con mayor tiempo. Inicié una campaña en septiembre respecto al tema del agua en Petorca y la autoridad vino a reconocer el problema casi en enero, ésta es una demostración de que algo falla en nuestros mecanismos de detección de emergencia y eso nos obliga a buscar la manera de perfeccionar esta situación”,

 

En cuanto al proyecto en segundo trámite, que implementa una operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas de ríos, el senador Sergio Romero advirtió que “tenemos que ser muy cuidadosos con el marco legal que se pretende crear, porque los embalses no fueron construidos para evitar las crecidas y durante el debate de esta iniciativa se ha demostrado que no existe una relación causa-efecto en que los embalses sean los causantes de las inundaciones”.

 

Además, “si desmantelamos estos mecanismos o sobre regulamos el sector podemos afectar el abastecimiento energético que hoy día sufrimos ya que no existe agua en los embalses”.

 

CONSTRUCCIÓN A LO LARGO DE RÍOS

 

Por su parte, el senador Mariano Ruiz-Esquide, coincidió con su par en el sentido que “el punto central es que no hay un sistema de alerta temprana en general de emergencias, y tampoco la alerta puede ser transmitida razonablemente a la población”.

 

Agregó que “también tenemos que programar cómo vamos a ir planificando los emplazamiento en las áreas ribereñas a lo largo del tiempo. No podemos seguir construyendo a lo largo de los ríos, hay que ver cómo podemos garantizar que tengamos un uso más adecuado del suelo”.

 

En ese sentido, admitió que el proyecto sufrirá una serie de modificaciones para perfeccionar su ámbito de acción en la detección temprana de emergencias y en las medidas de prevención que protejan a la población.

 

Cabe señalar que, la iniciativa tuvo su origen en la crítica situación que afectó a la Provincia del Bío Bío con las inundaciones de julio de 2006 y permitirá la detección temprana de riesgo de condiciones climáticas, especialmente de lluvias intensas que puedan incrementar extraordinariamente los caudales de ríos, y la adopción de medidas preventivas tendientes a impedir o al menos mitigar sus efectos perjudiciales sobre la población.

 

Para lograrlo, se fortalecen las potestades públicas de la Dirección General de Aguas (DGA), y se obliga a las empresas operadoras de embalses, sean éstas de uso hidroeléctrico o de riego, a posibilitar que dicha infraestructura sea utilizada como un dispositivo mitigador de los efectos de inundaciones, mediando la correspondiente coordinación entre ambos agentes.

 

El proyecto, además,  busca dotar a la autoridad, actuando en coordinación con los operadores privados de los embalses de control, de las herramientas necesarias para afrontar las contingencias o riesgos de crecidas de los cauces por razones climáticas.

 

Así se podrá utilizar la infraestructura hidráulica existente, en particular el control de los embalses, como regulador de caudales, y aminorar, aún cuando sea en parte, los impactos de las crecidas extraordinarias o desmedidas de los caudales.