Con el voto de mayoría el Senado le solicitó a la Presidenta de la República instruya a la Agencia Nacional de Inteligencia y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, a objeto de que reúnan la información necesaria sobre la operación, financiamiento, control de armas y vínculos con el extranjero, que puedan tener las agrupaciones y participantes involucrados en los actos de violencia ocurridos en Santiago y La Araucanía.

 

Esto tras aprobar con 15 votos a favor, 5 en contra y la abstención del Vicepresidente del Senado, Carlos Ominami, un proyecto de acuerdo en esa línea, presentado por los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Baldo Prokurica y Sergio Romero.

 

Respaldaron la solicitud los senadores Jorge Arancibia, Carlos Bianchi, Carlos Cantero,  Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica y Sergio Romero.

 

En contra, votaron los senadores Nelson Ávila, Jaime Gazmuri, Guido Girardi, Alejandro Navarro y Ricardo Núñez.

 

En lo fundamental, el texto señala que el Senado manifiesta “su reconocimiento a la voluntad mayoritaria del pueblo mapuche a vivir en paz y a integrarse a la sociedad, como actores y protagonistas de su desarrollo”.

 

PERSEGUIR RESPONSABILIDADES

 

Además de solicitar que se persigan las responsabilidades por los actos de violencia ocurridos hace en la Región Metropolitana y en La Araucanía, se expresa el “más enérgico rechazo” a esos sucesos y se solicita “la más enérgica aplicación de la institucionalidad vigente y así garantizar el estado de derecho y el bien común de la nación”.

 

El proyecto de acuerdo también insta a la designación de un Fiscal especial del Ministerio Público, que investigue e instruya un proceso para aclarar y sancionar las conductas terroristas que se han venido desarrollando en el país, las que ponen “en jaque la vida de las personas, sean nacionales o extranjeras”.

 

Asimismo convoca a todos los sectores políticos, sin exclusiones, para rechazar de plano los actos y conductas terroristas comprometiendo su decisión de erradicarlas”.

 

Cabe recordar que la presentación de este proyecto de acuerdo se originó tras la seguidilla de atentados incendiarios a camiones que transitaban por la zona de La Araucanía y luego del ataque a balazos en contra de un ejecutivo de la hidroeléctrica Trayendo, que proyecta tres centrales en un área cercana a comunidades mapuches.