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Valparaíso | 05/03/2008 | Departamento de Prensa |

Senado insta al gobierno a que se paguen aguinaldos y gratificaciones a los beneficiarios de Planes Generales de Empleo

Por unanimidad, el Senado le solicitó al Ejecutivo que incorpore un mecanismo destinado a asegurar las garantías de seguridad social de quienes participan en estos programas gubernamentales

Senador Adolfo Zaldívar, Región de Aysén

Contemplar un mecanismo que haga extensivas las garantías de seguridad social considerada en la legislación laboral, así como el pago de aguinaldos, bonificaciones y gratificaciones a los beneficiarios de los Planes Generales de Empleo (PGE), solicitó en forma unánime el Senado al Ejecutivo.

 

Ello, tras aprobar un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Carlos Bianchi, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Roberto Muñoz Barra, Baldo Prokurica y Adolfo Zaldívar, que propone extender esos beneficios que les corresponderían según las normas generales del Código del Trabajo a través de las modificaciones legales y administrativas pertinentes.

 

En lo fundamental, el texto señala que dichos planes, no obstante su carácter temporal, “deberían de acuerdo a los axiomas referidos, estar sujetos a las mismas exigencias generales que el código de la materia prescribe para los contratos de trabajo. Es ajeno a todo criterio de justicia, ética y equidad, la exclusión de los beneficiarios de este tipo de programas, de las garantías y derechos a la seguridad social consagrados en la Constitución”.

 

Según el Senado es de suma relevancia que se regule a la brevedad la materia, a objeto de cubrir los requerimientos previsionales de estos grupos menos favorecidos, a los cuales se ha pretendido beneficiar con los Planes Generales de Empleo, pero que han sido excluidos de garantías básicas esenciales, así como también de todo tipo de gratificaciones y bonificaciones pactadas en el régimen general del establecimiento laboral para la cual son contratados.

 

Cabe recordar que los Planes Generales de Empleo son parte de las iniciativas formuladas por el gobierno para facilitar la inserción laboral de los trabajadores cesantes, a través de fondos públicos que son administrador por los municipios.

 

Con el desarrollo de esos programas se ha cubierto un porcentaje de las necesidades de la población económica y socialmente más vulnerable, focalizando los recursos del Estado con criterios de equidad, eficiencia y justicia social.

 

“Sin embargo estas iniciativas asistenciales han develado una faz carente de consecuencia con los planes gubernamentales relativos a la seguridad social. La crítica fundamental es la falta de armonía de estos programas con los postulados del Ministerio del Trabajo como son proponer y promover una normativa laboral que perfeccione la equidad y cooperación en las relaciones laborales y asegurar la calidad de vida de las personas a través del perfeccionamiento del sistema previsional”, puntualiza el texto aprobado.

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