Una serie de ajustes al proyecto, en segundo trámite, que modifica la actual Ley de Concesiones acordó la Comisión de Hacienda en conjunto con el Ejecutivo con el fin de perfeccionar los mecanismos de resolución de conflictos en materia arbitrajes por concesiones de Obras Públicas.

 

Ello, luego de que la Corte Suprema, emitiera un completo informe sobre el proyecto y también sobre la actual ley vigente. Al ser consultada su opinión, el máximo tribunal entregó una serie de observaciones relativas al proceso de arbitraje y a los recursos que se pueden interponer”.

 

Así lo afirmó el senador Jovino Novoa, integrante de la instancia quien explicó que “lo más probable es que el Ejecutivo envíe las indicaciones que son de su competencia la próxima semana y que en la misma Comisión se introduzcan los cambios”.

 

El legislador se mostró partidario de acoger las consideraciones que hizo la Corte Suprema porque “se trata de ajustes al sistema de concesiones  y de perfeccionar los derechos del Ministerio de Obras Públicas para recurrir al arbitraje”.

 

Aclaró que “en el proyecto no está claro que el gobierno pueda recurrir en cualquier momento, mientras que el concesionario si lo puede hacer”. Por otra parte, se debe establecer la posibilidad de que la resolución de la Comisión Arbitral  sea susceptible de un recurso porque no puede ser que se pase sobre la ley y no haya posibilidad de reclamar ante ello”.
 
El senador Novoa agregó que también es “necesario establecer con claridad qué tribunal es competente, porque existe un mecanismo en virtud del cual un concesionario puede a su arbitrio recurrir a un tribunal u otro y ahí hay un tema que tenemos que revisar”.

 

Cabe señalar que el proyecto que modifica la Ley de Concesiones establece un mecanismo de solución de controversias y crea un panel de expertos, con especialistas nombrados por el Sistema de Alta Dirección Pública.

 

Además, los fallos del tribunal arbitral serán conforme a derecho y la evaluación de la prueba, de acuerdo a la experiencia y los elementos técnicos y científicos.

 

En tanto, la Comisión Arbitral estará compuesta por los abogados nombrados de un registro elaborado por la Corte Suprema y personal técnico nombrado de un registro realizado por el Tribunal de la Libre Competencia.

 

Hoy en día se falla en conciencia y, en ese sentido las bases de la licitación, el  contrato o la ley, no necesariamente obligan al árbitro. Sin embargo, al fallar conforme a derecho se debe atener a la ley de concesiones, al contrato y las bases de la licitación.

 

La iniciativa contempla también el panel de expertos como una instancia de conciliación de temas económicos y técnicos antes de recurrir al tribunal arbitral, lo que va a facilitar los acuerdos entre las partes en temas complejos y, a la vez va a impedir que por cualquier diferendo se vaya a un arbitraje.