Solucionar las urgentes demandas sociales de los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo ocurrido en Bahía San Vicente, en mayo pasado, así como prevenir futuros daños ambientales solicitó la Comisión de Medio Ambiente a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

 

La instancia escuchó las exposiciones de los representantes de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y del sector de la pesca artesanal de la VIII región y concluyó que “independientemente de la cantidad del petróleo vertido en este accidente hay que acelerar la solución para los pescadores artesanales cuya situación se está volviendo cada vez más crítica y prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse.

 

Así lo afirmaron los senadores Alejandro Navarro y Antonio Horvath, presidente e integrante de la Comisión, respectivamente, quienes explicaron que los ejecutivos de ENAP mantuvieron sus discrepancias sobre el volumen del crudo vertido en el mencionado siniestro.

 

Ello, porque mientras Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) confirmó que el derrame fue de 692 metros cúbicos, ENAP insistió en que el volumen derramado fue de 360 metros cúbicos.

 

De acuerdo a los representantes de la Empresa Nacional del Petróleo las diferencias se deben a los sistemas de medición usados para determinar el volumen del combustible derramado, ya que mientras la Autoridad Marítima, utilizó una metodología basada en la medición del contenido del crudo remanente en el buque; ENAP ocupó el método que se refiere al volumen medido en estantes de tierra, una vez finalizada la descarga completa del buque.

 

Los parlamentarios expresaron que el volumen del derrame tiene particular incidencia en las multas que deberían aplicarse a ENAP, porque de acuerdo a la legislación vigente si son menos de 500 metros cúbicos, la multa ascendería a US$ 2,8 millones y si se supera esa cifra la cifra se empina por los US$5,7 millones.

 

No obstante, el senador Alejandro Navarro indicó que “sea cual sea la cifra que se acoja en el marco del proceso judicial vigente, la situación de los pescadores artesanales sigue siendo muy crítica, porque ya ha transcurrido casi un año de esta tragedia y los pescadores que tenían áreas de manejo están inhabilitados de su explotación, perdieron toda su inversión y no pueden utilizar sus faenas tradicionales a lo que se suma la industria de desarrollo turístico que está montada y que tampoco funciona”.

 

Precisó que “esta situación ha dado lugar a graves problemas sociales porque los hijos de pescadores que estaban en la universidad están teniendo problemas de continuidad y, por lo tanto, espero que ENAP haga todos los esfuerzos necesarios para que esto pueda ser liquidado sin esperar juicios largos y tediosos, porque ya está clara la responsabilidad de esta empresa”.

 

En ese sentido, hizo un llamado para que “se alcance un acuerdo con los liquidadores de los seguros tal como ocurrió en el caso de la explosión de calle Serrano en Valparaíso donde se realizó un avenimiento con los afectados y se acordó una indemnización que evitara que el daño fuera superior al provocado en el momento mismo del siniestro”.

 

PREVENIR DAÑOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

 

Por su parte, el senador Antonio Horvath, coincidió con su par, en el sentido de que “la Comisión quiere que el Estado dé el ejemplo sobre cómo prevenir e indemnizar oportunamente, los daños producidos al medio ambiente. Más aún, cuando en este caso, existen seguros comprometidos”.

 

Añadió que “la investigación judicial va a continuar porque hay cifras distintas avaladas por distintos estudios sobre el derrame de petróleo y porque los pescadores artesanales reclaman una indemnización que llega a los 200 millones de dólares por los daños y perjuicios ocasionados en las áreas de pesca, trabajos asociados y su efecto social”.

 

Insistió en que “lo más urgente es resolver el daño social y ambiental y, a futuro, queremos prevenir antes de tener que enfrentar esta situación. Para eso hay que tener un ordenamiento del borde costero muy estricto de modo que no haya actividades incompatibles en áreas de carga y descarga de combustible”.