En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto que sanciona con hasta cinco años adicionales de cárcel a los reclusos que fabriquen, porten o introduzcan armas al interior de los recintos penitenciarios. Ello, luego de que el Senado aprobara la iniciativa, la cual, tras ser aprobada en general no recibió indicaciones dentro del plazo convenido.

 

El proyecto tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, José Antonio Gómez, Hernán Larraín y Alejandro Navarro, y apunta a combatir un grave problema que se vive al interior de las cárceles, ya que la fabricación, tenencia y porte de armas cortopunzantes por parte de los internos se traduce en la comisión de delitos en los recintos penitenciarios, siendo sus víctimas otros internos o personal de Gendarmería de Chile.

 

El texto legal modifica la Ley de Control de Armas y el Código Penal estableciendo duras sanciones a quienes transgredan esas disposiciones. Sin embargo, para evitar confusiones, se establece claramente que “no se considerarán armas los utensilios destinados exclusivamente al aseo personal y a la alimentación de los internos ni las herramientas de trabajo cuyo uso haya sido permitido por la autoridad respectiva”.

 

De este modo, los internos de un establecimiento penitenciario que fabriquen, porten, tengan en su poder o proporcionen a otro armas cortantes, punzantes o contundentes serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días 3 años de cárcel, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que establezca el Reglamento Carcelario.

 

Esa misma pena se le aplicará a los internos que estén recluidos en los centros que establece la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Además, se establece la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, entre 3 años y 1 día a 5 años, al que, sin estar autorizado, introduzca armas cortantes, punzantes o contundentes a un establecimiento penitenciario.

 

Por otro lado, si los delitos antes citados se cometen al interior de un centro de reclusión de menores, el tribunal podrá aumentar en un grado la pena del recluso.