Las distintas visiones que existen en el Senado sobre la eliminación del beneficio tributario para las empresas constructoras quedaron de manifiesto durante el inicio del debate en la Comisión de Hacienda del proyecto, en segundo trámite, que contiene una serie de medidas para enfrentar la difícil coyuntura internacional de alza de precios del petróleo y de volatilidad financiera.
La iniciativa que ingresó la semana pasada al Congreso, con calificación de suma urgencia, es decir, de 10 días de discusión en cada rama legislativa, contempla una rebaja del impuesto específico que se aplica a las gasolinas; beneficios para las pequeñas y medianas empresas, y focaliza el beneficio tributario para las empresas constructoras que, en la actualidad, permite a dichas empresas recuperar el 65% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Fue este último punto el que provocó mayores inquietudes en la Comisión porque mientras los senadores Camilo Escalona y Jaime Gazmuri se mostraron conformes con la propuesta del Ejecutivo de eliminar progresivamente este beneficio hasta viviendas entre 2.000 y 4.000 UF, para que luego desaparezca definitivamente; sus pares Jovino Novoa, José García y Hosaín Sabag son partidarios de estudiar una fórmula que “no afecte la construcción de viviendas para la clase media”.
Por estas razones, se acordó citar a una sesión para el próximo lunes 17 de marzo, con el fin de escuchar la opinión de los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción y de otros sectores interesados para conocer todos los antecedentes y luego proceder a votar el proyecto.
REBAJA URGENTE DEL PRECIO DE LAS BENCINAS
El senador Camilo Escalona, presidente de la instancia admitió que “todos los senadores son soberanos en sus votaciones pero no creo que exista el ánimo de postergar la votación de una iniciativa que es urgente aprobar para poder implementar la rebaja en unos 50 pesos por litro, aproximadamente, de las gasolinas”.
Compartió además la opinión del ministro Andrés Velasco en el sentido de que esta es un paquete de medidas que se compensan mutuamente y no es posible separar. Mas aún cuando de acuerdo a lo expresado por el Ejecutivo, el impacto de la eliminación de esta franquicia afecta sólo a un 6% del total de la construcción de viviendas.
Por su parte, los senadores Hosaín Sabag y José García se mostraron optimistas en que surgirá una fórmula que permita mantener el beneficio tributario tal como existe hoy día para la construcción de viviendas de hasta 4 mil UF.
Esto debido al efecto que tendría su eliminación en la adquisición de viviendas para la clase media y que van entre las 2 mil y 4 mil UF, porque en su mayoría se adquieren con créditos hipotecarios a 20 ó 25 años. Además recordaron que anteriores propuestas para eliminar este beneficio tributario no lograron el respaldo mayoritario en el Senado.
Cabe señalar que, en agosto pasado, la Sala del Senado rechazó por 14 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Alejandro Navarro, Nelson Ávila, Pedro Muñoz y Ricardo Núñez donde se solicitaba a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que derogara progresivamente las disposiciones que entregan beneficios tributarios a las empresas constructoras.
Ello, para destinar dichos recursos a la creación de un subsidio especial que permitiera aislar térmicamente viviendas de hasta $37 millones 600 mil.
Por último, en diciembre pasado, el Senado también rechazó por 11 votos contra 8, un proyecto de acuerdo en el que solicitaba a la Mandataria, el envío de una iniciativa legal en el mismo sentido para financiar soluciones para los deudores habitacionales y que fue presentado por los senadores Jaime Naranjo, Nelson Ávila, Camilo Escalona, Guido Girardi, Jaime Gazmuri, Alejandro Navarro, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Guillermo Vásquez.
PLAZO PARA INDICACIONES AL PROYECTO SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA
Por otra parte, el senador Camilo Escalona informó que se solicitó un nuevo plazo, hasta el lunes próximo, para que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto pretende terminar con el colapso de los Tribunales de Familia, aumentando a 353 el número de jueces especializados y perfeccionando las normas de procedimiento.
Ello, para que el Ejecutivo precise las disposiciones relativas al número de funcionarios que se van a contratar en este sistema, porque existe una diferencia de unas 20 personas en las plantas. Asimismo el proyecto contará con más de 36 mil millones de pesos para poder ser implementado en su primera fase.
