Por contener vicios de constitucionalidad y carecer de aplicación práctica, la Comisión Mixta de senadores y diputados de las respectivas Comisiones de Agricultura, rechazó el proyecto que hacía obligatorio el pago de la multa por falsificación de información entregada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

 

Así lo afirmó el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la instancia quien explicó que, a cambio, el Ejecutivo se comprometió a enviar otro proyecto que permita implementar un sistema que haga exigible el pago de las multas por medios más expeditos.

 

En ese sentido, el parlamentario precisó que “es mucho más práctico que quienes infrinjan las normas de protección al patrimonio fitozoosanitario del país y deban cancelar multas se les exija el cumplimiento de las mismas a través de un convenio con la Tesorería General de la República o con la Policía de Investigaciones”.

 

De este modo, “cuando la persona reingrese al país, se le solicitará el pago previo de esta multa, o bien, se le descontará de su devolución de impuestos, según sea el caso”.

 

El parlamentario aclaró que hubo unanimidad en la Comisión en el sentido que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no tiene facultades para impedir que una persona ingrese o salga del país y tampoco puede exigir el pago de la multa en lugares que no sean el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

 

El senador Coloma indicó que “si bien está fórmula no es la idónea también es cierto que hay que mejorar los sistemas de cobro de este tipo de infracciones por la importancia de preservar nuestro patrimonio sanitario y por eso se acordó con el Ejecutivo elaborar una nueva propuesta legal en este sentido”.

 

Cabe señalar que, la iniciativa originada en una moción de un grupo de diputados suscitó el rechazo del Senado por carecer de aplicación práctica y tener vicios de inconstitucionalidad, lo que motivó la creación de una Comisión Mixta.

 

El proyecto apuntaba a mejorar la revisión que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, en los controles fronterizos, de los productos de origen vegetal o animal que ingresan al país así como a aumentar las sanciones aplicables a los infractores de la normativa legal vigente.

 

Establecía que el pago de la multa o su consignación, era obligatorio para abandonar el control fronterizo e ingresar al resto del país, salvo que en aquel lugar no existan las posibilidades técnicas para obtener los recursos necesarios, ya que ahí se entregaba al infractor un plazo de dos días hábiles para efectuar el pago.

 

Estas disposiciones fueron consideradas “inoperantes e inconstitucionales”, por algunos senadores ya que, en la práctica, el Servicio Agrícola y Ganadero no tiene posibilidades de dar cumplimiento a una norma de este tipo porque los inspectores practican la revisión a los equipajes una vez que las personas han pasado los controles migratorios.

 

El SAG opera después y no tiene la facultad legal para expulsar del país a aquellas personas que no cancelen las multas. Por lo tanto, tampoco le corresponde controlar la salida de las personas del territorio nacional.