Con su votación pendiente hasta la próxima sesión ordinaria del Senado, quedó el proyecto, en segundo trámite, que pretende terminar con el colapso de los Tribunales de Familia, aumentando el número de jueces especializados y perfeccionando normas de procedimiento.

 

Durante la primera jornada intervinieron los senadores José García, Jaime Gazmuri, José Antonio Gómez, Víctor Pérez, Andrés Chadwick, Alberto Espina, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Orpis.

 

El debate estuvo centrado en las dudas que surgieron sobre si esta reforma iba realmente a solucionar los graves problemas que enfrentan los Tribunales de Familia debido a que no contemplaría el suficiente número de funcionarios para el actual sistema.

 

El senador José García dejó constancia de que “hay un informe de la Corte Suprema que señala su conformidad con el número de jueces que se incorporan al sistema pero no con el número de funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos en general”. Por lo tanto, no me parece razonable que no haya habido acuerdo con el Ejecutivo en cuanto a la necesidad de dotar de un número suficiente de funcionarios al sistema.

 

Por su parte, el senador Jaime Gazmuri recordó que “éste fue uno de los temas más discutidos tanto en la Comisión de Constitución como en la de Hacienda y, si bien las cifras al principio eran distantes se llegó a un número satisfactorio de jueces y se aumentó el número de funcionarios en un 60%, lo que significa un gran avance”.

 

Por su parte, el senador José Antonio Gómez coincidió con su par y recordó todas las dificultades que se han vivido desde el inicio de los Tribunales de Familia y dijo que “el proyecto original del Ejecutivo sólo consideraba 30 jueces extras y, luego de numerosas conversaciones el gobierno accedió a incorporar 95 nuevos jueces”. Eso significa que se ha logrado un avance y el aumento de especialistas es notable, por eso dijo que lo importante era aprobar el proyecto a la brevedad.

 

En tanto, el senador Víctor Pérez si bien reconoció un avance esta iniciativa precisó que “aumentar el número de jueces no resuelve el problema del funcionamiento de los tribunales porque habrán jueces que no van a contar con el personal de apoyo especializado y es posible que eso nos traiga nuevas dificultades y otro colapso”.

 

El senador Andrés Chadwick, se mostró también intranquilo con este proyecto, porque el número de jueces y funcionarios que se incorporan sólo permitirán la sobrevivencia del sistema y “no entendemos por qué el gobierno viene a pirquinear en una materia como los Tribunales de Familia que está colapsado”. Por lo tanto, “aprobamos esta iniciativa como un mal menor, pero en realidad se trata de un paso muy tímido”.

 

El senador Alberto Espina fue más allá y dejó constancia de que “estábamos contra la espada y la pared, ante la urgencia de despachar las normas que significaran un alivio al sistema, sin embargo, el Parlamento no puede ser responsable si nuevamente surgen problemas en los Tribunales de Familia”. Solicitó además enviar un oficio a la Corte Suprema y al gobierno para que “nos indique si el número de jueces y funcionarios que se está aumentando garantizan un funcionamiento adecuado del sistema”.

 

No obstante, el senador Pedro Muñoz Aburto expresó una opinión distinta porque “este proyecto no está sólo centrado en el número de jueces sino también en una serie de modificaciones a los actuales procedimientos de los tribunales. Los elementos que colapsaron estos tribunales no fueron solo la falta de jueces sino también los errores de los procedimientos”
 
En tanto, el senador Jaime Orpis anticipó que se abstendrá en la votación de este proyecto “no estoy dispuesto a avalar esto porque hemos tenido malas experiencias en el pasado y prefiero demorarnos más en la tramitación pero que tengamos soluciones concretas y las garantías mínimas para que el sistema funcione”.