Un importante paso para materializar la creación de una Defensoría jurídica para las víctimas de delitos, dio la Sala del Senado al aprobar por unanimidad la idea de legislar de la reforma constitucional que obliga al Estado a prestar defensa gratuita a las víctimas de la delincuencia.

 

Con esto se empieza a dar cumplimiento al acuerdo político sobre seguridad ciudadana alcanzado entre la Alianza, la Concertación y el Ejecutivo, pues entre los temas consensuados se considera la creación de una entidad que se aboque a la defensa de las víctimas.

 

Si bien la reforma constitucional no crea esa institución, allana el camino en ese sentido, pues le establece al Estado la obligación de dotar a las víctimas de delitos, de una asesoría gratuita cuando no tengan los recursos para proveérsela ellos mismos.

 

La enmienda constitucional, presentada por los senadores Andrés Allamand, Alberto Espina, José García, Baldo Prokurica y Sergio Romero quedó en condiciones de ser remitida nuevamente a la Comisión de Constitución para su análisis en particular, para lo cual se fijó plazo hasta el próximo 7 de abril para presentarle indicaciones.

 

En sus intervenciones, los senadores Alberto Espina, José Antonio Gómez, Jaime Gazmuri, Carlos Bianchi, Andrés Chadwick, José García, Nelson Ávila, Hernán Larraín, Carlos Cantero y Sergio Romero, destacaron los alcances de esta enmienda y señalaron que permitirá corregir un desequilibrio del actual sistema procesal penal.

 

AJUSTE NECESARIO

 

El senador Espina dijo que la reforma es un avance “enorme” al garantizar que las personas más modestas tengan derecho a tener una defensa gratuita cuando son víctimas de un delito grave. Explicó que en el actual sistema la Fiscalía vela por el interés público, que no necesariamente es el interés particular de una víctima, y que por otra parte el imputado cuenta con el apoyo de la Defensoría Pública, por lo que se produce un vacío respecto del apoyo que deben tener las víctimas por parte del Estado.

 

De ahí que esta reforma apunte a corregir ese desequilibrio, el que será regulado en una iniciativa aparte que enviará el Ejecutivo en los próximos días.

 

A su turno, el senador Gómez dijo que es razonable que exista una instancia como la que se plantea, pues el Ministerio Público no necesariamente representa siempre el interés del querellante y es necesario que las víctimas sepan que podrán contar con alguien que los pueda representar.

 

En tanto, el senador Gazmuri señaló que la reforma corrige el desequilibrio del sistema procesal penal donde se genera la idea de que el Estado tiene un particular celo por la defensa jurídica de quienes aparecen acusados de delitos y no tiene el mismo celo para quienes son víctimas de delitos.

 

El senador Bianchi respaldó esta enmienda, pero planteó que es necesario que cuando se discuta el proyecto que cree definitivamente la defensoría de las víctimas, se busque una fórmula en que el Estado absorba los costos médicos de una persona que ha sido víctima de una acción delictual.

 

El senador Chadwick valoró la iniciativa argumentando que psoibilitarpa que las víctimas que no tengan los recursos para contratar un abogado, estén en igualdad de condiciones que aquel que puede hacerlo.

 

Por su parte el senador García manifestó la importancia de que la reforma constitucional no quede solamente en el papel, sino que se implemente a la brevedad través de un proyecto del Ejecutivo.

 

El senador Ávila valoró las bondades del proyecto, pero manifestó sus aprensiones respecto de que aumente la burocracia en el sistema de justicia. Al mismo tiempo señaló que debe tomarse en cuenta la cantidad de recursos públicos que requerirá la nueva institución, pues se debe garantizar su funcionamiento.
 
En tanto, el senador Larraín señaló que con esta enmienda se corrige una situación injusta donde el imputado tiene defensa pagada por el Estado, pero las víctimas no.

 

A su turno, el senador Cantero dijo que la reforma corrige una aberración y un error legislativo, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, que no reparó a tiempo de esta situación. Agregó, que esto se debe complementar con una revisión de un sistema “extremadamente formalista” que deriva en que los delincuentes queden libres por tecnicismos.

 

Finalmente el senador Romero dijo que la iniciativa reestablece situaciones fundamentales para el ser humano, pero advirtió que se debe acotar el universo de delitos y de personas que podrían recibir esta asesoría gratuita.