Un diálogo muy fluido con el Ejecutivo a fin de monitorear la marcha de las principales concesiones de obras públicas que están en ejecución, anticipó el senador Juan Pablo Letelier, al asumir la presidencia de la Comisión especializada.

 

El parlamentario aseguró que “hay varias situaciones que nos preocupan y queremos que sean enfrentadas adecuadamente”, entre ellas, se cuentan las obras de Pedro de Valdivia Norte; el acceso a Santiago y la construcción pendiente de varios embalses en el país”.
 
Precisó que “dado que avanzamos en un acuerdo para modificar la Ley de Concesiones, nuestro ánimo es que este nuevo marco legal nos permita avanzar adecuadamente en la nuevas obras de infraestructura que se proyectan”.

 

Añadió que “ese será uno de los focos de nuestra preocupación, y esperamos que el Ejecutivo nos anuncie a la brevedad su agenda de temas legislativos”.

 

LEY DE EMBALSES

 

Por otro lado, el senador Letelier indicó que la Comisión de Obras Públicas adoptó el compromiso de despachar el proyecto, en segundo trámite, relativo a la operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas.

 

Uno de los mayores problemas que tiene el país es la falta de capacidad para anticiparse a las situaciones de catástrofe o de riesgo para las personas, y existe consenso en la Comisión en torno a que ante sequías, inundaciones y terremotos no existen los mecanismos metereológicos y científicos adecuados para prever estos fenómenos y mitigar sus consecuencias.

 

Por estas razones, el proyecto apunta a la detección temprana de riesgo de condiciones climáticas, especialmente de lluvias intensas que puedan incrementar extraordinariamente los caudales de ríos, y la adopción de medidas preventivas tendientes a impedir o al menos mitigar sus efectos perjudiciales sobre la población.

 

Cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en la crítica situación que afectó a la Provincia del Bío Bío con las inundaciones de julio de 2006.
 
Se fortalecen las potestades públicas de la Dirección General de Aguas (DGA), y se obliga a las empresas operadoras de embalses, sean éstas de uso hidroeléctrico o de riego, a posibilitar que dicha infraestructura sea utilizada como un dispositivo mitigador de los efectos de inundaciones, mediando la correspondiente coordinación entre ambos agentes.

 

El proyecto, además,  busca dotar a la autoridad, actuando en coordinación con los operadores privados de los embalses de control, de las herramientas necesarias para afrontar las contingencias o riesgos de crecidas de los cauces por razones climáticas.