Con el compromiso del Ejecutivo de hacer un seguimiento permanente de los Tribunales de Familia y corregir las posibles deficiencias que se produzcan, el Senado despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputados, el proyecto que perfecciona el procedimiento de la judicatura familiar y que aumenta el número de jueces y funcionarios.

 

Luego de tres jornadas de debate, la Sala del Senado aprobó en particular la iniciativa que contempla 95 nuevos jueces de familia, 640 funcionarios y un incremento financiero del orden del 70% del gasto en régimen.

 

El senador José García se abstuvo en la votación de las normas relativas al número de jueces adicionales; del procedimiento de mediación y al número de funcionarios; mientras que el senador Jaime Orpis también se abstuvo pero sólo en la votación de la nueva dotación de funcionarios.

 

Intervinieron en el debate  los senadores Soledad Alvear, Víctor Pérez, Jaime Orpis, Alberto Espina, Nelson Ávila, José Antonio Gómez, Jovino Novoa, Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier, además del ministro de Justicia, Carlos Maldonado quienes discreparon sobre si el incremento de esta dotación resolverá finalmente el colapso que experimentaron estos tribunales.

 

DUDAS Y EVALUACIÓN

 

La senadora Soledad Alvear valoró esta modificación legal que corrige las serias dificultades de funcionamiento del sistema. Sin embargo, advirtió que “es importante que exista una adecuada evaluación con el nuevo número de jueces y funcionarios para superar las dificultades”. Agregó que también está pendiente la defensoría en los ámbitos de familia y justicia laboral para que tengamos abogados que puedan representar a las partes.

 

Por su parte, el senador Víctor Pérez, reiteró sus dudas sobre la nueva dotación de funcionarios que entrega esta iniciativa ya que “no entrega garantías de que los problemas se resolverán en toda su magnitud” y destacó que existe una gran expectativa de parte de la población para que se solucione definitivamente el colapso de los tribunales de familia.

 

En tanto,  el senador Jaime Orpis insistió en que “el Ejecutivo todavía no ha contestado si efectivamente está o no en condiciones de garantizar si con este aumento de jueces y de dotación se resuelve el colapso que experimentan los Tribunales de Familia”. Recordó que las estadísticas previas fallaron y pidió un resguardo a las autoridades.

 

A su turno, el senador Alberto Espina recordó que “la semana pasada se enviaron varios oficios a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia para que se nos informara si este proyecto con su incremento de dotación permitía el funcionamiento normal de los tribunales especializados”. Por ello, aseguró que “si esta iniciativa fracasa quiero dejar constancia de nuestras dudas sobre que el sistema funcione finalmente”.

 

A su vez, el senador Nelson Ávila, aseguró que “lo lógico sería que los parlamentarios que tienen dudas sobre el destino de este proyecto se abstengan de aprobarlo, porque si lo respaldan sabiendo que va a colapsar se tranforman en cómplices”.

 

Por su parte, el senador José Antonio Gómez restó dramatismo a las aprensiones sobre el número de funcionarios que se contemplan porque “si el tribunal no funciona bien, la Corte Suprema solicitará al gobierno que se aumente el personal, pero eso se prueba en el funcionamiento mismo”. Añadió que “la petición inicial de jueces y funcionarios que hizo la Corte Suprema no es palabra divina, porque no siempre sus cálculos son la última palabra”.

 

Sin embargo, el senador Jovino Novoa indicó que “existen variadas razones para justificar las dudas en la aprobación del proyecto; la primera es que se produjo un desastre en materia de Tribunales de Familia; la segunda es que cuando comenzamos el análisis del proyecto no había claridad sobre el costo finaciero del proyecto”. Agregó que “hacemos una prevención pero en el fondo lo que hay que hacer es sacar esta iniciativa lo más rápido posible”.

 

El senador Alejandro Navarro, admitió que “las aprensiones reflejan lo que la ciudadanía percibe, pero necesitamos de un voto de confianza en esta modificación a la judicatura de familia porque la ciudadanía espera un mejoramiento del sistema”. Valoró la creación de la Unidad de Cumplimiento que es una instancia de evaluación de funcionamiento y atención al público”.

 

De igual modo, el senador Juan Pablo Letelier valoró “profundamente el esfuerzo para crear nuevos juzgados y, en ese sentido, no se entienden algunas críticas”. Asimismo expresó sus dudas por la estabilidad laboral de los trabajadores de los tribunales de familia.

 

Por su parte, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado reiteró el compromiso del Ejecutivo para hacer un seguimiento de la aplicación práctica de las normas de este proyecto y cómo están incidiendo en la normalización del sistema. Agregó que también hemos manifestado públicamente nuestra voluntad de presentar al Parlamento un proyecto de nuevas asistencia jurídica que tenga algunos elementos de especialización.