La necesidad de acelerar el envío al Parlamento del proyecto que crea la nueva institucionalidad ambiental manifestó la Comisión de Medio Ambiente que preside el senador Nelson Ávila, tras escuchar la exposición del consultor Rafael Asenjo, coordinador del proyecto Creación de un Sistema Integral de Áreas Protegidas para Chile y a los representantes de la Corporación Nacional Forestal (CONAF); del Comité Nacional Prodefensa de la Flora y de la Fauna (CODEFF) y de diversas ONG’s

 

El senador Antonio Horvath, integrante de dicha instancia sostuvo que “hay situaciones que requieren urgencia, porque mientras discutimos, los humedales se están perdiendo; los bosques esclerófilos se transforman en áreas frutales y los glaciares los están fracturando”.

 

Añadió que “tienen que haber medidas de urgencia y no esperar que este tipo de proyectos termine su tramitación, porque eso toma tiempo, sino que el Estado tiene que actuar ya. Se debe adoptar una decisión política para incorporar, por ejemplo, todo el sistema de áreas protegidas público privadas bajo una institucionalidad a la brevedad y, lo más lógico sería que fuera el Ministerio de Medio Ambiente”.

 

El senador Horvath advirtió que “la idea es apurar la definición de la nueva institucionalidad ambiental para que ingrese al Parlamento antes de junio, sin embargo, el gobierno nos ha informado que todavía está en el proceso de conocimiento interno en el Consejo Directivo”.

 

Respecto a la situación actual de las áreas protegidas en el país, aseguró que “hay más de 15 instituciones públicas que tienen que ver con esta materia. Hay muchas modalidades legales distintas y algunas incluso ni siquiera se aplican”. Añadió que  “la cantidad de dinero que se invierte por superficie protegida en Chile es bajísima, apenas un dólar por hectárea en promedio, en circunstancias que un país que tiene mucho más problemas que nosotros como Honduras, destina 10 dólares por hectárea promedio”.

 

Por estas razones, algunas de las propuestas que se barajan para resolver este problema es sistematizar y darle una forma institucional a las áreas protegidas. “Se deben generar recursos financieros y fijar indicadores de gestión y valoración”, dijo el parlamentario, recordando que los beneficios económicos que entregan las áreas protegidas en Chile alcanzan a los US$ 2.500 anuales, es decir, aporta un 2,2% del PIB”.

 

El parlamentario insistió en que, “éste es otro antecedente que tiene que sensibilizar a las autoridades económicas para que haya un refuerzo de la institucionalidad y un aumento de personal”.

 

Cabe recordar que, la nueva institucionalidad ambiental incluye una modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con el fin de adaptarla a los cambios y nuevos procesos que ha experimentado desde 1997 a la fecha, ya que ha manifestado algunas deficiencias como la falta de participación ciudadana en los procesos de definición de proyectos.