La posibilidad de que sea un reglamento y no la ley la que defina cómo se aplicará el semáforo nutricional -que es un indicador en el etiquetado de los alimentos destinado a orientar sobre los productos con altos y bajos niveles nutricionales- está evaluando la Comisión de Salud del Senado, en el marco del estudio del proyecto que prohíbe la venta y publicidad de la denominada “comida chatarra” en los colegios.
Así lo informó el presidente de esa instancia parlamentaria, senador Jorge Arancibia, tras señalar que se están estudiando una serie de cambios tendientes a perfeccionar y lograr un amplio consenso en torno a la iniciativa que cumple su primer trámite en la Cámara Alta.
“Creo que le vamos a hacer un cambio importante al proyecto en la línea de mejorarlo, pero en consenso. Por ejemplo, uno de los temas centrales es el semáforo alimentario y el Ministerio de Salud está abierto a que haya una información de otra manera”, señaló el parlamentario.
Asimismo, dijo que se está analizando la posibilidad de no abordar lo relativo al semáforo en el proyecto, sino que radicarlo en un reglamento.
“Eso le daría una dinámica distinta al proyecto, porque para elaborar un reglamento hay un comité que ve estos temas y nos cabe la confianza que habrá gente de todos los sectores trabajando en el etiquetado”, manifestó.
MODIFICACIONES
Según el senador Arancibia, “en este proyecto hay posibilidades de preocuparnos no sólo de los alimentos y su composición, sino que también de la educación en esta materia y que se adopten disposiciones especiales respecto a los kioscos”.
Por lo mismo, señaló que la Comisión de Salud volverá a invitar al doctor Ricardo Uauy, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile; a la Sociedad de Avisadores de Chile, a la Sofoca y a los fabricantes de bebidas, entre otros, para conocer sus puntos de vista sobre la materia.
Agregó que en la última sesión, escucharon la exposición del jefe del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud (Minsal), doctor Tito Pizarro; y de la representante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Marcela Taibo.
Al representante del Minsal le solicitaron una referencia específica respecto de los contenidos y nutrientes que debe tener una dieta promedio para una persona sana adulta, a objeto de saber con claridad cuales son los niveles de azúcar, sal y grasas permitidos.
En el caso de la Junaeb, los senadores querían saber el nivel de responsabilidad que podría tener esa institución en los niveles de sobrepeso y obesidad infantil, toda vez que existen antecedentes que indican la prevalencia de esas patologías entre los menores de más escasos recursos.
“Ellos son responsables de la alimentación que tienen los niños durante 182 días, y si bien tienen un impacto, no pueden tener el control de una dieta complementaria”, manifestó el legislador.
Sin embargo, señaló que la Juaneb desarrolló con éxito un programa que redujo en un 50% la obesidad en los colegios en que lo aplicaron y que consistía en incorporar en los textos de estudio y en los de orientación a los profesores instrucciones específicas en cuanto a cómo manejar el tema del sobrepeso.
