Un oficio en el que solicita que los ministros de Interior y de Justicia, Edmundo Pérez Yoma  y Carlos Maldonado, respectivamente, se hagan parte de las acciones judiciales presentadas por dirigentes sindicales de la Universidad Santo Tomás en contra de Dante Yutronic por presunto espionaje, envió el senador e integrante de la Comisión de Educación, Ricardo Núñez.

 

Según el parlamentario, con las acciones del investigador privado –quien está detenido por infringir la Ley de Control de Armas y la de Telecomunicaciones- se habrían violado o amenazado derechos expresamente garantizados por la Constitución Política del Estado y distintas disposiciones legales vigentes para velar por la intimidad de las personas.

 

“En este caso el conflicto dejó de ser un problema de contratos y sueldos. Aquí se violó la intimidad y la privacidad de los trabajadores, cuestión particularmente grave que amerita las exigencias de tutelas de los derechos constitucionales amenazados”, señaló.

 

El parlamentario recordó que los lamentables hechos protagonizados por el fundador de la Universidad Santo Tomás, Gerardo Rocha, no se han circunscrito solo al ámbito de las circunstancias que rodearon la muerte del martillero público,  Jaime Oliva, sino que a partir de ello, se han desprendido otras situaciones que afectan la vida interna de esa corporación educacional.

 

En tal sentido, manifestó que son de conocimiento público las denuncias realizadas por destacados miembros de dicha comunidad universitaria en los tribunales de justicia a objeto de esclarecer una serie de eventos probablemente delictivos en los que tendría participación Rocha y el investigador Dante Yutronic.

 

DERECHOS CONCULCADOS

 

El senador Núñez señaló estar al tanto de las denuncias hechas por el sindicato de trabajadores de la Universidad de Santo Tomás respecto a trabajos de espionaje a funcionarios de esta casa de estudios y agregó que “por la gravedad de esta situación, he comprometido mi respaldo a los dirigentes sindicales de esta universidad, en las acciones de denuncias que han emprendido ante diversas autoridades gubernamentales”.

 

El parlamentario manifestó que es evidente que se está en presencia de prácticas antisindicales en las que participó el fundador de esa casa de estudios y prueba de ello es el testimonio del presidente del sindicato de trabajadores, Alfredo Riquelme, quien ha sostenido que desde hace un tiempo tenía sospechas fundadas de espionaje telefónico en su contra. Incluso antes de que Yutronic develara dicha situación en el marco del juicio por la muerte del señor Oliva.

 

“La pegunta es obvia: ¿de dónde salieron esa inmensa cantidad de recursos?. Lo más probable es que de los bolsillos de los padres y apoderados de los estudiantes de esa universidad”, refutó el senador.

 

Agregó que “cuando uno razona profundamente en los alcances que ha tenido el denominado “caso Rocha”, el modus operandi bajo el cual se estructuró la aparente comisión de delitos y las trágicas consecuencias que tan ampliamente hemos conocido, no queda más que preguntarse cuáles habrían sido las consecuencias para los trabajadores y dirigentes de la Corporación Santo Tomás del espionaje realizado en su contra y qué medios de extorsión se habrían aplicado para impedir un ejercicio justo de la labor sindical”.