Acogiendo una solicitud de los senadores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hernán Larraín, el Ejecutivo fijó suma urgencia -es decir 10 días tramitación en cada cámara- al proyecto que crea un Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, destinado a fortalecer las medidas en materia de transparencia y control de la administración pública.

 

La iniciativa que cumple su primer trámite en la Cámara Alta, también modifica el Estatuto Administrativo, en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República.

 

Cabe recordar que la creación de este organismo surgió en el marco de la discusión de la Agenda Pro Transparencia y su principal objetivo es asesorar al Presidente de la república y al Ministerio de Hacienda  en el funcionamiento de los sistemas de control interno de la Administración, incluidas las empresas públicas cuya legislación orgánica exige que se les menciones expresamente, excluyéndose sólo la Contraloría General de la República, el Banco Central y las Municipalidades.

 

El proyecto sólo ha sido aprobado en general por la Comisión de Gobierno del Senado, pues cuando llegó a la Sala para su votación surgieron dudas de los parlamentarios respecto de una eventual duplicidad de funciones entre la nueva entidad y la Contraloría General de la República. Por ello, se optó por remitir la iniciativa nuevamente a Comisión, sin que el Ejecutivo decidiera reactivarla hasta hoy.

 

SOLICITUD SENATORIAL

 

No obstante, luego que se hicieran públicos los problemas con las subvenciones en la Región Metropolitana, los senadores Eduardo Frei y Hernán Larraín, pidieron, por separado, que el Ejecutivo reactivara este proyecto.

 

De hecho, el senador Larraín manifestó en esa oportunidad que si hubiera estado vigente dicha iniciativa “habría sido una gran contribución a mejorar la prevención de las irregularidades en el ámbito del gobierno”.

 

Cabe recordar que el proyecto también propone elevar a rango legal las disposiciones sobre control interno y adecuar las normas estatutarias en lo que respecta a la responsabilidad y sumarios administrativos, contrataciones a honorarios y solución de conflictos de intereses en las contrataciones de bienes y servicios.

 

Además, señala que, sin perjuicio del control que ejerce la Contraloría General de la República y de la fiscalización que corresponde a la Cámara de Diputados, es indispensable fortalecer los mecanismos de control interno de las entidades relacionadas con el Ejecutivo, por la influencia que éste tiene en toda la actividad nacional y por los cuantiosos recursos de que dispone.

 

Si bien existe un Consejo de Auditoría Interna, creado por decreto durante a administración del entonces Presidente Eduardo Frei, el objetivo de la iniciativa es darle rango legal a la entidad y actualizar los distintos cuerpos legales relacionados a la materia.