Una hora y media más tarde de lo previsto,  el Senado inició su rol como jurado en la acusación constitucional contra Yasna Provoste, que se convirtió en la primera ministra de Estado en ser destituida desde el retorno de la democracia.

 

Y seis horas le tomó a los 37 senadores que fundamentaron su voto –sólo Carlos Kuschel no lo hizo- para dar a conocer los argumentos por los cuales aprobarían o rechazarían la acusación interpuesta.
 
Tal cómo se había previsto, los senadores de la Alianza y el ex RN Carlos Cantero se pronunciaron por aprobar el libelo, mientras que los de la Concertación, por rechazarlo, pues estimaron que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución.

 

La cuota de misterio la pusieron los senadores independientes Carlos Bianchi, Fernando Flores y el titular de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar. El primero de ellos intervino en la mañana pero no precisó su postura, mientras que los otros dos senadores dejaron para el final de la sesión la fundamentación de sus votos, inclinando la balanza en contra de la secretaria de Estado.

 

FUNDAMENTANCIÓN DEL VOTO

 

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Andrés Allamand quien apoyó la destitución argumentando que “lo que daña la convivencia social es la impunidad o la pasividad del Congreso frente a la infracción y la inejecución de la ley”.

 

Luego la senadora Soledad Alvear hizo una cerrada defensa de Provoste y señaló que la acusación en su contra se enmarca en “la estrategia del desalojo” de la oposición.

 

No obstante, el senador Jorge Arancibia descartó lo anterior señalando que el libelo dice relación con que existen una serie de normas legales que avalan la responsabilidad ministerial de Provoste en hechos donde dejó de actuar.

 

A su turno, el senador Nelson Ávila apuntó a la responsabilidad compartida de los ex ministros de Educación y solicitó una investigación a la Contraloría por haber filtrado un preinforme confidencial y por no haber detectado ante las irregularidades.

 

El senador Carlos Bianchi dijo que no le correspondía ser el salvador del gobierno o quien le de un triunfo a la oposición, y advirtió que es fundamental hacer un trabajo en conjunto para recuperar la credibilidad de la clase política.

 

En tanto, el senador Carlos Cantero hizo hincapié en que hay responsabilidad del jefe superior de esa secretaría de Estado, sin perjuicio de que las haya también de otras instituciones y de los sostenedores, lo que no la excusa de responsabilidad.

 

A su vez, el senador Andrés Chadwick criticó el desorden existente en una repartición que tiene a su cargo uno de los mayores presupuestos sectoriales y respaldó el libelo.

 

En la misma línea, el senador Juan Antonio Coloma, destacó que no se está haciendo un juicio político porque la acusación se fundamenta en el principio jurídico de la inejecución de la Constitución y las leyes.

 

MANIOBRA POLÍTICA

 

En tanto, el senador Camilo Escalona criticó a la oposición señalando que con una nueva mayoría está yendo más allá de la teoría del desalojo, al tratar de decidir quien es ministro y quien no.

 

Le respondió el senador Alberto Espina señalando que no se está juzgando la responsabilidad política de una ministra, sino que su responsabilidad jurídica “porque en Chile no hay intocables”.

 

Por su parte, el senador Eduardo Frei, refutó los argumentos del libelo y advirtió los efectos dañinos que puede tener para la descentralización argumentando que “ningún Ministro dejará tomar decisiones a los seremis”.

 

A su turno, el senador José García hizo alusión a la responsabilidad del ex ministro de Educación Sergio Bitar y del ex Contralor, Gustavo Sciolla y criticó el manejo de Provoste que tomó sus vacaciones luego de que estallara el escándalo de las subvenciones.

 

El senador Jaime Gazmuri señaló que la acusación obedece a una maniobra política y advirtió que existen problemas en el funcionamiento del sistema político lo que pone en riesgo el fundamento del régimen presidencial.
Dando un giro al debate, el senador Guido Girardi, desafió a la Concertación a reponer el debate de la educación pública en Chile y “terminar con el actual modelo de subvenciones que está fracasado”.

 

En tanto, el senador José Antonio Gómez dio certeza de que no existen pruebas jurídicas que justifiquen la destitución de Yasna Provoste y señaló que es un error condenarla a la muerte cívica sobre hechos previos.

 

El senador Antonio Horvath opinó que si existe alguna víctima afectada por los hechos de la acusación, son las familias más humildes que han visto un “despilfarro” y un desorden de recursos.

 

Por su parte el senador Hernán Larraín respaldó la acusación y criticó los argumentos de la defensa de Provoste argumentando que con ello se trató de eludir la responsabilidad ministerial y delegarla en funcionarios de menor rango jerárquico.

 

Una opinión distinta manifestó el senador Juan Pablo Letelier quien desestimó cada uno de los capítulos del libelo señalando que adolecía de graves inconsistencias jurídicas y se basaba en hechos provisorios.

 

ACUSACIÓN BIEN FUNDADA

 

Por el contrario, el senador Pablo Longueira, señaló que la acusación está “bien fundada” y advirtió que es insostenible tratar de eludir la responsabilidad de la ministra en relación a los seremis, pues quedó demostrado que ella tiene atribuciones sobre ellos, al pedirle la renuncia al de la Tercera Región.

 

En la misma línea, la senadora Evelyn Matthei señaló que entre las responsabilidades personales del ministro de educación está el de preocuparse de corregir las infracciones o abusos de sus subalternos, asunto que no hizo pese a haber sido advertida por su antecesor y por la Contraloría.

 

Opinión distinta manifestó el senador Pedro Muñoz, quien criticó las fundamentos de la acusación señalando que ésta se basa en hechos que no están acreditados y que están siendo investigados en las instituciones que corresponde.

 

Por su parte el senador Roberto Muñoz Barra señaló que el libelo no tiene validez y obedece a una estrategia política de la oposición, pues se ha respaldado con documentos más del 98,5% de los recursos del Ministerio de Educación.

 

En la misma línea, el senador Jaime Naranjo manifestó que la acusación obedece a cuestiones de orden político y criticó a la oposición por tener excesivo celo frente a hechos que están siendo investigados y no haber actuado igual frente a hechos más graves ocurridos en el gobierno militar.

 

El senador Alejandro Navarro insistió en que el Senado no puede actuar como juez imparcial, pues existen opiniones preconcebidas de acuerdo a los intereses de cada sector. Notificó que no apoyará el acuerdo en educación y advirtió que se debe legislar para terminar con el lucro.

 

A su turno el senador Jovino Novoa rebatió la “defensa política” de la ministra argumentando que no se puede evadir la responsabilidad del jefe máximo de una de las carteras cuyo presupuesto representa el 20% del gasto público.

 

El senador Ricardo Núñez criticó el “anacronismo legal” que implica impedir que un ministro destituido pueda ocupar un cargo público en cinco años y dijo que es triste que la acusación pretenda la muerte cívica de una servidora pública.

 

FALLA ESTRUCTURAL

 

El senador Carlos Ominami cuestionó una “falla estructural” del sistema pues el libelo debió haber sido el último paso y no el primero. Además de desestimar las acusaciones lamentó que quienes apoyaron la acusación no hayan hecho lo mismo con Pinochet.

 

Por el contrario, el senador Jaime Orpis criticó la no aplicación de sanciones a las infracciones a la ley de subvenciones señalando que 21 mil visitas inspectivas se tradujeron sólo en 46 infracciones a sostenedores.

 

En tanto, el senador Víctor Pérez señaló que existen irregularidades “mayúsculas” y un desorden descomunal que ameritan la acusación y advirtió que no existe una nueva mayoría, sino que a la Concertación perdió la que tenía.

 

El senador Jorge Pizarro dijo que la acusación constitucional no puede ser un acto de venganza ni de represalia, y junto con señalar que es grave enviar a una persona a la sociedad civil sin posibilidad de retorno, desestimó los argumentos de los acusadores.

 

A su turno, el Vicepresidente del Senado, Baldo Prokurica, señaló que lo que se espera de un ministro es que tenga una actitud firme y decidida frente al desorden en manejo de recursos, asunto que no ocurrió en este caso.

 

El senador Sergio Romero destacó que el control y la fiscalización son de la esencia de cualquier régimen democrático y advirtió que la irresponsabilidad de un ministro no puede admitirse bajo ningún sistema.

 

En tanto, el senador Mariano Ruiz-Esquide desestimó las acusaciones contra Provoste y recordó que fue la oposición la que se negó a que se fiscalizará más a los sostenedores.

 

Por su parte, el senador Hosaín Sabag hizo un llamado al Senado a actuar con racionalidad y certeza, pues, en su opinión, los actos pendientes no pueden ser objeto de una acusación constitucional.

 

A su turno, el senador Guillermo Vásquez pidió que se declarara la inhabilidad de la acusación constitucional, pues le faltan requisitos de procesabilidad.

 

El titular de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar, criticó en duros términos la defensa de Provoste argumentando que en los hechos, ésta consagra la irresponsabilidad de los ministros de Estado. Agregó que la mejor prueba para demostrar la culpabilidad de la acusada es el propio escrito mediante el cual formuló sus descargos.

 

En la misma línea, el senador Fernando Flores señaló que la defensa de Provoste terminó de convencerlo de apoyar la acusación, pues en ella hace desaparecer su responsabilidad como ministra y la disolución de la responsabilidad es el valor más negativo que se aprecia en la sociedad y que es criticado fundamentalmente por la juventud.