En mi calidad de jurado me formé la convicción moral, jurídica y política, que los hechos descritos en la acusación son reales y efectivos.

Después de estudiar la acusación y la contestación de la acusada y su defensa, y de escuchar los descargos formulados ante el Senado, he concluido que para la Ministra, los Secretarios de Estado sólo podrían ser acusados por negarse a firmar un Decreto o Reglamento dictado por el Presidente de la República o por cometer los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.

Para la Ministra, la conducta de dejar sin ejecución la Constitución o las Leyes, queda reducida a negarse a firmar un Decreto o Reglamento del Presidente, pese a que la acusada, reproduciendo el texto constitucional, señala varias veces que los Secretarios de Estado son los colaboradores directos del Presidente de la República en el Gobierno y Administración del Estado.

Para ella, el Ministro, que es la máxima autoridad del Ministerio y que tiene como cometido las labores de gobierno y administración que la Constitución encarga al Presidente, no tendría responsabilidad de ninguna especie, cualesquiera que sean las ilegalidades, irregularidades o infracciones que se hayan cometido.

Esas responsabilidades, en la interpretación de la Ministra, habría que hacerlas efectivas solamente en los Subsecretarios, en los Seremis, en las distintas Jefaturas y en general en alguno de los funcionarios públicos que prestan servicios en el Ministerio de Educación.

Este es el planteamiento central que sostiene la acusada, el resto es simple retórica:  en el hecho consagra la irresponsabilidad de los Ministros de Estado.  Reduciendo su responsabilidad a los delitos que ya hemos mencionado, y al capricho de no firmar un Decreto o Reglamento del Presidente.

De esta forma, es evidente que la Ministra interpreta las normas constitucionales completamente al margen de su tenor y revela, que menosprecia y no entiende la esencia y sentido de las instituciones republicanas.

Chile es una democracia representativa y una de las características esenciales de ésta, consiste en que sus autoridades son responsables por los actos que ejecutan o por las omisiones en que incurran.

La Ministra de Educación alega con porfiada insistencia su completa irresponsabilidad contradiciendo un pilar básico de toda democracia: la responsabilidad constitucional ineludible de quienes ocupan los cargos más elevados de la República.

La acusada pareciera no entender en qué consiste el Gobierno y la Administración del Estado, no obstante que su labor propia dice relación con dos verbos rectores: gobernar y administrar el Estado.

Los Ministros de Estado desempeñan una función pública, no son secretarios o secretarias privadas del Presidente de la República.

Por cierto, que el oficialismo, en consonancia con ella, reclama que en el caso en cuestión, la Ministra de Educación sería una autoridad protegida por una suerte de irresponsabilidad constitucional.  Sin embargo, la tesis de la defensa que desarrollan, tanto ella como quienes la respaldan mediáticamente, se estrella frontalmente con la normativa constitucional y razón de ser de las instituciones republicanas.

Más aún, podemos con seguridad afirmar que las infracciones cometidas por la acusada son evidentes.  Las pruebas y antecedentes acumulados en la acusación así lo demuestran.  La mejor prueba para acreditar la responsabilidad de la acusada y declarar su culpabilidad en el sentido que lo dispone el artículo 53 Nº 1 de la Constitución Política, es el propio escrito mediante el cual la señora Yasna Provoste Campillay, formuló sus descargos.

En efecto, es la propia defensa de la acusada, que por su interpretación desviada de los preceptos constitucionales y legales, la que me inclina definitivamente a dar lugar a la acusación.

Por el contrario, si consagramos como Senado, la irresponsabilidad de los Ministros de Estado, tal como pretende la acusada y el oficialismo, estaríamos permitiendo que se instale una relación perversa de poder en el Gobierno y Administración del Estado.

Con el agravante, que ya es una realidad que en Chile progresivamente se ha venido instalando una ideología de la irresponsabilidad pública.

Hemos llegado a una situación donde todo da lo mismo.  Para el hombre común resultará indiferente hacer bien o mal las cosas.

Pareciera que ese principio de nuestros orígenes republicanos que, a mayor dignidad mayor responsabilidad, es sólo una cosa del pasado.

Tengo la sensación que nos están cambiando el país, pero para peor.

Más allá de las disquisiciones políticas y constitucionales no puedo dejar de preguntar en nombre de todos nuestros compatriotas, especialmente los más humildes, qué ha pasado con los miles de millones de pesos involucrados en este caso.  Cualquiera que sea el veredicto de este Senado exigimos una investigación que esclarezca y de cuenta de estos dineros producto del trabajo e impuestos que pagan todos los chilenos.

No declarar la culpabilidad de la acusada, sería no sólo hacer caso omiso de las infracciones legales, sino dejar la puerta abierta para que otras autoridades del Estado, también se sientan autorizados para actuar bajo el supuesto que son irresponsables, y que por ello no pueden ser acusados constitucionalmente, a menos que cometan los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o que por cualquier causa se nieguen a firmar un Decreto Supremo o un Reglamento.  Si eso fuera permitido por el Senado, la democracia chilena recibiría un fuerte golpe en una de sus estructuras vitales para el país.  El principio de la responsabilidad de sus autoridades.

Si tal principio desaparece, las infracciones constitucionales y legales y los abusos de poder no tendrían una barrera de contención.

La Cámara de Diputados y el Senado pasarían a ser instituciones inútiles y los Ministros de Estado un simple adorno, al margen de toda responsabilidad constitucional.

La Administración y Gobierno del Estado está evidentemente bajo un severo riesgo que nosotros estamos obligados a prever.

Esta es nuestra responsabilidad con la República, con su pueblo y muy especialmente con su juventud.