La necesidad de ampliar a la brevedad el post natal de 84 a 180 días, planteó el integrante de la Comisión de Salud, senador Mariano Ruiz-Esquide, argumentando que el Estado está en condiciones de implementar la medida y los costos que ella implica.
Junto a la diputada Carolina Goic, el parlamentario solicitó un rol más activo del Ejecutivo sobre la materia y advirtió que tras reunirse con el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, éste le aseguró que “existe voluntad política para estudiarlo”.
Según el senador, la idea de impulsar esta propuesta apunta a que se inicie en el más breve plazo la discusión sobre el derecho de los lactantes y sus madres a desarrollarse en el país.
Recordó que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Sociedad Chilena Pediátrica, “por ahorro en la enfermedad de niño grave menor de un año, hospitalizaciones y el ahorro en leche y nutrientes artificiales quedaría, un costo neto final de $115.000.000.000 lo que significaría un gasto, por esta nueva norma de aproximadamente $31.000.000.000 al año, lo que nos parece una inversión razonable con las ventajas que hemos señalado”.
Agregó que en Chile nacen 271 mil niños, lo que significa un costo mayor cercano a menos $11 mil mensuales por niño, cifra que permitiría avanzar sin mayores dificultades en la materia.
BENEFICIOS EN SALUD
Según el senador Ruiz-Esquide el objetivo de extender el post natal a seis meses, dice relación con los efectos positivos que tiene tanto para las madres como para los hijos, prematuros y normales, en la salud y afectividad.
“El proyecto permitirá mejorar la nutrición del menor, disminuir las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas iniciadas en la infancia como diabetes, alergias o colitis ulcerosa; mientras que para las madres, permitirá equilibrio emocional y reducción de posibilidad de cáncer de ovarios y mamas”, señaló.
Cabe recordar que ya existe un proyecto sobre la materia, de autoría del senador Ruiz-Esquide, que apunta aumentar el uso del permiso maternal de doce semanas a 24 semanas.
Dicha iniciativa está radicada en la Comisión de Trabajo, instancia en la que se inició su discusión, pero que no registró mayores avances, dado que el Ejecutivo no le ha fijado la urgencia necesaria.
