Una completa batería de sanciones penales, que pueden llegar hasta los cinco años de cárcel, arriesgarán quienes roben y reduzcan cables, cañerías o insumos de los servicios públicos domiciliarios como electricidad, gas, agua, alcantarillado y teléfono, entre otros.

 

Esto, si el Senado aprueba el proyecto, en segundo trámite, que deberá ser votado por la Sala el próximo martes, luego que la Comisión de Constitución le introdujera una serie de cambios destinados a perfeccionar la propuesta legal.

 

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa dice relación con la responsabilidad que tendrán las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, de pagar los costos de reposición de los elementos robados.

 

Actualmente son los usuarios los que deben pagar esos gastos, pero el proyecto propone que cuando se produzcan estos robos y hurtos la compañía no pueda cobrarle a la persona los cargos fijos ni otros gastos que se hayan originado producto de ese siniestro. Además, si las compañías ya le hicieron el cobro, deberán restituir el dinero o compensarlo en la cuenta siguiente.

 

Con ello, la iniciativa permitirá proteger a los usuarios de los constantes perjuicios a los que se ven expuestos cuando son víctimas del robo o hurto de los elementos que forman parte de las redes de suministros de servicios básicos.

 

CINCO AÑOS DE CÁRCEL

 

Otra de las disposiciones contenidas en la propuesta, establece una pena que va desde los 541 días a los 5 años de cárcel en los casos en que se produzca el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios que no están destinados a la habitación.

 

En los casos en que el robo de esos elementos produzca la interrupción del suministro o servicio respectivo, la pena se verá agravada de 3 años y 1 día a 5 años.

 

También se fijaron sanciones fuertes para los denominados “reducidores” que son aquellas personas que se dedican a comercializar los artículos robados.

 

Para esos casos, se fijaron penas entre los 3 años y un día a 5 años para quienes vendan o comercialicen esos productos. Si el dueño del local comercial donde se produjo esa venta está en conocimiento de que se trata de especies robadas, ese recinto será clausurado.

 

Con ello, se quiere evitar lo que pasa sucede en algunos locales comerciales que se dedican permanentemente a la compra y venta de objetos robados.