Una fórmula que permitirá equilibrar los criterios de los operadores de embalses con las amenazas de crecidas e intensas lluvias alcanzaron los senadores de la Comisión de Obras Públicas que despacharon el proyecto, en segundo trámite, sobre operación de embalses frente a estas alertas. De este modo sólo resta que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Hacienda para que pase a la Sala del Senado.

 

Así lo informó el senador, Juan Pablo Letelier, presidente de la instancia quien explicó que “se construyó un buen acuerdo donde se establece el criterio que los operadores de embalses van a seguir ante crecidas y otros fenómenos climáticos, mediante un mecanismo que les permitirá medir los caudales”.

 

Indicó que “habrá un manual de operaciones y de contingencia que contempla qué pasa en casos excepcionales como en crecidas de ríos por razones climáticas y mecanismos de indemnización para los operadores. Ello, cuando la Dirección General de Aguas (DGA) establezca medidas fundadas para vaciar los embalses frente a pronósticos climáticos alarmantes y finalmente no se recupera dicho vaciamiento adicional”.

 

El proyecto define además procedimientos de resolución con árbitros y un proceso para que las comunidades afectadas por una inundación puedan establecer presunciones legales de responsabilidad cuando no se acaten las medidas de manejo de embalses.

 

El senador Letelier puntualizó que la iniciativa que tuvo su origen en la crítica situación que afectó a la Provincia del Bío Bío con las inundaciones de julio de 2006 establece también una escala de multas frente a los incumplimientos que queden registrados en los instrumentos de medición. Y, también cuando haya situaciones de no acatamiento de las directrices de DGA.

 

Por su parte el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, valoró el proyecto porque “el Estado tiene que tener la capacidad de disponer el vaciamiento de agua de embalses en casos de riesgo porque en la actualidad sucede que algunos quieren retenerlas para usarlas. Sin embargo, primero está la vida e integridad de las personas que están río abajo”.
 
De este modo “se valora esa instrucción con el objeto de indemnizar a los operadores si finalmente no hay lluvias que compensen las aguas “. Agregó que “estamos de acuerdo en buscar una indemnización que sea razonable para la empresa que vierta aguas en mayor cuantía a las que corresponderían”.  

 

Cabe señalar que, la iniciativa permitirá la detección temprana de riesgo de condiciones climáticas, especialmente de lluvias intensas que puedan incrementar extraordinariamente los caudales de ríos, y la adopción de medidas preventivas tendientes a impedir o al menos mitigar sus efectos perjudiciales sobre la población.

 

Para lograrlo, se fortalecen las potestades públicas de la Dirección General de Aguas (DGA), y se obliga a las empresas operadoras de embalses, sean éstas de uso hidroeléctrico o de riego, a posibilitar que dicha infraestructura sea utilizada como un dispositivo mitigador de los efectos de inundaciones, mediando la correspondiente coordinación entre ambos agentes.